ALERTA

Ingreso de mineros a la parroquia la Merced de Buenos Aires en ausencia de concesión estatal

Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, expresamos nuestra preocupación por la denuncia realizada por las comunidades de la Merced de Buenos Aires de la provincia de Imbabura sobre la salida de la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S. A. que abandonó las concesiones mineras IMBA 01 e IMBA 02 vulnerando derechos humanos y de la naturaleza. Ahora, habitantes de la parroquia la Merced de Buenos Aires y comunidades aledañas denuncian el ingreso de mineros con vínculos criminales.

El domingo 3 de septiembre la transnacional abandonó la parroquia desmantelando todos los campamentos y retirado plataformas sin informar a la Junta Parroquial y a sus habitantes, meses atrás ya se reportaron despidos de sus trabajadores. Además, se desconoce si el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Energía y Minas, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables encargadas de realizar el control minero han sido informadas sobre su salida.

Exigimos a las instituciones del Estado: Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, a la Gobernación de la provincia de Imbabura desalojar de manera inmediata a las más de 500 personas que son parte de los grupos mineros que se han instalado en la llamada “Ciudad de Plástico” ubicada en la comunidad de El Triunfo.

Su presencia pone en grave riesgo a las comunidades pues además de generar contaminación ambiental, se ven obligados a arrendar sus fincas y están expuestos a una serie de violencias por la presencia de grupos delictivos que actúan sin control de la Policía Nacional.

Exigimos la activación urgente de la Gobernación de la provincia de Imbabura y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ya que han denunciado también la presencia de cientos de mujeres que podrían estar siendo sometidas a explotación sexual en un hotel de la parroquia de Buenos Aires.

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Ministerio de Educación que actúen de manera urgente ya que los derechos de niñas, niños y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia y alta vulnerabilidad por trabajar en las minas.

Exigimos al Gobierno de Guillermo Lasso activar los mecanismos estatales adecuados que prevengan violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, reactivar la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal CECMI, implementar acciones urgentes para reparar los daños causados en la parroquia y sancionar a las autoridades estatales por no realizar los controles adecuados.

A la Defensoría del Pueblo que active mecanismos de prevención de posibles vulneraciones de derechos humanos precautelando la seguridad de grupos de atención prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas migrantes que se encuentran en la zona.

Desde la CEDHU estamos vigilantes a lo que ocurra en la Parroquia la Merced de Buenos Aires, solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, medios de comunicación nacionales e internacionales y a las organizaciones sociales estar atentos a esta de lo que ocurra en los próximos días en la parroquia la Merced de Buenos Aires.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA LIBERADOS

El día de hoy, 03 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia de juicio de los defensores del agua y la tierra Angel G. y Manuel R. por el presunto delito de daño a bien ajeno público que supuestamente ocasionó interrupción de servicio público y lesiones a un tercero, miembro de la Policía Nacional. Representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estuvieron presentes.

Angel y Manuel decidieron acogerse al procedimiento abreviado, aceptaron su participación en las protestas del día 14 de julio de 2023, dada su manifiesta oposición a la minería en sus territorios y al proceso inconstitucional de consulta ambiental que pretendía realizar el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, sin embargo, niegan haber destruido la UPC y más bien se consideran víctimas de criminalización.

Durante este proceso que duró 20 días, tuvieron que enfrentar un juicio injusto que manifiesta como el sistema de justicia penal criminaliza y se ensaña contra los defensores.

Desde el 14 de julio, cuando fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados a la ciudad de Guaranda, sin poder ser contactados por familiares, lo cual, además de ser una irregularidad al no ser llevados frente a su Juez competente (cantón Las Naves), limitó su derecho a contar con su abogada particular de confianza que reside en Las Naves. En ese contexto se realizó la audiencia de flagrancia, el 15 de julio, en la que la defensora pública asignada permitió que se autoincriminen, Fiscalía solicitó sin fundamento la prisión preventiva y el juez de la causa, sin explicar los motivos, la concedió, privándoles de su derecho a defenderse en libertad.  

Durante la instrucción fiscal, Fiscalía no presentó elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los defensores, frente a los hechos denunciados. Así por ejemplo, una de las agravante era haber causado lesiones en una tercera persona presentando como prueba un informe médico realizado por la Fiscalía el 15 de julio de 2023 que informa la existencia de un corte en miembro superior, que recibió 4 puntos de sutura y 8 días de incapacidad; sin embargo, en el informe médico del MSP realizado el día anterior, 14 de julio, se informa sobre la existencia de una “contusión” y no un corte, evidenciando una contradicción que por principio de objetividad, debió ser considerada por el Fiscal de la causa. También destacamos que Fiscalía no consideró las Directrices para la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en investigaciones que se desarrollen dentro de contextos de protesta social, documento emmitido por la Fiscalía General del Estado el 09 de enero de 2020 y de obligatorio cumplimiento.

De otro lado, los entonces procesados anunciaron sus pruebas tres días antes de la audiencia de juicio, como manda el COIP, sin embargo, el Juez de la causa consideró que la solicitud había sido extemporánea en un claro error de cómputo, que les negó la posibilidad de poder presentar su prueba dentro de la audiencia.

Finalmente, destacamos que el Informe de Cuantificación de Daños incorporado al proceso establecía un avalúo de USD $1200,00 por roturas de vidrios y de una puerta de ingreso.

Por todos estos hechos, los procesados corrían el riesgo de enfrentar una pena agravada de prisión de hasta 4 años. Ángel tiene 2 hijos y es cabeza de familia, Manuel sostiene ecónomicamente a su madre adulta mayor, ninguno tiene antecedentes penales, ambos son campesinos que trabajan por jornal en actividades agrícolas, el sostenimiento de sus familia depende de su trabajo. Fue en este contexto que ellos y sus familiares decidieron acogerse al procedimiento abreviado.

