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¡A DOS AÑOS DE LA MARCHA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS! Array Imprimir Array  E-mail
Jueves, 17 de Agosto de 2017 09:00

 

LA POLÍTICA DE REPRESIÓN, PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL GOBIERNO ANTERIOR AÚN IMPUNE

 

Después de 10 años consecutivos en que Rafael Correa Delgado estuvo en el poder, el 24 de mayo de este año se posesionó el gobierno de Lenín Moreno y Jorge Glas, entre acusaciones de continuismo y fraude electoral de un sector de la derecha apoyado por algunos sectores de izquierda, y un escepticismo fundado sobre un posible cambio de rumbo. Mientras que, del lado del Movimiento Alianza País, se afirmaba con arrogancia sobre la oportunidad de continuar y profundizar la autodenominada “Revolución Ciudadana”, proyecto que si bien contó con una amplia legitimidad y contundentes resultados en varias elecciones, también evidenció un paulatino alejamiento con diversos sectores sociales organizados populares y de izquierda: mujeres, indígenas, ecologistas, varios gremios y sindicatos, entre otros, y supuso algunos retrocesos en el ejercicio de sus derechos humanos.

 

Este alejamiento derivó del modo en que el gobierno nacional enfrentó el conflicto político y las divergentes posiciones respecto a las reivindicaciones populares y que pueden sintetizarse en unas estrategias que no sólo quebraron y modificaron estas relaciones sino que incluso afectaron al tejido social previamente existente a las elecciones de 2006. Estas estrategias incluyeron desde la cooptación de dirigentes y activistas de las organizaciones sociales o la creación de organizaciones paralelas,1 pasando por acciones jurídicas que afectaron al reconocimiento legal de las organizaciones,2 violentos y ofensivos discursos políticos para deslegitimar la movilización social, hasta estrategias violentas de represión, persecución y criminalización en contra de distintos sectores organizados acusados desproporcionadamente y sin sustento de cometer delitos penales. El Estado intentó y, en algunos casos, logró generar miedo en la sociedad y disuadir a las personas, colectivos y comunidades de ejercer el derecho a manifestarse de manera libre y organizada frente a políticas públicas que afectan o ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.

 

Ante este panorama, a casi 90 días de posesionado el nuevo gobierno, cientos de personas aún siguen procesadas penalmente y la Asamblea Nacional no ha dado paso al pedido de amnistía presentado. Hoy hacemos memoria de uno de los actos de represión más graves ejecutados por el gobierno anterior en contra de la movilización popular y social.

 

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Honduras: Intento de asesinato en contra del Sr. David Valle de Somos CDC
Lunes, 17 de Julio de 2017 12:00

 

Sr

Juan Orlando Hernández

Presidente de la República de Honduras

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHUha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre el intento de asesinato en contra del Sr. David Valle, directivo del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC).

 

Según la información recibida, el 10 de julio del 2017, alrededor de las 10 horas de la noche, el Sr. David Valle fue atacado por un hombre desconocido en el momento en el cual le abrió la puerta que da acceso a la residencia donde se ubica su apartamento, en Tegucigalpa.

 

Momentos antes, justo después de haber entrado a su apartamento, habían tocado el timbre sin identificarse a pesar de su insistencia al preguntar quién era, por lo que el Sr. David Valle decidió ir a abrir para ver quién era. El hombre desconocido se abalanzó sobre el Sr. Valle y le golpeó la cabeza contra la pared. A pesar de que intentó escaparse entrando dentro de la residencia y cerrar la puerta tras su agresor, éste lo persiguió con un arma blanca y lo golpeo e hirió en varias partes de su cuerpo durante aproximadamente 10 minutos, hasta que el Sr. Valle se encontrara en el piso en incapacidad de moverse. El agresor robo el teléfono celular y las llaves del coche y del departamento del Sr. Valle antes de tomar la fuga.

 

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Chile debe dar el primer paso necesario en defensa de los derechos de las mujeres
Jueves, 13 de Julio de 2017 12:00

 

Santiago, París, 12 de julio de 2017.- La FIDH y su liga miembro en Chile el Observatorio Ciudadano, hacen un llamado a los senadores y senadoras chilenas a que en la discusión particular que tendrá lugar ante el pleno del Senado de la República, respalden con decisión el proyecto de ley que regula la despenalización del aborto por tres causales, como un primer paso hacia la garantía de los derechos de las mujeres en Chile conforme las recomendaciones y decisiones de los órganos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El largo tiempo de discusión del proyecto de ley ante el Congreso Nacional y el texto que han aprobado las comisiones de trabajo legislativo, deja serias preocupaciones sobre lo que será la aplicación real de esta Ley, pues hubo importantes modificaciones y nuevos requisitos que se alejan de la proposición inicialmente presentada. Sin embargo es un avance que como mínimo se pueda permitir el aborto en los tres casos extremos previstos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad letal del feto y en caso de violación.

 

Lamentando el carácter incompleto de este avance, el Vicepresidente de la FIDH Juan Francisco Soto declaró "El levantamiento de la prohibición del aborto en estos tres casos, obviamente, sería preferible a la prohibición heredada de la dictadura de Pinochet. Pero no es suficiente para proteger los derechos humanos de las mujeres! Chile debe garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas al aborto legal y seguro, así como su derecho pleno a decidir”.

 

 

 

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México: Casos de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas deben ser investigados
Lunes, 03 de Julio de 2017 12:00

General
Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de la Defensa Nacional


Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, CEDHU, manifiesta su preocupación sobre las denuncias acerca del uso de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas en México, por lo cual urgen a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a que adelanten las debidas investigaciones y se sancione a sus responsables.

 

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Ante la detención de Patricio Meza
Martes, 06 de Junio de 2017 18:54

 

 

En la madrugada de hoy, 6 de junio, Patricio Meza fue detenido por la Policía Nacional del Ecuador. Él es uno de los procesados penalmente en la provincia de Puyo durante el Levantamiento Nacional Indígena de agosto de 2015, acusado por supuestamente haber cometido delito de ataque y resistencia (Art. 283 del COIP) y sentenciado a seis meses de prisión. En esa fecha se registró un desmedido control policial en varias localidades del Ecuador que resultó con la detención violenta de 132 personas. La detención de Patricio Meza evidencia la continuidad de una política más amplia y sistemática de criminalización de la protesta social y del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales en Ecuador.

 

 

En el 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que mantuvo del Código predecesor la tipificación de delitos abiertos y ambiguos con los que se puede iniciar procesos penales contra acciones de movilización y resistencia que emprenden los movimientos sociales en contra de políticas del Estado que amenazan o vulneran el ejercicio de derechos humanos, y que están consagrados en el Art. 98 de la Constitución. Uno de esos delitos es el de ataque o resistencia con el cuál varios defensores de derechos humanos y dirigentes han sido procesados penalmente.

 

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CIDH Urge A Proteger A Defensoras Y Defensores De La Tierra Y El Medio Ambiente
Lunes, 05 de Junio de 2017 00:00

 

Washington, D.C. – En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta el valioso rol que defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente ejercen en la construcción de una sociedad democrática sólida y el desarrollo sostenible en los países de la región. Asimismo, la CIDH insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de defensoras y defensores.

 

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