enterate


 

 

Sr

Juan Orlando Hernández

Presidente de la República de Honduras

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHUha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre el intento de asesinato en contra del Sr. David Valle, directivo del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC).

 

Según la información recibida, el 10 de julio del 2017, alrededor de las 10 horas de la noche, el Sr. David Valle fue atacado por un hombre desconocido en el momento en el cual le abrió la puerta que da acceso a la residencia donde se ubica su apartamento, en Tegucigalpa.

 

Momentos antes, justo después de haber entrado a su apartamento, habían tocado el timbre sin identificarse a pesar de su insistencia al preguntar quién era, por lo que el Sr. David Valle decidió ir a abrir para ver quién era. El hombre desconocido se abalanzó sobre el Sr. Valle y le golpeó la cabeza contra la pared. A pesar de que intentó escaparse entrando dentro de la residencia y cerrar la puerta tras su agresor, éste lo persiguió con un arma blanca y lo golpeo e hirió en varias partes de su cuerpo durante aproximadamente 10 minutos, hasta que el Sr. Valle se encontrara en el piso en incapacidad de moverse. El agresor robo el teléfono celular y las llaves del coche y del departamento del Sr. Valle antes de tomar la fuga.

 

 

Santiago, París, 12 de julio de 2017.- La FIDH y su liga miembro en Chile el Observatorio Ciudadano, hacen un llamado a los senadores y senadoras chilenas a que en la discusión particular que tendrá lugar ante el pleno del Senado de la República, respalden con decisión el proyecto de ley que regula la despenalización del aborto por tres causales, como un primer paso hacia la garantía de los derechos de las mujeres en Chile conforme las recomendaciones y decisiones de los órganos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El largo tiempo de discusión del proyecto de ley ante el Congreso Nacional y el texto que han aprobado las comisiones de trabajo legislativo, deja serias preocupaciones sobre lo que será la aplicación real de esta Ley, pues hubo importantes modificaciones y nuevos requisitos que se alejan de la proposición inicialmente presentada. Sin embargo es un avance que como mínimo se pueda permitir el aborto en los tres casos extremos previstos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad letal del feto y en caso de violación.

 

Lamentando el carácter incompleto de este avance, el Vicepresidente de la FIDH Juan Francisco Soto declaró "El levantamiento de la prohibición del aborto en estos tres casos, obviamente, sería preferible a la prohibición heredada de la dictadura de Pinochet. Pero no es suficiente para proteger los derechos humanos de las mujeres! Chile debe garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas al aborto legal y seguro, así como su derecho pleno a decidir”.

 

 

 

General
Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de la Defensa Nacional


Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, CEDHU, manifiesta su preocupación sobre las denuncias acerca del uso de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas en México, por lo cual urgen a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a que adelanten las debidas investigaciones y se sancione a sus responsables.

 

 

Washington, D.C. – En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta el valioso rol que defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente ejercen en la construcción de una sociedad democrática sólida y el desarrollo sostenible en los países de la región. Asimismo, la CIDH insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de defensoras y defensores.

 

 

 

Sr.

Juan Orlando Hernández

Presidente de la República de Honduras

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) ha recibido información de fuentes fidedignas sobre actos de intimidación contra el personal de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) durante la marcha del 1º de Mayo.

 

Según las informaciones recibidas, el 1 de Mayo, a las 11:23 de la mañana, miembros de ACI PARTICIPA fueron intimidados en las cercanías del Congreso Nacional en Tegucigalpa por un grupo de personas identificadas como Sindicato de Trabajadores de Minerales de Occidente (SITRAMINO) de la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), mientras acompañaban la jornada en conmemoración del día del trabajador Hondureño. Los agresores lanzaron bolsas de agua mientras de manera amenazante insultaban a los miembros de ACI PARTICIPA hasta que éstos se vieron obligados a abandonar la marcha.

 

 

Sr. Salvador Sánchez Cerén

Presidente de la República del Salvador

Presente

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) ha recibido información de fuentes fidedignas sobre los actos de extorsión y amenazas de muerte en contra de la Sra. Karla Stephanie Avelar, defensora de los derechos LGBTI, Directora Ejecutiva de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS), organización que fundó en 2008, y finalista del Premio Martin Ennals 2017 para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Entre sus logros se encuentra el haber contribuido a que las autoridades salvadoreñas separaran a los prisioneros y prisioneras LGBTI por su seguridad y que se les permitiera acceder al tratamiento básico de VIH que provee el Ministerio de Salud.

 

Según las informaciones recibidas, el 28 abril 2017, dos días después de ser nominada como finalista del premio Martin Ennals para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, tres hombres se personaron en el domicilio de la Sra. Karla Stephanie Avelar para exigirle el 50% del premio que había ganado por dicho galardón, asumiendo los pandilleros que ella ya había recibido el premio. Los individuos decidieron darle un plazo de tres días para pagar la cantidad establecida y le avisaron que de no cumplir lo mejor sería que abandonase su lugar de residencia porque su vida estaría en peligro. En este contexto, la Sra.

Karla Stephanie Avelar se vio obligada a abandonar su hogar y buscar refugio en otro lugar.

 

twitter rueda 

 

DESIGNACION DE DEFENSOR DEL PUEBLO SERÁ INCONSTITUCIONALY PROMOVERÁ LA IMPUNIDAD 

 

La Defensoría del Pueblo es la institución nacional que promueve y defiende los derechos de todas las personas que hacen parte de un Estado. La importancia de esta institución obliga que quien esté a la cabeza no solo sea una persona con suficientes conocimientos académicos y con experiencia en la administración en el sector público; pues debe ser, sobre todo, una persona independiente de todo organismo o forma de poder, sea político, económico, de organismos armados, o cualquier otro; porque precisamente deberá cuestionar los excesos que cometan funcionarios que ostentan estos poderes; debe ser una persona que promueva y defienda las formas de organización de la sociedad civil que surgen bajo la consigna de defender derechos, ya sean individuales, colectivos, de los pueblos o de la naturaleza; debe ser una persona que asuma su trabajo como una responsabilidad con la sociedad, y no con el gobierno de turno que respalde su designación. En el ámbito ecuatoriano, la pregunta que surge es si el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cumplió con estos preceptos durante su mandato de cinco años y si su labor sustenta su deseo de ser designado para un nuevo periodo. La respuesta es no, un rotundo no.

 

Ramiro Rivadeneira, y su defensor adjunto, iniciaron su gestión con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, respaldo que se lo dio en la creencia de que al provenir de estas organizaciones, mantendrían ese espíritu de militancia a favor de los derechos, mirados en su integralidad. Nada nos hacía suponer que una vez que asumieran dichos cargos, darían un giro para, rodeado de organismos afines a las tesis gubernamentales, en lugar de proteger los derechos de la población, se dediquen a proteger los derechos del gobierno y trabajen únicamente en temas que no afecten la imagen gubernamental. Veamos algunos ejemplos:

 

Al inicio de su periodo rechazó el informe sobre la criminalización de la protesta social realizada por su predecesor argumentando vacíos en la metodología e inconsistencia en la cifras de defensoras y defensores procesados. Este informe desapareció de la web institucional de la Defensoría del Pueblo. Igual trato sufrió el informe que hiciera el relator de la ONU, Philip Alston, sobre ejecuciones extrajudiciales en julio del 2010. Este informe de nueve páginas también desapareció de la web de la Defensoría a pretexto de que era muy pesado para la web.

parte tortura

El 1 de septiembre de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable al Estado ecuatoriano por la tortura, detención ilegal sin control judicial y la prisión preventiva arbitraria en contra de los ciudadanos extranjeros Elíecer Herrera, Luis Jaramillo, de nacionalidad colombiana; Eusebio Revelles y Emmanuel Cano, de nacionalidad española; en el marco de la investigación de presuntas actividades delictivas. Los hechos ocurrieron a partir del 2 de agosto de 1994.

 

La Corte ha sentenciado al Estado ecuatoriano que, de acuerdo a su derecho interno, iniciar y conducir eficazmente, en un plazo razonable, una investigación de los hechos relacionados con las violaciones a la integridad personal declaradas. Así también, a tomar todas las medidas necesarias en el derecho interno para dejar sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se derivan del proceso penal seguido contra el Sr. Revelles; publicar la sentencia y  pagar las indemnizaciones señaladas en la sentencia.

SENTENCIA:

icon Resumen de la sentencia Espinoza y otros VS. Ecuador (118.66 kB)

icon Sentencia completa Espinoza y otros VS. Ecuador (1.13 MB)

 

 

reunion con gilmoreFoto: Katy Gilmore, en reunión con organizaciones sociales. Fuente: Naciones Unidas

 

ver publicación original

 

QUITO (21 de octubre de 2016) – La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, concluyó este jueves 20 de octubre su visita de cinco días a Quito, Ecuador, durante la cual participó de actividades en el marco de la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III (ver galería de fotos).

 

Gilmore llegó al país el domingo 16 de octubre y participó en paneles de alto nivel, sesiones especiales y eventos paralelos sobre temas tan diversos como migrantes y refugiados, ciudades inclusivas y el cambio en la percepción de que vivienda adecuada, más que una mercancía, es un derecho humano. “No hay ciudades sin personas, ni personas sin derechos humanos”, señaló.

 

En tal sentido, la Alta Comisionada Adjunta manifestó que los derechos humanos “deben ser la base para implementar la Nueva Agenda Urbana, que a su vez debe enmarcarse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya promesa principal es no dejar a nadie atrás”, y abogó porque los derechos humanos estén presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana. “La ciudad debe traer los derechos a casa”, comentó.

 

Kate Gilmore sostuvo también una serie de reuniones con diversos actores relevantes, tales como organizaciones de la sociedad civil internacionales y la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, Leilani Farha.

MARCHA

 

Al cumplirse un año de los desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la Comunidad Indígena Amazónica Cordillera del Cóndor-Mirador, CASCOMI,  visibiliza la situación de las familias desalojadas y recibe el respaldo de la CONAIE, del pueblo shuar Arutam y de la prefectura de Zamora Chinchipe.

 

El 13 de octubre de 2016 se recordaron los hechos con una rueda de prensa, una exhibición fotográfica y una marcha pacífica. Durante la rueda de prensa, presidente de la CONAIE dio a conocer que de las 24 provincias de Ecuador, solo la de Tungurahua está libre de concesiones mineras, que si bien nuestro país no tiene experiencia en minería a cielo abierto,  sí existen experiencias negativas como la de Cajamarca-Perú, cuya población ha sido empobrecida por la minería y  afectada por la corrupción,  la delincuencia y la prostitución.  Afirma que esto se debe al modelo económico capitalista que está destruyendo el mundo y que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresa, además:

 

“Nosotros conocimos y recorrimos el territorio de San Marcos, era un lugar de paisaje verde, donde nuestros hermanos hacían efectivo el Sumak Kawsay, ahora ese territorio está lleno de tantas maquinarias, contaminación. Los ríos que eran antes de color azul ahora tienen un color negro, pardo, esa no es la vida de los amazónicos, esa no era la vida de la cordillera del Cóndor y por eso estamos conscientes de todas las amenazas que vienen”

 

EXPOSICIÓN

 

En la exhibición fotográfica que acompañó el acto, se mostraron los daños ambientales que ha provocado la empresa ECSA durante la construcción de la infraestructura para el desarrollo

minero a gran escala. Se pudo apreciar imágenes secuenciales del levantamiento de la capa vegetal de la Cordillera del Cóndor, la contaminación del agua y las inundaciones.

coalicion EPU

 

 

Fian Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Acción Ecológica, Centro de Derechos Humanos – PUCE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Terra Mater, Yasunidos y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) presentaron el jueves, 6 de octubre, sus informes sombra ante Naciones Unidas para el proceso de Examen Periódico Universal  de la ONU (EPU).

 

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que implementó la ONU para evaluar, a cada país miembro, su cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los diferentes tratados ratificados en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso que inicia con la revisión del Estado examinado, después, el Consejo de Derechos Humanos añade recomendaciones y compromisos y el Estado examinado adquiere la obligación de informar acerca de la implementación de los mismos en la próxima revisión.

 

La importancia de esta evaluación consiste en visibilizar los problemas que cada país tiene en el cumplimiento de los tratados, además que la evaluación la realizan los Estados entre sí. Nuestro país será evaluado en el mes de mayo del 2017.

 

A continuación un resumen de los informes divididos en 5 ejes: derechos civiles y políticos; Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); derechos colectivos; derechos de las y los defensores; y derechos de la naturaleza.

collahge union baseEn la madrugada del miércoles 28 de septiembre de 2016, miembros del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, rama especializada de la Policía Nacional ingresó a la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE,  ubicada en Unión Base, en la ciudad de Puyo, y desalojó a familias integrantes de esa organización que se encontraban en el lugar, realizando una minga de readecuación de la sede mencionada.

 

“Estábamos en ropa interior, con nuestros hijos y de repente entran y nos piden que desalojemos, que nos vayamos, le dijimos que por lo menos nos dejen vestirnos, y así de la forma más humillante tuvimos que vestirnos en frente de ellos...nos botaron toda la comida, el agua, la guayusa”.  Este es el relato de una de las mujeres que se encontraban en el lugar.

 

Según declaraciones del Viceministro del Interior,  recogidas por algunos medios de comunicación, éste habría informado que la acción policial tendría base en una denuncia presentada en la Fiscalía. Ante lo cual el abogado de la CONAIE comenta que la supuesta denuncia que habría motivado el ingreso de la Policía no fue expuesta y que  si bien la Fiscalía tiene la facultad para activar la fuerza pública, esto puede hacerlo únicamente cuando existe un delito es flagrante, y en este caso no se entiende el delito cometido, ni se justifica la presencia policial en la sede indígena.

 

Mediante una rueda de prensa efectuada el 29 de septiembre,  la CONFENIAE denunció la intromisión del gobierno ecuatoriano con el objetivo de dividir y debilitar a las organizaciones sociales, pues desde el año 2015, grupos afines al Gobierno, mediante la realización de asambleas extraordinarias, eligieron una directiva paralela a la existente, la misma que fue registrada por la Secretaría de la Gestión de la Política. Igualmente, denunció que el día 28 de septiembre, la directiva paralela junto a otros grupos indígenas  llegaron en vehículos públicos y en compañía de la Intendencia de la Policía, para sesionar en Unión Base.

 

26 de septiembre de 2016.- La FIDH y sus organizaciones de derechos humanos en el continente americano firmantes, celebran el acuerdo histórico de paz en Colombia firmado hoy en Cartagena – Colombia y hacen un llamado a los ciudadanos colombianos a votar a favor de la paz en el plebiscito del próximo 2 de octubre.

 

Este acuerdo cierra un proceso de negociación de 4 años, poniendo fin a un conflicto armado de más de 60 años. Las organizaciones de las Américas saludan este importante paso para la búsqueda de la paz que tanto se ha anhelado y cuyo impacto beneficiará a toda la región.

 

“Abogamos porque este acuerdo sea la oportunidad para una paz definitiva y con justicia social, pues la paz no es solo el silencio de las armas, sino la construcción de la equidad y justicia que aún quedan por lograr en Colombia.” señalan las organizaciones.

 

Es esencial que estos esfuerzos se enmarquen en el respeto de la normativa internacional de derechos humanos y los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, donde los derechos de las víctimas de este conflicto sean priorizados.

donwalter

El 28 de abril de 2012 su vida y la de su familia cambió para siempre porque su hija, Carolina Stephanía Garzón Ardila desapareció en la ciudad de Quito, lejos de su hogar en Bogotá, Colombia.

 

Walter Garzón, padre de Carolina, inmediatamente arribó a nuestro país para buscar a su hija y tocó todas las puertas necesarias para encontrar apoyo en su búsqueda y en el camino fue hallando más personas en situación similar a la de él, en busca de un ser querido, esperando su regreso, esperando las gestiones de la justicia y la fuerza pública para encontrarlos.

 

Juntó a otras personas familiares de desaparecidos fundó la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador, ASFADEC; retomaron el espacio de la Plaza Grande, todos los días miércoles a las 11h00, las fotografías de Carolina Garzón, Telmo Pacheco, Luis Sigcho y otras personas desaparecidas hacían presencia en frente al Palacio de Carondelet, al sonido de las bubuzelas. Querían molestar, querían incomodar al poder que les negaba la posibilidad de conocer la verdad y obtener justicia.  Debieron soportar varios intentos, a veces sutiles, a veces no tanto, de acallar sus luchas y de dividir la organización.

AGRAVIO A  MEMORIA HISTÓRICA

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, cuestiona el derrocamiento de la escultura a la Memoria de los Desaparecidos, que en su origen rememora la injusticia, el dolor, la  persistencia y coraje de los padres y familiares de los hermanos Restrepo Arismendi, desaparecidos por la Policía de Ecuador. Este memorial amplía su significado y se extiende como homenaje a más víctimas afectadas por  violaciones a los derechos humanos en el país,  con los que se identifica.    

 

La CEDHU lamenta que este monumento ya no esté en el Parque El Arbolito  en el sitio que fue designado y que allí permaneció desde hace dos décadas.  Así, de la forma más insensible, inconsulta y arbitraria, los familiares de las víctimas, Quito y la ciudadanía en general han perdido un importante lugar de memoria histórica contra el silencio, el olvido y la impunidad. Se ha destruido una representación simbólica-artística-visible de lucha por la justicia y de prevención para que hechos tan atroces como son las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, no se vuelvan a repetir en el presente o en el futuro.       

 

Es grave que no se conozca los fundamentos en que se basó el Municipio de Quito para tomar la decisión de derrocar la escultura que fue realizada por Dolores Andrade, quien plasmó  en su obra la “conmovedora e inolvidable realidad que lo avaló”. “Miles de llaves, una vez fundidas forman parte del monumento, símbolo de ese dolor solidario e irrepetible”, recuerda la escultora. Se menciona que el monumento ha sido “retirado” con motivo de la Cumbre de Habitat III de la ONU y que allí estarán las estructuras metálicas del pabellón de “Quito del Futuro”. Este hecho provoca la paradójica pregunta: ¿Dónde está el Monumento Memoria de los Desaparecidos?


El 11 de agosto de 2016 la Amazonía Sur del Ecuador fue marcada en la defensa de sus derechos colectivos. En ese día el presidente de la Asociación de Centros Shuar Bomboiza fue sentenciado a un año de prisión por paralización de servicios públicos, al mismo tiempo, miembros de la policía nacional y del ejército desalojaban la población de Nankintz.

 collagenan

El territorio de la nacionalidad shuar del Ecuador se ha visto amenazado por el ingreso de empresas transnacionales mineras. A través de la historia, se han registrado varios eventos en los que este pueblo ha demostrado su resistencia. Pero los últimos diez años se han enfrentado a la arremetida de estas empresas que trabajan con aquiescencia estatal.

 

La empresa de capitales chinos EcuaCorriente S.A. (ECSA) mantiene una serie de concesiones para la exploración y posterior explotación de cobre en la Cordillera del Cóndor, la misma que se ubica entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y considerado por la nacionalidad shuar como su territorio ancestral. De esta manera, ECSA, con apoyo de la fuerza pública, ya desalojó comunidades en la provincia de Zamora Chinchipe para desarrollar el proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto “Mirador”, y su empresa filial Explorcobres, ha empezado el mismo proceso contra comunidades en la provincia de Morona Santiago, para dar paso al proyecto “Panantza-San Carlos” de las mismas características de “Mirador”.

 

Para demostrar sus descontento a esta situación los diferentes centros de la nacionalidad shuar, en asamblea, acordaron respaldar la decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y unirse al levantamiento indígena de agosto de 2015, cerrando la vía Gualaquiza – Loja.  

 

Según nos cuenta Tomás Jimpikit, presidente de la Asociación Bomboiza, el 14 de agosto de 2015 fueron desalojados de la vía y detenidas seis personas, quienes fueron juzgadas el día 11 de agosto de 2016 por el delito de paralización de servicios públicos. A criterio del abogado defensor, la fiscalía no pudo demostrar la participación de las seis personas en el delito que se les imputaba, por lo que sorprende que cinco sean absueltas y solo una condenada; todavía están a la espera de la sentencia escrita para conocer la argumentación del tribunal y poder ejercer el derecho a la apelación.

fidh banner

 

Entre los días 23 y 27 de Agosto de 2016, en Johannesburgo, Sudáfrica, tuvo lugar el 39º Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, el mismo que convocó a las 178 organizaciones ligas a nivel mundial, reuniendo a más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos

 


Ecuador estuvo representado por tres organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH y Acción Ecológica.

 


Durante el Congreso se abordaron algunas problemáticas comunes tales como las consecuencias de una economía que ignora los derechos humanos y las organizaciones sociales, la violación del derecho de asociación como una práctica recurrente desde el poder y estrategias de protección de personas defensoras de derechos humanos.

 


Como presidente de la Federación fue elegido el activista griego Dimitris Christopoulos de la Liga Helénica. Dentro de los quince vicepresidentes a nivel mundial, tres corresponden a las Américas: Gloria Cano de APRODEH, Perú, Juan Francisco Soto de CALDH, Guatemala y Hna. Elsie Monge, directora ejecutiva de CEDHU. El hecho de que la Hermana fuera reelecta vicepresidenta es un hecho significativo para nuestro país.

 

Alain copia1En ese cruce de caminos que es la vida, para las  personas que hemos vivido la amistad y cercanía de Alain, se nos hace difícil poner en palabras adecuadas lo que sentimos al conocer que él se “acogió a la eternidad que vino a su encuentro”,  la madrugada del 23 de julio de 2016.

 

La coherencia que caracterizó su vida también hizo que él muera y sea enterrado en Riobamba, cerca del volcán Chimborazo.  Hace cinco décadas, Alain sintió que su espacio estaba  acá en los Andes ecuatorianos. Vino de Francia y se quedó para observar con una mente despejada los diversos paisajes humanos, la realidad agraria, las inequidades, injusticias o violaciones a los derechos humanos.  

 

El compromiso a fondo con la sociedad en que él vivió a lo largo de su vida, su libertad de espíritu, su convicción de que la verdad nos hace libres, y toda su labor generosa y profundamente humana, hace que él  esté presente en la memoria de muchos como un ejemplo a seguir por todos.

 

El trabajo de investigación social que Alain Dubly realizó en el país, durante varios decenios, dio como  fruto varios libros publicados.   Su aporte a las ciencias sociales ha sido fundamental para desentrañar la realidad del campesinado ecuatoriano.  Prolijamente crítico, su enfoque  del desarrollo rural era centrar la acción en lo importante y deseado por la gente. Se recuerda con cariño el trabajo que realizó para CESA, el FEPP y otras instituciones u organizaciones sociales.

 

Fruto de sus andanzas de trabajo en los paisajes  humanos del país y de su capacidad creativa nacieron sus relatos o  cuentos.   Según Alain, estos forman un abanico muy abierto de temas.  “Son ficciones verosímiles inspiradas en la realidad, escogidas y procesadas a través del filtro de una particular sensibilidad y mentalidad, constantes a lo largo de un cuarto de siglo.”

 

Desentrañar algunos de estos relatos, nos acerca más al ser que “había tomado la lejanía como aliada.” En Elogio a la Distancia dice: “La distancia asumida, más aún si es querida, podía saborearse como un privilegio en nuestro mundo locamente apresurado.” (…) Tal   irrupción, inmediata y total, de lo lejano en la cotidianidad era vista por nuestro teléfobo como una intolerable violación del derecho a la distancia.”

 

 

Gratitud que perdura siempre  

 

Motivado por su búsqueda de justicia en diversos espacios, Alain se integró -como voluntario- a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanoselementos alain copia CEDHU, por más de una década.

 

Impulsó y fue coautor del libro de testimonios A mí también me torturaron - 1991, contribución realizada para crear conciencia, en los ecuatorianos, acerca de la necesidad inmediata de erradicar no solo la tortura, sino toda forma de uso de la fuerza en contra de ciudadanos indefensos.  Fue un esfuerzo  y una prueba clara que coadyuvó a la clausura definitiva del Servicio de Investigación Criminal, SIC.  Tenebroso lugar y nombre que era señalado como  “camal humano”.  

 

Autor del libro “Desalojos y Despojos: los conflictos agrarios en Ecuador 1983-1990", publicado en 1991. Este ensayo aporta a la  comprensión de la lucha por conservar o conquistar la tierra que necesitan para vivir muchos campesinos ecuatorianos que sufren distintas formas de violencia y de  atropellos a las personas y sus bienes. El trabajo  comprende el análisis de múltiples denuncias de organizaciones campesinas y el estudio e interpretación de casos ilustrativos.  

 

Coautor del libro Agua, vida y conflicto: panorama social del agua en el Ecuador, 2004, el mismo que  aborda el tema del agua como recurso natural relativamente abundante en el país. Explica cómo muchos  pueblos rurales han construido a lo largo de generaciones un uso del agua acorde a las necesidades vitales, espacios, tiempos y ciclos de la naturaleza.  

 

Coautor de “Los derechos indígenas en el Ecuador”,  1995.  Obra editada por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA.  

 collage taller

Durante los días 13 y 14 junio de 2016  en la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, tuvo lugar el Taller de Comunicación Comunitaria con énfasis en la organización e implementación de campañas, al cual acudieron comunidades y organizaciones de la Amazonía Sur e invitadas de la Amazonía central. El trabajo dio como resultado la campaña denominada AMAZONIA ES MI VIDA, cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar en la ciudad de Quito, el sábado 13 de agosto del presente año en el marco del Festival “Amazonía Indomable”.

 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, convocó a este taller, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU y del colectivo Churo Comunicación. Acudieron representantes de 14 comunidades y organizaciones, entre las que mencionamos las siguientes:   la  NASHE (Nacionalidad del PuebloShuar),  Centro Shuar YAWI, Asociación Bomboiza, Centro shuar Kupiamais, Centro Shuar Pakintza, comunidad YANUA KIM, Federación Shuar de Zamora, CASCOMI (Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor); ZAMAZKIJAT en representación del pueblo Saraguro y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Ecuador (CONAIE).

 

 

Además, participaron como como organizaciones invitadas,  la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P)  y ACIA del cantón Arajuno.

Durante los dos días de taller, los y las participantes definieron como tema de campaña el extractivismo, sus consecuencias y  frente a ello, alternativas económicas desde las diversas comunidades.

 

cumbreDurante los días 21 y 22 de julio de 2016 en la ciudad de Quito tuvo lugar el en Encuentro Nacional de la Cumbre Agraria, que parte de un proceso participativo, amplio y diverso. Los temas centrales de el encuentro fueron la tierra, el agua y la semilla, en especial la defensa de la semilla, como centro de vida y desarrollo de los pueblos desde su cosmovisión. Esperan además que este espacio de articulación les permitirá generar propuestas frente a políticas estatales que consideran perjudiciales para el agro.

 

La construcción del proceso de esta cumbre ocurre a partir del mandato de la mesa agraria en la Cumbre de los Pueblos a inicios del 2015. Desde entonces se desarrolló un proceso con más de 20 precumbres en todo el territorio nacional, que logró la participación de más de 500 organizaciones, entre las que están CONAIE, CONFENIAE y Ecuarunari con sus bases, las sindicales CEOLS1 y CEDOCUT2, el Seguro Social Campesino, FECAOL3, Comisión Nacional de Agroecología, Tierra y Vida, entre otras

 

Severino Sharupi, dirigente de territorio de la CONAIE, destaca la amplia participación de organizaciones  “tanto por su identidad cultural o por su trabajo: sectores del manglar, pesca artesanal, ecoturismo, artesanal, trabajadores agrícolas, agroecólogos, estudiantes, la academia, personas vinculadas a la medicina, pequeños comerciantes, juntas de agua. El proceso ha sido rico y diverso, eso consideramos que ya es un salto cualitativo, por otra parte estamos iniciando una alianza más concreta y real campo-ciudad, y del conocimiento ancestral-academia para profundizar el debate agrario y las propuestas agrarias”

 

Abel Arpi, coordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur, comenta que este encuentro “es un espacio de movilización y conscientización permanente. De movilización porque ahora una familia, un compañero o una compañera sale de su casa para expresar lo que siente, ya no hay alguien que le de diciendo, así se le devuelve la palabra y la dignidad a esa compañera, a ese compañero que se le ha negado durante muchos años. De conscientización, porque en estos debates vemos la explotación en el campo, que ocurre cuando tenemos que comprar los kits estatales, nos cobran demasiados impuestos, cuando persiguen al seguro social campesino, en lugar de garantizar el derecho a la salud; cuando el campesino no tiene acceso al mercado y no le pagan lo que representa su trabajo. Además, no se reconoce su rol fundamental, ya que se está subsidiando la alimentación del pueblo ecuatoriano, al no pagarle lo que corresponde al mismo tiempo que genera alrededor del 70% de la producción del país”.

A las 09h00 del viernes, 8 de julio de 2016 se suspendió la audiencia de deportación que se llevaban a cabo en el edificio de la calle Roca y Av. 6 de diciembre. Ya son tres días de detención a 149 personas cubanas que acampaban en el Parque El Arbolito, quienes vienen solicitando una visa humanitaria para ingresar a EEUU.

 

Después de tres días de detención solo 63 de las 149 personas han tenido audiencia y fueron liberadas 13, entre ellas los cuatro niños y ocho adultos. Es decir que hay 86 personas que han pasado detenidas por más de 55 horas sin ser presentadas ante un juez. El resto de personas detenidas permanecen en distintos centros prácticamente incomunicados, ya que los abogados que acuden en su defensa son impedidos de verlos.

 

Un grupo de los detenidos se encuentran en la antigua unidad de tránsito, ubicada en las calles Tamayo y Robles. La Defensoría Pública informó, además, que se habilitó un calabozo en la Unidad Judicial de Contravenciones, en Roca y Av. 6 de Diciembre, donde se encuentra otro grupo. En estos lugares no pueden permanecer personas detenidas.

 

La audiencia de habeas corpus fue fijada recién para el martes, 12 de julio de 2016, esto vulnera el tiempo estipulado por la ley para la atención de un pedido como este.

 

La salud mental y física de los y las detenidas se deteriora a medida que pasa el tiempo, es así que una mujer debió ser trasladada a un hospital debido a un quebranto grave en su salud.

 

Se ha denunciado que el desalojo perpetrado la madrugada del miércoles, 6 de julio de 2016 hizo uno excesivo uso de la fuerza, violentando también la integridad física de niños, niñas y adolescentes, además de mujeres embarazadas y personas adultas mayores, se les arrebató sus pertenencias y documentos personales.