Así, el 03 de agosto de 2023, el juez de la causa impuso la pena de 8 meses, una reparación de USD $1400 y multa de 2 salarios básicos para cada uno, en total, USD $3.200,00 y ordenó su inmediata libertad en la misma audiencia, a las 17:00 aproximadamente, quedando las autoridades del Centro de Privanción de Libertad notificadas en ese mismo momento. Sin embargo, la orden del juez no fue acatada sino hasta el día de hoy, 04 de agosto de 2023, a las 09:30.

Este es el escenario que deben enfrentar los defensores de derechos que son criminalizados: maltratos y golpes al ser detenidos, investigaciones parciaizadas y sin garantías al debido proceso, enormes barreras para realizar la defensa técnica, en definitiva, procesos judiciales injustos que les impiden defenderse en libertad y les imponen penas desproporcionadas.

Como organización de derechos humanos nos preocupa la actuación de las autoridades y funcionarios públicos que con su acción facilitan la criminalización de personas defensoras, sin respetar los estándares mínimos de derechos humanos nacionales e internacionales que deben ser observados para evitar vulnerar derechos.

Solicitamos a las autoridades nacionales investigar los hechos descritos que no pueden volver a ocurrir en un estado constitucional de derechos y justicia. A los organismos internacionales de derechos humanos prestar atención a la actuación de la justicia en el Ecuador, que no garantiza condiciones para poder ejercer los derechos, en especial a personas defensoras.

JUECES PROVINCIALES DE BOLIVAR CRIMINALIZAN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AGUA

Las comunidades de Las Naves han recibido en esta semana fuertes decisiones judiciales que criminalizan a miembros de sus comunidades que se oponen a las actividades mineras en su territorio y a la inconstitucional consulta ambiental que se pretendía realizar en el Ministerio de Ambiente, al amparo del Decreto 754 que el día 01 de agosto de 2023, que fue suspendido por decisión de la Corte Constitucional.

El viernes 14 de julio de 2023, durante una jornada de protestas realizada frente a la UPC de Las Naves, Manuel R. y Ángel G. fueron detenidos en supuesta flagrancia por el delito de daño a bien ajeno público. En la audiencia de flagrancia realizada el sábado 15 de julio de 2023, la fiscal suplente asignada formuló cargos asegurando que se habían causado daños de tal magnitud que incluso habían ocasionado la suspensión del servicio público y lesiones en una tercera persona, miembro de la Policía Nacional, así también solicitó prisión preventiva, la cual fue concedida por el juez de la causa sin justificar las razones por las cuales era necesario y proporcional dictar tal medida de carácter excepcional.

Frente a esta arbitrariedad, los procesados solicitaron la revisión de la medida de prisión preventiva la cual fue negada por el mismo juez, el 24 de julio de 2023, por considerar que los procesados no habían demostrado arraigos, es decir, trasladó a los procesados la carga de demostrar que no existía riesgo procesal y riesgo de fuga.

Ante esta decisión, el miércoles 26 de julio se presentó una acción de hábeas corpus que fue conocida por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Pese a que la norma constitucional del art. 89 establece que la audiencia debe realizarse dentro de 24 horas desde la presentación de la demanda, la audiencia recién fue convocada la semana siguiente, el lunes 31 de julio del 2023. Las razones alegadas para la demora fueron la supuesta falta de jueces para la conformación de la sala, por ausencias en el marco de vacaciones. Es decir, circunstancias administrativas mal gestionadas por las autoridades de la Judicatura, que terminan convirtiéndose en obstáculo para el acceso a la administración de justicia, que es un derecho de todas y todos. 

Durante la audiencia de habeas corpus realizada el 01 de agosto de 2023, el abogado de los procesados informó a los jueces del Tribunal que sus defendidos habían asegurado que, luego de su detención en Las Naves, antes de ser llevados a Guaranda, fueron trasladados a Echandía, donde fueron golpeados en sus rostros. Ángel G. informó también haber sido golpeado en la parte baja de la espalda lo que le llevó a vomitar sangre; mientras que Manuel R., de manera cruel, le mantuvieron colocadas las esposas durante toda esa primera noche. Sin embargo, el Juez ponente Hernán Chérrez Andagoya, quien durante toda la audiencia dió un trato prepotente a los asistentes, dijo que los procesados debían probar que habían sido golpeados, sin siquiera concederles la palabra para escuchar de sus propias voces lo que vivieron durante las primeras horas de detención. De esta manera, traslada la carga de probar un hecho tan grave en las personas privadas de libertar.

Finalmente, la decisión de este Tribunal fue negar el habeas corpus y con ello, negar la posibilidad de que Manuel y Ángel, campesinos, se puedan defender en libertad, más cuando, al haberse aplicado un Procedimiento Directo, su audiencia de juicio se realizará la tarde del día de hoy 03 de agosto de 2023.

Manuel y Ángel pueden enfrentar hasta 4 años de prisión por supuestamente ser responsables de causar daños en bienes públicos (rotura de vidrios de la UPC) que según la cuantificación que consta en el proceso, ascienden a USD 1200,00. Es evidente que este es un caso de abuso del derecho penal para incriminar a personas defensoras, mientras ejercen su derecho legítimo y constitucional a la resistencia, frente a la imposición violenta de la consulta ambiental en los territorios.

Solicitamos a las autoridades nacionales, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales prestar especial atención a las decisiones que el día de hoy se tomen en el marco de este proceso, que esperamos no sean contrarias al ejercicio de los derechos humanos de las personas defensoras procesadas.