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Pronunciamiento ante asilo político otorgado a Edgar Vaca
Lunes, 23 de Enero de 2017 04:34

 

IMPUNIDAD DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

 

Estamos cerca de cumplir treinta años de uno de los capítulos más oscuros de la historia ecuatoriana, porque  propagó  las  prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada de personas, cuya injusticia nos sigue ensombreciendo. Es necesario recordar el papel que jugó durante el período 1984 -1988 el General Edgar Vaca a quien el gobierno estadounidense le concedió asilo político el 17 de enero pasado. El entonces capitán de policía fue Jefe del SIC-10, unidad operativa clandestina dirigida sobre todo a reprimir y aniquilar a miembros de organizaciones  político-militares.

 

A través de la asistencia y acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas, la CEDHU denunció la práctica sistemática de los mencionados delitos de lesa humanidad perpetrados durante el régimen de León Febres Cordero, y posteriormente en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2010 Edgar Vaca  figura como presunto responsable  en ocho casos donde existió la tortura y la muerte de sus víctimas. A principios de la década de los 90, encabezó una comisión jurídica en defensa de los policías responsables  por la desaparición forzada de Santiago y Andrés Restrepo.

 

En el año 2001 la policía judicial lo investigó por supuesta interferencia de llamadas telefónicas en tareas de espionaje a las Fuerzas Armadas y a políticos. A pesar de las múltiples denuncias en su contra nunca fue juzgado y menos sancionado, por el contrario siguió ascendiendo hasta llegar a ser Comandante General de la Policía.

 

Cuando se inició el proceso penal en su contra por delitos de lesa humanidad –tortura, violencia sexual y desaparición forzada-  cometidos contra  tres miembros de Alfaro Vive Carajo, huyó a Estados Unidos; allí fue detenido por la Interpol el 27 de enero de 2016, por fraude migratorio pero puesto en libertad una semana después y un año más tarde se le concede asilo político, a quien es requerido por la justicia ecuatoriana para determinar su responsabilidad en tan graves delitos.  

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La imposibilidad de diálogo detonó la violencia en Nankints
Jueves, 15 de Diciembre de 2016 21:05
nankintsFoto tomada de El Telégrafo

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU expresa su profunda preocupación por el estado de sitio declarado, desde la tarde de ayer, miércoles 14 de diciembre a la población de Nankints. Este sector de la cordillera del Cóndor es territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar, y en ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, han tomado acciones para impedir que la minería a cielo abierto y a gran escala, se instale en su territorio.

 

La nacionalidad Shuar de la provincia de Morona Santiago, ha acudido hasta las autoridades civiles y judiciales denunciando la violación de sus derechos constitucionales como es el derecho a la consulta previa, a un medio ambiente sano, la muerte de sus dirgentes, los derechos de la naturaleza, advirtiendo de esta manera, los grandes peligros que representa la minería para su territorio a nivel nacional e internacional. Incluso han presentado sus propuestas de alternativas para el desarrollo,. Pero en cada instancia se les fueron negados sus derechos.

 

La intervención que detona la violencia que ahora lamentamos, ocurre en agosto de este año, cuando la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA), conmociona a la población de Nankints desalojando a las familias que vivían en ese territorio con el apoyo de la Policía Nacional. Mientras tanto uno de sus dirigentes era juzgado en la Corte de Macas por hechos relacionados al levantamiento indígenas de 2015.

 

El gobierno ecuatoriano conocía de antemano que indígenas Shuar podrían actuar con violencia por defender su territorio, dado el antecedente de 2006, cuando miembros de esta nacionalidad quemaron el mismo campamento minero, lo que obligó a la empresa de turno a retirarse del sector.

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La FIDH le pide a la defensoría del pueblo ecuatoriano promover acciones e intervenir para lograr una solución pacifica con la comunidad Nankints
Lunes, 28 de Noviembre de 2016 00:00

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CARTA ABIERTA:

 

Paris, Bruselas 25 de Noviembre de 2016

 

La FIDH está preocupada frente a la situación que se está dando desde el 21 de noviembre del 2016 en Nankints, provincia de Morona Santiago. En agosto del 2016, la comunidad de Nankints, asentada en la parroquia Panantza, fue desalojada de manera violenta de su territorio, concesionado a la empresa China Ecuacorriente (ECSA). Un territorio que esta comunidad indígena considera ancestral y legítimamente como suyo. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankints fue un episodio más de vulneración de derechos que se suma a las continuas presiones, hostigamientos, amenazas, incursiones policiales, y enjuiciamientos sufridas por esta comunidad a lo largo de esta última década.