 

Hasta el momento la situación sigue siendo incierta.

 

Mayor información:

Francisco Hurtado - 0998598417
54 HORAS Y AÚN SIGUEN DETENIDAS 142 PERSONAS CUBANAS
ARBITRARIA DETENCIÓN E INMINENTE DEPORTACIÓN DE 147 PERSONAS CUBANAS

 

Compartimos el comunicado del COPINH en solidaridad con la organización fraterna

 

lesbia urquia

*Foto tomada de Telesur

 

Conozca a Lesbia Yaneth Urquía

 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con mucho pesar comunica a la comunidad nacional e internacional del asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.

 

La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

 

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

 

El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.

COMUNICADO DE PRENSA No. 1

Quito-Ecuador

 

elcomerciocuba

*Foto tomada de El Comercio

 

 

Quito, 6 de julio de 2016, 12:00

 

Entre las 2:30 y 3:00 de la madrugada del día de hoy 6 de julio de 2016, la Policía Nacional del Ecuador ha ejecutado un desalojo por control migratorio de manera violenta y sin previo aviso, al campamento de personas cubanas y ecuatorianas que se encontraban en el Parque El Arbolito al norte de la ciudad de Quito.

 

Alegando que se trataba de un control migratorio, un desmedido operativo policial, incluyendo a grupos de fuerzas especiales y vehículos antimotines, desalojaron a las personas sin ningún aviso previo, en horas de la madrugada, obligando a salir de las carpas donde pernoctaban, y confiscando todos sus bienes (carpas, cobijas, enseres para alimentación, ropa, documentos de identidad y pasaportes).

 

Varias personas denunciaron haber sido agredidas física, sicológica y sexualmente. A partir de ese momento un grupo de personas fueron detenidas, tanto personas en situación regular e irregular, y al menos cinco buses los sacaron fuera del parque para trasladarlos a centros de detención.

 

Un grupo de las personas detenidas fue trasladado a la Unidad de Flagrancia ubicada en la 9 de octubre y Patria. Según un conteo preliminar más de 160 personas se encuentran detenidas en dicha Unidad. Solo a partir de las 11:00am, abogados defensores de derechos humanos pudieron entrar para tener contacto con las personas detenidas e iniciar su representación judicial.

 

De la información recopilada preliminarmente se sabe que cuatro menores de edad (de 3, 4, 10 y 11 años de edad) y un adolescente hacen parte del grupo de personas detenidas, y que permanecen arbitrariamente privados de libertad en dicha unidad de flagrancia. Se ha informado, que ninguno de esos menores de edad han injerido alimentos desde el momento de su detención. El adolescente detenido tiene su brazo fracturado resultado de la violencia del desalojo.

 

Estos hechos se suman al violento desalojo ocurrido el día 26 de junio de este año en los exteriores de la embajada de México. Es relevante mencionar que el campamento de El Arbolito tenía permiso hasta el día sábado 9 de julio de 2016 (período que podía ser prorrogado ante las autoridades municipales) y sin embargo, la autoridad los desalojó violentamente. Consecuentemente, aproximadamente 400 personas no tienen donde pernoctar a partir de esta noche.

logo fondo accion urgente

 

 

 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
ANTE LA PERSECUCIÓN Y AGRESIONES CONTRA GLORIA USHINGUA Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SÁPARA DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Iniciativa Colaborativa Mujeres, Territorios y Medio Ambiente
Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe
Junio 10 de 2016

 

Las organizaciones y activistas de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina, unidas en la Iniciativa Mujeres, Territorios y Medio Ambiente del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, y demás organizaciones abajo firmantes denunciamos los recientes actos de hostigamiento contra Gloria Ushingua y nos solidarizamos con su familia, el pueblo Sápara y todas las mujeres que hoy defienden la Selva Amazónica frente a la explotación petrolera.

 

Desde 2010 las Mujeres Sápara del Ecuador protagonizan la defensa de su territorio para frenar la explotación de los Bloques petroleros 79 y 83, cuya concesión fue otorgada por el Estado ecuatoriano a la empresa Andes Petroleum, en enero de este año. La explotación de estos bloques conllevaría a la destrucción ambiental y la vulneración de derechos de las nacionalidades Sápara, Kichwa, Shiwiar y el Pueblo Kichwa de Sarayaku. Ambos bloques afectan a más del 40% del territorio de la nacionalidad Sápara, que desde el 2001 fue reconocido por la UNESCO como “Obra Maestra del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad”, por cuanto su lengua y su cultura se encuentran en peligro de desaparecer.

 

En razón de su activismo, Gloria Ushingua, presidenta de la Asociación de Mujeres Sápara del Ecuador, ha sido agredida, acosada, intimidada, señalada en televisión nacional por funcionarios del Estado y agredida por oficiales de la policía. Manifestamos nuestra profunda preocupación ante los siguientes hechos recientes:

 

  • El 31 de mayo de 2016 con la intención de atemorizarla, cinco hombres pasaron la noche vigilando la residencia de Gloria Ushigua.
  • El 26 de mayo de 2016 cuatro hombres rodearon a  Casiela Grefa, sobrina de Gloria Ushigua, a quien sujetaron de forma violenta e interrogaron sobre la ubicación y las actividades de su tía.
  • El 2 de mayo de 2016, Anacleta Dahua Cují, cuñada de Gloria fue asesinada brutalmente cuando se encontraba en la chagra de la comunidad de Llachama Cocha, donde también reside Gloria; se presume que este acto fue un intento de asesinato en contra de Gloria. Por los signos en el cuerpo de Anacleta, su familia sospecha que fue violada antes de ser asesinada.
Pronunciamiento por lo hechos ocurridos en la cárcel del Turi

 

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*Imagen referencial. Diario El Tiempo

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su preocupación por los hechos registrados el pasado 31 de mayo de 2016, en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur, ubicada en el Turi, provincia del Azuay. Preocupa además la suspensión de las audiencias de habeas corpus solicitados por los detenidos que fueron agredidos, quienes pusieron este recurso para ser trasladados a otros centros para evitar ser blanco de nuevas agresiones.

 

De acuerdo a los relatos de las denuncias y la información recogida por la organización fraterna, INREDH, la agresión fue perpetrada por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO y del Grupo de Intervención y Rescate, GIR; quienes, aparentemente sin motivo alguno, lanzaron gas lacrimógeno y goleparon con toletes a los internos. Las agresiones, tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los internos, pueden ser catalogados como tortura.  

 

La Defensoría Pública ha manifestado ya su preocupación por los hechos e impulsa la investigación. El Ministerio de Justicia ya entregó los videos de la cámara de seguridad que dan cuenta de la agresión hacia los internos y ya ha indicado que no existen más videos. A pesar de esto, la defensa del Ministerio del Interior insiste en presentar otros registros que demostrarían que hubo un motín.
Incluso si este fuera el caso, no hay excusa que justifique la violencia con la que se perpetraron estos actos, las víctimas de este caso, temen que la Justicia espere a que las huellas del maltrato desaparezcan para que su pedido sea invalidado.

 

La audiencia de habeas corpus fue suspendida dos veces y hasta se intentó hacerlo vía Skype, lo cual anula el sentido de esta garantía constitucional, que como su nombre lo indica es de “cuerpo presente”.

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 El próximo jueves 30 de junio de 2016, culmina el plazo para la presentación de propuestas para el concurso de frecuencias de radio y televisión. Este es un hecho sin precedentes en Ecuador, ya que por primera vez se otorgarán frecuencias bajo esta modalidad y porque se trata del 65% del espectro radioeléctrico, es decir 1472 frecuencias,  que serían distribuidas de forma equitativa: un 33% para medios privados, 33% públicos y 34% comunitarios, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación vigente. Las concesiones se entregarán para 15 años, renovables.

 

Es así que organizaciones indígenas y campesinas del sur del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con el apoyo de colectivos de comunicación de la ciudad de Quito, han apostado a este concurso presentando sus propuestas ante los organismos correspondientes: Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, ARCOTEL y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM.

 

Las organizaciones de base que se están presentando al concurso son la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA y Coordinadora de las organizaciones Pueblo Kichwa Saraguro, CORPUKIS, las mismas que venían experimentando la instalación de radios on-line,  en tanto medio propio de expresión de cultura y de necesidades.

 

El presidente de la FOA manifiesta que “es importante tener un medio de comunicación que responda a las necesidades de la información como espacios comunicativos, que trabajen el tema de derechos y propicien la participación de la audiencia.  Hemos estado preocupados por no poder acceder a  espacios suficientes en los medios privados y públicos; hemos sentido que hay restricción y cuando hemos logrado algún espacio, este ha respondido a sus propias lógicas”.

boletín oficial de la Defensoría Pública

 

El Defensor Público General preocupado por la desproporcionalidad de las penas

 

El Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Manifestó que el Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes. Se reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles. En el citado caso, la administración de justicia no acogió el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley, toda vez que en casos muy graves y de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias.

 

El caso de los procesados del Pueblo Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel. Las estadísticas de la prisión están llenas de infractores menores en delitos contra la propiedad y en delitos relacionados con las drogas. La cárcel no es un lugar que se caracteriza por encerrar a los poderosos infractores de la ley.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su preocupación por que en la Unidad Judicial Penal del Cantón Morona, en la causa N.- 14255-2016-00173, se convoca para el próximo lunes, 25 de abril de 2016, a Audiencia de formulación de cargos contra altos dirigentes del movimiento indígena.

 

A dicha audiencia en calidad de acusados por el presunto delito de paralización de servicios públicos, en el contexto del levantamiento indígena del 13 de agosto de 2015,se convoca a: Jorge Herrera Morocho, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, FICSH; Jaime Vargas, presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, NAE; Franco Viteri, presidente de la Conferación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, y a cinco personas más.

 

Las jornadas de movilizaciones del año 2015, convocadas por el movimiento indígena, organizaciones sindicales, entre otras; fueron objeto de represión que dejó como saldo varias personas heridas y muchas detenidas, contra las que se aperturaron procesos judiciales. Casos como 26 de Saraguro, siete de Pastaza y 21 del arbolito, son una muestra de ello. Siete meses después de aquel levantamiento indígena, se pretende iniciar un nuevo proceso y con ello, criminalizar a los más altos dirigentes.

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, ha seguido con expectativa el desarrollo de las audiencias de juzgamiento por la muerte del líder shuar anti-minero, José Tendetza. Este viernes, 15 de abril de 2016 el tribunal ha resuelto absolver a las personas implicadas en el caso, lo que es motivo de preocupación, puesto que después de un año y cinco meses de investigación la justicia no se está haciendo presente.

 

José Tendetza era un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, luchaba contra la minería a gran escala en su territorio hasta que apareció muerto el 2 de diciembre de 2014, cuando se disponía a viajar a Lima a denunciar los atropellos contra su comunidad.

 

La CEDHU expresa su preocupación por que este caso quede en la impunidad y genere un estado de vulnerabilidad contra otras personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Esperamos que los esfuerzos por esclarecer el crimen no cesen a fin de que el Estado ecuatoriano cumpla con su obligación de dar sanción a los responsables materiales e intelectuales de la muerte del defensor.

 

collagefestivalCon presentaciones de música, danza y teatro, el sábado 19 de marzo de 2016 en el Coliseo de la Unidad Educativa Don Bosco, tuvo lugar la conmemoración del día internacional de la mujer, en el marco del programa de educación en derechos humanos, ciudadanía y buen vivir para jóvenes que realiza la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.

 

Desde hace 18 años la CEDHU viene desarrollando este programa, en el que estudiantes del primer y segundo año de bachillerato cursan talleres los días sábado, donde se sensibiliza y educa sobre el significado e importancia de los derechos humanos, cómo ejercerlos y exigirlos. Desde 2015 se unió a este trabajo el Taller de Comunicación Mujer que le he brindado a este programa el enfoque de género y con la campaña “más información, menos violencia”, que busca la prevención y denuncia oportuna de la violencia.

 

En este contexto se organizó el Festival Artístico por los Derechos de la Mujer, en el que participaron las unidades educativas Don Bosco, Borja 1 y Leonardo Ponce, pertenecientes al programa, y otras instituciones invitadas como el colegio Rumania, que aportó con la presentación musical de Gaby, una de sus estudiantes, quien aseguró que al momento en la malla curricular de su colegio no hay materia alguna que enseñe sobre derechos humanos y que le gustaría que su colegio se integre a este programa porque considera que los jóvenes podrían ayudar a otros, como los niños que trabajan en las calles, a conocer más sobre sus derechos.

 

Estudiantes que participan en este proceso nos dieron sus apreciaciones. Así, Kevin de 16 años creen el programa es “muy informativo, nos enseña a cómo comportarnos, en mi vida me ha enseñado a comprender los derechos humanos y practicarlos”.

Vanesa cuenta que su experiencia en el programa ha sido divertida y destaca la inclusión a sus compañeros discapacitados “nos motivan a cumplir con nuestras obligaciones y derechos. No tenía conocimiento sobre los derechos humanos”

collage

 

El 17 de agosto de 2015, en el marco del levantamiento indígena, fueron detenidas 26 personas durante la manifestación realizada en el cantón Saraguro. Durante las detenciones ocurrieron agresiones en contra de la integridad de las personas y las organizaciones sociales denunciaron que miembros de la fuerza pública ingresaron en el interior de algunas casas para detenerlas, generando conmoción en las familias. Posteriormente, iniciaron los procesos judiciales involucrando a un total de 31 personas, todas pertenecientes a la nacionalidad indígena kichwa Saraguro. El próximo lunes, 21 de marzo dará inicio la audiencia de juzgamiento a 10 de ellas.

 

Aquel 17 de agosto comunidades del pueblo Saraguro, respondiendo al llamado de levantamiento indígena, se movilizaron hacia la carretera Loja-Cuenca donde realizaban manifestaciones artísticas.
Poco después, con la presencia de un piquete policial y militar, la manifestación se tornó violenta iniciando un enfrentamiento con la comunidad. Uno de los testimonios recogidos el mismo día, desde ese cantón, decía:

 

“empiezan a agredir a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a hacer unas detenciones de una manera brutal y salvaje, a agredir, a jalarle del cabello, llegar a las comunidades vecinas que son Ilincho y Lagunas. La Constitución dentro de los artículos 57 nos dice que son territorios autónomos (...) no respetaron la propiedad de los pueblos indígenas, han llegado, han pateado las puertas (...) para coger a los compañeros que ni siquiera estuvieron en la medida de hecho”

 

Inmediatamente se dieron a conocer testimonios similares de agresiones cometidas contra hombres y mujeres indígenas Saraguro:

 

“hay compañeros que fueron heridos, uno de los compañeros casi perdió la vista, estuvo varios días es diferentes clínicas. También el otro compañero le volaron los cuatro dientes y un pedazo de la mandíbula, [a él] le estuvieron llevando detenido, le dejaron en San Lucas del bus porque estaba con mucha sangre, porque la gente le había pedido y estaba con mucha sangre”

 

La historia de la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas ha tenido a la mujer como su soporte, aunque su participación esté todavía muy invisibilizada y requieran de espacios concretos de discusión de las causas que les afectan a ellas, como mujeres indígenas.

 

En conversación con dos lideresas indígenas históricas: Blanca Chancosa, del pueblo Otavalo kichwa y Carmen Lozano, del pueblo Saraguro kichwa, nos cuentan la importancia de la mujer en la luchas, las particularidades respecto a sus condiciones de mujer y sus proyectos como dirigentas dentro del movimiento indígena.

 

blanquitaycarmenBlanca Chancosa nos dice que sigue siendo un asunto indígena la lucha contra el racismo y la discriminación que sufren, sobretodo durante la convivencia post-colonial. Comenta además que la condición de mujer profundiza esa situación provocando dobles y triples discriminaciones.

 

En la convivencia post-colonial entra la situación económica y de clase, alimentado por el asunto racial. Cómo llegar a una aceptación de igualdad, a una convivencia de interculturalidad, que es una convivencia de respeto. Nos podemos identificar en algunos sueños como: “cambiar el sistema”, podemos estar coincidiendo y en muchas cuestiones podemos estar marchando igual, pero el reto es cómo poner a un lado el racismo y vernos como iguales. En la convivencia se va compartiendo muchas cosas: la alimentación, algunas cosas de la sabiduría, algunas expresiones culturales, son raíces que se tienen, que se deben ir plasmando en el respeto. A la cuestión colonial, la cuestión racial, la cuestión de clase, a esto se le agrega la cuestión del machismo o el patriarcado.

 

Nos comenta cómo han sido testigos de los agravios de la sociedad contra la mujer, por ejemplo de  violencia sexual que no fue denunciada por la desigualdad del poder o la distribución de trabajo inequitativo en desventaja para la mujer. Cuenta que cuando el trabajo estaba ligado a la tierra no se notaba mucho el machismo porque era un “compartir familiar”. Las familias migraron y los hombres salieron dejando el trabajo del hogar y la tierra a las mujeres.

En rueda de prensa del día 1 de marzo de 2016, se realizó la presentación de la Cumbre Agraria, iniciativa que tiene como objetivo construir una plataforma estratégica de movilización del conjunto de los sectores indígenas y campesinos con el fin de elaborar un Acuerdo Nacional Agrario que garantice la soberanía alimentaria, las economías populares y la defensa de los territorios frente al avance del capital del agronegocio y el extractivismo.

 

 

La Cumbre nace como respuesta de las organizaciones sociales y campesinas frente a las políticas estatales que favorecen a las grandes industrias en detrimento de los derechos indígenas y campesinos. Las organizaciones que impulsan esta iniciativa denuncian que el campo ecuatoriano atraviesa una profunda crisis como lo demuestran los crecientes conflictos por la caída de los precios de la leche, la carne; el ingreso ilegal e inconstitucional de transgénicos en diversas plantaciones del país, el vaciamiento del seguro social campesino, el despido de trabajadores de la agroindustria, sobretodo en la costa ecuatoriana y el avance del extractivismo en los territorios indígenas amazónicos.

 

 

El esfuerzo por consolidar un gran Acuerdo Nacional Agrario que permita enfrentar, la crisis económica actual y la crisis alimentaria en el largo plazo. Se construye como un proceso de diálogo desde las bases a través de asambleas y precumbres en territorio, donde se discutirá y analizará las problemáticas de la tierra. Además, se recogerán las propuestas e iniciativas para la defensa del campo y los territorios comunitarios.

 

 

 

bertacaceresBerta Isabel Cáceres Flores, miembro de la población Lenca, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada aproximadamente a las 11:45 de la noche del miércoles 2 de marzo en La Esperanza, su ciudad natal, departamento del Intibucá del sur-occidente,  por  sujetos desconocidos que habrían ingresado a su casa mientras dormía y perpetrado el ataque, en el que también resultó herido el hermano de Berta.

 

Sentimos esta pérdida de manera especial ya que la Hna Elsie Monge que presidió la Comisión de Verdad de Honduras en 2011 pudo conocer de cerca la valiente lucha de Berta Cáceres por los derechos del pueblo indígena Lenca, en defensa de sus territorios y por la protección del Río Blanco, por la que la población lenca ha sufrido persecución.

 

De acuerdo a información del Observatorio para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos,  Berta Cáceres denunció en varias ocasiones, la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca. De igual manera se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa FICHOSA, en tierras lencas. La semana pasada participaría en una rueda de prensa en la que denunciaba el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad y que algunos de ellos habían sido amenazados.

 

Por su labor, Berta Cáceres fue criminalizada, su caso consta en el informe “Criminalización de defensores de derechos humanos: un preocupante fenómeno en América Latina” del Observatorio. De igual manera su labor fue reconocida con el premio Goldman para América Latina 2015 debido a su labor constante para los derechos humanos.

 

Alrededor de cien indígenas campesinos y ganaderos, productores de leche de las provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Pichincha,  Carchi,  Tungurahua y Cotopaxi, con el apoyo de la Ecuarunari, acudieron este 2 de marzo a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional con la propuesta de que se declare en emergencia nacional al sector productor de leche, debido a la crisis por la que atraviesa.

 

De acuerdo a la propuesta, en Ecuador se generan cinco millones de litros de leche diarios, pero en los últimos meses existe un excedente de entre 200 y 300 mil litros, ya que las plantas procesadoras no están recibiendo el producto y los intermediarios pagan valores inferiores a los USD 0,42  establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP,  desde 2013.

 

Según la representante del Consejo de Mujeres de la Ecuarunari, el precio por el que se está vendiendo la leche no cubre el costo de inversión que es de 0,38 USD.

 

“El tema de la leche es muy preocupante aparte que hay que invertir en la vacas, en el pasto, en el tratamiento, para vender en cinco centavos la leche, no puede ser justo ¿cómo vamos a crecer? Los que crecen son los grandes empresarios, por ejemplo, los que venden las ampollas, las medicinas, los pastos mismos y que el litro de leche cueste cinco centavos o ni si quiera la compran, toca botar. Estamos exigiendo que se declare la emergencia.”

 

Menciona además, que varias familias campesinas han intentado vender directamente el ganado pero los valores por la venta son menores a los de su adquisición.

 

Los pequeños ganaderos y agricultores (expresan en la propuesta) estar viviendo una de las peores crisis de su historia, y denuncian además que este sector de pequeños ganaderos es uno de los más perjudicados, ya que no cuenta con la infraestructura y tecnificación que le permita optimizar la producción y la comercialización justa permanente.

Entre el 19 y 20 de febrero de 2016, se desarrolló en el cantón Saraguro, de la provincia de Loja, el “Taller de comunicación virtual y comunicación comunitaria para el fortalecimiento organizativo” con la participación de comunicadores comunitarios y líderes organizacionales. El objetivo de este evento fue impartir apoyo técnico en administración de redes sociales y edición de audio para radio así como definir mecanismos para fortalecer la articulación comunicativa.

 

El taller tuvo lugar en el local de la CORPUKIS, coordinadora provincial de las comunidades de base de la nacionalidad indígena Kichwa Saraguro. Veintinueve de sus integrantes son los principales afectados por procesos penales en su contra, después de la represión que sufrieron por parte de la Policía Nacional en agosto de 2015 durante las manifestaciones por el levantamiento indígena.

 

Situación similar ocurre en la provincia del Cañar con líderes de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris, UPCCC; donde 13 de sus integrantes han sido criminalizados por participar en las manifestaciones en el contexto del levantamiento indígena, sin poder dar a conocer estos hechos más allá de la provincia.

 

Frente a situaciones como las mencionadas se planificó fortalecer la capacitación a líderes, lideresas, comunicadores y comunicadoras comunitarias de las provincias de Cañar y Loja. Participaron también integrantes de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay y de la Unión de Comunidades Indígenas del Azuay UCIA. Además de que asistieron como invitados algunos comunicadores de la organización COSMOBICH de la provincia de Chimborazo.

 

La organización nacional del pueblo kichwa Ecuarunari, convocante del taller, vio en este espacio la oportunidad de dar inicio a la formación del Consejo de Comunicadores Comunitarios, con el fin de afianzar el compromiso de las personas capacitadas en la aplicación de los conocimientos adquiridos en favor de sus organizaciones de base.

 

johannaboletin

 

El 13 de febrero de 2006 Johanna Cifuentes Rubio fue asesinada por su ex pareja en el sur de Quito. En octubre del mismo año se dicto el auto de llamamiento a juicio, pero para ese momento el imputado como presunto responsable, Edison Q., ya había abandonado el país y solo diez años después, con su captura, inicia su juzgamiento.

 

Johanna y Edison Q. Mantuvieron una relación sentimental que ella decidió romper cuando se enteró que él estaba casado. A partir de ese momento él la amenaza, intimida y empieza a perseguir, incluso hasta la ciudad de Cuenca donde ella se trasladó para escapar de él. Cuando ella inició una nueva relación a inicios de 2006, Edison Q. llamó a su pareja para amenazarlo.

 

El día de su muerte Johanna se trasladaba hasta la casa de su hermana cuando Edison la interceptó, tuvieron una fuerte discusión, durante el forcejeo ella logra escapar y entra a una tienda de víveres a pedir auxilio, pero antes de que pudieran ayudarla él ingresó con un cuchillo y le propina 17 apuñaladas, por las cuales fallece.     

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) se solidariza con los familiares y amigos de Johanna Cifuentes Rubio, e instamos a las autoridades competentes a terminar con el circulo de tormento y victimización que significó el feminicidio de Johanna para todo su núcleo familiar. Exhortamos además, a replicar acciones dirigidas a la protección de mujeres contra todo tipo de violencia y prevención de hechos que atenten contra su vida y/o integridad personal.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) rechaza todos los actos de violencia perpetrados por estudiantes y miembros de la fuerza pública durante las manifestaciones ocurridas en los exteriores del establecimiento educativo Juan Pio Montufar de Quito, los días 15 y 16 de febrero de 2016.

 

Lunes 15 de febrero

El lunes 15 de febrero desde las 7:00 am la avenida Napo fue ocupada por los estudiantes del colegio Montúfar. La protesta se originó por el rechazo a la reubicación de 16 maestros del centro educativo y la imposición de una nueva rectora, como parte de un proceso de reestructuración académica impulsado por el Ministerio de Educación. Según un grupo de alumnos, esta medida los tomó por sorpresa y aseguran que estos cambios alterarían el normal funcionamiento de la institución.

 

A 3 horas de iniciadas las manifestaciones, un vehículo blindado de la Policía Nacional ingresó desde la calle Upano hasta la avenida Napo, con el objetivo de retirar a los estudiantes que ocupaban parte de esa vía, para reanudar el paso vehicular. En ese momento la manifestación se tornó violenta. Los enfrentamientos provocaron la detención de 4 estudiantes así como diversas lesiones a manifestantes y a 6 miembros de la fuerza pública.

 

 Foto: EcuadorTV

Los estudiantes permanecieron varias horas detenidos en la Unidad de Flagrancia de Pichincha y posteriormente fueron trasladados al Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, donde fueron liberados en las primeras horas del martes 16. A petición de la fiscalía se aplicó el procedimiento abreviado, contemplado en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, con el fin de liberar lo más pronto posible a los menores de edad. Para ello, los estudiantes detenidos tuvieron que aceptar la responsabilidad de los hechos violentos ocurridos durante esa mañana a pesar de no haberse probado su participación individual en cada caso. Los 4 estudiantes fueron sentenciados a 2 horas de actividades socio-educativas cada semana y al pago de USD 100 cada uno por daños a la propiedad pública.

Sociedad civil y autoridades legislativas opinan sobre los desalojos en Tundayme

 

desalojos tundaymeDurante el último semestre se han perpetrado tres desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de abrir el camino al proyecto Mirador de minería a gran escala, afectando a más de 30 familias. Los hechos no escaparon de la atención de organizaciones de derechos humanos, académicos y autoridades legislativas, que han organizado misiones de observación y veedurías.

 

El 30 de septiembre de 2015 ocurrió el primero de esta serie de desalojos. Trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), con apoyo de la Policía Nacional, echaron abajo las casas de 16 familias. El 15 de diciembre y la madrugada del 16, desalojaron a 13 familias más, mientras que el 4 de febrero una anciana shuar de 107 años fue retirada del espacio que constituía su morada en la zona de San Marcos, luego de que años atrás su vivienda fuera incendiada por trabajadores de ECSA.

 

El 17 de octubre de 2015, representantes de la CONAIE, Inredh y la CEDHU y el asambleísta Milton Gualán visitaron el lugar y se entrevistaron con las personas afectadas, como resultado de lo cual las organizaciones mencionadas elaboraron ese mismo mes, un informe de Misión. Por su parte, el Colectivo de investigación y Acción Psicosocial (conformado por profesionales voluntarios) también presentó un análisis respecto a estos desalojos.

 

Por pedido de los pobladores de Tundayme, la Comisión de derechos colectivos de la Asamblea Nacional, conformó una subcomisión con los legisladores Christian Montenegro, Rita Matías, Betty Jerez y Zobeida Gudiño, para visitar la zona. El informe preliminar fue socializado el 3 de febrero de 2016, en el marco de la sesión ordinaria Nº 107 de la Comisión Especializada permanente de los derechos colectivos, comunitarios y la interculturalidad de la Asamblea Nacional, en su cuarto punto.

 

A la reunión fueron invitados Galo Armas, Viceministro de minería; Cristina Silva, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM; Inés Arroyo, Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria y el presidente de la Junta Parroquial de Tundayme, sin embargo, todas ellas se excusaron de asistir al evento.

COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO 

ECUADOR: Manuel y Manuela inocentes de cargos de terrorismo! 

 

inocentes

 

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París-Ginebra - 27 de enero de 2016. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), celebra la decisión del Tribunal de Garantías de Bolívar que por dos votos a uno declaró inocentes de los cargos de “terrorismo organizado” a los dos defensores de derechos humanos.
 

El líder comunitario y defensor del derecho a la tierra Sr. Manuel Trujillo, Presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar y la Sra. Manuela Pacheco, otra habitante de la comunidad quien se ha movilizado por la defensa del agua y la tierra, fueron citados a audiencia de juicio oral por el crimen de “terrorismo organizado” (art.160.1 del Código Penal ecuatoriano). La audiencia que comenzó el 19 de enero se prorrogó y terminó el 25 de enero con el anuncio del fallo de inocencia.
 

“Esta decisión es un avance en la lucha contra la criminalización de las defensoras y  defensores de derechos humanos en Ecuador. Felicitamos y reconocemos el trabajo de INREDH y CEDHU en la defensa de Manuel y Manuela”, señalaron las organizaciones.
 

El 15 de enero de 2016 el Observatorio envió una carta abierta a las autoridades judiciales y gubernamentales de Ecuador rechazando el juicio contra los defensores y denunciando el uso indebido del derecho penal como herramienta para la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

 

collagetruekeComunidades afectadas por el extractivismo en todo el país se dieron cita el pasado 20 de enero, en la Plaza República del Consejo Provincial de Pichincha para el Festival de Trueke. Así, personas provenientes de las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay, Bolívar e Imbabura, presentaron su producción agrícola y artesanal como muestra de las actividades económicas indígenas y campesinas que se perderían con la implementación de los megaproyectos de desarrollo.

 

El espacio surgió de la necesidad de unificar las acciones de resistencia que de manera particular cada comunidad ha debido desplegar desde hace varios años ante proyectos extractivos como la minería a gran escala, y por las cuales varios dirigentes comunitarios han sido objeto de persecución y criminalización.

