Perú: Absolución de las 16 personas defensoras de Cajamarca que estaban siendo criminalizadas
Lunes, 24 de Abril de 2017 20:47

 

Sr.

Pedro Pablo Kuczynski

Presidente de la República de Perú

Presente.-

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) por medio del Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas incluyendo la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre la absolución de las 16 personas defensoras de derechos humanos de la provincia de Celendín en el Departamento de Cajamarca que estaban siendo criminalizadas incluyendo el Sr. Milton Sánchez Cubas, Coordinador de la Plataforma Interinstitucional Celendina, la Sra. Jeny Cojal, Coordinadora General de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, así como la Sras. Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, María Bilda Silva Rodríguez, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya y los Sres. Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños, José Perci Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Fabio Rodríguez Rojas, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García y Arístides Arévalo Ortiz.

 

Según la información recibida, el 16 de marzo la Sala Penal Supraprovincial de Cajamarca, dio lectura al íntegro de la sentencia absolutoria en favor de las 16 personas defensoras que venían siendo procesados por supuestos delitos de secuestro agravado, coacción y, adicionalmente, en el caso de uno de ellos, Segundo Sare Ortiz, ultraje contra los símbolos de la patria. El Observatorio y CEDHU recuerdan que la fiscalía solicitaba en el marco del Expediente 1645-2014 penas de entre 10 y 22 años de prisión contra las 16 personas defensoras, después de una denuncia del Gobernador Distrital de Sorochuco Luis Armando Castañeda Pisco y del Gobernador de Celendín Pedro Zamora Rojas a raíz de una protesta llevada a cabo por las rondas campesinas de Sorochuco el 26 de abril de 2013.

 

 

 

El juicio oral se inició el 6 de marzo de 2017 y la sentencia se produjo tras la celebración de únicamente dos audiencias en las que se acreditó que la única prueba era el testimonio de los dos gobernadores después de que un agente de policía que había levantado un acta describiendo el supuesto secuestro reconociera que no estuvo presente en el momento de los hechos y que los denunciantes le habían dictado el contenido del documento. El Observatorio recuerda que este proceso penal se produce en un contexto de oposición de las comunidades locales a la construcción del proyecto minero Conga en la Sierra de Cajamarca por parte de la empresa Minera Yanacocha, un consorcio con participación de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura. Además, las comunidades locales denuncian que en las más de dos décadas que la Minera Yanacocha lleva instalada en la zona, se han registrado graves daños ambientales como un masivo derrame de mercurio en la aldea de Choropampa en 2002, asesinatos de opositores al proyecto incluyendo cinco fallecidos únicamente en el año 2012, así como denuncias de corrupción y de abusos laborales.

 

El Observatorio celebra la sentencia absolutoria pero lamenta y condena la criminalización a las que las 16 personas defensoras de derechos humanos han sido sometidas durante casi cuatro años y que parece formar parte de un patrón más amplio de uso indebido del derecho penal en contra de las legítimas actividades en defensa de los derechos humanos por parte de los defensores del derecho a la tierra en Perú, particularmente, en la Sierra de Cajamarca. Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades peruanas a tomar medidas para evitar la repetición de casos similares de criminalización en el futuro incluyendo a través de la implementación urgente de las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos".

 

Por eso razón la Comisión llama a las autoridades de Perú instalándolas a:

 

1. Garantizar que se ponga fin a todo tipo de criminalización en contra de las Sras. Jeny Cojal, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, María Bilda Silva

 

Rodríguez, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya y los Sres. Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños, José Perci Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Fabio Rodríguez Rojas, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García y Arístides Arévalo Ortiz, y más generalmente, en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

2. Adoptar de manera inmediata medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de las Sras. Jeny Cojal, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, María Bilda Silva Rodríguez, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya y los Sres. Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños, José Perci Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Fabio Rodríguez Rojas, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García y Arístides Arévalo Ortiz, y más generalmente, de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

3. Emitir una directiva dirigida a todos los funcionarios públicos, incluyendo todos los órganos jurisdiccionales competentes y el Ministerio Público, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y el respeto a las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas reconocidas por el artículo 149 de la Constitución con el fin de asegurar que se ponga fin al uso indebido del derecho penal en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;

 

5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Perú.