 

Luego, de los acontecimientos violentos del 21, 22 y 23 de noviembre de este año, la FIDH pide a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto. La efectividad de este proceso dependerá del marco de respeto a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que esta institución propicie.

 

Acogemos con satisfacción la buena disposición de sus oficinas, tal como expresa su llamado del pasado 22 de Noviembre 2016 : “como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional,…,ponemos a disposición de las partes nuestro contingente humano e institucional para restaurar la convivencia pacifica en la localidad. ”, y citando la misma comunicación de “una respuesta adecuada a las demandas que originan el presente contexto de conflictividad”.

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Comunicación comunitaria: para la defensa del territorio y territorio en disputa
Viernes, 25 de Noviembre de 2016 00:00

collage encuentro

 

La defensa del territorio ha sido el punto de encuentro a los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, más aún está amenazado por el extractivismo. En este proceso de organización y articulación de las luchas, la comunicación desde las comunidades ha sido un puntal para la difusión de hechos y situaciones que vulneran sus derechos humanos y colectivos. Permite  además, tejer redes que aunque son incipientes todavía, se van fortaleciendo rápidamente.

 

Entre los días 7 y 10 de noviembre se vivió el Tercer Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, el mismo que proviene de un proceso de tres años de capacitación y articulación entre jóvenes de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, con sus dirigentes de organización, a este proceso se ha incluido a la academia y a colectivos urbanos que empatizan luchas.

 

Esta tercera edición fue coorganizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; CONAIE, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; CEDHU, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, FACSO-UCE; la Universidad Andina Simón Bolívar; UASB, FES-ILDIS Ecuador y El Churo Comunicación.

 

Durante los cuatro días que duró el Encuentro se realizaron diversos eventos como un desayuno con docentes de la FACSO-UCE, que buscaba sensibilizar a la academia para su vinculación con la comunicación comunitaria; un taller interno con duración de dos días, en los que se trabajó la agenda de comunicación de los pueblos y nacionalidades indígenas, y que fue el insumo principal del manifiesto final; foros abiertos al público, con la presencia de expositores nacionales y extranjeros expertos en materia de comunicación comunitaria, para la educación y para las organizaciones sociales. En el cuarto día de encuentro se realizaron talleres técnicos y se finalizó con una presentación musical.

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Cifras de la violencia contra la mujer en Ecuador, 2016
Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 20:03

zapatos rojos corCon ocasión del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hace un llamado al Estado para que intensifique acciones tendientes a la prevención de los femicidios y la violencia de género. La CEDHU de enero a noviembre de 2016 ha registrado 80 femicidios ocurridos en 16 provincias, donde Guayas registra 14 casos, Manabí 11 casos y Pichincha 16 casos, El Oro 7 casos; Azuay, Loja y Los Ríos 4 casos cada una; Esmeraldas, Imbabura, Santa Elena, Santo Domingo y Tungurahua 3 casos cada una; Morona Santiago 2 casos; y, Bolívar, Cañar y Cotopaxi un caso cada una.

De estos casos, en 15 femicidios el responsable se suicidó, en 26 casos hay instrucción fiscal, 13 casos estan ante Tribunales Penales y 6 con sentencia condenatoria.

En el femicidio, las muertes de mujeres se asocian tanto con el odio, maltrato, y violencia contra ellas, como con la saña e impunidad. Un factor común es que las víctimas padecen agresiones extremas: estrangulación, decapitación, mutilación y violencia sexual, denotando crueldad, odio, saña y desprecio en su contra. A veces, sus cuerpos son maltratados después de asesinadas, en la mayoría de casos los responsables son conocidos.

La violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación en su contra y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

La violencia contra la mujer esta prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que la CEDHU hace un llamado urgente al Estado, para que en colaboración con la sociedad civil, intensifique sus esfuerzos para prevenir y erradicar los femicidios y otras formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, debiendo para el efecto efectuar acciones de prevención a través de campañas de información y procesos de capacitación; protección por intermedio de proporcionar refugio, órdenes de protección a las víctimas de violencia y el enjuiciamiento y sanción a los culpables incluyendo una adecuada reparación a las víctimas y a sus familias.