 

El Festival del Trueke inició con una ceremonia ancestral realizada por la dirigente de mujeres de la Ecuarunari, mientras que la explicación del festival estuvo a cargo de los representantes de la CONAIE y de la Ecuarunari. Cada comunidad expuso los productos característicos de sus lugares geográficos, a lo que se sumó las expresiones artísticas y culturales de zonas andinas, amazónicas y costeñas.  La exposición de productos estuvo acompañada del intercambio de productos así como de información acerca de las comunidades y de los procesos de los que provienen los productos intercambiados.
 

Desde la provincia de Zamora Chinchipe, estuvo presente la Comunidad Amazónica Cóndor Mirador, que ofrecía papayas, achiote y hojas de guayusa (árbol sagrado de la zona, cuyas hojas se consumen en forma de infusión).

 

La provincia del Azuay estuvo representada por varias comunidades que pusieron a disposición alimentos elaborados con harina de raíz de achira (con la que también se puede elaborar una serie de bebidas); chigüiles preparados al vapor, con maíz molido y envueltos en  hojas de maíz. Además de estos productos, mujeres cañaris realizaron purificaciones con hierbas.


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Columna de opinión: Ecuador debería desistir de cargos por terrorismo

 
José Miguel Vivanco
Executive Director, Americas Division

 

El 25 de enero, la justicia ecuatoriana podría condenar por terrorismo a Manuela Pacheco y Manuel Trujillo, dos activistas que se oponen a un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Bolívar. Si son condenados, podrían recibir una pena de hasta 8 años de cárcel.

 

Pacheco y Trujillo están acusados de participar en incidentes violentos durante una protesta que se llevó a cabo en agosto de 2012 contra este proyecto, que consideran que podría limitar gravemente el acceso de su comunidad al agua. La acusación se basa en partes médicos de policías heridos, y en informes policiales y declaraciones de funcionarios que aseveran que Pacheco, de 43 años, y Trujillo, de 47, encabezaron la protesta. Según las declaraciones de los acusados y otros testigos, Pacheco se encontraba en su vivienda y Trujillo estaba cosechando naranjas en el momento de la manifestación.

 

Aunque el derecho internacional no establece una única definición de terrorismo, este término solamente debería ser usado para los delitos más graves de violencia política. Sin ninguna duda, los cargos por terrorismo no deberían usarse nunca contra manifestantes a quienes se acusa de haber incurrido en actos de desorden público o incluso delitos violentos mientras protestan contra el gobierno.

 

Sin embargo, en los últimos años, fiscales y jueces en Ecuador han procesado por los delitos de “terrorismo” y “sabotaje” tipificados en el código penal a personas que se manifiestan contra el gobierno. Lo han hecho aplicando definiciones amplias y sumamente imprecisas de ambos delitos que no se adecuaban al internacionalmente reconocido “principio de legalidad”, que exige que los delitos se encuentren claramente definidos por ley.

 

A raíz de los hechos ocurridos en Tundayme el 30 de septiembre de 2015 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha condenado los desalojos forzados por medio del siguiente comunicado de prensa:

 

 

 

 

Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos

 

 

 

La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado  por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.

 

 

En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.

 

 

“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sur bienes y sus casas”  afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

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En la mañana del jueves, 10 de septiembre de 2015, se registró un  amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. La información ha sido restringida hacia los medios de comunicación y las fuentes oficiales señalan que la situación fue controlada por la fuerza pública.
Informan además que los instigadores han sido identificados y que serán procesados.

 

Si bien la restricción de la información impide que se especule frente a los hechos, también oculta las razones de la situación y acalla las voces de denuncia. Según la información recogida en medios de comunicación, los detenidos toman esta medida en busca del diálogo con las autoridades y denuncian maltratos al interior del Centro.

 

Desde que las personas privadas de libertad fueron trasladados desde el ex-Penal García Moreno hacia Latacunga, se han registrado una serie de quejas frente a las condiciones de vida, tales como: disminución y malos tratos a las visitas, falta de acceso al agua o que ésta no es apta para consumo humano, falta de garantías a la integridad de los internos. Según conocemos en el mencionado centro de Rehabilitación Social existen cientos de casos entre hombres y mujeres, que se encuentran paralizados sus trámites de pre-libertad sin una respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes.

 

Ante estos antecedentes, es preocupante que ocurran nuevas situaciones como las de ayer si no se presta atención a las necesidades y quejas de las personas encarceladas, quienes son sujetos de derechos y son responsabilidad del Estado en cuanto a sus garantías.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos , CEDHU insta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dar oídos a la situación de las personas privadas de libertad e investigar las causas del malestar  para que más allá de la implementación de la infraestructura se garanticen sus derechos.

consulta Giron

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La Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, UNAGUA-Girón, junto a la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, están promoviendo una consulta popular en el cantón Girón. En última instancia, ésta busca proteger al páramo de Kimsacocha de los proyectos mineros, pues del páramo mencionado proviene el agua de consumo humano para la ciudad de Cuenca y comunidades aledañas, así como el agua para uso agrícola y ganadero.
 

Lauro Sigcha, presidente de la FOA, relata que el pedido de consulta se gestionó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional, en el año 2012. Sin embargo, la respuesta se obtuvo el 29 de enero de 2015. La entrega de formularios por parte del CNE inició el primero de marzo de este mismo año.  

 

La consulta gira alrededor de la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo que se realice actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)? SI __  NO __

 

El proceso de consulta concluirá el domingo 26 de julio de este año. El colectivo Yasunidos-Cuenca y varias organizaciones indígenas y campesinas de Girón se han unido a la labor de recolección de firmas. La entrega oficial de los formularios al CNE tendrá lugar en la ciudad de Quito, el martes 28 de julio.

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La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, 
en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. 
Foto: CASCOMI

 

En el actual proceso en que se encuentra la empresa EcuaCorriente, de asegurar las condiciones para iniciar la explotación minera (consolidación del territorio, apertura de trochas, obras de infraestructura), ésta continúa  implementando mecanismos para la ocupación de los diversos espacios territoriales requeridos.

Así, al proceso de compra de tierras a las familias y a determinados desalojos forzados ocurridos desde inicios del 2000, se suma la actual interposición de demandas de servidumbres por parte de la empresa EcuaCorriente, así como juicios de reivindicación de tierra. A través de estos mecanismos la empresa busca el desplazamiento total de la población de la zona de influencia directa del proyecto minero.

 

1. SERVIDUMBRES

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En la actualidad, existen más de 40 procesos administrativos de servidumbres mineras. De éstos, 18 afectan a familias comuneras en resistencia. En 14 casos, los procesos han implicado el depósito de dinero en cheques en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), los mismos que no han sido retirados porque las personas demandadas no están de acuerdo con tales resoluciones. En cualquier caso, el peligro de desalojo es inminente.

Por otro lado, existen 4 demandas de servidumbres en proceso, frente a las cuales la comunidad exigirá el cumplimiento de derechos colectivos.

flormolinaeditadoEn abril de 2013 Flor Molina fue víctima de femicidio y desde entonces su familia ha luchado por obtener Justicia. Casi dos años después, en enero de 2015, en el juzgado 6º de garantías penales de Pichincha, se inició instrucción fiscal por el lapso de 45 días.

 

Han pasado más de cuatro meses desde entonces, sin que se haya realizado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.  El presunto autor del delito, a pesar que estuvo plenamente identificado desde el primer momento, no fue detenido sino hasta la semana pasada. Así se ha dilatado innecesariamente, el juzgamiento este caso.

 

La familia de Flor pide agilidad en este proceso que no tiene razones para demorarse más. Así mismo, se pide a las autoridades asuman la responsabilidad estatal de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables conforme lo señala la Convención de Belém do Para.

cordillera

 

El 10 de junio del presente año, indígenas shuar ubicados en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala “Panantza - San Carlos”, presentaron una acción de protección ante la violación de su derecho a ser consultados. Esta acción de protección intenta impugnar la Resolución Nro. 194, emitida en mayo de 2011, mediante la cual, el Ministerio del Ambiente, MAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la exploración avanzada del proyecto mencionado.

 

Dando curso a la acción, la juez Amparito Zumárraga, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 5, avocó conocimiento de la causa y posteriormente convocó a las partes procesales, a una audiencia pública, la misma que tuvo lugar el día viernes 19 de junio de 2015.

 

En la mencionada audiencia, la parte demandante estableció en sus argumentos la falta de consulta indígena, de conformidad con el Art. 57.7 de la Constitución ecuatoriana , disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, haciendo referencia también a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH contra Ecuador en el caso Sarayacu, que entre otros derechos estableció la violación del derecho a la consulta de este pueblo amazónico.

 

Se señaló además, que el MAE haya otorgado una licencia ambiental a este proyecto de minería a gran escala, en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera y ambiental.  A eso, se suma que en el 2010, la Contraloría General del Estado, CGE observó que la licencia ambiental del 2007, que es uno de los soportes a la licencia impugnada, fue otorgada por la Subsecretaría de Protección Ambiental de manera irregular,  al no haber sido realizado según las disposiciones ambientales vigentes a ese momento.1

desaparecidos

 

Quito, 16 de junio de 2015.

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN

 

 

Pese a las disposiciones emitidas por el Fiscal general Galo Chiriboga se mantiene la rotación no programada de fiscales, y sin que exista un proceso de notificación oportuno y adecuado a los familiares que se verán afectados por estas decisiones administrativas.

Este hecho se evidenció en los casos de Camilo Tobar, Luis Sigcho, David Romo y Telmo Pacheco afectados de manera reciente por estas medidas. A continuación una cronología de lo sucedido.

 

Rotación de fiscales:

 

  • A mediados del mes de abril del año 2014 la fiscal Laura Machuca, fue removida de su cargo, sin que se diera un proceso de notificación oportuna a los familiares y sin que se programara un traspaso progresivo de los casos al nuevo fiscal Jorge Flores.  Gracias a las acciones de exigencia emprendidas por los familiares, Fiscalía General convocó a una reunión de información el 20 abril de 2015 en la que el fiscal Fidel Jaramillo, una vez más, se comprometió a garantizar la no rotación abrupta, sin notificación y sin plan de traspaso de los fiscales de esta unidad. Por la salida de la fiscal Machuca se vio afectada la familia de Luis Sigcho, David Romo y Camilo Tobar, entre otros casos que estaban en el despacho de la Fiscal Machuca y ahora están en la oficina del fiscal Flores.

 

  • En el caso de David Romo desaparecido el 16 de mayo de 2013, en la Mitad del Mundo, su madre Alexandra Córdova conoció del cambio de la fiscal Machuca porque, el 13 de abril del año en curso, al llegar a la Fiscalía encontró al fiscal Flores en el despacho y se le indicó que este funcionario seria el nuevo fiscal encargado. Hasta el momento, los dos fiscales han indicado que la Policía ya tiene datos del paradero de David Romo pero se niegan a dar mayor información a su madre, Alexandra Córdova.

 

Con el argumento de la reserva en algunos casos los fiscales y agentes investigadores niegan dar información a los familiares sobre el desarrollo de sus casos y sobre las actividades que estos ejecutan, información que además no consta en los expedientes. Este hecho se agrava más cuando dicha información al parecer manejarían funcionarios de otros Ministerios, es decir, la reserva de información aplica solo para el familiar de las víctimas. Esto pese a que el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone que se aplique la reserva “sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten”.

 

trabajoinfantilcidh

 

11 de junio de 2015

 

Washington, D.C. – Con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas apropiadas para eliminar en forma inmediata formas de explotación, llamadas “peores formas de trabajo infantil”.

 

El convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que las “peores formas de trabajo infantil” son todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, para  la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de otras actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Según este mismo convenio, las peores formas de trabajo infantil deberán ser determinadas por la legislación nacional luego de un proceso de consulta.

 

“Reconocemos los esfuerzos realizados por los Estados en esta materia”, señaló la Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos del Niño de la CIDH. “Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y que participan en las consultas para determinar la lista de peores formas de trabajo infantil, deben ser tenidas en cuenta. La voz de los niños y las niñas, en especial aquellos expuestos al trabajo, también debería ser considerada para comprender mejor sus vulnerabilidades”, agregó. “Hacemos un llamado a los Estados a escuchar sus opiniones sobre la elaboración de la lista nacional de peores formas de trabajo infantil a ser prohibidas, así como en la consideración de las medidas a ser adoptadas para proteger a niños, niñas y adolescentes de los trabajos que perjudican sus derechos, y brindar la asistencia directa necesaria para asegurar la rehabilitación e inserción social de niños y niñas víctimas de explotación”.

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Durante los meses de abril y mayo, comunicadoras y comunicadores comunitarios asistieron a talleres de  capacitación en técnicas y desarrollo de destrezas, para manejo de medios y comunicación virtual enfocados en la difusión pública de los problemas socio-ambientales que afectan a sus comunidades.

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El primer taller tuvo lugar en el cantón de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, a fines de abril de 2015. Las y los participantes elaboraron mapas zonales de los conflictos socio-ambientales, que enfrentan sus comunidades. Igualmente, se hicieron ejercicios prácticos de redacción de boletines, preparación y moderación de ruedas de prensa, producción de video y programas radiales. Además de impartirse tecnologías de la información (TIC's) y navegación segura.

 

A esta primera jornada de capacitación, realizada el 24 y 25 de abril, se dieron cita personas designadas por las siguientes organizaciones de las provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe: Asociación Bomboiza, Comunidad Indígena de Acción Social “Cóndor Mirador” y Zamaskijat del pueblo Saraguro. Se contó también con la participación de radialistas comunitarios y representantes de organizaciones nacionales quienes se comprometieron en apoyar la divulgación de la información enviada por las y los comunicadores locales. Estuvieron presentes representantes de la Radio Jatari Kichwa de Pastaza, la misma que cubre con su señal a varios cantones de las provincias de Pastaza y Morona Santiago; el dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y la representante de jóvenes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE.

 

Un segundo taller se realizó entre los días 7 y 8 de mayo, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la misma que está ubicada precisamente en un territorio de conflictividad social por la presencia de la empresa EcuaCorriente y el desarrollo del proyecto de minería a gran escala “Mirador”.

 

Como parte de este evento, las y los participantes tuvieron la oportunidad de realizar entrevistas a autoridades locales, tomar testimonios de personas afectadas por la intervención minera
 e iniciar campañas de difusión en redes sociales. También pusieron en práctica el uso de equipos audiovisuales, la instalación básica de un set de televisión, la realización de una entrevista televisada y la coberturas de eventos. Se reforzó también los conocimientos en TIC's.

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ACTÚA YA!

 

El defensor de los derechos medio ambientales Sr Darwin Javier Ramírez Piedra se enfrenta con dos meses de encarcelamiento tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Imbabura de extenderle la pena por dos meses más.

 

Javier Ramírez es presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, en el norte de Ecuador. Trabaja para promover los derechos del medio ambiente, así como para proteger los derechos humanos relacionados con temas ambientales, tales como el derecho a la tierra y el derecho al agua. Ha sido líder en la oposición a proyectos mineros dentro de la región de Intag, en particular el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI).

 

La decisión de aumentar la condena a Javier Ramírez fue tomada tras una apelación interpuesta por ENAMI, que pidió fuera extendida. El defensor de derechos medio ambientales había sido inicialmente condenado a 12 meses de encarcelamiento por el cargo de 'rebelión'. No obstante esta condena fue reducida a 10 meses y Javier Ramírez salió libre el 10 de febrero de 2015, ya que había pasado 10 meses en prisión preventiva. Había sido arrestado el 10 de abril de 2014 y acusado de participar en un ataque en contra de integrantes de ENAMI que había tenido lugar el 6 de abril de 2014. Javier Ramírez se encontraba en su vivienda en el momento del ataque, pero el juez hizo caso omiso de varios testimonios al respecto. Ninguna prueba sustantiva fue presentada en su contra. El defensor de derechos medio ambientales ha quedado actualmente en libertad pendiente de la apelación solicitada por su defensa en contra de esta última decisión.

 

El hermano de Javier Ramírez, el defensor de derechos medio ambientales Sr Victor Hugo Ramírez Piedra, está acusado del mismo cargo de 'rebelión' en base a su presunta participación en el ataque, aunque permanece en libertad.

 

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación sobre la acción judicial en contra de Darwin Javier Ramírez Piedra, que considera es consecuencia únicamente de su trabajo legítimo en defensa de derechos medio ambientales, y parte de un esfuerzo concertado de disuadir a activistas ambientales en la región de Intaq de organizarse en oposición al incremento de violaciones de los derechos medio ambientales en la región en relación con los proyectos mineros.

 

 

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París, Quito, Ginebra, 15 de mayo de 2015.- El Observatorio, CEDHU e INREDH condenan la lamentable sentencia de la Corte de Apelaciones de Imbabura que aumenta de 2 meses la pena inicial en contra de Javier Ramírez, por supuestamente encontrarse demostrado el agravante de haber insultado a los funcionarios de la ENAMI (Empresa Nacional Minera de Ecuador).

 

Javier Ramírez es un defensor de los derechos del territorio y del medio ambiente, en particular frente a las acciones de la ENAMI. Las organizaciones firmantes recuerdan que Ramírez fue liberado el 10 de febrero de 2015 tras pasar diez meses en la cárcel en detención preventiva acusado injustamente de sabotaje, terrorismo y rebelión

 

“Es lamentable el empeño de la empresa en obtener la mayor pena posible contra él, utilizando incluso argumentos de clara mala fe. Sentencias de esta naturaleza no hacen más que confirmar la intromisión de los intereses de las grandes corporaciones mineras en la justicia ecuatoriana con el objetivo de amedrentar los colectivos que se oponen a la minería”, afirmaron las organizaciones.

 

La defensa logró, a través de un Recurso de Casación, frenar temporalmente la detención de Javier Ramírez hasta que el caso se resuelva.

 

“Esperamos que en el análisis del recurso de casación, los magistrados tomen en cuenta que la resistencia de una comunidad que defiende los derechos sobre su territorio, comporta igualmente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión reconocidos en los instrumentos regionales e internacionales de Derechos Humanos y como tal, es la obligación de todos los Estados de protegerlos y no criminalizarlos”, agregaron las organizaciones.

 

Sumado a ello, la condena y el posterior aumento de la pena de Javier Ramírez que reafirma el carácter antijurídico de los actos de resistencia contraviene el artículo 98 de la Constitución Nacional que alienta el derecho a la resistencia en los siguientes términos : “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

 

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 icon Acción Urgente en Español (104.5 kB)

 

Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.

 

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región septentrional de Intag, ha sido declarado culpable de rebelión por su presunta participación en un ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), y ha sido condenado a 12 meses de prisión. No existen pruebas en su contra, y el tribunal rechazó varios testimonios que afirmaban que estaba en su casa en el momento del ataque.

 

Su condena se redujo inicialmente de 12 a 10 meses por buena conducta, y ha sido puesto en libertad, puesto que ya había pasado 10 meses en prisión preventiva. Tras una apelación de ENAMI, el tribunal reimpuso la condena de 12 meses. Darwin Javier Ramírez Piedra ha apelado contra esta decisión pero, si su apelación no prospera, podría ser encarcelado de nuevo.

 

El 25 de febrero, poco después de su liberación, Darwin Javier Ramírez Piedra recibió en su casa la visita de dos amigos y de compañeros de activismo medioambiental. Poco después, según ha informado, un policía llegó a su casa y empezó a interrogarlo sobre los visitantes. También ha informado de que ese mismo día, más tarde, tres personas, una de ellas identificada como miembro del personal de ENAMI, estuvieron tomando fotografías de su casa. En el exterior de la casa hay colgado un cartel contra las actividades mineras.

 

Víctor Hugo Ramírez Piedra, hermano de Darwin Javier Ramírez Piedra, acusado también de rebelión en relación con el mismo incidente, permanece en libertad, y el proceso judicial en su contra se encuentra en suspenso hasta que sea detenido.

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ver publicación original de DW

 

“Si uno está comprometido con una causa debe asumir los riesgos”, opina la defensora de derechos humanos Elsie Monge. Sus décadas de lucha conocen reveses, también reconocimientos. ¿Una heroína? Ella no lo siente así.

 

“No se puede decir que la historia sea lineal: a veces se avanza, a veces hay períodos de retroceso en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y las libertades”, dice a DW Elsie Monge, que dirige la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU) desde 1981.

 

“Tuvimos un período muy fuerte de violación sistemática a los derechos humanos entre 1984 y 1988, cuando se montó un aparato represivo centralizado muy grande. Por primera vez se registraron desapariciones forzadas, muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura”, afirma sobre los años del gobierno de León Febres Cordero, en Ecuador.

 

Monge -pedagoga, socióloga y antropológa de formación- presidió la Comisión de la Verdad que revisó la historia de su país entre 1984 y 2008. En su opinión, es frustrante que los casos, presentados en 2009, apenas ahora comiencen a ser judicializados.

 

Según detecta la ejecutiva de la CEDHU, “desde 2007, cuando el modelo extractivista de los recursos naturales cobra fuerza, hay violaciones flagrantes a las comunidades. Un aspecto que no había en otros momentos de gran represión a los movimientos sociales es la utilización de la justicia para perseguir a los dirigentes, para amenazar y ejercer control social”.

audienciarecorEl pasado martes 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones, recibió a una delegación ecuatoriana conformada por integrantes de la nacionalidad shuar, de la Asamblea de los Pueblos del Sur y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. Esta delegación expuso la situación de dirigentes indígenas que denuncian la violación de derechos colectivos del pueblo shuar en el contexto de desarrollo de la minería a gran escala en su territorio.

 

Uno de los dirigentes shuar rememoró la posesión de la tierra en manos indígenas previa a la colonia española , y el despojo del que han sido víctimas a través de los años. El representante de la Asamblea de los Pueblos del Sur denunció la intención de convertir a la cordillera del Cóndor en un megadistrito minero, cuya imposición representaría el etnocidio del pueblo shuar.

 

Otro de los representantes indígenas narró la pérdida de la paz en su territorio y el crecimiento de los conflictos entre los habitantes de la región; habló de la contaminación de los ríos que usan para consumo humano, además del riesgo que corre el derecho a la vida de determinados dirigentes, ejemplo de lo cual es el asesinato de su hermano, José Tendetza.

 

La CEDHU presentó  un informe que da cuenta de la construcción de un marco jurídico nacional, elaborado de manera inconsulta,  que está destinado a favorecer el desarrollo de la minería a gran escala en el país, sin considerar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos que habitan en las zonas de influencia de los proyectos mineros.

 

Se igual forma, se señala que las muertes de José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisuma, formarían parte de un patrón más amplio de escalada de violencia, criminalización y represión contra dirigentes indígenas y campesinos que se oponen a los proyectos mineros ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, provincias donde se ubican comunidades indígenas, mayoritariamente del pueblo shuar.

MARCHARepresentantes de nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos del país se dieron cita en la Cumbre de los Pueblos, que tuvo lugar en la ciudad de Quito, los días 5 y 6 de marzo de 2015.

 

La convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tuvo como objeto la articulación con sus bases sociales, el análisis de la coyuntura social-política y económica del país y el papel de los movimientos ante la misma , además de la defensa de la casa de la CONAIE.

 

El encuentro inició el día 5 de marzo, a las 15h00 horas con una ceremonia indígena. Como parte del evento, las y los participantes entregaron un documento en la Asamblea Nacional, el mismo que constaba  de 18 puntos referentes a la propuesta del movimiento indígena ante la Ley de Tierras que está por tramitarse.

 

Por su parte,  la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, filial de la CONAIE, afirmó que se inscribirán en el proceso de consulta prelegislativa sobre la Ley de Tierras si es que ésta contempla  la redistribución de la tierra y el ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades.

En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU hace un llamado a la ciudadanía a rechazar activamente mujerenrosalas múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres. Es inconcebible que para muchas mujeres y niñas la violencia este a su acecho en las esquinas, medios de transporte, trabajos y en su propia casa.

 

El viernes 16 de enero de 2015, una mujer de 26 años que se encontraba en estado de gestación, fue asesinada a puñaladas junto a su hijo de tres años. Los cuerpos fueron hallados en la quebrada de Aipud, del cantón Alausí-(Chimborazo), a ocho kilómetros del lugar donde habitaban las víctimas.

 

El 8 de febrero de 2015 Jennifer Viviana Vargas Vanegas, de 22 años, fue asesinada mediante un disparo por su expareja, el hecho se produjo en la calle Francisco Segura entre la Sexta y Séptima, en el suroeste de Guayaquil.

 

El 11 de febrero de 2015, Angélica María Chica, de 31 años, murió a consecuencia de 6 puñaladas propinadas por su expareja, ella estaba en su vivienda, en el barrio Libertador de la cooperativa Santa Martha, en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuando el agresor ingresó a la casa y tras una discusión la apuñaló.

 

Lamentablemente éstos femicidios no son aislados, CEDHU registro 96 casos el año pasado, que ocurren frecuentemente en el círculo cercano de la víctima: familiares, amigos, novios, parejas o ex-parejas son los responsables de estos horrendos hechos.

 

La violencia en contra de las mujeres y las niñas es producto de siglos de dominación masculina y de discriminación basada en el género, que lamentablemente se encuentran enraizadas en nuestra sociedad y que muchas veces justifica la violencia como aceptable o merecida, porque ella está fuera en la noche o por vestir de una determinada manera.

 

El Estado está obligado por el derecho internacional de los derechos humanos a asegurar que el sistema de justicia penal, en cada una de sus etapas, se encuentre libre de sesgos de género, lo cual abarca a la investigación, interrogatorios, la protección de las víctimas y las y los testigos, y el pronunciamiento de las sentencias.

 

Todas y todos somos parte de esta situación, asumamos nuestra responsabilidad para cambiarla.

shuaracnuLa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

 

Estas organizaciones hacen un llamamiento urgente  a las Naciones Unidas por la situación de vulnerabilidad que experimentan líderes sociales de las provincias de de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

 

La solicitud relata las muertes de José Tendetza, ocurrida en diciembre de 2014; Freddy Taish, sucedida en noviembre de 2013 y la de Bosco Wisum ocurridadurante las protestas contra la Ley de Aguas, el 30 de septiembre de 2009. Los tres- indígenas shuar forman parte de la lucha contra  la minería a gran escala, instalada en el sector. Las organizaciones expresan consideran que,

 

“los tres asesinatos son parte de un patrón más amplio de la escalada de violencia, criminalización y represión contra dirigentes indígenas que se oponen al proyecto minero Mirador y a los proyectos San Carlos Panantza,  ubicados en territorios indígenas ancestrales Shuar y campesinos de la Cordillera del Cóndor (provincias de Zamora Chinchpe y Morona Santiago, y que dejarían graves e irreparables lesiones a la nacionalidad indígena Shuar del Ecuador”.

 

Denuncian además, que el apoyo otorgado por el Estado  a estos proyectos ha vulnerado  derechos humanos y colectivos contemplados en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales como es el Convenio 169 de la OIT.

 

Así, se han vulnerado los derechos a la consulta libre, previa e informada y corren grave riesgo el derecho al acceso a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, el derecho al agua potable, el poseer y  utilizar sus tierras.

escuchar entrevista completa

 

Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador", CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.

 

Durante la entrevista se relató las acciones que viene tomando la empresa EcuaCorriente, ECSA para desplazar a las personas que viven en territorios ancestrales de la Cordillera del Cóndor, para desarrollar la minería a gran escala.

 

Según manifiesta Sánchez, la empresa empezó adquirir tierras de forma ilegítima, a través de terceras personas y/o haciendo firmar acuerdos a sus habitantes en los que conste que se le había pagado por el terreno y que debían salir, también afirma:

 

"les dijeron que les iban a reubicar en la cabecera parroquial, -le vamos a dar una casa nueva de hormigón-, les ofrecieron trabajo y otras cosas, que nunca se cumplió, (les dijeron) -tienes que desarmar tu casa, casa de madera-, desarmaron las casas, la gente tuvo que salir, y todavía están esperando que les reubiquen"

 

Otra forma de operar de la empresa ha sido, desde 2013, con demandas por servidumbres mineras ante la Agencia de Regulación Minera de la provincia, impuestas contra 43 personas, incluido Luis Sánchez, con las cuales se pretenden hacer uso del total de las propiedades a cambio de una compensasión mínima, por los 25 años que dura el proyecto. Sánchez dice que no están de acuerdo con esto porque las tierras quedaría destruidas.

 

En la entrevista también se habló del derrocamiento de la iglesia y escuela de San Marcos, ocurrido en mayo de 2014. El presidente de CASCOMI cuenta que cuando vieron que alambraban este lugar comunitario, construido a base de mingas y que era usado como espacio de encuentro de la comunidad, se acercaron a reclamar y por ello pesa sobre él y 12 personas más un juicio penal donde son acusados de intentar invadir propiedad privada. Hasta el momento se calcula que EcuaCorriente ha logrado desplazar y apropiarse de 4500 ha. pero necesita alrededor de 12 mil ha. para el proyecto.

 

Los efectos de la minería a gran escala se vienen sintiendo y ni siquiera ha iniciado la explotación. Se denuncia que fruto de las perforaciones para exploraciones avanzadas ya se puede percibir la contaminación de los ríos y la disminución de los peces, por la cantidad de lubricantes y otros materiales que se utilizan para estos trabajos. Al caer la lluvia estos residuos caen a los rios y en ciertos sectores el agua ya es más lodo, no se puede confiar en su uso para la necesidades humanas y está alterando las costumbres y formas de vida campesina, comunitaria e indígena.

 

De las 21 familias que vivieron en el Barrio San Marcos, quedó una que se resiste a salir del lugar, en la parroquia Tundayme existen 900 personas que también podrían resultar afectadas. Actualmente se han organizado en colectivos por la defensa del territorio como es CASCOMI.

 

 

La zona de Intag ha resistido el ingreso de la minería casi por dos décadas, en el proceso sufrieron eventos dolorosos que les recuerdan el por qué se niegan al ingreso de nuevas empresas buscando metal en sus tierras. La última empresa empeñada en esa labor es la Nacional Minera, ENAMI conjuntamente con la Corporación Nacional de Cobre de Chile, CODELCO, pero se topó constantemente con el rechazo de la población.

 

El 10 de abril de 2014 fue detenido Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, considerada el centro de la resistencia anti minera en Intag. Javier y su hermano Víctor Hugo son acusados de rebelión por supuestas agresiones a funcionarios de la ENAMI.

