Caso Pepe Acacho: La protesta social NO es terrorismo

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La muerte del profesor Bosco Wisuma ocurrió durante la represión policial a las protestas contra la Ley de Aguas, que llevó a cabo la comunidad indígena shuar en Macas, provincia de Morona Santiago, el 30 de septiembre de 2009.

 

Las manifestaciones de protesta son un derecho consagrado en la Constitución nacional, son legítimas por cuanto responden a una falta de diálogo y consulta previa a la que tienen derecho las comunidades, sobre leyes y disposiciones que les afecta directamente. El uso del tipo penal es desproporcionado e incoherente con los hechos ocurridos en aquella ocasión.

 

Por otra parte, la redacción de los tipos penales referentes al terrorismo y atentado a la seguridad del Estado adolecen de ambigüedades que dejan al criterio de los jueces la interpretación de los mismos. Así, el ejercicio de derechos fundamentales como la libre asociación, libertad de expresión y participación terminan juzgados como actos de terrorismo.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en noviembre de 2004 ha recomendado la no aplicación de normas especiales como la Ley antiterrorista a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas, en igual sentido el Comité contra la Tortura, en mayo de 2009 manifestó su preocupación porque, en ocasiones se aplica leyes antiterroristas contra integrantes de pueblos indígenas en relación con actos de protesta social

 

El líder indígena Pepe Acacho y los otros inculpados al igual que cientos de manifestantes en ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales en defensa del derecho al agua, realizaron una protesta social buscando con ello ejercitar su derecho a vivir en condiciones dignas conforme lo establecido la Constitución, por lo cual es evidente que el proceso penal de estas personas deviene en arbitrario y viola expresas normas constitucionales y convencionales.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa su preocupación por esta situación y solicita a los jueces a cargo que absuelvan a los acusados en cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y al hecho de que procesalmente no está demostrada la existencia del delito de terrorismo agravado.

 

Así mismo pedimos que, tomando en cuenta que durante el ejercicio de un derecho constitucional se cometió un delito como el de la privación arbitraria de la vida del profesor Bosco Wisuma, se ordene el inicio del proceso penal tendiente a identificar, enjuiciar y sancionar al responsable de aquel asesinato.