 

 

Con ocasión del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hace un llamado al Estado para que intensifique acciones tendientes a la prevención de los femicidios y la violencia de género. La CEDHU de enero a noviembre de 2016 ha registrado 80 femicidios ocurridos en 16 provincias, donde Guayas registra 14 casos, Manabí 11 casos y Pichincha 16 casos, El Oro 7 casos; Azuay, Loja y Los Ríos 4 casos cada una; Esmeraldas, Imbabura, Santa Elena, Santo Domingo y Tungurahua 3 casos cada una; Morona Santiago 2 casos; y, Bolívar, Cañar y Cotopaxi un caso cada una.

De éstos casos, en 15 femicidios el responsable se suicidó, en 26 casos hay instrucción fiscal, 13 casos estan ante Tribunales Penales y 6 con sentencia condenatoria.

En el femicidio, las muertes de mujeres se asocian tanto con el odio, maltrato, y violencia contra ellas, como con la saña e impunidad. Un factor común es que las víctimas padecen agresiones extremas: estrangulación, decapitación, mutilación y violencia sexual, denotando crueldad, odio, saña y desprecio en su contra. A veces, sus cuerpos son maltratados después de asesinadas, en la mayoría de casos los responsables son conocidos.

La violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación en su contra y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

La violencia contra la mujer esta prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que la CEDHU hace un llamado urgente al Estado, para que en colaboración con la sociedad civil, intensifique sus esfuerzos para prevenir y erradicar los femicidios y otras formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, debiendo para el efecto efectuar acciones de prevención a través de campañas de información y procesos de capacitación; protección por intermedio de proporcionar refugio, órdenes de protección a las víctimas de violencia y el enjuiciamiento y sanción a los culpables incluyendo una adecuada reparación a las víctimas y a sus familias.

 
Organizaciones de la sociedad civil cuestionan proceso de concurso para designación de Defensor del Pueblo
Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 15:28

twitter rueda 

 

DESIGNACION DE DEFENSOR DEL PUEBLO SERÁ INCONSTITUCIONALY PROMOVERÁ LA IMPUNIDAD 

 

La Defensoría del Pueblo es la institución nacional que promueve y defiende los derechos de todas las personas que hacen parte de un Estado. La importancia de esta institución obliga que quien esté a la cabeza no solo sea una persona con suficientes conocimientos académicos y con experiencia en la administración en el sector público; pues debe ser, sobre todo, una persona independiente de todo organismo o forma de poder, sea político, económico, de organismos armados, o cualquier otro; porque precisamente deberá cuestionar los excesos que cometan funcionarios que ostentan estos poderes; debe ser una persona que promueva y defienda las formas de organización de la sociedad civil que surgen bajo la consigna de defender derechos, ya sean individuales, colectivos, de los pueblos o de la naturaleza; debe ser una persona que asuma su trabajo como una responsabilidad con la sociedad, y no con el gobierno de turno que respalde su designación. En el ámbito ecuatoriano, la pregunta que surge es si el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cumplió con estos preceptos durante su mandato de cinco años y si su labor sustenta su deseo de ser designado para un nuevo periodo. La respuesta es no, un rotundo no.

 

Ramiro Rivadeneira, y su defensor adjunto, iniciaron su gestión con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, respaldo que se lo dio en la creencia de que al provenir de estas organizaciones, mantendrían ese espíritu de militancia a favor de los derechos, mirados en su integralidad. Nada nos hacía suponer que una vez que asumieran dichos cargos, darían un giro para, rodeado de organismos afines a las tesis gubernamentales, en lugar de proteger los derechos de la población, se dediquen a proteger los derechos del gobierno y trabajen únicamente en temas que no afecten la imagen gubernamental. Veamos algunos ejemplos:

 

Al inicio de su periodo rechazó el informe sobre la criminalización de la protesta social realizada por su predecesor argumentando vacíos en la metodología e inconsistencia en la cifras de defensoras y defensores procesados. Este informe desapareció de la web institucional de la Defensoría del Pueblo. Igual trato sufrió el informe que hiciera el relator de la ONU, Philip Alston, sobre ejecuciones extrajudiciales en julio del 2010. Este informe de nueve páginas también desapareció de la web de la Defensoría a pretexto de que era muy pesado para la web.

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