 

Tiempo después, el 8 de mayo de ese año ingresó personal de la ENAMI-CODELCO con fuerte resguardo policial a la comunidad de Junín. Se instalaron en el lugar por ocho días para hacer los estudios de impacto ambiental y que estos sean aprobados por el Ministerio de Ambiente, sin el consentimiento de la población, o peor aún con el tejido social resquebrajado, al tener a su líder detenido por un lado, y tener presencia policial en su comunidad.

 

Actualmente la ENAMI tiene la licencia ambiental para iniciar la exploración avanzada en la zona. Al mismo tiempo han ofrecido beneficios de todo tipo a la comunidad como fruto del trabajo de minería.

 

Javier Ramírez cumplirá 10 meses detenido, Víctor Hugo Ramírez permanece en la clandestinidad y mañana se reanudará el juicio penal en su contra que busca sentenciarlo a tres años de prisión. Es así que se hace un uso abusivo del derecho penal para criminalizar a defensores de sus derechos comunitarios y de la naturaleza, por parte de un empresa gubernamental y otra transnacional.

 

La comunidad se ve violentada en sus derechos a la participación social, a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre sus formas de vida. La zona de Intag cuenta con sus propias formas de economía comunitaria que ahora se ve amenazada.

 

Hacemos un llamado a la sociedad en general a que acompañe a Javier y a Víctor Hugo Ramírez Piedra, solicitando su libertad a las autoridades, brindando apoyo a su lucha en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y por decir NO a más criminalización.

 

 

La luz es un secreto. De la Basura.javier
Esto que han hecho conmigo, no es justo por ser un líder que tengo, diferente modo de pensar en defender el medioambiente, me produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza si nos habla mientras el género humano no la escucha.
Soy comprometido a luchar por la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la voz que más porfiadamente anuncia a protejer nuestros bosques, rios las tierras de la gente de nuestras comunidades.
Lo cierto es que resulta difícil mirar nuestra resistencia que por años hemos resistido.
Ni los árboles, ni las personas tienen edad. Todos han nacido hace miles de años, quien sabe cuántos, están de pie, inexplicablemente de pie, dentro de nuestras comunidades, sosteniendo a este mounstro que nos atropella.
Son las voces, de un defensor perdidas y verdaderas, voces que andan la recuperación de la palabra robada es un desafío que nace de esa fe. Si, yo creo, más que nunca creo que la memoria colectiva está porfiadamente viva: mil veces matada, pero mil veces viva en los refugios donde se lame las heridas.
Luz atrapada, ese destello, nos revela que no se ve, o lo que se ve pero no se nota, una prescencia inadvertida, una poderosa ausencia.
Ella nos avisa que el dolor de vivir y la tragedia de morir esconden, adentro, una magia poderosa. Convertida en objeto de consumo, la miseria da morboso placer y mucho dinero. En el mercado de la opulencia, la miseria es una mercancía que se cotizan bien.
Una multitud de mineros están atropellando.
¿A las comunidades a impactado el desacuerdo social? ¿un ejercicio de hormigas?? ¿hormigas, lagartos? Los mineros tienen la piel de lagarto y los ojos de lagartos. Los muertos de hambre, ¿habitan el zoológico del mundo?
Tan solo a mi gente les pido que no vaya a hacer de mi vida echada al olvido, como se pone una vieja carta   en el cajón como un faro de luz para mi generación, y que esté donde esté todos sean testigos de que mi único delito es defender de corazón. Humildemente les pido que no se apague mi luz, sino que derrame sobre mi  las promesas que unidos venceremos.

 

Javier Ramírez, 24 de enero 2015.

 

Document - Ecuador: ECOLOGISTAS ACUSADOS DE REBELIÓN

AU: 8/15 Índice: AMR 28/001/2015 Ecuador Fecha: 20 de enero de 2015

 

ACCIÓN URGENTE

 

Ecologistas acusados de rebelión

 

Los hermanos Víctor Hugo y Darwin Javier Ramírez Piedra, activistas medioambientales y líderes comunitarios, han sido acusados de rebelión pese a la falta de pruebas en su contra. Darwin Javier está detenido en espera de juicio desde abril de 2014 y Víctor Hugo se encuentra en libertad. Los procedimientos penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen.

 

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, al norte de Ecuador, fue detenido el 10 de abril de 2014. Inicialmente se le llamó como testigo de un presunto ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) que tuvo lugar el 6 de abril de 2014, pero, pero posteriormente se le acusó de estar implicado en el mismo. Los miembros de la delegación de la ENAMI afirmaron que se encontraban viajando por la región de Intag para promover el proyecto minero de Lurimagua cuando siete personas bloquearon el paso de su vehículo, golpearon con los puños al conductor y arrojaron una piedra contra el parabrisas.

 

Darwin Javier Ramírez Piedra ingresó en prisión preventiva pese a la falta de pruebas en su contra y al testimonio de varios testigos, entre ellos un médico, que aseguraron que en el momento del presunto ataque Darwin estaba en su casa, recuperándose de una lesión en la rodilla. Amnistía Internacional ha sabido que Darwin Javier y Víctor Hugo Ramírez Piedra están acusados de rebelión, delito que conlleva una pena máxima de tres años de cárcel. El 15 de septiembre de 2014, un juez resolvió que había pruebas suficientes para juzgar a Darwin Javier Ramírez Piedra por estos cargos. Por su parte, Víctor Hugo Ramírez Piedra se encuentra en libertad.

peguche

 

Padres y madres de familia de escuelas de varias comunidades se unen a la queja por el cierre de sus escuelas, según se expresaron en la rueda de prensa que tuvo lugar en Peguche, provincia de Imbabura, el día martes, 20 de enero.

 

El presidente de los padres y madres de familia de la escuela Peguche, Fabián Fichamba, manifiestó que se niegan al cierre de su escuela  de tipo bilingüe para fusionar con otra escuela de tipo hispana, defienden también el derecho a su autonomía indígena y a decidir el tipo de educación que desean que sus hijos reciban.

 

Fichamba dijo que "Peguche no quiere decir no a la educación milenio, más bien aspira a tenerla" según informó el anterior director zonal del Ministerio de Educación quien les avaló como escuela eje. Confirma que sus hijos no van a asistir a la nueva escuela y que se mantendrán en pie de lucha.

 

Pacha Terán, afirma que los padres y madres cumplieron con el acuerdo mantenido desde el mes de octubre con el Ministerio que exigía la adecuación de las instalaciones, y esperan que las autoridades cumplan su palabra. Denuncia también el cierre sistemático de las escuelas, que según el archivo maestro del ministerio de educación al 2008 registraba 31.500 escuelas y al cierre del 2013 solo habían 23.500.  "Las cuatro comunidades kichwa de la provincia de Imbabura son afectadas por esta política" y la escuela de Olmedo incluso fue amenazada con militarización".

BOLETÍN DE PRENSA

Peguche, 20 de enero de 2014

 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Peguche" desapareció oficialmente dentro del proceso de cierre de cinco instituciones educativas de la zona para fusionarlas en el colegio "Dr. Miguel Egas Cabezas" destinada a convertirse en una Unidad del Milenio y que al momento funciona en las instalaciones del colegio "Fernando Chávez".

 

La UEIB "Peguche" se gestionó y mantuvo a través de mingas y el autofinanciamiento de los propios padres y madres de familia. Imparte el idioma kichwa y la cultura ancestral indígena de la comunidad, lo que temen se pierda al ser fusionados con un colegio de tipo hispano. Según afirman, no fueron consultados para esta fusión.

 

El año lectivo 2014-2015 inició en la nueva unidad, sin embargo los padres de familia llevaron sus inquietudes hasta el Director Distrital de Educación, Luis Morales, quien se negó a atenderles y a entregar información. Por otra parte el Coordinador Zonal De Educación Intercultural Bilingüe, Pedro Cabascango, se dispone a solucionar el problema y autoriza el retorno de los estudiantes de primero a cuarto de básica a "Peguche" y el resto del alumnado, cuando los techos que se encontraban en mal estado, sean reparados.

AU: 314/14 Índice:

AMR 28/004/2014 Ecuador(ver en Amnesty.org)

Fecha: 18 de diciembre de 2014

 

ACCIÓN URGENTE

 

Comunidad indígena en peligro

La comunidad indígena Yanua kim, en la provincia de Zamora Chinchipe, sureste de Ecuador, teme por su seguridad después de que uno de sus líderes haya sido asesinado y su casa haya sido registrada por la policía.

 

El cadáver de José Isidro Tendetza Antún, líder del pueblo indígena shuar a quien no se había vuelto a ver desde el 28 de noviembre, fue hallado el 2 de diciembre flotando en el río Zamora, en el sureste de Ecuador. José Tendetza fue inicialmente enterrado sin que se le hubiera identificado, y sin que se notificara a su familia. Tras las denuncias presentadas por su familia y otros miembros de la comunidad Yanua kim, su cadáver fue exhumado y se realizó una segunda autopsia. Aunque los resultados oficiales de la autopsia aún no se han hecho públicos, parece que José Tendetza fue asfixiado. Su muerte está siendo investigada por un fiscal local y por una comisión creada por el Ministerio del Interior.

 

Este líder indígena, conocido por su activismo contra los proyectos mineros en la zona, iba de camino a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se celebraba en la capital de Perú, Lima, para exponer su preocupación por el desarrollo del proyecto minero Mirador en su comunidad. Según la organización ecuatoriana de derechos humanos INREDH, José Tendetza llevaba sufriendo ataques y actos de acoso constantes desde 2009 a causa de su campaña. En 2012, según la información recibida, su casa y sus cosechas fueron quemadas y destruidas. Todo ello se denunció en la comisaría de policía local de Pangui, provincia de Zamora, pero no se ha llevado a nadie ante la justicia.

 

Como parte de la investigación sobre su asesinato, la policía registró la casa de José Tendetza en la comunidad de Yanua kim, provincia de Zamora Chinchipe, el 10 de diciembre. Los miembros de la comunidad Yanua kim afirman que se sintieron amenazados por la actitud de la policía, y tanto ellos como otros líderes indígenas que se han pronunciado contra proyectos extractivos en sus tierras temen correr peligro.

Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el retiro del inmueble que la CONAIE mantenía en comodato con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a pesar de tener todos los documentos y obligaciones en regla y en plena vigencia del convenio.

 

El inmueble ha estado en poder del movimiento indígena desde 1984 cuando la Federación Pichincha Riccharimui lo gestionó. Una vez que la federación consiguió su propio local le cedió la casa a la CONAIE, es entonces que en 1991, durante el gobierno de Rodrigo Borja, a través del entonces, Ministerio de Bienestar Social, al no existir la figura legal de la donación, les entregan el lugar en comodato por el lapso de 15 años para que desarrollen "actividades de fortalecimiento y superación socio-organizativa a través de un sistema de dirigencias". Una vez cumplido el tiempo se renovó el convenio por un lapso de tiempo igual, que culminaba en el año 2021

 

La CONAIE cumplió con todos los compromisos del convenio: el pago de los servicios, impuestos, adecuaciones que se hacían año a año y se reportaban debidamente al Ministerio las actividades para las que se estaba utilizando el inmueble. Por lo que consideramos que no había motivo alguno para el retiro unilateral del convenio, perjudicando seriamente a una organización que históricamente representa un pilar de la democracia y el estado de derecho intercultural y plurinacional, como lo señala en la constitución.

 

El último considerando de la Resolución de Terminación de Convenio de Comodato Nº 1962014,  en base al Art. 5 del Reglamento General de Bienes del Sector Público, manifiesta que los bienes estatales solo pueden utilizarse para fines de servicio público y no para "fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público".

Quito, diciembre 16 del 2014

Nota Nº 732-CR-14

 

INMINENTE DESPOJO DE LA SEDE DE LA CONAIE NO CONTRIBUYE A FORTALECER LOS COMPROMISOS DEL ECUADOR ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA NO DISCRIMINACIÓN

 

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) expresa su preocupación por las consecuencias sociales, políticas y jurídicas que generarían el acto administrativo emanado desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en detrimento de los derechos e intereses de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una de las más importantes organizaciones indígenas del país y la región.

 

La resolución Nº 0196, de diciembre 11 del 2014, suscrita por el Coordinador General Administrativo Financiero del MIES, da por terminado el Convenio de Comodato entre la CONAIE y el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES), mediante el cual se entregó a esta organización indígena en comodato gratuito un inmueble de propiedad del Estado ubicado en la Av. Granados y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito. Este convenio se encontraba vigente hasta el año 2021.

 

La PIDHDD reconoce el esfuerzo del Estado ecuatoriano de tomar medidas a favor de “los jóvenes sin referente familiar, que han superado la etapa de crisis por desintoxicación en las ciudades de Guayaquil y Quito”, y que ello haya dado inicio a un proceso de identificación de la infraestructura adecuada para el funcionamiento de cuatro casas para el propósito señalado, mencionado en trece (13) de los dieciocho (18) considerandos del acto administrativo que ha llamado la atención de esta organización regional de derechos humanos.

La carta está dirgida a gobernantes y a financistas de los proyectos. La principal preocupación es el aumento de la construcción de grandes represas, que en su mayoría afectan a la cuenca amazónica. El principal argumento para su construcción en que estas generarán energía limpia, pero a lo largo del documento suscrito se enlistan las consecuencias ambientales de las represas y solicitan tomar medidas más eficaces, económicas y rápidas.

Para descargar y leer el documento completo:

icon Las grandes represas no son fuente de energía limpia ni sostenible (217.64 kB)

icon Carta a líderes COP - Inglés (213.67 kB)

 

 

8 de diciembre de 2014

 

LAS GRANDES REPRESAS NO SON FUENTE DE ENERGÍA LIMPIA NI SOSTENIBLE

LOS GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEBEN IMPLEMENTAR SOLUCIONES REALES AL CAMBIO CLIMÁTICO

 

represa

 

Según la Comisión Mundial de Represas, hasta el año 2000 se habían construido 50 mil grandes represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del planeta1. Solo en América Latina existen en operación 973 represas hidroeléctricas de diferentes tamaños, y aproximadamente 1,600 más están en proceso de  construcción o planeación, y se prevé que 254 de ellas serán construidas en la Cuenca Amazónica2. Uno de los argumentos principales para el actual auge de la construcción de grandes represas alrededor del mundo es que éstas brindan una solución de “energía limpia” a la crisis climática. Sin embargo, evidencia científica demuestra que las grandes represas:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada  por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 se convirtió en el acto fundador de la historia reciente de los derechos humanos. La amplitud y vitalidad del movimiento nacido de la Declaración se expresan en la multiplicidad de los organismos que fueron creados para aplicar las normativas que fueron surgieron poco a poco, para vigilar la situación de los derechos, actuar en su defensa, denunciar los abusos, educar e informar.  

 

Los derechos humanos se sostienen sobre pilares esenciales del ser humano como la libertad y la plena igualdad entre todas las personas. Condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas, sexuales, nacionalidad, religiosas, etc.

 

En 2008 el pueblo aprobó una Constitución que señala que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, intercultural, plurinacional y laico. Su deber primordial garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en instrumentos internacionales.

 

A pesar de dicho marco normativo, preocupa la permanencia de las violaciones a la integridad personal, a una vida sin violencia y el mismo derecho a la vida. Hechos que ocurren principalmente en contra las mujeres y se reflejan en los registros de femicidios. Por otra parte, la falta de investigación en estos y otros casos de agresiones físicas en contexto de detenciones y el recrudecimiento de la violencia en zonas mineras, afectan directamente el derecho humano a la justicia y libertad.

unnamedCada 25 de noviembre se conmemora el "Día por la NO violencia contra la Mujer", sin embargo cada día una mujer es víctima de agresiones físicas o psicológicas que llevan al extremo de privarlas del derecho a la vida. De enero a octubre de 2014 la CEDHU ha registrado 83 femicidios en 15 Provincias, de los cuáles 19 ocurrieron en la provincia del Guayas y 13 en Pichincha.

Es preocupante  el odio y ensañamiento con el que son victimadas, demostrando  una intención positiva de provocar el mayor dolor posible, es el caso de una mujer que murió días después de ser quemada viva por su cónyuge.

Y es que, por lo general estos asesinatos ocurren en manos de las parejas o ex-parejas en el contexto de una discusión, por celos o exigiendo reestablecer una relación que habría concluido, en la mayoría de los casos. En todo caso  se trata de una relación desigual de poder que cultivan la subordinación y la violación de los derechos humanos de la mujer.

La impunidad también se presenta en muchos femicidios, lo cual permite que hechos similares vuelvan a ocurrir, la falta de celeridad en las investigaciones, no solo retrasa el juzgamiento del hecho, sino que pone en peligro la integridad de la familia de la víctima, en muchos casos quedan hijos e hijas en la horfandad, con graves secuelas psicológicas para ellos, sin que en la mayoría de los casos reciban alguna atención para superar el trauma sufrido.

BOLETÍN

 

El pasado 18 de septiembre del año en curso más de 60 estudiantes que protestaban por la anunciada subida de los pasajes y el alto costo de la vida pertenecientes al Colegio Mejía fueron detenidos por miembros de la policía nacional. Estas personas de forma inconstitucional y arbitraria fueron incomunicadas por varias horas en un regimiento policial no autorizado por la ley, lugar en el cual son objeto de atentados a su integridad personal, para luego ser enviados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado donde se realiza la audiencia de calificación de flagrancia, y se ordena la prisión preventiva de la mayoría de ellos.

 

Con fecha 12 de octubre de 2014 la señora Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón Quito, dentro procedimiento abreviado, resuelve abstenerse de acusar a 6 personas, mientras que a 15 jóvenes estudiantes se los acusa como autores directos y a los 38 restantes como cómplices por el delito de daño a bien ajeno. Para el caso de los cómplices determina la suspensión condicional de la pena, ordena la inmediata libertada y 6 meses de trabajos comunitarios; y, en el caso de los 15 chicos acusados como autores directos, los condena  a cumplir la pena de 2 meses de prisión, por tal circunstancia se presenta recurso de Apelación

 

Con fecha viernes 7 de noviembre de 2014, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que conoció el recurso de apelación de la sentencia, dispone los siguiente: reformar la sentencia de conformidad con el Art. 52 del COIP, “el Tribunal declara la culpabilidad de los procesados, en las calidades de autores y cómplices pero al mismo tiempo el Tribunal declara cumplida la pena privativa de la libertad de igual forma el Tribunal declara concluidos los trabajos comunitarios (...) la razón de hacerlo esto es para que los muchachos estudiantes de secundaria puedan reinsertarese a la educación de forma inmediata.

 

Paralelamente el Ministerio de Educación impulsa Procesos Disciplinarios Administrativos individuales en contra de 68 estudiantes del Colegio Nacional Mejía. La Constitución ecuatoriana prohíbe el doble juzgamiento de una persona por los mismos hechos, Por lo tanto la apertura de los procesos disciplinarios en contra de estas personas viola garantías básicas del debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva más aun cuando la fundamentación del proceso administrativo se basan en el parte policial que ya fuera utilizado por la administración de justicia para acusarlos por el delito de daño a bien ajeno.

manodsdineLa Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), expresa su profunda preocupación por la situación económica, social y de salud de más de mil setecientas mujeres, la mayoría de ellas adultas mayores, de escasos recursos económicos, ex pensionistas de montepío de la Policía Nacional, a quienes  se les quito la pensión vitalicia y otros beneficios sociales.

 

Ellas gozaban de pensión vitalicia y otros beneficios sociales en virtud de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas del año 1959, pero con la creación del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (en adelante ISSPOL),  se expide un  Reglamento cuya aplicación lleva a que se  limite  sus derechos adquiridos. Para ello el ISSPOL reiteradamente consultó a la Procuraduría respecto de si se debe mantener o no el derecho de pensión de estas personas. Esta institución del Estado emite varios criterios contradictorios; el último por ejemplo señala: “que los pensionistas de montepío que adquirieron el derecho con la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas mantendrán este derecho; sin embargo, pierden el mismo en tanto sean aplicables las causales del Art. 34  de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional”, esto es cuando las pensionistas hayan alcanzado la edad de 25 años, entre otras causales.
 

Con estos argumentos, en  agosto de 2012, el ISSPOL, dispuso de forma arbitraria e inconstitucional suspender el pago de sus pensiones, quienes en su mayoría actualmente tienen más de 65 años y se encuentran en el desamparo. Vale mencionar que ésta medida adoptada por el ISSPOL, es inconstitucional al violentar la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías, restringir normas básicas del debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de las derechohabientes, al respecto vale indicar lo siguiente:

 

1.- La ley no es retroactiva, por ello no se debe aplicar una ley posterior que restrinja sus derechos adquiridos. Vale recordar que materia de derechos la constitución  prohíbe la regresividad en el efectivo goce y ejercicio de los mismos, 2.- La pensión vitalicia de las pensionistas del montepío de la policía constituye un derecho adquirido que se encuentra reconocido en el Art. 83 del propio reglamento de la ISSPOL; y, 3.- Constituye también éste un derecho imprescriptible que desaparece con el fallecimiento de la persona beneficiaria.

Varios casos de defensores del sur presentados el mes de octubre pasado, en el marco del 153º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, develaron el uso indebido del derecho penal para criminalizar.

 

El informe expuesto por parte de Ecuador da cuenta de derechos constitucionales violentados cada vez que el Estado utiliza tipos penales como el sabotaje y terrorismo, buscando deslegitimar y paralizar las luchas de los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

 

La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, reconoce los derechos de la naturaleza y la obligación del Estado de consultar cuando la toma de decisiones pueda afectar el ejercicio de derechos o cuando las decisiones puedan afectar el ambiente de la colectividad en general.  De igual manera reconoce el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada y en un plazo razonable, sobre los planes y proyectos que les afecten.

 

Estas responsabilidades del Estado han sido eludidas. La Asamblea Nacional, por ejemplo, no emitió una ley para la consulta pre-legislativa sino únicamente un instructivo, cuya  elaboración tampoco fue consultada con comunidades y pueblos indígenas, montubios y afro-ecuatorianos. El instructivo limita la participación en lugar de promoverla, requiriendo por ejemplo, una inscripción previa al proceso. Esto conduce a que las personas reaccionen y emprendan acciones por las que posteriormente son criminalizadas.

 

La criminalización  generalmente ocurre en contextos de expresiones sociales no violentas, de defensa o  reivindicación de derechos. Las tipificaciones penales establecidas en el Código Penal vigente hasta agosto de 2014, contenían varios etcéteras en sus textos, dando lugar a la posibilidad de interpretar como delito penal cualquier conducta. En el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) existe una visión aún más punitiva. En varios artículos como el 345 (delito de sabotaje), se sanciona a las personas por sus ideas y posiciones políticas, y entre las contravenciones (o delitos menores) consta el "escándalo público", las expresiones que desacrediten a una autoridad, la injuria contra funcionarios públicos. Todo lo cual pone en riesgo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Afiche final UEreducidoEntre el 23 y 25 de octubre se desarrolló el Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria "Palabra Libre". El espacio en que por primera vez, las organizaciones de derechos humanos, la nacional indígena y la academia, se reunieron a discutir los escenarios de conflicto respecto al derecho a la comunicación.

 

El evento fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en coordinación con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, la cátedra sobre pueblos indígenas de América Latina de la Universidad Andina Simón Bolívar, UASB y el colectivo El Churo Comunicación.

 

Las jornadas de trabajo se distribuyeron en tres momentos: en el primero, se  congregaron las y los comunicadores comunitarios que forman parte del proceso de capacitación impartida en la zona sur del país así como otras personas de las zonas andinas del norte y del centro, y de la zona costera y amazónica, vinculadas a la comunicación, a fin de continuar con el proceso mencionado.
 

Durante la primera jornada de trabajo, las personas identificaron los temas de interés a ser comunicados, las capacidades, necesidades y dificultades para hacerlo desde los espacios locales. Posteriormente, se desarrollaron mesas de trabajo: una dedicada a las dirigencias de organizaciones de base; otra a periodistas comunitarios, es decir a personas que trabajan en medios de comunicación comunitarios; y,  una mesa destinada a la discusión entre integrantes de colectivos que dan soporte en la difusión y el fortalecimiento de las bases desde las zonas urbanas.

 

Esta jornada culminó con un manifiesto en el que se propuso, entre otras cosas,  fortalecer las redes de comunicación y el trabajo de articulación entre medios comunitarios, promover la solidaridad entre radios en situación de riesgo, crear grupos de trabajo de asesoramiento y mantener encuentros periódicos.

Empoderamiento de la lucha social


En este mes de octubre, durante los días 4 y 5, se desarrolló un encuentro de mujeres de la zona sur del país. Este evento tuvo lugar en la ciudad de Cuenca, en el sector de Ricaurte.

 

Contó con la participación de cerca de 70 mujeres, representantes de organizaciones y colectivos de las provincias de Loja, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe.

 

Entre las organizaciones participantes, mencionamos las siguientes: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador(CONAIE), Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Unión Provincial de comunidades y cooperativas cañaris (UPCCC); Federación de Organizaciones del Azuay, (FOA); Red de Juventudes de Zamora Chinchipe; Asociación de Mujeres de Zamora; Red de Ecologistas Populares de Loja; Redes de juventudes Saraguro, Zamaskijat; Coordinadora de Mujeres de Zamora Chinchipe; Universidad de Cuenca; organización de saraguros Yacuta; Asociación de de Afroecuatorianas Martin Luther King; organización Mujeres Casaloma de Tarqui; Grupo Juvenil “ZOCCRI”; Equipo Misionero Itinerante; Organización “5 de Junio” de Zamora; Sistema de Agua de Checa; Federación Provincial de Comunas de Loja (FEPROCOL); Mujeres Universidad Nacional de Loja; Instituto TS- Bolivariano; Red Agroecológica de Loja; Red de Juventudes Ecologistas de Loja; Unión Comunas Indígenas del Azuay, UCIA y Coordinadora provincial del Pueblo Palta, Corpukis.

mujeres en rsistencia1

Durante la primera jornada, las participantes reiteraron la importancia de conocer qué derechos tienen las mujeres y la necesidad de ejercerlos. Se destacaron entre otros, el derecho a la tierra y a la producción, el derecho a la organización vinculado con el derecho a tomar iniciativas, el derecho a preocuparse por la naturaleza y defenderla, el derecho a permanecer en las comunidades y no ser desplazadas, el derecho al agua y al ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a la salud en general y a la salud reproductiva; el derecho a la planificación familiar; el derecho a la interculturalidad y la vida comunitaria.

París, Quito, Ottawa, 15 de octubre de 2014. La FIDH, su organización integrante ecuatoriana CEDHU, y MiningWatch Canadá, denuncian la falta de voluntad y acción del Punto Nacional de Contacto (PNC) canadiense responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, en el caso del proyecto Mirador, un proyecto minero a gran escala en la Amazonía Ecuatoriana.

 

El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el PNC Canadiense en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador. Nuestras organizaciones denunciaron los impactos sobre los derechos humanos y de la naturaleza que CRCC-Tongguan de China a través de sus subsidiarias canadienses Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) están generando en la Amazonía ecuatoriana.

 

El 28 de julio de este año, el PNC Canadiense publicó una evaluación inicial en relación a la queja presentada. En ésta anunció que no continuaría adelante con el caso argumentando que los alegatos no están suficientemente fundamentados.

 

Tras un año de esperar una respuesta, desalienta que el PNC canadiense haya decidido cerrar el caso, sin dar una explicación detallada, a pesar que la información entregada fue extensiva. Tampoco solicitó más insumos”, afirmó Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH.

 

Parecería que la razón por la cual el PCN Canadiense cerró el caso es la negativa de la empresa a participar en un proceso de diálogo. En eso, el PCN negó el papel que podría jugar investigando los hechos denunciados y determinando si la empresa respecto a las directrices de la OCDE o no, como hacen ciertos PNC en otros países del mundo.

PRONUNCIAMIENTO

familiaresFamiliares de los detenidos protestas a las afueras de la Unidad de Flagrancia

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se encuentra profundamente preocupada por la situación de los estudiantes detenidos en el CDP pues se les negó el recurso de hábeas corpus.  En la audiencia que tuvo lugar el 25 de los corrientes, no se tomó en cuenta las pruebas contundentes presentadas por sus abogados, las mismas que demostraban ampliamente la ilegalidad de la detención de   los 40 estudiantes del Colegio Mejía detenidos el 18 de septiembre pasado por supuesto delito de daño a bien ajeno.

 

En el propio expediente fiscal constan exámenes médicos legales que fueron corroborados por las versiones de los estudiantes y la muestra de las lesiones que aún no han desaparecido de sus cuerpos. Por otra parte, fueron conducidos a un retén policial no autorizado por la ley para privar a personas de la libertad  y durante las investiaciones continuaron las agresiones física.

 

Existían elementos suficientes para que los juzgadores dicten la orden de libertad, de conformidad con el Art. 89 de la Constitución y el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que si en la detención se verifica huellas de tortura, penas y tratos crueles inhumanos y degradantes, la autoridad judicial que conoce el habeas corpus debe determinar de forma inmediata la libertad.

tallercarchi

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU en coordinación con Alianza por la Solidaridad, impartió cuatro módulos en talleres realizados entre abril y julio de 2014, con la participación de funcionarios públicos de la provincia del Carchi. El objetivo de esta capacitación fue aumentar las capacidades en derechos humanos y atención ciudadana.

 

Los dos primeros talleres estuvieron dirigidos a funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Justicia, la Fiscalía y Defensoría Pública. Se contó además, con la presencia de estudiantes y profesionales del derecho, convocados por el Colegio de Abogados de la provincia.

 

En el taller acerca de "El derecho a una vida libre de violencia y procedimientos judiciales", realizado en Tulcán, se desarrolló un ejercicio de toma de consciencia sobre cómo todas las personas en general, somos autores y actores de la violencia, que está arraigada en nuestra cultura y cotidianidad. De igual manera se toparon temas de género y masculinidades. Los y las participantes tuvieron la oportunidad de analizar las convenciones de Belem do Pará y CEDAW, ambos documentos reflejan la lucha de las mujeres contra la violencia intrafamiliar. También se dio a conocer la instancias internacionales a las cuáles acudir cuando no se obtiene justicia en el ámbito doméstico.

 

El tema "Los derechos de la niñez y la adolescencia y procedimientos judiciales" abordado en el segundo taller motivó a los participantes a reconocer como sujetos de derechos, a los niños, niñas y adolescentes y a combatir la violencia naturalizada culturalmente en su contra. De igual manera se analizaron casos reales y se capacitó en los procedimientos ante el Sistema Nacional de Protección Integral a niños, niñas y adolescentes, SNDPINA.

 

Mi petición al Pueblo de Israel: liberaros a vosotros mismos liberando a Palestina.


Por: Desmond Tutu

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demosdtutubynEn las últimas semanas hemos visto en todo el mundo una movilización sin precedentes por parte de la sociedad civil contra la injusticia que supone la brutal y desproporcionada respuesta Israelí al lanzamiento de misiles desde Palestina.

 

Si sumamos todas las personas que se manifestaron pidiendo justicia entre Israel y Palestina el pasado fin de semana en Ciudad del Cabo, Washington, Nueva York, Nueva Delhi, Londres, Dublín, Sidney y todas las demás ciudades, ésta ha sido, probablemente, la mayor protesta ciudadana por una misma causa en toda la historia de la humanidad.

 

Hace un cuarto de siglo participé en concurridas manifestaciones contra el apartheid. Nunca imaginé que volveríamos a ver de nuevo manifestaciones de ese calibre, pero la afluencia de gente el sábado pasado en Ciudad del Cabo fue igual si no mayor. Entre los participantes se encontraban jóvenes y ancianos, musulmanes, cristianos, judíos, hinduístas, budistas, agnósticos, ateos, negros, blancos, rojos y verdes... tal como cabría esperar de una nación dinámica, tolerante y multicultural.

 

Pedí a la multitud que corease conmigo: "Nos oponemos a la injusticia que supone la ocupación ilegal de Palestina. Nos oponemos a las matanzas indiscriminadas en Gaza. Nos oponemos a la humillación a la que someten a los Palestinos en los retenes y controles de carreteras. Nos oponemos a la violencia perpetrada por todas las partes. Pero no nos oponemos al pueblo judío".

 

Al inicio de la semana, solicité a la Unión Internacional de Arquitectos, reunida en Sudáfrica, la suspensión temporal de Israel de su organismo. Supliqué a los hermanos y hermanas israelíes presentes en la conferencia que se desvincularan personal y profesionalmente de los proyectos y construcciones de infraestructuras relacionadas con la perpetuación de la injusticia, tales como el muro de separación, las terminales de seguridad, los puestos de control y los asentamientos en los territorios palestinos ocupados.

21 de agosto 2014.

 

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre los riesgos de la propuesta de reforma constitucional en Ecuador. El Presidente de la República, Rafael Correa, y su bloque de asambleístas presentaron un proyecto de reformas a la Constitución que plantea modificar 17 artículos. El proyecto plantea, entre otras cosas:

 

  • Limitar la acción de protección, que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos fundamentales, dejando a voluntad del legislador regular el "abuso" e "inadmisión" de la misma;
  • Limitar los mecanismos de democracia directa, específicamente la consulta popular;
  • Viabilizar la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular;
  • Incorporar a las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad ciudadana ordinaria;
  • Establecer la comunicación como un servicio público.

 

A finales de junio de 2014, la bancada del partido de gobierno entregó a la Corte Constitucional la propuesta de reforma a fin de que califique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde ejecutar. Sin embargo, varios dirigentes de la agrupación política han señalado que basta con que dicha propuesta sea aprobada por la Asamblea Nacional para que entre en vigencia, sin necesidad de que se lleve adelante una consulta popular como señala la Constitución ecuatoriana.

bombiza ecuentro

 

Durante los días 11 y 12 de julio de 2014, tuvo lugar el Encuentro Regional de Organizaciones de Base del Sur del Ecuador.

 

Este evento realizado en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones: Asociación Bomboiza, Asociación Kakaram, Centro Kupiamais, Asociación Cóndor Mirador, comunidad Tsantsarum, comunidad Micha Nunka, Asociación shuar El Pangui, organización Zamas Kijat, Federación Interprovincial de Centros shuar, FICSH, Pastoral Social de Zamora, Centro shuar Tiink, Centro shuar Piunts, comunidad San Roque del Pangui, comunidad Shiram Entsa, comunidad Kenkium, comunidad Puruwua, Centro shuar Pumpuis, comunidad Shakanas, Centro shuar Yanua y Asamblea de los Pueblos del Sur.

 

Durante el primer día, las y los asistentes escucharon dos exposiciones. Una, sobre los impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala a cielo abierto, impartida por una representante de la organización ELAW Alianza de Derecho Ambiental (que reúne a técnicos y abogadas de alrededor del mundo, con el fin de intercambiar información legal y técnica con las comunidades). La segunda exposición giró en torno al marco normativo de la minería metálica a gran escala y derechos, impartida por una representante de CEDENMA (Coordinadora ecuatoriana de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente).

 

El tema de impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala incluyó la revisión de conceptos tales como la minería metálica y no metálica; la minería a gran escala, la mediana y pequeña minería; las etapas mineras de exploración y prospección, perforación y explotación.

 

Igualmente, se abordó la contaminación ambiental que puede surgir en estas etapas y la importancia de contar con una línea base, para luego evaluar efectivamente el nivel de afectación de los bosques y ríos durante el proceso minero.

taller

 

El taller “Comunicación, manejo de medios y TIC's para el fortalecimiento organizativo” , realizado en la zona amazónica, en el marco del programa de protección y fortalecimiento de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, apoyado por la Unión Europea, fue replicado en la zona andina, con organizaciones de base de las provincias de Loja, Azuay y Cañar. Durante los cuatro días que duró el evento, los y las representantes de las distintas comunidades manifestaron algunos de los problemas que enfrentan. Temas como la matriz productiva, la pérdida de la identidad, el uso y rectoría del agua, inclusión de la juventud indígena en las luchas sociales, entre otros, fueron los ejes de la construcción de sus mensajes.

 

El taller fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y la Confederación Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI; tuvo lugar en la ciudad de Cuenca, entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2014.

Desplazamiento forzado y otros abusos de la minera Corriente Resources, en la Amazonía ecuatoriana.

Declaración conjunta FIDH-CEDHU-Mining Watch Canadá

 

París, Quito, Ottawa, 27 de junio de 2014.

 

Tras once meses de esperar una respuesta a una queja entregada en Ottawa, la FIDH, su liga ecuatoriana, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, urgen a la oficina canadiense proseguir con el caso. Denuncian la gran demora del Punto de Contacto Nacional canadiense, responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras sucede una reunion mundial de la OCDE, el Global Forum on Responsible Business Conduct, en Paris.

 

El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), responsable para administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que la empresa Corriente Resources y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) está generando en la Amazonía ecuatoriana. .

 

En los últimos meses, decenas de familias campesinas se han organizado para dar a conocer nuevas irregularidades de la compañía en su afán de ocupar las tierras para llevar a cabo actividades mineras, inclusive la destrucción de una capilla y el traslado de una escuela, a pesar de las denuncias de los pobladores. Es urgente una respuesta desde Canadá ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen ocurriendo en este caso” , destaca Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH.

 

La queja alega que el Proyecto Mirador puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras. En la queja se solicita respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, incluyendo los derechos de la población indígena a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado y el derecho de la población en general a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, tal como reconocen normas de derecho internacional y nacional, así como el espíritu del régimen del buen vivir, o “sumak kawsay”, consignado en la Constitución ecuatoriana.

Resumen Ejecutivo

20 de mayo de 2014

 

I. Antecedentes

La comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, desde hace 17 años han defendido su tierra y su forma de vida libre de contaminación y desplazamientos. Así, se han proclamado en defensa de sus fuentes de agua, bosques y la agricultura, como pilares fundamentales para su soberanía alimentaria y su organización económica. En consecuencia, las comunidades se han proclamado en resistencia frente a distintos proyectos mineros que han pretendido imponerse en sus tierras.

 

La empresa nacional minera (ENAMI), ha adquirido la concesión minera Llurimagua para la exploración, y subsiguientemente, la explotación de cobre, en la Cordillera de Toisán. Este proyecto, tiene incidencia directa en la comunidad de Junín, entre otras comunidades que se encuentran en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. El proyecto ha sido transado mediante convenio con la empresa transnacional Codelco, de Chile, el 28 de noviembre de 2011.

 

El 10 de abril de 2014, miembros de la policía nacional detuvieron a Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en el cantón Nanegalito. De acuerdo a los testimonios, la detención ocurre sin orden de juez competente, lo mantuvieron incomunicado durante varias horas, interrogándolo sin defensa y sin conocer la causa de su detención. Así, de manera ilegítima, la fiscalía de Cotacachi lo acusa por el supuesto delito de rebelión y sabotaje.

 

El 8 de mayo de 2014, la ENAMI incursionó en la zona de Intag, y en la comunidad de Junín, acompañada de la fuerza pública policial, en el marco del proyecto minero Llurimagua.

grupoComunicadores comunitarios de las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza formaron parte de un trabajo de construcción de estrategias comunicativas en la perspectiva de fortalecer sus respectivas organizaciones comunitarias.

 

Entre el 12 y 15 de junio de 2014 en las instalaciones de la Federación Shuar de Sucúa, se desarrolló el taller “Comunicación, manejo de medios y tecnologías de la información , para el fortalecimiento organizativo” al que asistieron radialistas comunitarios y dirigentes de comunicación de organizaciones indígenas más de representantes del consejo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El taller contó con la participación de representantes de organizaciones provenientes de la provincia de Zamora Chinchipe, como la Federación Provincial Shuar, FEPNASH, la organización Zamaskijat y la Asociación de Acción Social Cóndor Mirador. De la provincia de Morona Santiago participaron representantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH y de la Nacionalidad Achuar del Ecuador. Además asistieron  radialistas comunitarios de la provincia de Pastaza.

 

Durante los cuatro días que duró el taller, se realizó una revisión conjunta del estado comunicacional de los territorios y los discursos que se han instalado. Se abordó el aprendizaje de nuevas tecnologías virtuales y el uso de redes sociales. Finalmente, se establecieron varios compromisos de seguimiento al evento.

 

Para las actividades grupales, se dividió a los asistentes por provincia, de esta manera identificaron las herramientas de comunicación con las que cuentan y las formas de expresión en su comunidad, sus capacidades y necesidades principales. Surgieron nuevas inquietudes sobre el rol que juegan los medios comunitarios y sus limitaciones, que fueron resueltas a lo largo del desarrollo del taller.

rdpcasolema1

De izq. a der.: Calra Merino, Comité de Víctimas del Informe de la CV; Dr. Juan Pablo Albán,
abogado del caso; Edwin Pungil y José Luis Lema

 

El 18 de septiembre de 1998 tres jóvenes son detenidos en el barrio Comité del Pueblo, al norte de Quito, y sometidos a torturas por parte de miembros de la Policía Nacional. El caso es uno de los reportados en el informe de la Comisión de la Verdad (C90: Caso José Lema y otros, Tomo IV). El pasado 19 de junio de 2014, culminó el juicio en contra de los presuntos perpetradores y se declaró la culpabilidad de uno de ellos.

 

Las cuatro personas procesadas en este caso son Segundo Pedro Urgiles Ávila, quien fue condenado a tres años de reclusión como autor del delito de tormentos a detenidos, Luis Antonio Nuñez Congrains, quien se encuentra prófugo y por lo tanto todo juicio en su contra se encuentra suspendido, Pedro Bolívar Guevara Guerra e Iván Glenn Fernández Pallasco, quienes fueron absueltos por no encontrar evidencias suficientes de su participación en los hechos.

 

La sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos son el primer paso a la obtención de justicia y reparación para quienes fueron víctimas de estos actos. Aún quedan pendientes los procesos para otros implicados, ya que delitos contra la humanidad como la detención arbitraria y la tortura, no son cometidos por una sola persona, sino que requiere de la aquiescencia de sus compañeros y superiores. La Fiscalía está en potestad de apelar solicitando se revise la absolución de los dos acusados.

ascomifotos

 

Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.

 

En este proceso de ocupación de la empresa, varias denuncias ha presentado la población: desalojos forzados propiciados por la empresa, como es el caso de la quema de la vivienda de una anciana shuar, en San Marcos, hasta el uso de leyes y procedimientos administrativos (juicio por supuesta reivindicación de tierras en un caso, y demandas de servidumbres, en otros).

 

A esto se suma un proceso de negociación de tierras signado por una serie de irregularidades verificadas por la Contraloría General del Estado, tal cual se desprende de su Informe Definitivo, emitido en septiembre de 2013[1]

 

La paulatina desaparición de San Marcos

 

Como parte del proceso de negociación de tierras en la parroquia Tundayme, la empresa EcuaCorriente propuso en el año 2006, la compra de los lotes y viviendas del poblado San Marcos.

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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, expresa su profunda preocupación y se solidariza con la situación laboral y anímica de más de 700 empleados y empleadas públicas y sus familiares, que laboran bajo la figura de nombramientos provisionales y dejaran de prestar sus servicios el 31 de mayo del presente año. La medida adoptada por el entidad financiera fue conocida por parte de los empleados/as públicos de forma extraoficial el día de ayer, a una semana del plazo establecido. Se desconoce el mecanismo a ser utilizado para indemnizar a los trabajadores/as cesantes y como se llenaran las vacantes, para el normal funcionamiento del banco.  

 

Las autoridades, lejos de asumir su responsabilidad por el despido masivo de los empleados/as del Banco de Fomento, culpan a anteriores administraciones de la crisis en la que se encuentra la institución bancaria, y corresponsabilizan a los empleados/as al no proponer soluciones oportunas para regularizar su situación laboral. Al respecto conocemos que el Departamento de Talento Humano, desde hace años atrás debió llamar públicamente a concurso de méritos y oposiciones, omitiendo esta obligación, que habría evitado el presente escenario.

 

Debido a la incertidumbre frente a la situación laboral de los empleados/as perjudicados/as y la presión ejercida por los mismos/as, el día de ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión con las autoridades del BNF, a la que acudieron el Economista Freddy Monge en su calidad de Gerente General del Banco, el Jefe del Área de Talento Humano, y varios representantes de los trabajadores/as a fin de que, respondan a varias inquietudes respecto al problema laboral vigente. Se puede concluir que no hay una información clara y transparente respecto a sus demandas en temas como, por ejemplo: la certeza de permanencia del personal en sus funciones, la seguridad laboral de compañeras trabajadoras que están con licencia de maternidad y lactancia, al igual que la de empleados/as con títulos de tercer y cuarto nivel y otros con muchos años de trabajo; y, de ejecutarse la medida, en qué forma se efectuará el pago de las liquidaciones.

martires chicago

Imagen: mártires de Chicago

 

El 01 de mayo de cada año, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Este reconocimiento es el producto de históricas luchas sindicales cuyas reivindicaciones han pasado por diversas transformaciones según cada país y su régimen jurídico-político. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, se une a esta conmemoración en la demanda de condiciones reales y equitativas, así como mecanismos de exigibilidad eficaces que garanticen el pleno ejercicio de este derecho.   

 

En el Ecuador, la Constitución de la República, reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social. Instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, entre otros, también reconocen el derecho al trabajo. En consecuencia, es obligación del Estado, garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

 

El derecho al trabajo, está directamente ligado a otros derechos como: el salario mínimo; la seguridad e higiene laborales, a ser promovido, al descanso, a los feriados, a las vacaciones pagadas, a la limitación de la jornada laboral, a la estabilidad en el empleo y a la indemnización por despido injustificado, a la protección de los menores de 18 años en su trabajo, a la libertad sindical, a la huelga y a la negociación colectiva.

 

Sin embargo, la realidad ecuatoriana muestra que para muchos sectores estos derechos no se cumplen. Por ejemplo, si las y los trabajadores son informales o están desempleados, difícilmente podrán ejercer sus derechos derivados del trabajo como el salario mínimo, el descanso, la limitación de la jornada laboral, la sindicalización y el derecho a la seguridad social. Incluso su libertad de trabajo, en ese contexto difícilmente puede ser ejercida.

 

De las denuncias registradas por la Cedhu, también se han evidenciado violaciones al derecho al trabajo como: irrespeto a la estabilidad laboral, hostigamiento patronal, remuneración impaga, negación de beneficios sociales, restricción del derecho a la organización, despojo de fuente de trabajo.

aficherecorteEn coordinación con organizaciones poblacionales de la zona sur de Ecuador, la CEDHU desarrolló dos talleres relativos al “Rol de la mujer en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza”.

 

Estos eventos constituyeron el inicio de un proceso de capacitación y reflexión cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento del liderazgo de mujeres de diversos colectivos, y a la visibilización de su rol en las luchas sociales en tanto defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.

 

El primer taller tuvo lugar los días 8 y 9 de abril del presente año, en Charasol, provincia del Cañar y contó con la participación de 33 mujeres de las provincias de Loja, Azuay y Cañar. Mientras que un segundo taller se desarrolló en la ciudad de Gualaquiza, durante los días 11 y 12 de abril; éste contó con la participación de 28 mujeres de las provincias de Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe.

 

Entre los colectivos de mujeres participantes nombramos a los siguientes: grupo de mujeres de la Asociación Shuar Bomboiza; grupo de mujeres de la Red Agroecológica de Loja; grupo de mujeres de la Asociación Shuar Arutam; grupo de mujeres de Comunas de Loja; Sumak Warmi de Victoria de Portete, Azuay; Kimsakocha Maki del Azuay; Grupo de Mujeres del Comité de Defensa de Gualaquiza; Mujeres de la Red de ecologistas populares de Loja; organización Casa Loma de Tarqui de Azuay; Grupo de Mujeres de la Federación de Comunas del Azuay; grupo de mujeres de la UPCCC del Cañar; Fundación María Amor del Azuay; Hijas de la Pachamama de Loja.

El pasado viernes 14 de abril, el Tribunal Tercero de lo Penal del Azuay absolvió al acusado del asesinato del estudiante secundario, DAMIÁN PEÑA, considerando que el fiscal se abstuvo de acusar y solicitó la NULIDAD del juicio. Peña tenía 16 años cuando falleció con un proyectil en su frente, el 12 de marzo de 2002, durante la represión policial a manifestaciones estudiantiles en Cuenca.

 

De conformidad con la Constitución, la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Debiendo impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. En el caso, la fiscalía se abstuvo de acusar lo cual llevó a que el asesinato de Damián Peña quede en la impunidad.

 

Esta situación llevó a que el Estado no haya cumplido con su obligación de investigar, identificar, juzgar e imponer penas apropiadas a los responsables de los hechos y reparar a la familia. En este caso la familia y la sociedad en general han visto vulnerado su derecho a saber la verdad en torno a quien es el responsable de este crimen.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), recuerda que la falta de sanción en graves violaciones a los derechos humanos propicia que hechos similares vuelvan a ocurrir, lo cual finalmente acarrea la responsabilidad internacional del Estado, por lo cual hace un llamado a la Fiscalía para que cumpla adecuadamente con su obligación de investigar, identificar a los responsables de delitos y allegar las pruebas necesarias a fin de obtener de los jueces sanciones apropiadas para los autores de graves violaciones a los derechos humanos.


El 29 de diciembre de 2010, un nefasto accidente de tránsito dejó incapacitado de forma permanente a Eduardo Andrés López Manzano, de 22 años de edad, cuando la unidad Nº 5 del Metrobús, sin placas, se fue encima de su vehículo a la altura de la Av. La prensa y Edmundo Carvajal, de la ciudad de Quito.

 

El 02 de marzo de 2012, el Juzgado Segundo de Tránsito de Pichincha dictó sentencia en contra del conductor del Metrobús y el conductor de un automóvil que también participó en el accidente. Luego de agotar las instancias de apelación, el 23 de noviembre de 2012 la Corte Nacional de Justicia dispuso se realice una reparación integral a la víctima tomando en cuenta los criterios establecidos en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de reparar el daño ocasionado.

 

No obstante, ha transcurrido más de un año sin que la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia se cumpla. Han pasado tres titulares por el Juzgado Segundo de Tránsito de Pichincha y ninguno de ellos ha garantizado el imperio de la ley. Existen dos informes periciales que, acogiendo los criterios establecidos por la Corte Nacional, han realizado una evaluación del daño ocasionado y una posible reparación para Eduardo López. Pero tampoco estos informes han sido tomados en cuenta por la actual juzgadora Carmen Celi Vivanco y peor aún por los responsables del accidente, quienes al momento están prófugos y han delegado a sus defensores para que se opongan a todo tipo de reparación integral por el daño que ocasionaron. Hasta la presente fecha se han nombrado varios peritos, para realizar un tercer informe que no sea rechazado por los sentenciados, mientras la jueza Celi parece desconocer los aspectos que implica una reparación integral. Este lunes 17 de marzo de 2014, la perito Giovanna Ron presentó un tercer informe que no contempla los criterios establecidos para la reparación integral y que dista en su totalidad de los dos informes antes presentados. Documento que, considerando la mala fe de los sentenciados, buscarán sea aprobado a toda costa, afectando así el derecho de la víctima.

cordilera

 

Según el informe definitivo de la Contraloría General del Estado sobre gestión de los Ministerios del Ambiente, de Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas con los proyectos mineros Mirador y Panantza - San Carlos, emitido en septiembre de 2013, las concesiones mineras otorgadas a las empresas EcuaCorriente y ExplorCobres, subsidiarias de la empresa Corriente Resources, pertenecientes en la actualidad al consorcio chino CCRC-Tongguan, superan el número de tres, contrariando el Art. 4 del Mandato Constitucional Nro. 6 expedido en abril de 2008.

 

El mandato minero en su Art. 4, establece:

“…la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que en número mayor de tres (3) hayan sido otorgadas a una sola persona natural o a su cónyuge; o a personas jurídicas y sus empresas vinculadas, sea a través de la participación directa de la persona jurídica, o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se excluye a las concesiones mineras de no metálicos que se encuentren en explotación”.-. Primera disposición final.- Notifíquese al Ministerio de Minas y Petróleos disponiendo que cumpla con los actos administrativos regulatorios para el estricto cumplimiento del presente Mandato. ”

 

 

CONCESIONES DEL PROYECTO MIRADOR, EN ZAMORA CHINCHIPE

 

De acuerdo a la Contraloría, al 18 de abril de 2008, las concesiones de EcuaCorriente S.A. sumaban 9928 hectáreas mineras, como se describe en el cuadro siguiente:

 

Concesiones tituladas del Proyecto Mirador-Mirador Norte

#

Nombre

Código

Área (Ha Minera )

1

Curigem 18

4768

4 800

2

Curigem 19

4769

4 100

3

Mirador 3

500976

1 020

4

Mirador 4

501023

8

Total de hectáreas mineras del proyecto

9 928

penaLa Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) conoce que el Tribunal Tercero de Garantías Penales del Azuay, convocó audiencia de juicio para el próximo lunes 10 de marzo, en contra de cuatro policías acusados del asesinato del joven Damian Peña, hecho sucedido el 11 de enero de 2002 durante una protesta estudiantil en las afueras de la universidad de Cuenca.


Esta es la tercera vez que se convoca a la audiencia que busca juzgar a los responsables de esta grave violación a los derechos humanos de un adolescente, las dos veces anteriores (marzo y septiembre de 2013) no se instaló la audiencia de juzgamiento debido a la inasistencia de  los testigos, muchos de ellos son policías que debidamente fueron citados como testigos.


Hasta el momento ha transcurrido 12 años sin que el Estado cumpla con su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar el daño causado a los familiares, por lo que la CEDHU solicita al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Fiscalía y Consejo de la Judicatura arbitren las medidas necesarias que garanticen la presencia de los acusados, del fiscal a cargo del proceso y de todos los policías convocados en calidad del testigos a fin de que esta audiencia efectivamente se instale y se juzgue la conducta de los acusados.

mujerfeliz
 
 
"Yo quiero para mi lo que quiero para otras mujeres,
igualdad absoluta"
Agnes Macphail

 

Los problemas que afrontan a diario las mujeres son diversos, pero todos son fruto de las relaciones desiguales de poder, que promueven la desvalorización por cuestiones de género e impiden el ejercicio de los derechos fundamentales.

 

En Ecuador se pueden observar avances en cuestión de género que son fruto de las luchas permanentes del Movimiento de Mujeres. Sin embargo, las políticas públicas orientadas a compensar aquella desigualdad, carecen de integralidad, en muchos casos generan dependencia y no promueven de forma eficaz el desarrollo de la mujer ecuatoriana.

 

Entre los temas que comprenden la agenda feminista están, por ejemplo, el acceso al trabajo, la sobrecarga del no remunerado dentro del hogar y la comunidad, menor remuneración en comparación con colegas varones, por citar solo unos cuantos. Existen avances como la protección en tiempo de maternidad y lactancia. Otros temas son la propiedad o patrimonio, que incluye la tierra en el sector rural y campesino, además del empresarial. La educación viene a ser el más importante porque el empoderamiento y conocimiento de sus derechos le brinda herramientas para exigirlos y defenderlos.

Boletín de Prensa

 

carcel

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, se encuentra sumamente preocupada debido a la falta de condiciones materiales, sanitarias, humanas y de seguridad en las cual se encuentran 351 personas privadas de la libertad que de forma desordenada y con una total falta de planificación fueron trasladadas el 21 de febrero del presente año de la ciudad de Quito al nuevo Centro de Rehabilitación Regional de Latacunga, provincia de Cotopaxí.

 

Dicho centro carcelario no cuenta con las instalaciones adecuadas para la permanencia de las personas privadas de la libertad en condiciones de dignidad y respeto a sus derechos,  por cuanto en este lugar aun se están realizado trabajos de mantenimiento y adecuación del mismo, donde no existen servicios básicos como agua potable y luz eléctrica, tampoco un departamento médico y la alimentación es deficiente.

 

Los detenidos para evitar el mal olor y la proliferación de enfermedades se han visto obligados a permanecer por largas horas sin poder realizar sus necesidades biológicas, lo que puede repercutir en graves problemas gástricos. En última instancia, estas personas tiene que desocuparse en los servicios higiénicos que no constan con instalación de agua, ni la suficiente ventilación y que los tienen instalados en las celdas que al mismo tiempo, la comparten con otros reclusos.

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Ante la preocupación y denuncias de comunidades de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, por posibles impactos negativos en sus derechos, derivados de la minería a gran escala, entre ellos, la afectación al agua, organizaciones sociales solicitaron en 2010, la intervención de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto a los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos, ubicados en la Cordillera del Cóndor.

 

El informe definitivo de esta auditoría, aprobado el 24 de septiembre de 2013, en relación a la gestión de los Ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones involucradas en la aprobación de los proyectos mineros, contiene los siguientes resultados:

 

El proyecto Mirador a cargo del consorcio chino CRCC-Tongguan afectaría a través de su concesionaria EcuaCorriente a 227 fuentes de agua, en la provincia de Zamora Chinchipe, como lo indica el siguiente cuadro.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Número de índice: AMR 28/001/2014
30 de enero de 2014

 

 

La reciente detención en Estados Unidos del ex general de policía Edgar Vaca representa un paso más en la lucha contra la impunidad.  Amnistía Internacional espera que con el proceso judicial que se sigue por violaciones de derechos humanos contra Edgar Vaca y otros 9 altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se abra el camino hacia la justicia para cientos de otras víctimas cuyos casos aún permanecen en la impunidad.

 

El 28 de enero, el ex general Edgar Vaca fue detenido en Washington, Estados Unidos, a pedido de Interpol y se encuentra bajo arresto a la espera de ser deportado al Ecuador. El ex general está implicado en juicio que se sigue por los delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez.

 

Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos y desaparecidos el 10 de noviembre de 1985 por efectivos militares, incomunicados en un centro secreto de detención, interrogados y torturados, incluso con el uso de descargas eléctricas y violencia sexual. Javier Jarrín y Susana Cajas fueron luego entregados a la policía y  puestos en libertad. Luis Vaca permaneció en condición de desaparecido hasta su liberación en 1988.   

 

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Por: Harold Burbano Villarreal,
       INREDH

En el momento en el que se produce una grave violación a los derechos humanos, se generan para las víctimas (ya sean directas o indirectas) tres necesidades básicas, que a su ves son derechos reconocidos por constituciones nacionales e instrumentos internacionales; estas son: el conocimiento de la verdad, la obtención de justicia y la activación de mecanismos de reparación integral idóneos y efectivos que restauren a los afectados y afectadas y eviten la repetición los hechos.

 

Pero, la verdad, la justicia y la reparación implican, necesariamente, el cumplimiento de obligaciones correlativas por parte del Estado, que a través de su institucionalidad debe, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, siempre con la debida diligencia para evitar la impunidad.

 

En este sentido, el presente documento pretende desarrollar de forma escueta (sin agotar totalmente el tema) los estándares internacionales necesarios para realizar una investigación efectiva y adecuada en casos de graves violaciones de derechos humanos, haciendo un énfasis especial en la ejecución extrajudicial.

 

icon Ver documento completo (114.22 kB)

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El Comité de Víctimas y familiares de víctimas del informe de la Comisión de la Verdad y las organizaciones Cedhu, Inredh y Cdes, pertenecientes a la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, expresamos nuestro apoyo a la judicialización de los casos del informe y hacemos un llamado a los operadores de justicia para que actúen con el amplio criterio que requieren, considerando la normativa internacional y eviten impunidad.

 

En esta ocasión nuestro apoyo está dirigido a los señores Lema, Bolaños y Pungil, quienes en 1998, fueron víctimas de tortura con el objetivo de que se declaren culpables de los delitos de robo y asesinato. Estas personas fueron juzgadas y finalmente halladas inocentes, esto no evitó que permanecieran 11 meses de prisión.

 

La tortura se encuentra en la categoría de “grave violación a los derechos humanos”, de tal manera que para garantizar su juzgamiento las autoridades judiciales deberán considerar los instrumentos internos y externos que tipifican el delito. De igual manera, para impedir que quede en la impunidad deberán abstenerse de invocar la prescripción del delito.

PREMIO JUAN MONTALVO
30 de enero 2014

 

¡Buenas noches y  muchas  gracias!  

 

elsiejuanEste simbólico busto en bronce, de Juan Montalvo,  pensador profundo, de entereza ética y honradez política, y luchador incansable por la defensa de las libertades básicas de pensamiento, expresión, crítica, que desde el año pasado entrega la Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP, significa para mí el reconocimiento de la importancia de los derechos humanos y la necesidad de contribuir a su vigencia.

 

Quiero destacar la generosidad de esta distinción y el honor que se me confiere. En calidad de mujer agradezco a los  miembros de AEDEP, a su Director Ejecutivo el escritor y periodista, Diego Cornejo y a todas las personas que han participado en este proceso de otorgármelo. A la Universidad Andina “Simón Bolívar”, por tener sus puertas siempre abiertas, y a todas  las personas por su presencia en esta noche. Mi agradecimiento a los periodistas por sus entrevistas y comentarios. A la vez felicito a los otros nominados por su búsqueda la verdad y su actuación coherente con sus principios.

 

Un reconocimiento de esta naturaleza, mantiene vivo en el alma nacional los valores que constituyeron las grandes motivaciones que tuvo Montalvo en su aspiración de edificar una Patria mejor. Por eso, esta  distinción la asumo como un reto y un gran compromiso; pues por su significado y trascendencia, permite honrar la memoria de los que por esta causa de la libertad de pensamiento, de la búsqueda de la verdad y la justicia, han vivido situaciones  extremas de violación a fundamentales derechos; entre muchos otros,  Eugenio Espejo, Juan Montalvo en el Ecuador o el periodista, escritor y militante político, Rodolfo Walsh en Argentina. Todos ellos presentes en la memoria de los pueblos como símbolos de Libertad de Pensamiento en el Continente.  

 

Pensar en libertad, nos abre al diálogo y encuentro con los otros. Dentro de una democracia, es fundamental afirmar el sentido pluralista, de expresión diversa. Es imprescindible tener una prensa que sea el medio de confrontar ideas y tesis con responsabilidad ética para una defensa colectiva del principio de libertad de habla, de escritura, de lectura. En estos días, a esta lista de libertades se torna necesario añadir la categoría del “humor gráfico”, que hoy es motivo de criminalización por considerarlo “agitación social”, “deslegitimar la acción de la autoridad.”

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Después de casi treinta años de la perpetración de crímenes contra la vida, la integridad personal y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Ex General de la Policía, Edgar Vaca, fue detenido para ser procesado en el primer caso de Lesa Humanidad juzgado en Ecuador. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ve en este hecho, un haz de esperanza en la búsqueda de JUSTICIA por los atropellos cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero.

 

El caso en mención es de la detención y tortura de Susana Cajas y Luis Vaca, este último permaneció dos años como desaparecido mientras guardaba prisión en el entonces Batallón de Inteligencia Militar (BIM). Este es uno de los 118 casos registrados en el Informe de la Comisión de la Verdad entregado en 2010.

El caso del proyecto Mirador y el actual desplazamiento de la población de Tundayme, en Zamora Chinchipe

 

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El proyecto Mirador, actualmente desarrollado por la empresa “EcuaCorriente”, filial ecuatoriana de la empresa “Corriente-CRRC”, abarca una superficie de 9,320 hectáreas, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón el Pangui, en la parroquia Tundayme.

 

La presencia de la empresa EcuaCorriente ha provocado una serie de transformaciones en la población de Tundayme. Una de estas ha sido el traspaso de las tierras campesinas a manos de la empresa minera, generando el desplazamiento de decenas de familias, e incluso la desaparición del poblado denominado San Marcos.

 

EcuaCorriente ejecutó desde el año 2003, un plan de adquisición de tierras y reubicación de fincas, caracterizado por negociaciones individuales y bilaterales, causando descontento y conflictos entre vecinos. Este plan de adquisición de tierras generó además un proceso de especulación en los precios de las fincas y la intermediación de la compra para la re-venta posterior a la empresa.

 

A pesar de los graves efectos que el plan de adquisición de tierras significaba para los destinos de las familias de Tundayme, los sucesivos gobiernos no analizaron este plan, ni vigilaron la ejecución del mismo colocando a la población en una situación de desventaja frente a la empresa.

 

La propia empresa reconoció que este procedimiento de adquisición fue irregular. El Expediente de Negociación de Tierras Proyecto Mirador, del 28 de enero de 2010, elaborado por un exgerente de Relaciones Comunitarias de la empresa EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de tierra en USD 1.000, la empresa negoció a USD 400 la hectárea en unos casos y en otros a USD 3.000 la hectárea, provocando malestar entre las familias.

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En la tarde del miércoles, 22 de enero de 2014, una delegación de Huaorani de la Asociación Ome Gompote Kiwigimoni Huaorani (Ome Yasuní), entregó en la secretaría general de la Presidencia de la República una carta dirigida al Ejecutivo, solicitando un diálogo para exponer directamente la situación de estas familias y las familias Huaorani no contactados, pedir además que les reconoce su derecho de vivir de acuerdo a su cultura en lo que queda de su territorio ancestral en Yasuní.

 

Desde el inicio de las actividades petroleras en la zona, el territorio ancestral Huaorani se ha reducido considerablemente. Actualmente se están promoviendo nuevas actividades extractivas que amenazan con reducir aún más este territorio que es la vida de estas comunidades. Por esta razón piden que se respete su territorio ancestral y que este debe tener la extensión necesaria y suficiente para que estas comunidades puedan sobrevivir.

 

En el Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní conviven varias familias Huaorani contactados y no contactados, de los no contactados existen tres familias: tagaeri, taromenane y dubakaeri, y de los contactados están las comunidades de Ome Yasuní. Están también quienes viven en las periferias de la ZI, que ya dejaron de vivir como Huaorani de la selva, y que están apoyando la explotación petrolera. Si bien se respeta esta decisión, ellos piden que se respete también su decisión de vivir sin petroleras, libres en su territorio.

cruzrosacortadaHan pasado ocho meses desde que la profesora Flor Carmen Molina Palma, de 49 años, fuera asesinada sin que haya interés en investigar el caso. La familia clama justicia

 

El pasado 17 de abril de 2013, Flor fue asesinada en su departamento ubicado en el sector de La Ofelia, al norte de Quito. Fue encontrada por sus familiares dos días después en la bodega del lugar, envuelta en un edredón. El perpetrador sería un amigo de la familia que la pretendía y que le habría amenazado días atrás.

 

Los familiares de Flor Molina pusieron la denuncia en la fiscalía que le correspondió conocer a la Fiscal Mariana Wilcapi, se emitió una orden de captura contra el presunto agresor. En la Policía se asignó a un agente para las investigaciones, sin que cumpla con su función, ya que cuando los familiares preguntan porque no se busca al acusado, se encuentran con respuestas tales como: “no tengo patrulla” “si usted le ve llámeme para ir a capturarle”, cuando le piden que realice una investigación en redes sociales, responde que ellos lo hagan y le comuniquen para actuar.

 

Tampoco se han realizado pruebas técnicas que permitan determinar responsabilidades, la gestión se ha limitado a obtener la declaración del agresor, a quien no se le localiza desde el mismo día de la muerte de Flor, ni en sus números de teléfono, ni en el domicilio o lugar de trabajo.

35aniosAl unísono con el 65° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este año la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, cumple 35 años de trabajo dedicado a la búsqueda del reconocimiento y respeto de la dignidad y valor de los seres humanos. Esta coincidencia subraya aún más nuestro compromiso con el sentir de la Declaración, que ha guiado el camino hasta hoy recorrido.

 

Para nosotros las personas y los pueblos que sufren violaciones a los derechos humanos son y deben ser siempre el centro y el fin último de toda acción. En nuestro quehacer diario, siempre mantendremos el espíritu de la solidaridad, del ecumenismo, de colocarse al lado de los que están sufriendo a causa de la violación de sus derechos, como la principal responsabilidad, ética, política y democrática que la CEDHU la asumió hace más de tres décadas.

 

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Una breve mirada retrospectiva nos permite ver a la CEDHU como el colectivo que se creó, en mayo de 1978, dedicado a la defensa de la vida, la justicia, la concienciación y el respeto a la dignidad humana. El momento crucial para su fundación fue la masacre de 120 trabajadores del ingenio estatal Aztra, el 18 de octubre de 1977, en Cañar, por miembros de la policía al reprimir la huelga de los trabajadores que reclamaban sus derechos laborales. Se consideraba necesario poder contar con un espacio independiente capaz de denunciar abusos de poder y propiciar el conocimiento de los derechos de las personas, en respuesta al nivel de represión militar y política ejercida por el Estado ecuatoriano. Esta instancia ecuménica surgió por iniciativa de algunos miembros de iglesias progresistas, entre ellos el pastor de la iglesia luterana, Washington Padilla, primer Presidente de la CEDHU, y de sectores sociales.

 

El carácter social de las organizaciones que fundaron la CEDHU y su relación con los movimientos populares, determinó su trabajo y alianza con esos sectores: siempre estuvo estrechamente vinculada a los movimientos de los trabajadores, de los campesinos en su lucha por la tierra, al emergente movimiento indígena, a las comunidades eclesiales de base, al movimiento de mujeres.

 

La incorporación a la CEDHU (1981), de las hermanas de Maryknoll, Elsie Monge y Laura Glynn, impulsó un proceso de educación en derechos humanos y organización en su defensa. Se sustentó de las principales corrientes de pensamiento renovador de esa época: la Teología de la Liberación y los postulados y metodología de Paulo Freire.

BOLETÍN

 

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Al conmemorarse 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDHU, difunde el presente informe que muestra un panorama de la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de este año.

 

En base a las denuncias registradas por la CEHU entre enero y octubre de 2013, se muestran las violaciones al derecho a la vida, integridad personal, situación de las personas privadas de la libertad, así como los derechos a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la salud y educación.

 

Respecto al derecho a la vida es preocupante ver cómo de los casos registrados, el 89% se trata de femicidios, siendo Pichincha la provincia con mayor incidencia. El resto de casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia. Al tratarse del derecho a la integridad personal podemos encontrar que 131 personas fueron víctimas de agresiones físicas y 15 sufrieron tortura. 

MANIFIESTO PÚBLICO

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), como miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ante el cierre de la Fundación Pachamama, de Quito, Ecuador, llevado a efecto el pasado 4 de diciembre de 2013, manifestamos lo siguiente:

 

1.    La Fundación PACHAMAMA fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 52 del 6 de noviembre de 1997, para fomentar la preservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural del Ecuador, fortaleciendo las capacidades de las comunidades locales para un manejo de su territorio orientado al Buen Vivir, el desarrollo de alternativas productivas sostenibles y el cumplimiento pleno de los derechos de la naturaleza y de los colectivos.

 

Las actividades cotidianas de la Fundación Pachamama se han dado en el marco de la protección de ecosistemas amenazados y la protección de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas para promover una relación armónica entre los individuos, las comunidades y la naturaleza, en el marco de una sociedad plurinacional orientada al Sumak Kawsay y respetuosa de los derechos de la Madre Tierra o Pachamama, siempre en coordinación con las comunidades que demandan el respeto a sus territorios y su forma de vida.

 

2.    Las actividades de la Fundación Pachamama se enmarcan en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, aprobada por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por el Ecuador.  El Artículo 6 de esta Declaración afirma:

 

Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras a:

a)    A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;

b)    Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

c)    A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.

 

NOMASVIOLENCIA

 

Durante el año 2013, solo hasta el mes de octubre, la Cedhu identificó 47 casos de femicidios1. El término se refiere al asesinato de una mujer por serlo, se trata de un crimen de odio que va más allá de quien lo perpetra, sea la pareja sentimental, un pariente o un perfecto extraño, y es fruto de la violencia machista que nos afecta a todos y todas. En este sentido el Código Orgánico Integral Penal que está por aprobarse, tipificó este delito en su Art. 141, condenando a los perpetradores hasta 26 años de prisión.

 

Años atrás se puso en discusión la problemática del femicidio y representó toda una lucha de colectivo de mujeres y de derechos humanos para que se comprenda el alcance de éste. Es frecuente escuchar que el término discrimina los delitos contra la vida de los hombres, o que su honra estaba por encima de la vida de una mujer, de esta manera se justificaron años de impunidad para estos crímenes. Según se informó, los administradores de Justicia serán capacitados antes de la aplicación del nuevo código, lo cual es necesario para evitar la emisión de juicios de valor en contra de las víctimas.

 

Los casos reportados no solo dan cuenta de la vigencia de la problemática, sino que son cada vez más crueles en las acciones que culminan en la muerte de una mujer, los cuerpos de las víctimas aparecen torturados, mutilados y con signos de violencia sexual. ¿Las razones? A menudo los agresores afirman que lo hicieron por celos, porque la mujer quería terminar la relación, e incluso porque se negó a iniciarla. Cuando en realidad no existe razón alguna que lo justifique.

Libro Horizontes DH 2012La compilación de artículos que a lo largo del año 2012 dieron cuenta de las situación de los derechos humanos en el Ecuador, elaborados por organizaciones de la sociedad civil, docentes, activistas y entidades del Estado que trabajan en este campo, y que caracterizó el informe anual del Programa Andino de Derechos Humanos, regresa en una nueva publicación de la Universidad Andina titulada Horizonte de los Derechos Humanos, Ecuador 2012.

 

La obra expone y analiza temáticas relevantes del año en mención como son, la reforma a la administración de justicia, la caracterización de la conflictividad, casos graves de violación a los derechos humanos, los estados de excepción, la política petrolera y las nuevas concesiones, extractivismo minero, la participación ciudadana, movilidad humana, entre otros. De igual manera se detallan casos como el de Los diez de Luluncoto, sentencia contra Diario La Hora y el caso Assange.

 

La publicación se plantea aportar con la construcción de un Estado y sociedad basados en el respeto, garantía, protección y el desarrollo progresivo de los derechos humanos.

 

Este documento está disponible para su descarga libre a continuación:

icon Horizontes de los derechos humanos Ecuador 2012 (3.12 MB)

InformeDH2012El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), de la Universidad Simón Bolívar realiza este informe anual desde 2009, compilando artículos varios de organizaciones de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado.

 

La edición del 2012 fue observada por una comisión internacional del Consejo Superior, conformada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros de Perú y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider de Colombia. El PADH acogió sus observaciones, por lo que en esta ocasión el informe presenta un balance de la situación de los derechos humanos, la compilación de artículos se dejó para otra publicación.

 

El presente informe mantiene el principio de la integralidad de los derechos humanos, la articulación de la información del ámbito normativo, del diseño y funcionamiento institucional y de la política pública, la perspectiva comparada, la priorización de temas cruciales para la vigencia de los derechos humanos en los ámbitos de justicia, seguridad y ambiente, la incorporación de otros temas relevantes, y la recopilación de la producción en materia de derechos humanos del año.

 

Ponemos a su disposición el Informe de Derechos Humanos, Ecuador 2012, del PADH, para descarga libre a continuación:

icon Informe sobre Derechos Humanos Ecuador 2012, PADH (1.18 MB)

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El pasado martes 8 de octubre de 2013 a las 16h43, cuatro miembros de la Policía Nacional y un civil, trabajador de la empresa Hidrotambo, portando machetes (arma blanca) y con una videograbadora, ingresaron de manera violenta a la casa del comunero y dirigente social Manuel Trujillo, donde profirieron amenazas de muerte contra su persona y su hijo, e intentaron agredirlos físicamente, lo que fue impedido por su esposa y por vecinos que acudieron en su ayuda.

 

Durante el hecho, se encontraban en la casa, además de Don Manuel, su hijo, su esposa y una nieta de casi dos años de edad. De los cuatro gendarmes se pudo indentificar al policía Juan Carlos Aguilar, quien habría entrado a la casa golpeando el machete contra el piso1, apuntó con el dedo al hijo del Sr. Trujillo y luego a él, diciendo:

 

"hijue puta a vos yo tengo que mandarte preso, tengo que hacerte que te vayas preso. A vos (en referencia a Manuel Trujillo) hijueputa lo que tengo es que matarte, tengo que matarte cualquier día, porque tu le denunciaste a mi mayor Albán y por tu culpa mi mayor Albán está en problemas, por eso a vos hijue puta, tengo que matarte" "Ahora también salgan, ahora también lancen piedras"

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El proceso de 18 años de resistencia de las familias campesinas inteñas ante la minería a gran escala, se inscribe en una paradigmática construcción de propuestas alternativas que comprenden una amplia gama de actividades productivas y de conservación ecológica, llevados adelante por diversos colectivos campesinos cuyos derechos están garantizados por el régimen del “buen vivir” consignado en la Constitución de la República.

Respecto al incidente del pasado 14 de septiembre ocurrido en Junín zona de Íntag, cantón Cotacachi, debido a que comuneros/as del lugar impidieran pacíficamente el ingreso de técnicos de la ENAMI; así como en relación a la tergiversación de este incidente por parte del Diario El Telégrafo de 16 de septiembre y por parte del Presidente de la República en su enlace sabatino N° 341 del 28 de septiembre, que luego fueran recogidas por la Agencia “Andes” y el periódico “El Ciudadano”,  la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) manifiesta lo siguiente:

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CUATRO REDES INTERNACIONALES DE DD.HH. EXAMINAN

DESALOJOS FORZOSOS EN GUAYAQUIL 

 

El 25 y 26 de septiembre se desarrollará la Misión Internacional de Verificación MIV sobre el Derecho a la Vivienda en Guayaquil. Se encuentra integrada por representantes de cuatro redes de Derechos Humanos de cobertura regional y mundial. Los comisionados entrevistarán a población de sectores de Monte Sinaí, Nueva Prosperina e Isla Trinitara. Además tienen previsto  reunirse con la gobernadora provincial, funcionarios municipales, dirigentes sociales y académicos. 
Al finalizar su visita que incluye recorridos por tres sectores que han sido: desalojados y amenazados con desalojos, la MIV emitirá un informe final de recomendaciones sobre esta problemática que afecta a cientos de familias en Guayaquil.

El propósito de la MIV es recoger información directa y contrastada sobre la protección del Derecho Humano a la Vivienda en la ciudad de Guayaquil, promover el respeto a las normas y los estándares internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que estarían afectados en la ciudad de Guayaquil por operaciones de desalojos masivos y finalmente conmemorar el Día Mundial del Hábitat que se celebra el lunes 7 de octubre, en virtud de la resolución 40/202, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1985.

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En la travesía del camino de la defensa de los derechos humanos, como opción de vida, con frecuencia se topa con diversos obstáculos que los recursos del poder los pone al paso. Es allí donde la grandeza de la solidaridad nos da su encuentro y brilla con más fuerza.

 

Así, en ese diario trajinar, junto a las víctimas, familiares o amigos que han sufrido atropellos a fundamentales derechos y en diversos ámbitos: cárceles, barrios populares, sectores estudiantiles, medios laborales, marchas indígenas, mítines, peñas, teatros o plazas públicas, Jaime Guevara con la guitarra y con el verso, lucha y canta.

 

Detrás de cada canción suya hay una historia cuya temática principal son los conflictos sociales, la tragedia de los desaparecidos o muertos a manos del autoritarismo, las tropelías y mentiras del poder o la tristeza que conlleva la migración de cientos de miles de ecuatorianos. También, en el aire flota su repertorio de ternura y amor.

 

BOLETíN DE PRENSA

 

TRIBUNAL

 

En el Salón del Ex-Senado de la Asamblea Nacional se desarrolló el pasado día miércoles, 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Ético por la Justicia con la finalidad de realizar un análisis jurídico de las sentencias por sabotaje, terrorismo, rebelión y otros, dictadas contra 40 perseguidos políticos del régimen.

 

Participaron como jueces: Hna. Elsie Monge, Dr. Julio César Trujillo y Dr. Raúl Moscoso. En calidad de fiscal actuó el Dr. Ramiro Ávila Santamaría y como perito el Dr. Ramiro García. Cinco de las personas enjuiciadas por el Gobierno se presentaron a rendir su versión:

 

Mery Zamora, sentenciada a ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo; el asambleísta José Acacho acompañado de Pedro Mashiant, ambos condenados a 12 años de prisión por terrorismo organizado; Cristina Campaña, una de las sentenciadas en el caso de los "10 de Luluncoto" por el delito de tentativa de actos de terrorismo, Paúl Jácome, una de las 7 personas de la Universidad de Cotopaxi sentenciadas a un año de prisión por realizar una marcha por reducción del presupuesto de la universidad y Rosaura Bastidas, profesora de La Concordia sobre quien pesa un proceso penal por terrorismo contra funcionarios públicos.

 

El perito Ramiro García en su ponencia señaló que los tipos penales utilizados son desproporcionados a los hechos imputados y a su vez las pruebas no evidencian el delito inculpado. Manifestó también la falta de independencia judicial, ya que los juicios de valor emitidos por el Ejecutivo en muchos casos motivan la actuación de los funcionarios judiciales inobservando las garantías constitucionales. García advierte que en el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal se está magnificando la penalización de la protesta social.

jaimeplaza300“En honor a la verdad” es la línea previa a la firma del Mayor de Inteligencia Militar Marco Montenegro, en el parte levantado posterior al encuentro entre el cantante popular Jaime “El Chamo” Guevara y el Presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 29 de agosto.

 

El contenido del parte describe que del cantautor quiteño “emanaba un fuerte olor a alcohol y denotaba claramente su elevado estado etílico, su mirada perdida, sin vocalizar sus palabras, dificultad para expresarse y para mantener el equilibrio”.

 

Jaime Guevara es conocido en la ciudad de Quito, por su música popular, por su vinculación a las luchas sociales, a la defensa de los derechos humanos y por no someterse a ningún tipo de poder, en coherencia a su ideología anarquista. De igual manera, se le conoce por su rechazo absoluto al consumo de cualquier bebida alcohólica o producto estupefaciente.

 

La Cedhu denuncia la emisión de un PARTE FALSO, cuyo contenido fue repetido sin matices en el último enlace sabatino por el Presidente de la República, por lo cual debe haber una rectificación pública.

 

Nos solidarizamos con el cantautor Jaime Guevara y rechazamos las injurias emitidas en su contra.

 

 

Adjunto parte policial

icon Parte del Myr. Marco Montenegro del 29 de agosto de 2013 (167.12 kB)

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas

 

Los procesos de colonización a través de la historia, pretendieron arrebatar el territorio ancestral indígena, desplazar a sus ocupantes y muchas veces, reducirlos hasta su exterminio en nombre del progreso. A pesar de que mundialmente se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas y que son visibilizados políticamente, continúan como blanco de criminalización y vulneración de sus derechos.

 

Ecuador cuenta con un marco jurídico garantista de los derechos humanos y en específico de los pueblos y nacionalidades indígenas. Instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exhorta a los Estados a respetar los derechos de la población indígena a la autodeterminación. Es decir, hacer uso y provecho de su territorio ancestral, de sus formas de gobierno y sabiduría, además de la obligación de consultarles sobre leyes y proyectos que los afecte.

 

Los pueblos indígenas fueron los más golpeados durante siglos de dominación extranjera y la segregación étnica post-independentista, que dejó a su población en la pobreza extrema por varios años más. La lucha del movimiento indígena nacional promovió el respeto a sus derechos, su visibilización política y su reconocimiento como bastión de movilización y protesta.

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Mañana se realiza la audiencia de juzgamiento contra los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico, por el delito de rebelión. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, expresa su preocupación, ya que se haya llamado a los estudiantes a probar que no son culpables, lo cual vulnera su derecho a la presunción de inocencia garantizado en la Constitución y tratados internacionales.

 

Miramos con desconcierto que la Fiscalía haya acusado sin que se cumplan con los parámetros señalados en la legislación procesal penal. En un proceso penal el Estado a través del Fiscal debe demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados, en el caso no hay prueba de concierto previo y como dice el parte policial los chicos fueron encontrados sin armas, por lo cual no se configura el tipo penal acusado por la fiscalía.

 

En torno a la responsabilidad, ésta se demuestra a través de pruebas materiales, documentales y testimoniales que permitan individualizar la participación del acusado en el delito investigado, en el caso no hay una sola prueba que identifique que los acusados son quienes participaron en las acciones violentas que se dieron durante la protesta estudiantil. Como dice el parte policial en el lugar habían alrededor de 600 estudiantes y fueron detenidos quienes no pudieron escapar de la persecución policial

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París, Quito, Ottawa, 25 de julio de 2013. Hoy, la FIDH, su organización miembro en Ecuador, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas, afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, han presentado una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto canadiense bajo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

 

La empresa ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) ostenta el primer contrato para la explotación minera a gran escala en Ecuador. El consorcio chino CRCC-Tongguan adquirió ECSA y todos los activos de la empresa canadiense Corriente Resources en 2010, y aún mantiene dos filiales en Canadá, justificando la presentación de la queja en Ottawa.

 

El Proyecto Mirador puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras, destacó Elsie Monge, Directora Ejecutiva de CEDHU y Vicepresidenta de la FIDH.La Constitución ecuatoriana, que protege los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, debe ser respetada.

 

En 2011, FIDH y CEDHU publicaron un informe denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza, que este proyecto empezaba a generar, aún antes de su desarrollo. Tras varios intentos de acceder a la justicia en Ecuador y ante las inminentes y graves consecuencias de la ejecución del Proyecto para las personas y la naturaleza, éstas se ven obligadas a llevar esta queja a Canadá.

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18 de julio, la fecha de nacimiento de Nelson Mandela, es un día de celebración mundial. En Sudáfrica los jóvenes se proponen a realizar buenas obras y se programan festejos en honor al figura de quien eliminó el apartheid de su tierra y envió al mundo entero el mensaje que el color de nuestra piel no nos impedía trabajar juntos.

 

El legado de Nelson Mandela al mundo es la posibilidad de revertir drásticamente las condiciones de su pueblo de manera pacífica, lo que no fue sencillo. El régimen apartheid en el que vivía la entonces, Unión Sudafricana, eliminó la mayoría de los derechos civiles a la población negra, como el estudio, la libre movilidad, entre otros, mientras la población europea gozaba de privilegios.  

 

Nelson Mandela  estudió derecho, formó parte del Congreso Nacional Africano, movimiento social que luchaba contra la opresión de los negros de Sudáfrica, de corte nacionalista, antirracista y antiimperialista.  A pesar de promover protestas pacíficas, sufrieron cruentas represiones que a muchos les costó la vida y la cárcel para varios dirigentes.

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La muerte del profesor Bosco Wisuma ocurrió durante la represión policial a las protestas contra la Ley de Aguas, que llevó a cabo la comunidad indígena shuar en Macas, provincia de Morona Santiago, el 30 de septiembre de 2009.

 

Las manifestaciones de protesta son un derecho consagrado en la Constitución nacional, son legítimas por cuanto responden a una falta de diálogo y consulta previa a la que tienen derecho las comunidades, sobre leyes y disposiciones que les afecta directamente. El uso del tipo penal es desproporcionado e incoherente con los hechos ocurridos en aquella ocasión.

 

Por otra parte, la redacción de los tipos penales referentes al terrorismo y atentado a la seguridad del Estado adolecen de ambigüedades que dejan al criterio de los jueces la interpretación de los mismos. Así, el ejercicio de derechos fundamentales como la libre asociación, libertad de expresión y participación terminan juzgados como actos de terrorismo.

La Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha, CODECONO, difundió las resoluciones obtenidas durante la asamblea pública auto convocada “Por la Vida no al Minería”, realizada el día 10 de junio de 2013. A la que asistieron alrededor de 300  moradores y representantes de los GAD Parroquiales de Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, los barrios, comunidades y representantes de los diferentes sectores productivos de la zona.

 

RESOLUCIONES:


1. Nos reconocemos como habitantes de un territorio sano, con producción agro-diversa orgánica, pluricultural, mega-diverso, en donde la prioridad para nuestro territorio es la conservación del agua, los suelos productivos, los bosques y las formas de vida campesina de nuestras comunidades, por lo tanto nos declaramos en resistencia y vigilia frente a los proyectos mineros pensados para la zona.

 

2. Somos parte de un estado que reconoce los derechos de la naturaleza, por lo tanto nos vemos deseosos de seguir desarrollando alternativas productivas sustentables.

 

 

El 2 de enero de 2013, Luis Chinlli Tenelema, alumno de la Escuela "Sgtop. José Emilio Castillo Solís" fue castigado con ejercicios físicos forzados y obligado a tomar más de doce litros de agua. Posteriormente fue trasladado al Hospital de la Policía Nº 1 y en la actualidad permanece en estado vegetativo.

 

Estos hechos fueron narrados por el alumno Chinlli, antes de que su estado de salud empeore. El 07 de octubre de 2012, el joven de 21 años ingresó como aspirante idóneo a la Escuela de Formación de Policías "Sgop. José Emilio Castillo Solís". Cumplió satisfactoriamente con los requisitos de ingreso, sin presentar ningún problema de salud. No obstante, el día miércoles 02 de enero de 2013, a las 15H00 aproximadamente, un capitán instructor del centro de formación castigó a Luis sometiéndolo por varias horas a ejercicios físicos y le obligó a tomar más de doce litros de agua. Al día siguiente, la madre de Luis recibió una llamada de la Escuela de Formación, donde le comunicaron que su hijo fue llevado al Hospital de la Policía.

TORTURA                                                                                                                                          fuente: fuerza.com.mx
 

Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano.Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aberrantes que los seres humanos cometen contra sus semejantes.La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aún si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura.

 

La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad. El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con miras a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.La Convención entró en vigencia el 26 de junio de de 1987.

refugiado 

 

Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados y queremos reflexionar sobre una realidad que nos toca muy de cerca: Ecuador es el país latinoamericano con mayor número de personas refugiadas. Las últimas estimaciones hablan de 56.0001, pertenecientes a 70 nacionalidades distintas, aunque en su inmensa mayoría, el 98%, provienen del país vecino, Colombia2.

 

¿Qué significa ser un/a refugiado/a?

 

Un/a refugiado/a es una persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de su país3

Las personas refugiadas se han visto obligadas a huir, a salir de su casa, de su modo de vida, de su país. ¿Se ha planteado alguna vez lo que puede significar eso?

 

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Imagen: Banksy
 

A lo largo de las últimas semanas, han sido varias las informaciones institucionales en las que se exponía la necesidad de que el sector ganadero vuelva a poder portar armas de fuego para hacer frente a la la delincuencia a las que se ven expuestos cotidianamente. Según la Agencia ANDES:

 

Luego de una serie de diálogos, el Gobierno -consciente de las pérdidas que reportaban los ganaderos- hizo una excepción al Decreto y permitió, que este sector vuelva a portar armas, pero cumpliendo estrictos procesos legales y de idoneidad coordinados con las autoridades, FF.AA., Policía y asociaciones debidamente registradas.1

 

Ante esta situación, nos sentimos en la obligación de reflexionar acerca de los usos aceptados de la violencia, y de nuestras respuestas como sociedad democrática.

 

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En los últimos días, se han hecho públicas las declaraciones de Zulema Constante, una chica lesbiana internada contra su voluntad en una “clínica para curar la homosexualidad". Dicho centro es denominado de “recuperación femenina” y en él se llevan a cabo todo tipo de supuestas terapias (que incluyen maltrato físico y psicológico, según la experiencia de las propias chicas)1 para “corregir desviaciones sexuales”.

 

Han sido numerosas las denuncias públicas por parte de distintas organizaciones LGTBI y de Derechos Humanos en los últimos años por la existencia de estos centros. En pleno Siglo XXI, en una sociedad democrática, es intolerable que desde las instituciones no se actúe de forma urgente para clausurar establecimientos de estas características, en las que los Derechos Humanos son vulnerados de manera sistemática.

 

La Constitución Ecuatoriana reconoce que ninguna persona podrá ser discriminada por razones de orientación sexual, y a pesar de eso, no existe una regulación estricta que evite que sucedan casos como el de Zulema, apartada por la fuerza de su pareja, y recluida en un centro sin categoría clínica.

 

 

derrame

 

Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, queremos reflexionar sobre las nefastas consecuencias de actividades que, generadas en nombre del "progreso", están vulnerando los Derechos de la Naturaleza (recogidos en nuestra Constitución)  y Derechos Humanos fundamentales de todas aquellas poblaciones, ecuatorianas y peruanas, directamente afectadas por el derrame de petróleo en Ecuador.

 

El pasado viernes día 31, tras las fuertes lluvias sucedidas en la zona de la alta Amazonía, en el sector del volcán el Reventador, un deslizamiento de tierra provocó la rotura de una tubería del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) que transportaba el crudo. Las consecuencias: un derrame de petróleo de tal magnitud que ha provocado la contaminación irremediable de los ríos Coca y Napo, traspasando la frontera nacional, y llegando a Perú.

 

Según el director de Gestión de Riesgos del Municipio de Puerto Francisco de Orellana, sólo en el río Coca, la mancha ocasionada por el crudo tiene 60 kilómetros de longitud. Pero se calcula que en total llega a los 240.1

 

Prisión preventiva para los dos policías acusados por el primer caso abierto de la Comisión de la Verdad. Uno de ellos, Luís Antonio N. no se presentó, por lo que se ordenó su localización y detención.

 

La mañana de hoy, 30 de mayo, a las 9.00H, dio comienzo en el Juzgado Primero de Garantías Penales de Pichincha la audiencia de formulación de cargos por el primer caso abierto dentro de la Comisión de la Verdad. Se trata del Caso José Luís Lema y otros, por  hechos ocurridos en la ciudad de Quito, el 18 de septiembre de 1998.

 

Tras la exposición del Fiscal y los abogados de cada parte, el juez Juan Andrés Salas dio por iniciada la instrucción fiscal de 90 días en contra de los policías en servicio pasivo, Luis Antonio N. y Segundo Pedro U. Los cargos de los que les acusa: detención arbitraria e ilegal y tortura, ordenándose su prisión preventiva

 

Los antecedentes: Washington Bolaños, José Luís Lema y Edwin Pungil fueron detenidos sin orden judicial el 18 de septiembre de 1998  y trasladados a la Oficina de Investigación del Delito (hoy Policía Judicial) en que permanecieron hasta el 19 de septiembre del mismo año,  donde supuestamente se les torturó y obligó a firmar una declaración de culpabilidad por , el robo y asesinato de Flavio Melo Pantoja.

 

guantanamo


Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, preocupados por la alarmante situación que viven los presos en Guantánamo, apoyamos y difundimos el pronunciamiento que desde la ONU, conjuntamente con la CIDH y otras organizaciones pro Derechos Humanos, han puesto en marcha. Recordemos el contexto actual de la masiva huelga de hambre que están llevando a cabo los presos, y la alimentación forzada y la violencia a la que están siendo enfrentados. Las exigencias a las autoridades competentes son las siguientes: 


1. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra naturaleza, necesarias para disponer el juzgamiento en pleno respeto del derecho al debido proceso de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo o en su caso disponer su liberación inmediata o su traslado a un tercer país de conformidad con el derecho internacional.


2. Agilizar el proceso de liberación y traslado de aquellos detenidos que han sido certificados por el propio Gobierno para ser liberados.


3. Conducir una investigación seria, independiente e imparcial de los actos de alimentación forzada de internos en huelga de hambre y de la alegada violencia empleada en estos procedimientos.


4. Permitir que la CIDH y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  tal como el Grupo de Trabajo y los Relatores Especiales de ONU, realicen visitas de monitoreo al centro de detención de Guantánamo en condiciones tales que se les permita recorrer libremente las instalaciones y entrevistarse libre y privadamente con los prisioneros.


5. Adoptar pasos concretos y decididos dirigidos a clausurar definitivamente el centro de detención de la Base Naval de Guantánamo; en este sentido, se insta al Gobierno a manifestar con claridad y de manera inequívoca qué medidas específicas estará implementando con este fin.
 

¿Qué puedes hacer tú?

 

Apoya la Campaña de Amnistía Internacional USA por el cierre de Guantánamo AQUÍ  - Inglés-


 

 

Pronunciamiento desde los y las antropólogos/as y comunidad comprometida firmantes en el documento sobre la Problemática de los Pueblos Aislados en el Ecuador

 

Antecedentes

 

Los  recientes  acontecimientos  de  muerte  y  venganza  suscitados,  entre  los  Waorani (nacionalidad amazónica de reciente contacto) y los Tageiri- Taromenani (pueblos indígenas en  situación  de  aislamiento  o  aislados),  entre  los  meses  de  marzo  y  abril  de  2013  nos interpelan  y  convocan  como  ciudadanos/as  a  una  profunda  reflexión  y  a  adoptar  un posicionamiento sobre el tema.

 

Desde  el  campo  de  la  ética,  no  podemos  dejar  de  posicionarnos  cuando  se  trata  de  una situación compleja, que afecta a pueblos indígenas en la Amazonía y que nos hace recordar situaciones  similares  de exterminio  y  pérdida cultural acaecidas a lo largo  del  proceso  de avance del desarrollo y de articulación al mercado y la globalización.

 

Consideramos  que  la  reciente  muerte  de  los  ancianos  waorani  Ompore  y  Buganey  de la  comunidad  de  Yarentaro,  en  el  bloque  16  situado  en la  provincia  de  Orellana  y  de la matanza  de  un  clan taromenani  efectuada  posiblemente  por miembros  de la  nacionalidad waorani,  ubicadas  unas  dentro  del  Parque  Nacional  Yasuní  y  otras  en  sus  límites,  y asentadas dentro del territorio waorani deben ser investigadas con la celeridad e idoneidad que la situación requiere.

 

Es  preciso  que  el  Estado  realice  una  investigación  pericial  que  determine  y  logre brindar  una  comprensión  profunda  de  los  factores  internos  a  la  dinámica  waorani,  a  la relación  waorani-taromenani  y  con  otras  familias  o  grupos  aislados  que  llevaron  al  fatal desenlace  y  pérdidas  humanas.  Para  ello  es  menester  visualizar  la  condición  de  alta vulnerabilidad  que  tienen  los  grupos  aislados  tageiri-taromenani  y  otros,  para  lo  que  el Estado debe garantizarles una protección efectiva que precautele su derecho a la vida y a la autodeterminación.

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El pasado sábado 11 de mayo se hizo pública la noticia: el militar Ríos Montt era declarado culpable por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Fue acusado por la Fiscalía del asesinato de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército durante los 15 meses que gobernó de facto Guatemala.

 

Hace a penas dos semanas, desde la FIDH, 25 organizaciones de Derechos Humanos (incluída la CEDHU) vieron la necesidad de dirigirse a la Corte Constitucional de Guatemala, ya que el juicio en el que estaba siendo juzgado el exdictador, había sido paralizado. Desde el escrito, se instaba a valores que defendemos como base de una sociedad madura: la responsabilidad, la imparcialidad y la justicia ante las víctimas, acabando así con la impunidad.

 

Son treinta años de espera para las víctimas del genocidio y de delitos de lesa-humanidad contra el pueblo Ixil, cometidos durante los años de 1982 y 1983. Frente a los cuales las autoridades judiciales guatemaltecas tienen la responsabilidad mayor de actuar con absoluta independencia e imparcialidad y en aras de luchar contra la impunidad.1

 

Quizá por la repercusión internacional que tuvo la paralización del proceso y las presiones ejercidas desde las organizaciones y colectivos por los derechos humanos, el juicio fue reanudado a los pocos días. Éste ha concluido con la condena de Ríos Montt a una pena de 80 años de prisión. No obstante, dicha sentencia no culmina el proceso, ya que hay posibilidad de poner en marcha recursos de apelación que los propios abogados anunciaron elevarían a instancias superiores.


 
Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos queremos reflexionar sobre la importancia de lo ocurrido, más allá de posibles apelaciones. El hecho de haber podido llevar a la justicia un caso de tal magnitud, de juzgar a un exdictador por delitos tan graves como genocidio,  y no sólo eso, sino que éste sea declarado culpable, es un acontecimiento insólito que rara vez ha llegado a producirse en el ámbito internacional. Es por ello que lo consideramos una buena noticia, un hecho que evidencia un paso más hacia sociedades más justas y responsables, encaminadas a luchar contra impunidad.

 

 

 Compartimos boletín del Colectivo por la Defensa de la Cordillera del Cóndor sobre la Acción de Protección ante el Proyecto Minero Mirador

 

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En la tarde de ayer, jueves 9 de Mayo, se desarrolló la Audiencia por la Apelación dentro de la Acción de Protección de los Derechos de la Naturaleza. Desde el Colectivo por la Defensa de la Cordillera del Cóndor solicitamos la paralización del Proyecto Minero Mirador por los riesgos que supone para la zona en la que se pretende poner en marcha, la provincia Amazónica de Zamora Chinchipe, en plena Cordillera del Cóndor.

 

 La Audiencia se desarrolló en la Corte Provincial de Pichincha, en la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales, y la Jueza encargada otorgó tan sólo 15 minutos para exponer los argumentos de cada una de las partes.

 

Quince minutos para presentar todos y cada uno de los argumentos que sostienen nuestra petición. Quince minutos para describir que la Cordillera del Cóndor es una de las zonas más biodiversas del planeta. Quince minutos para enumerar la cantidad de especies que corren peligro de desaparecer; para analizar los muy probables riesgos de contaminación de fuentes de agua, y los estudios insuficientes que se han realizado para prever dichos impactos. Quince minutos para explicarles que los ciclos de vida están amenazados, y todo ello, desde la voz de los expertos. Quince minutos para alegar que el propio estudio de impacto ambiental de la empresa sostiene que existen ese tipo de riesgos, y que la única garantía que aportan es de 2 millones de dólares, frente a los 568 millones que expertos independientes estiman necesario para la rehabilitación y cierre de la mina. Quince minutos para defender que los derechos de la Naturaleza no se limitan a los espacios protegidos y que los Estados deben actuar basados en el Principio de Prevención.

 

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Las familias de las personas desaparecidas se resisten a olvidar, se resisten a borrar a los seres queridos de sus vidas. Es por ello que exigen al Estado su intervención para encontrarles.


"1.091 denuncias de desapariciones en los últimos 15 meses.
863 denuncias por desapariciones en el 2012, de las que:
341 personas encontradas, 89 salieron de forma voluntaria de su hogar,
206 no aparecen y 19 fueron encontradas muertas" 1
 

 

Son algunas de las cifras oficiales. Pero ellos y ellas no son cifras. No son cifras las personas que no volvieron a casa. No son cifras las familias que se quedaron esperando. No son cifras los trámites policiales sin resultado. No son cifras la soledad y la desesperación. No son cifras las vidas pausadas, paradas, rotas.

 

Como sociedad exijamos un seguimiento total, desde la denuncia hasta el esclarecimiento de cada uno de los casos. No seamos indiferentes.
Reaccionemos.

 

Carta abierta a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

 

La FIDH y más de 25 ONGs de derechos humanos de la mayoría de los países americanos se dirigen a los miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, para que en sus decisiones sobre los recursos interpuestos en el contexto del proceso que se sigue contra el general Ríos Montt por crímenes de genocidio y lesa-humanidad, se salvaguarden los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
Son treinta años de espera para las víctimas del genocidio y de delitos de lesa-humanidad contra el pueblo Ixil, cometidos durante los años de 1982 y 1983. Frente a los cuales las autoridades judiciales guatemaltecas tienen la responsabilidad mayor de actuar con absoluta independencia e imparcialidad y en aras de luchar contra la impunidad.

 

La FIDH deplora este nuevo intento por entorpecer y anular el proceso. Sin más defensa que una estrategia dilatoria, los abogados del General Ríos Montt y su de su ex-jefe de inteligencia militar Mauricio Rodriguez Sanchez, han interpuesto más de cien recursos para evitar que se haga justicia.

 

El uso abusivo de recursos de apelación y amparo ha sido una de las serias falencias del sistema de justicia guatemalteco, que ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han denunciado la permisividad de los jueces respecto del uso malicioso del amparo y otros recursos legales como estrategia dilatoria de los procesos.

 

En ese sentido, los jueces tienen la obligación de actuar como verdaderos rectores del proceso y no servir, como espectadores pasivos, de las estrategias dilatorias de las partes. Como garantes de la ley, la judicatura debe evitar que el abuso de la misma favorezca la impunidad por crímenes internacionales.

 

 

 

ECUA

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos celebra la designación de Carlos Pérez como nuevo dirigente de Ecuarunari. El próximo 3 de mayo, el consejo de Gobierno de la Ecuarunari, asumirá oficialmente sus funciones, y en principio, lo hará por dos años, hasta el 2015.

 

Carlos Pérez, defensor del agua criminalizado, nos habla desde la resistencia, desde la necesidad de un acercamiento a las bases, desde la fortaleza y persistencia que precisa la defensa por los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Quizá lo más importante, nos habla desde su experiencia, desde un camino recorrido, con la mirada hacia adelante: el nuevo camino por recorrer.

 

Con la concienciación.

Con la educación.

Con la rebeldía,

los pueblos aspiramos a que nos quitemos las vendas de los ojos,

que realmente seamos libres, física y mentalmente.”

 

 

Carlos Pérez

 

 

 

La defensa por nuestros derechos, continúa.

 

 

Esta mañana, a través de un vídeo testimonial presentado a los medios de comunicación, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), visibilizó algunos casos de DESPLAZAMIENTOS Y CRIMINALIZACIÓN, ocurridos en el marco de proyectos de desarrollo.

 

Instamos a las instituciones del Estado pertinentes, a tomar medidas para restituir los derechos y condiciones de vida de las y los pobladores desplazada/os, y a prevenir futuros casos en los que las tierras campesinas e indígenas puedan afectarse por la implementación de mega-proyectos de desarrollo. De la protección al derecho a la tierra depende el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo digno y el derecho a la cultura.

 

I) Desplazamiento por Proyectos de Desarrollo:

 

Los Principios Rectores describen como desplazado/a a cualquier persona que se vea obligada a dejar su residencia habitual, independientemente de si el desplazamiento es ilegal o no.” 1

 

Principio Rector 9: Las autoridades deben prestar especial atención a la protección contra el desplazamiento de los pueblos indígenas, las minorías, los pastores, los campesinos y otros con dependencia especial de sus tierras. 2

 

"El núcleo del problema es que los desplazados por proyectos de desarrollo son vistos como un sacrificio necesario para el desarrollo. La perspectiva dominante es que los aspectos positivos de los proyectos de desarrollo, el interés público, superan los negativos, el desplazamiento o el sacrificio de unos pocos." 3

 

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El Agua para la Salud, un Derecho Humano

 

 

 

La destrucción de los recursos hídricos superficiales
y de los bosques de las cuencas de captación y los acuíferos,
es también una forma de terrorismo.
Vandana Shiva (2003)

 

 

 

Algo es innegable, el agua es vida: se trata de uno de los pilares más importantes para una buena salud. En un contexto nacional que apuesta por el extractivismo como motor de "desarrollo", desde la CEDHU, queremos lanzar una reflexión al respecto: A través de éstas estrategias puestas en marcha en el país, ¿se está garantizando el Derecho Humano al Agua para la Salud en aquellas zonas afectadas por este tipo de proyectos?

 

La propia Constitución Ecuatoriana, "en coherencia con la función del agua en la preservación y reproducción de la vida humana (alimento insustituible, elemento esencial de salud e higiene básicas), el agua es considerada patrimonio nacional estratégico de uso público, estableciendo el deber del Estado en gestionar los recursos hídricos conforme al orden: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas".[1]

 

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Fotografía Extraída del Comunicado Oficial de la CONAIE

 

 

Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos difundimos el comunicado oficial de la CONAIE sobre los acontecimientos ocurridos entre Waorani y los pueblos en aislamiento voluntario. Asumimos la importancia y la gravedad de los hechos e instamos a reflexionar sobre ello como sociedad ecuatoriana:

 

 

La CONAIE ante los fatales acontecimientos dentro del territorio de la nacionalidad Waorani

 

Los lamentables hechos entre la nacionalidad Waorani y los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenani, están siendo interpretados de maneras distintas en lugar de contribuir a un entendimiento adecuado que nos lleve a posibles soluciones reales, crea confusión y prejuicios respecto del conflicto en territorio de las nacionalidades indígenas.

 

 

En ningún momento se reduce a un conflicto entre pueblos hermanos, es decir entre Waoranis por un lado, y los Tagaeri y Taromenanis por el otro. Estas interpretaciones son fruto del desconocimiento de la realidad general o son lecturas políticamente mal intencionadas, que buscan mostrar ante la sociedad ecuatoriana e internacional como un “problema entre indios”.

 

 

Igual de condenables son aquellas lecturas que intentan mostrar los ataques de Tagaeris y Taromenanis a Waoranis y viceversa como una “guerra primitiva” o como un hecho de justicia por mano propia. Estas lecturas, de las que también se han hecho eco algunos sectores de intelectuales, funcionarios públicos y de la prensa, no son más que expresión de una mentalidad colonial que no solo insiste en ver la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas como algo fuera del imaginario de la política nacional, sino que es también algo fuera de la razón moderna.

 

dr. julio cesar trujillo ok

 

Fotog. Pato Zhingri: Efraín Arpi, Carlos Pérez, Dr. Julio César Trujillo y Federico Guzmán

 

Tras el largo proceso vivido por Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, y tras haber cumplido la pena de 8 días interpuesta contra ellos “por tratarse de una lucha altruista”, siguen llegando muestras de apoyo como las que ya se produjeron a través de las adhesiones a la Carta de solidaridad y apoyo a quienes defienden la naturaleza y los derechos de las comunidades. Aquí puede leerse al completo: 

ECUADOR: APRESADOS TRES DEFENSORES DEL AGUA POR OPONERSE A PROYECTO MINERO

 

Queremos visibilizar que estos procesos de defensa y resistencia siguen recibiendo el respaldo tanto de personas independientes como organizaciones nacionales e internacionales. Es por ello que proporcionaremos un espacio abierto para las posibles nuevas adhesiones. Aquí algunas de las más recientes:

 

Carlos Rivera (Comité Amigos de Puerto Rico)

Miguel Angez Alvarez Quintana (Unión de Colonias Populares)

Germán Hurtado Aldana (Frente del Pueblo)

José Antonio Salas ( Frente del Pueblo)

Aurora Tumanischwili Penelón (FeTERA FLORES, colectivo de base de la Federación de trabajadores de la Energía de la República Argentina)

PARADÓJICAMENTE, EL JUEZ RECONOCE QUE SU CAUSA ES “ALTRUISTA”

 

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Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, reconocidos líderes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, cumplirán esta semana la sentencia condenatoria impuesta contra ellos, en un proceso judicial que se instauró desde mayo de 2010 a causa de su liderazgo comunitario en la defensa del páramo de Kimsakocha en los que nacen 2 de los 4 ríos que pasan por la ciudad de Cuenca y abastecen de agua para uso doméstico y riego a numerosas comunidades indígenas que viven de la agricultura y la ganadería.

 

Desde el año 2001 cuando se concesiona de forma ilegal a la empresa Iamgold -hoy asociada con INV Metals, también canadiense- el proyecto minero Kimsakocha, las comunidades afectadas realizan acciones pacíficas y jurídicas como la primera consulta comunitaria del Ecuador sobre minería, realizada el 2 de Octubre de 2011, en la que el 93% de la población se pronunció en contra de la actividad minera a gran escala en sus territorios ya que utilizaría grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes.

 

La Asamblea Constituyente de 2008 amnistió a cientos de defensores de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que “algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos (segundo considerando)

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Las oficinas de México, Perú y Venezuela de la organización Amnistía Internacional llaman al Estado ecuatoriano a asegurar que el sistema de justicia no sea utilizado para sancionar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, tal como el derecho a la protesta.

 

Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán, junto a la parroquias Victoria del Portete y Tarqui, se levantaron en protesta en contra la de Ley de Aguas en el año 2009. Los tres dirigentes fueron sometidos a un proceso judicial por sabotaje y terrorismo, que después cambió por el de obstrucción de servicios públicos. Finalmente la justicia ecuatoriana los sentenció a un año, pero atenuó la pena a ocho días por considerar la lucha altruista de los defensores del agua. Hoy se presentan en el Centro de Rehabilitación Social de Cuenca para cumplir la condena impuesta.

 

En ocasiones anteriores Amnistía Internacional ya manifestó su preocupación por la criminalización a dirigentes comunitarios, quienes deben enfrentar procesos judiciales y cárcel por su participación en protestas pacíficas en oposición a leyes y políticas sobre el uso de recursos naturales, en la que se verán potencialmente afectados. La sentencia que estos defensores de los derechos humanos y de la naturaleza están por cumplir, confirmaría la existencia de este patrón de criminalización.

El día de mañana a las 09h30, se celebrará la Audiencia de revisión de medidas sustitutivas en el caso de los jóvenes estudiantes del Central Técnico, detenidos por las protestas del pasado 22 de febrero. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades judiciales que tienen el caso a su cargo, consideren la normativa constitucional en beneficio de los jóvenes procesados.

 

El Art. 77.1 de la Constitución ecuatoriana establece que la prisión preventiva es la excepción antes que la regla en todo proceso penal y que la jueza o juez siempre podrán dictar medidas cautelares. En este caso en particular, no se trata de personas que pongan en peligro la seguridad ciudadana, se trata de estudiantes, aspirantes a bachilleres, que se levantaron en protesta al no obtener claridad sobre una política que consideraron les afectará.

 

De igual manera que se respete el debido proceso, ya que no se consideró el principio de presunción de inocencia manteniendo detenidos a 12 personas sin comprobar la participación o su el grado de ésta, en los eventos del 22 de febrero. El proceso penal es excesivo cuando se cuenta con sistemas de sanción disciplinaria establecidos en la LOIE, aplicables a personas que se encuentran bajo el régimen de educación pública.

 

Las declaraciones desde el Ministerio del Interior en las que anuncian que se aplicará todo el peso de la ley contra los estudiantes, es incoherente con el Estado de derechos declarado en la Constitución, porque dejó en una situación de vulnerabilidad. Los jóvenes fueron privados de su libertad hace 20 días y de continuar en detención, corren el riesgo de perder el año por inasistencia, representando un castigo adicional al que ya están viviendo.

 

Respecto a los procesos abiertos a otros estudiantes dentro del plantel, a quienes se les sancionó con la suspensión de clases, previo a la comprobación de su participación en las manifestaciones, se pide a las autoridades tanto de la institución como del Ministerio de Educación, actúen con imparcialidad.

 

De igual manera, se hace un llamado a los órganos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como son el COMPINA, las Juntas Metropolitanas de Protección y al Consejo Nacional de la Niñez, para que intervengan en favor de los estudiantes y vigile que el proceso se lleve respetando sus derechos.

 

Desde la Cedhu, hacemos un llamado a no utilizar el Derechos penal, sobretodo en tipos que están fuera del contexto de los hechos y que reflejan la intención de reprimir una protesta estudiantil.

A los Estados de UNASUR y de la OEA

A los ciudadanos y ciudadanas de América

 

Las organizaciones y personas que suscribimos el presente manifiesto,

 

Considerando:

Que, los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) acordaron reunirse, este 11 y 22 de marzo, en el ámbito de UNASUR y la OEA, en las ciudades de Guayaquil y Washington DC, respectivamente, para discutir el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “SIDH” o “Sistema”);

Que, desde su nacimiento, los órganos del SIDH han tenido como objetivo principal el promover, proteger y tutelar los derechos humanos en las Américas;

Que, existe la posibilidad de que las expectativas de las víctimas, verdaderos usuarios del Sistema, no sean incorporadas en la discusión,

 

Acordamos:

Expresar nuestra profunda preocupación por el proceso impulsado por varios Estados de la región, entre ellos el Ecuador, tendiente a reformar la estructura y funcionamiento del SIDH que, transcurridos 65 años desde su creación y si bien no se ha consolidado completamente, ha demostrado su eficacia en la defensa de los ciudadanos y sus derechos.

Exigir que, la sociedad sea informada veraz y oportunamente sobre las propuestas de reforma al SIDH que impulsan los Estados, que, pueden debilitar, en lugar de fortalecer, los mecanismos normativos e institucionales de protección internacional de los derechos humanos. Las modificaciones que a través de su historia ha sufrido el SIDH, siempre tuvieron como eje central el ampliar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las personas y dotar de mayor agilidad y eficiencia a los órganos de supervisión, como son la Comisión ( en adelante “CIDH”) y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, a través de, la ampliación progresiva del catálogo de derechos protegidos, la atribución de nuevas responsabilidades a cada uno de los órganos y el reconocimiento de la autonomía necesaria de los mismos. Ese debería ser el espíritu que impulse cualquier futuro proceso de reformas.

Expresar nuestro rechazo a este proceso ya que, a partir de la información y documentación difundida por parte de los propios Estados Americanos, se puede apreciar que, por primera vez en la historia del Sistema, la intención de la reforma, actualmente en discusión, es limitar el ámbito de acción de los órganos de supervisión y supeditarles al interés de los Estados, en lugar de a la defensa del interés público y de las víctimas. Conocemos que, entre las propuestas que se discutirá en las próximas semanas están las siguientes:

isctAlrededor de 100 estudiantes del Colegio Central Técnico fueron notificados con la apertura de procesos disciplinarios por su presunta participación en la protesta del viernes pasado. Estos jóvenes se suman a los doce detenidos bajo la acusación de rebelión y los 55 menores de edad que deben presentarse semanalmente a la DINAPEN.

El documento afirma que este proceso se abre debido a las versiones vertidas por medios de comunicación y unos partes policiales, que no se adjuntaron a la notificación. Los padres, al  desconocer las verdaderas razones de la acusación, temen que se vulnere su derecho a la legítima defensa.

Los representantes tienen plazo de tres días para presentar pruebas de descargo junto a un abogado, en las oficinas del rectorado de la institución. El plazo se cumple este viernes 1 de marzo. Mientras tanto los adolescentes permanecen suspendidos y no pueden ingresar al plantel.

Mañana, jueves 28 de febrero a las 07h30, los padres de los jóvenes notificados se reunirán a las afueras del Colegio (Calle Gaspar de Villarroel E6-125), en un plantón pacífico para expresar su preocupación ante la instauración de estos sumarios disciplinarios.

Se convoca a los medios de comunicación a escuchar la preocupación de los ciudadanos y prestarles  voz a sus inquietudes.

protectecLa página protectecuador.org es una iniciativa de un colectivo internacional de ecologistas que se unieron a la lucha por la defensa de la Naturaleza, en rechazo al proyecto minero Mirador.

 

En meses anteriores visitaron la provincia de Zamora Chinchipe y pudieron constatar la inconformidad de grupos indígenas y campesinos que se verás seriamente afectados por el proyecto minero. Actualmente están creando redes de apoyo internacional para concienciar sobre la importancia de la Cordillera del Cóndor para el mundo y promover los derechos de la Naturaleza.

 

La campaña Protect Ecuador cuenta además con un perfil de facebok, una cuenta de twitter, un canal de youtube y un enlace directo a peticiones en Avaaz.org, donde cientos de personas firmaron en favor de la comunidad de Sani Isla y también en contra de la expansión de la frontera petrolera, temas que también afectan los derechos de los pueblos ancestrales y los derechos de la Pachamama.

ecuadorsinmineriaEl Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil en la Quito calificó la Acción de Protección presentada por organizaciones sociales el pasado 15 de Enero en el Palacio de Justicia. Por ello convocó para este viernes 22 de Febrero desde las 08:30 horas en las instalaciones del Juzgado 25° de lo Civil, a una audiencia pública a la que deberán comparecer ambas partes. Los abogados de los accionantes estiman que la audiencia podría durar entre “dos o tres horas” dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos de las partes.

 

Los accionantes deberán “argumentar los elementos que determinan la vulneración de los derechos alegados”. También fueron convocados a la audiencia el Ec. Wilson Pastor, Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Lorena Tapia, Ministra de Ambiente, Li Dongqing, apoderado general ECSA y finalmente el Procurador General del Estado, quienes deberán presentar las pruebas de descargo a la demanda.

 

El proceso busca detener el Proyecto minero Mirador por considerar que viola los derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución, que en su Art. 71 exige el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, el Art. 73 además responsabiliza al Estado Ecuatoriano de la aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por los defensores del agua, Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán, sentenciados a ocho días de prisión por el supuesto delito de "obstrucción de servicio público". Anteriormente, el organismo internacional informó sobre el problema de la criminalización de la protesta social en el Ecuador en su informe "Para que nadie reclame nada". Con la inminenete ejecución de la sentencia, Amnistía solicita al Estado que respete el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas por proyectos en los que se verían afectadas.

 

A continuación el texto íntegro del boletín de Amnistía Internacional:

 

Ecuador: Caso sienta un precedente preocupante para el derecho a la protesta

 

Los dirigentes comunitarios Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi han recibido notificación de una sentencia a ocho días de prisión por haber obstruido parcialmente una carretera durante una protesta pacífica el día 4 de mayo de 2012, contra una propuesta de la Ley de Aguas. Los dirigentes pueden ser encarcelados en cualquier momento.
        

Este caso no es aislado. El informe de Amnistía Internacional publicado en 2012 “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? (Índice AI: AMR 28/002/2012), documenta un patrón de criminalización de dirigentes comunitarios que han participado en protestas pacíficas y han enfrentado cargos sin fundamento, detenciones arbitrarias y condiciones de fianza muy estrictas solo por oponerse a leyes y políticas sobre el uso de recursos naturales.

Organizaciones1 de la sociedad civil plantearon una Acción de Protección por los Derechos de la Naturaleza el pasado 15 de enero, al momento se encuentra en proceso de calificación en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil (Causa No. 038-2013). En caso de ser calificada, el juez convocará a una audiencia.

 

Cuando un derecho es violentado y se busca su reparación, o en su defecto una acción u omisión atenta contra derechos, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la misma Carta Magna, dotan a la ciudadanía de mecanismos, como las Garantías Constitucionales, que impidan o reparen tal violación. La Acción de Protección presentada se acoge a este instrumento.

 

La demanda busca detener el Proyecto minero Mirador por considerar que viola los derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución, que en su Art. 71 exige el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, el Art. 73 además responsabiliza al Estado Ecuatoriano de la aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

por: Mario Melo

 

El 15 de enero de 2013, organizaciones indígenas y ambientales plantearon una Acción de Protección en contra del Proyecto Minero Mirador que la empresa de capitales chinos ECSA está desarrollando en la Cordillera del Cóndor, una región de gran importancia biológica en el sur de la Amazonia ecuatoriana.

 

La demanda se basa en los Derechos que la Constitución de Montecristi reconoció a la Naturaleza o Pachamama, que son, entre otros, el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Art. 71) y el derecho a que el Estado aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. (Art. 73)

 

Los siguientes son algunos de los principales argumentos que contiene la demanda y que por si solos permiten la dimensión del daño irreparable que se pretende ocasionar al ecosistema:

 

I

DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMA

 

“14. Ahora bien, el Contrato de Explotación Minera, junto con la Licencia Ambiental, autorizan que ECSA en el Proyecto Minero Mirador realice un tajo de 1.25 km de profundidad, esto es 10 veces más profundo que la altura de la iglesia Basílica de Quito. Para ello, ECSA extraerá 60.000 toneladas de piedra por día, que es equivalente al peso de aproximadamente 46.000 autos grand vitara por día. Sólo en 17 años, la mina generará 144 millones de toneladas de desechos de roca, es decir, generará aproximadamente 5 veces los desechos que genera la ciudad de Quito cada año …”

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Las organizaciones sociales y personas  abajo firmantes preocupadas por la criminalización de la protesta ejercida como política de estado, que se vive actualmente en el Ecuador, consideramos fundamental levantar nuestra voz.

Al momento, alrededor de 200 activistas sociales, hombres y mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores, tienen procesos judiciales y de indagación abiertos en su contra.  Sus delitos son ejercer el derecho a la resistencia, a la libre asociación, criticar la política económica, laboral y ambiental que lleva adelante el gobierno de Rafael Correa.

Ana Cristina Campaña y Abigail Heras, jóvenes activistas sociales,  parte de los “10 de Luluncoto”,  no solo constan en esta siniestra   lista, sino que además están privadas de su libertad desde el 3 de marzo de 2012, es decir llevan 10 meses en prisión,  hoy por hoy son procesadas por presuntos “actos de terrorismo”. Frente a las arbitrariedades judiciales y el aplazamiento de la resolución de su proceso  se declararon en huelga de hambre, medida que duró 30 días y que  no obtuvo la más mínima respuesta en las instancias judiciales ecuatorianas.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer , CLADEM, ha manifestado su apoyo a la causa de Abigail Heras, Cristina Campaña y Fadua Tapia, las tres mujeres que son procesadas en el caso Luluncoto, dos de ellas todavía permanecen en prisión. La organización ha dirigido su carta al Presidente de la República, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo.

 

La carta se sustenta en el goce pleno de los derechos humanos, como el de reunión, escencial para la consolidación de la vida democrática y el debido proceso, además de los tratados suscritos por el Estado ecuatoriano en los que se compromete a garantizarlos.

 

Las peticiones del Comité son escencialmente tres:

 

  • Que se garantice el debido proceso, se realice una investigación imparcial de los hechos denunciados, se evite la criminalización, un trato digno y que le concedan medidas sustitutivas a la prisión, conforme a lo previsto en la ley.

  • Velar por la salud de las detenidas, brindando las condiciones necesarias en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres del Inca y permitiendo el ingreso de médicos externos para un control permanente de la salud, así como también se arbitre los medios para evitar el desarraigo familiar.

  • A las autoridades cualquiera sea su cargo, se abstengan de intervenir en el caso, ya que sus declaraciones van en contra de la independencia de la justicia, estigmatizan y desprestigian a los activistas y líderes sociales y a la labor que desarrollan, las cuales afectan la credibilidad y la integridad de sus actividades.

 

Invita además a las organizaciones sociales a unirse en solidaridad por Cristina y Abigail.

 

icon Petición de CLADEM por los 10 de Luluncoto (534.52 kB)

yamboEl 8 de enero se cumplen 25 años de la desaparición forzada de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendy, veinticinco años de lucha permanente de la familia por la Verdad y la Justicia, fruto de un amor inconmensurable por sus hijos.

En conmemoración del Veinticinco Aniversario se presentará el documental “Con mi corazón en Yambo”  donde María Fernanda Restrepo Arismendy realiza un viaje personal por la tragedia que marcó la vida de su familia y permite a los espectadores recorrer un hecho histórico que se pretende olvidar.

La proyección se llevará a cabo en el Teatro Universitario el martes 8 de enero a las 18h30. Invitamos a la ciudadanía a participar en este espacio de reflexión, la entrada será gratuita.   

desalojocerveceriaEl pasado lunes 17 de diciembre fueron nuevamente desalojados los ex trabajadores de Cervecería Nacional que se encuentran acampando frente a la Corte Constitucional a la espera de la resolución de su caso que está en manos de la entidad. No es el primer episodio de intento de desalojo, pero en esta ocasión les dieron un tiempo límite para retirarse definitivamente, el mismo que culmina el día de mañana.

La Corte Constitucional ha tardado mucho más de lo requerido para emitir una resolución sobre el caso, no conforme con eso, desde la Presidencia de la Corte se ordenó hace un año el desalojo de la protesta y enviaron al personal de escolta liderada por el Teniente de la Policía Nacional Daniel Inga, en la misma se agredió a las personas y una de ellas fue detenida por diez días en el Centro de Detención Provisional.

El pasado 27 de noviembre un piquete de policía metropolitanos echaron abajo las dos carpas e intentaron llevarse los objetos de las personas en un camión de basura, sin contar con una orden para el desalojo, la comisaria encargada de la acción aseguró que estaba dando cumplimiento a la ordenanza, ya que los ex trabajadores solo tenían permiso para protestar pero no para acampar. Es esta ocasión miembros de la policía nacional se negaron a apoyar el desalojo.

Pero este nuevo atropello recrudece las sucesivas violaciones a los derechos humanos sobre estas personas. Anteriormente, la Cedhu hizo un llamado a la Corte Constitucional para que despache el trámite que motiva la protesta y a los cuerpos policiales Nacionales y Metropolitanos para que se abastengan de desalojarlos y protejan su integridad física. Recalcamos nuestras solicitudes y exigimos se respete los derechos de quienes protestas pacíficamente.

El día jueves 20 de diciembre a partir de las 10h00 de la mañana se espera que sean desalojados nuevamente de acuerdo al plazo que les han otorgado, la Cedhu estará acompañando a los ex trabajadores de Cervecería Nacional observando que no se violen sus derechos. Se convoca además a los medios de comunicación para que se mantengan al tanto de esta situación y aporten con su difusión.

El día de hoy, viernes 7 de diciembre de 2012 a las 10H00, nueve de las 10 personas detenidas en Luluncoto, se declararon en huelga de hambre a fin de solicitar imparcialidad en su caso, durante la audiencia que se realizará el día lunes 10 de diciembre de 2012, a las 08H00 en el Tribunal Tercero de Garantías Penales, ubicado en la calle Piedrahita y Av. 6 de Diciembre.

 

En una proclama, los detenidos manifestaron ser presos políticos, ratificaron su inocencia y denunciaron ser parte de las decenas de personas entre líderes sociales y defensores de derechos humanos, contra quienes se ha utilizado figuras penales de “terrorismo” o “sabotaje” como instrumento de represión en su contra. La consinga es: “la defensa de los derechos humanos, porque no hayan más presos políticos”.

 

Al cumplirse nueve meses de la detención, las organizaciones sociales INREDH, Clínica Ambiental y CEDHU recuerdan que la función principal de los jueces es la de garantizar el debido proceso, respetar y hacer respetar los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, el derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.

Dr. Galo Chiribogalogoamnistia

Fiscal General del Estado
Fiscalía General del Estado
Av. Patria y 12 de Octubre
Pichincha, Quito
Ecuador

 

Londres, 27 de noviembre de 2012

 

Señor Fiscal General:

 

En nombre de Amnistía Internacional, movimiento mundial que trabaja por la promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas en todo el mundo, mepermito dirigirme a usted en esta oportunidad para solicitarle información sobre la detención y procesamiento penal de los ciudadanos ecuatorianos Ana Cristina Campaña Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrín, Yescenia Abigail Heras Bermeo, Cristhiam Royce Gómez Romero, Pablo Andrés Castro Cangas, Luis Santiago Gallegos Valarezo, Víctor Hugo Vinueza Puente, Luis Marcelo Merchán Mosquera, Héctor Javier Estupiñán Prado y César Enrique Zambrano Farías.

 

Como es de su conocimiento, estas diez personas fueron detenidas el 3 de marzo del presente año. Según información recibida por Amnistía Internacional las diez personas fueron detenidas sin orden de detención y sin estar comentiendo delito flagrante cuando se encontraban reunidos en un inmueble en el sector Sur Lulunconto, Quito. Todos ellos han sido acusados del delito de actos de terrorismo bajo el artículo 160 del Código Penal y se encuentran detenidos a la espera de juicio, a excepación de Fadua Elizabeth Tapia Jarrín que está bajo arresto domiciliario por encontrarse embarazada en el momento de su detención.

 

Según informes de la Fiscalía recibidos por Amnistía Internacional (documento de Audiencia Preparatoria a Juicio N570-12 PA del 25 de julio de 2012 ante el juez de garantías penales de Pichincha, Dr. Leonardo Tipán Valencia), la detención de estas diez personas se enmarcaría dentro de un operativo policial en investigación fiscal en relación a la explosión de una serie de bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, entre los meses de noviembre y diciembre de 2011. En los pafletos aparecían consignas en contra de la visita al Ecuador del presidente colombiano Juan Manuel Santos. De acuerdo a esta misma información las autoridades responsabilizan de la colocación de dichas bombas panfletarias a miembros del Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Quito, 7 de diciembre de 2012

Este 10 de diciembre de 2012, al conmemorarse 64 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU hace un llamado a construir un siglo XXI comprometido en materializar los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Con este motivo, ha elaborado un informe que describe los principales atropellos que la Cedhu ha registrado de enero a octubre del presente año y que afectan a derechos como:

 

1.- La vida e integridad personal

51 casos de violaciones; entre homicidios, torturas, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Entre los casos más graves: la ejecución de tres personas durante un operativo de control de armas efectuado en en la provincia del Guayas; la brutal agresión física de un comerciante informal en la ciudad de Quito, que sufrió la pérdida de la visibilidad de su ojo derecho. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra aspirantes a policías y militares que se ha reportado en los cuarteles.

 

2.- Derechos de las personas privadas de libertad

34 casos de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Entre las más frecuentes: el hacinamiento; falta de servicios básicos de calidad, atención médica deficiente, mala alimentación, inseguridad en días de visitas, cacheos vaginales con tratos denigrantes como el caso de una mujer de 58 años que manifestó: "al momento de ingresar a visitar a mi hijo, he sido víctima de la denigración más grande de mi vida, ya que para ingresar me he visto obligada a dejar que una mujer coloque un guante en sus manos y me introduzca sus dedos en mis partes más intimas, además de una exagerado manoseo en mis senos y por último me hacen bajar el pantalón para realizar sentadillas alrededor de una habitación...".

 

3.- Derecho a la justicia

16 casos de negación del derecho a la justicia. La demora en el despacho de causas, es una constante que afecta al sistema en general. Es importante mantener la independencia judicial, pues se han registrado casos cuyos denunciantes refieren injerencias de carácter político, que limitan su derecho a una defensa en igualdad de condiciones y ante un juez, jueza o tribunal imparcial.

Entre el 14 y 30 de noviembre pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, evaluó el tercer informe enviado desde Ecuador, sobre la situación de estos derechos en el país, contrastado con los reportes remitidos desde las organizaciones de la sociedad civil. Una vez analizados, el Comité envió sus observaciones finales y recomendaciones dirigidas al Estado.

 

El decreto 1247 sobre consulta previa, emitido este año, es la primera preocupación del Comité y sugiere su derogación, a fin de que este derecho se cumpla adecuadamente, más allá de un acto de socialización. Es decir, con la participación efectiva de las comunidades que podrían resultar afectadas por proyectos extractivos desarrollados en su territorio, respetando además su decisión de consentir o no tales proyectos.

 

Otra preocupación son las investigaciones y condenas penales contra líderes sociales e indígenas que han participado en manifestaciones públicas en protesta por decisiones gubernamentales sobre la administración del agua y otros recursos naturales, cita además el caso de Quimsacocha. Ante esta situación el Comité sugiere establecer penas garantías para el ejercicio del derecho a la reunión y la manifestación pacífica, recomienda además se regule el uso de la fuerza por parte de agentes del orden para reprimir manifestaciones sociales.

 

El Comité ha recomendado al Estado continuar con políticas públicas para superar la desigualdad que afecta principalmente a las personas afrodescendientes e indígenas y desarrolle mecanismo técnicos de monitoreo que permitan establecer su verdadera eficacia. Así mismo, sugiere la incorporación del componente de género en las políticas para el goce de DESC.

cerveceriaMientras esperan que la Corte Constitucional resuelva sobre su causa en contra de Cervecería Nacional, los ex trabajadores de esta empresa han acampado en el parque El Arbolito, justo frente al edificio de la Corte, por 35 días. En este período han solicitado permisos a las autoridades municipales para permanecer en el lugar, permitiéndoles realizar sus actividades entre las 11h00 y 13h00 de los días martes. Pero este martes fue diferente, ya que un grupo de alrededor de 20 Policías Metropolitanos desmantelaron las carpas donde permanecían e intentaron desalojarlos sin orden que respalde la acción.

 

El operativo estuvo encabezado por la Comisaria, Dra. Cristina Silva, quien al preguntarle por la orden que autorizaba el desalojo, indicó que era una Ordenanza la que impedía el uso del espacio público. Un camión recolector de basura se instaló en el parque, los miembros de la Policía Metropolitana habrían advertido a los manifestantes, quienes se resistían a abandonar el lugar, que de no levantar lo que quedaba de las carpas se lo llevarían en aquel camión.

 

Finalmente la Policía Metropolitana se retiró. Miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes para informarse de lo sucedido y permitieron a los ex trabajadores retomar el espacio y reinstalar las carpas.

 

No es la primera vez que estos trabajadores reciben agresiones durante sus actividades de protesta, en ocasiones anteriores el Jefe de la Escolta de la Corte Constitucional habría intentado despojarles de sus carteles de protesta, según manifestó entonces, por orden de la presidencia de la Corte. En diciembre del 2011, Gabriel Segovia permaneció diez días en el Penal García Moreno, supuestamente por agredir al Teniente de Policía Daniel Inga. Según el relato del Sr. Segovia, él alcanzó a tomar de la corbata del agente mientras este lo arrastraba hacia las oficinas de la Corte, donde además fue golpeado con toletes, esas agresiones no fueron consideradas por el funcionario judicial que lo sentenció.

Los internos de la Cárcel de Varones Nº 2 de Guayaquil “La Roca”, reiniciaron la madrugada del 5 de noviembre, la huelga de hambre y otras medidas de hecho para protestar por el incumplimiento del compromiso adoptado por las autoridades de Rehabilitación Social. Como mecanismo para que cese la huelga efectuada a mediados de octubre, las autoridades se habrían comprometido que hasta el 2 de noviembre se iniciarían los traslados, sin que ello se haya cumplido, una vez pasada fecha límite del acuerdo los reclusos decidieron iniciar las medidas.

 

Varios internos se habrían cosido la boca, atado a las celdas y quemado colchones dentro del centro penitenciario. Los familiares de los detenidos temen que las medidas se tornen más violentas y afecte la seguridad de sus parientes. No es la primera vez que un pedido a las autoridades de Rehabilitación Social se quede sin respuesta, los internos de “La Roca” vienen realizando varios actos de protesta durante el año y al no contar con mayores recursos para llamar la atención de las autoridades, el recrudecimiento de las medidas es una temible posibilidad.

 

Las personas privadas de la libertad son sujetos de derechos, el Estado se encuentra en la obligación de proporcionar los ambientes adecuados para la satisfactoria rehabilitación del condenado. En torno a las personas condenadas a pena privativa de la libertad de conformidad con la Constitución el Sistema de Rehabilitación Social tiene dos obligaciones la de rehabilitarlos y reincorporarlos a la sociedad, sin que a la fecha se observe que las autoridades realicen acciones para que haya una verdadera rehabilitación a nivel nacional, además de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, como son la vida, la salud, la alimentación, la integridad personal, entre otros.

Washington D.C., 31 de octubre de 2012

 

Joel Antonio Hernández García

Presidente del Consejo Permanente

Organización de los Estados Americanos

Washington, D.C.

 

REF.: Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de Reflexión sobre el trabajo de la CIDH

 

De nuestra mayor consideración:

 

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, se pone en contacto con usted en referencia a su documento CP/doc.4787/12 rev. 4 corr. 1 add. 2 “Invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General de la OEA, las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Jurídico Interamericano para que remitan sus propuestas para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, antes del 31 de octubre de 2012”.

 

En dicho documento, el Consejo invita a los actores mencionados a que remitan sus propuestas a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo Especial en su Informe Final. El Consejo sugiere que las mismas sean enviadas electrónicamente en un formato determinado, en español o inglés, y en un máximo de 150 palabras por cada una de las recomendaciones. El Consejo señala que con posterioridad, los citados actores contarán con diversas oportunidades para realizar intervenciones y propuestas en el proceso.

 

Al respecto, consideramos que la rigidez del formato y el límite de palabras no permite a las organizaciones y otros actores presentar posiciones integrales y adecuadas. De manera adicional, a pesar de la referencia del Consejo a oportunidades posteriores de participación, éstas se limitan actualmente a 3 reuniones previstas con sociedad civil, las cuales ni siquiera han sido agendadas.

31 de octubre de 2012

 

Por medio del presente escrito, la Organizaciones, académicos y personas abajo firmantes, todas ellas defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, responden a la invitación realizada el 19 de septiembre de 2012 por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (“OEA”)1, para la aplicación de las recomendaciones emitidas en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Informe del Grupo de Trabajo”). El Informe fue aprobado por el Consejo Permanente de la OEA el 25 de enero de 2012. Posteriormente la Asamblea General de la OEA decidió acoger el Informe y solicitar al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, “formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”, las cuales se pusieran a consideración de una Asamblea General Extraordinaria en el primer trimestre de 20132.

 

En este sentido, presentamos a continuación algunos principios, desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH) y por la doctrina y buenas prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales son irrenunciables para las organizaciones de sociedad civil que representamos a víctimas y beneficiarios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

 

A. El proceso de reflexión debe tener como finalidad fortalecer el objeto y fin del SIDH: la protección de los derechos humanos

 

A lo largo del presente proceso de reflexión, hemos expresado con diferentes voces y en diversos foros, nuestra firme convicción de que el proceso debe tener como resultado el fortalecimiento real del objeto y fin último del SIDH, es decir, la protección y promoción de los derechos humanos. A pesar de ello, hemos manifestado con preocupación que muchas de las recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo, así como las posturas que los Estados han hecho públicas en otros foros durante estos últimos meses, son contrarias a este objeto. Por ello, nos permitimos reiterar una vez más la importancia de que el debate se reconduzca para ampliar el alcance y efectividad de la protección a los derechos humanos que el SIDH otorga a las víctimas, en consideración al principio pro persona, y no para atender intereses particulares de algunos Estados.

 

Han pasado dos años y nueve meses desde que tres hombres fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del ejército ecuatoriano a las orillas del Río San Miguel, en la frontera norte, Provincia de Sucumbíos. Las familias del ecuatoriano y los otros dos ciudadanos colombianos que fueron asesinados en aquella ocasión, se les negó la justicia en las instancias nacionales y ahora buscarán ser escuchados a nivel internacional.

 

El 18 de enero de 2010, Francis Tamayo, Orlando Tapia y Timote Pérez fueron asesinados mientras viajaban en panga por las aguas del Río San Miguel y luego presentados como guerrilleros abatidos en combate, el ejército recibió la inmediata felicitación del Presidente Rafael Correa. Posteriormente cuando el caso se indagó en la fiscalía se demostró que no hubo tal enfrentamiento y que las tres personas eran campesinos del lugar, que fueron impactados con munición militar por la espalda. Esto no fue suficiente para que se presentara el listado de los integrantes de la patrulla militar que perpetró el asalto por considerarla información clasificada, permitiendo que el caso quede en la impunidad.

 

El caso se cierra en las cortes ecuatorianas fruto de la inoperancia, que atasca a la mayoría de las causas como lo señaló el propio relator para ejecuciones extrajudiciales de la ONU. El mismo sentimiento de abandono lo comparten los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos en el Ecuador, que se han encontrado con un sistema de justicia indolente frente a su desesperación y les ha fallado.

 

La Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet será el escenario de un acto simbólico que busca reclamar ¡Justicia! Para todos aquellos a quienes se les ha negado. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos invita a las organizaciones amigas, a los medios de comunicación y a todos quienes han sentido en carne propia que la Justicia les ha fallado, el día miércoles 24 de octubre a las 09h30 a reclamar junto a los familiares de los fallecidos en la frontera y los desaparecidos en el Ecuador.

El reconocimiento de la verdad, el juicio y castigo de los responsables del golpe y de estas graves violaciones y la reparación integral de las víctimas son el camino para poder avanzar hacia la plena vigencia de todos los derechos humanos.

 

informehon

La Comisión de Verdad, que recibió en junio 2010 mandato de organizaciones hondureñas de derechos humanos bajo el lema sin verdad no hay justicia, entregó el pasado 3 de Octubre, a las personas victimizadas su Informe, titulado La voz más autorizada es la de las víctimas.

 

El documento, de 360 páginas, ha sido elaborado sobre la base de las denuncias e informes recibidos y las investigaciones de la Comisión. Desarrolla las claves del golpe de Estado y analiza como políticas de Estado las violaciones a los derechos humanos derivadas, incluyendo la impunidad.

 

El Informe de la CdV contiene conclusiones y recomendaciones que apuntan a detener las violaciones a los derechos humanos, a dignificar a las personas victimizadas y a fortalecer la lucha por obtener justicia y la no repetición de estos crímenes que ofenden a la humanidad. Señalan rutas para superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad y contribuir, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, a la democratización del poder estatal y económico, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.

 

La Comisión de Verdad afirma en su Informe que el golpe de Estado en sí mismo constituye una grave violación del orden institucional establecido, de la soberanía del pueblo hondureño y de sus derechos a la auto-determinación y a la democracia.

El reconocimiento de la verdad, el juicio y castigo de los responsables del golpe y de estas graves violaciones y la reparación integral de las víctimas son el camino para poder avanzar hacia la plena vigencia de todos los derechos humanos.

 

informehon

 

La Comisión de Verdad, que recibió en junio 2010 mandato de organizaciones hondureñas de derechos humanos bajo el lema sin verdad no hay justicia, entregó el pasado 3 de Octubre, a las personas victimizadas su Informe, titulado La voz más autorizada es la de las víctimas.

 

El documento, de 360 páginas, ha sido elaborado sobre la base de las denuncias e informes recibidos y las investigaciones de la Comisión. Desarrolla las claves del golpe de Estado y analiza como políticas de Estado las violaciones a los derechos humanos derivadas, incluyendo la impunidad.

 

El Informe de la CdV contiene conclusiones y recomendaciones que apuntan a detener las violaciones a los derechos humanos, a dignificar a las personas victimizadas y a fortalecer la lucha por obtener justicia y la no repetición de estos crímenes que ofenden a la humanidad. Señalan rutas para superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad y contribuir, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, a la democratización del poder estatal y económico, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.

 

La Comisión de Verdad afirma en su Informe que el golpe de Estado en sí mismo constituye una grave violación del orden institucional establecido, de la soberanía del pueblo hondureño y de sus derechos a la auto-determinación y a la democracia.

carolina

En la mañana de hoy se realizó la diligencia de la reconstrucción de los hechos del día 28 de abril de 2012, fecha en la que desapareció la joven artista Colombiana. En el barrio Paluco, del sector de Monjas, a un costado de la autopista General Rumiñahui, donde vivía Carolina Garzón y donde se presume desapareció, se realizó la diligencia a la que asistieron la Fiscal Elva Garzón junto a los agentes de criminalística, también asistió el padre de la joven, Walter Garzón en compañía de su abogado, un miembro del Comité binacional de familiares y amigos de desaparecidos y la Cedhu. Una vez concluida la reconstrucción se determinó fecha y hora para una nueva diligencia.

 

La desaparición de una persona constituye una grave violación a los derechos humanos, frente a la cual el Estado tiene la obligación de investigar su paradero y conocer a los presuntos responsables. En este sentido la Fiscalía cumple un rol fundamental, por lo que solicitamos se continúen con las investigaciones en el presente caso.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; la Organización Mundial contra la Torttura, OMCT; la Plataforma Holandesa contra la Impunidad, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Minning Watch Canada y FoodFirst Information and Action Network, FIAN; emitieron este comunicado conjunto a las autoridades ecuatorianas y a funcionarios de la CIDH con solicitudes para ser consideradas en el caso de Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, sobre quienes pesa una condena de ocho días por protestar contra la Ley de Aguas en Victoria del Portete en el año 2010, en defensa del páramo de Quimsacocha que se veía afectado por la empresa IamGold.

 

CONTINÚA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR: PARAMO DE QUIMSACOCHA

 

El 14 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional confirmó la decisión que condena a los líderes indígenas Carlos Pérez – presidente de los sistemas de agua del Azuay, Federico Guzmán - presidente de la junta parroquial de Victoria del Portete y Efraín Arpi –dirigente de Tarqui, rebajando la pena de un año a ocho días de prisión por tratarse de una lucha altruista en defensa del agua.

 

Los tres líderes en ejercicio de su derecho a la resistencia1, han liderado por varios años procesos comunitarios de defensa del derecho al agua2 frente a los intereses de la empresa minera canadiense “IAMGOLD” –en proceso de asociarse con INV METALS, también canadiense3. En el año 2001,“IAMGOLD” recibió, en medio de graves denuncias de ilegalidad por no contar con los requisitos necesarios, y sin consulta estatal previa a las comunidades indígenas afectadas4, la concesión para la exploración industrial de minerales en el páramo de Quimsacocha, frágil ecosistema donde nacen dos de los cuatro ríos que abastecen de agua para uso doméstico y riego a numerosas comunidades indígenas, cuya principal actividad es la agricultura y la cría de animales, para realizar su derecho humano a la alimentación. Las comunidades temen que debido a la escala del proyecto minero, se utilicen grandes cantidades de agua afectando la disponibilidad del recurso, así como que sus operaciones provoquen graves niveles de contaminación y acidificación del agua y destrucción de sus nacientes.

BOLETÍN DE PRENSA  

Patricio Fernando García Vera se encuentra en condiciones infrahumanas en el Centro de Rehabilitación Social Nº 1 de Quito, por ser portador de VIH ha sido aislado del resto de internos en el calabozo del pabellón “A”, a pesar de requerir cuidados especiales y de la ingesta permanente de retrovirales, los mismos que en el lugar son escasos. Tampoco se le permite que reciba el sol o que practique otro tipo de actividades, sus familiares deben trasladarse desde Manabí para poder ofrecerle ciertos cuidados que la institución no le ha proporcionado.  

 

Patricio y su familia residen de la provincia de Manabí, la condena de 25 años que recae sobre él la estaba cumpliendo en el cárcel de Jipijapa donde ha reportado excelente conducta, sin embargo, a las 20h30 del 4 de julio de 2012 fue arbitrariamente trasladado al ex Penal García Moreno en Quito, en este lugar empezó a recibir amenazas de muerte por parte de otro interno con el alias “El Cubano” y como medida para precautelar su integridad física y su vida, fue aislado en el calabozo, donde debió dormir en el piso, sin cobijas y debiendo bañarse en agua fría. Estas condiciones han deteriorado su salud, al momento se encuentra con serios problemas respiratorios y oseos propios de su enfermedad, e intensificados por la situación descrita.  

 

La Cedhu rechaza este tipo de medidas que lejos de precautelar la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo custodia estatal, los castiga y discrimina, más aún conociendo de la enfermedad de Patricio García y los cuidados que requiere. El aislamiento constituye por si solo un trato cruel, inhumano y degradante para personas privadas de la libertad.  

 

Se le ha solicitado en varias ocasiones a la Ministra de Justicia, Johana Pesántez, a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y a las autoridades del centro carcelario, que permitan el trasladado del interno Patricio García de regreso a la cárcel de Jipijapa, o en su defecto a la del Rodeo en la ciudad de Portoviejo, donde se conoce que existe la atención médica adecuada para las personas privadas de la libertad que viven con el VIH/SIDA.  

 

Washington D.C, 19 de septiembre de 2012.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela, anunciada la semana pasada, de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta medida tendrá graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as. Una vez transcurrido un año a partir de la presentación de la denuncia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sus ciudadanos no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas a partir de esa fecha, para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. En su documento de denuncia, Venezuela pretende desvincularse también de la supervisión de la Comisión Interamericana. Sin embargo, este organismo podrá seguir recibiendo denuncias o analizando situaciones de derechos humanos en ese país, en virtud de su adhesión a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

La medida adoptada por Venezuela debilita el camino hacia la universalidad del Sistema Interamericano que trazaron los Estados de la región. El continente necesita que todos los Estados reconozcan los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. La denuncia de Venezuela es un retroceso para alcanzar dicho objetivo. Por ello, solicitamos a Venezuela que revierta su decisión de denunciar la Convención Americana y reitere su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos/as los/as venezolanos/as. Asimismo, hacemos un llamado a los demás Estados de la OEA para que exhorten a Venezuela a no privar a sus ciudadanos del acceso al más alto Tribunal del sistema regional de protección de los derechos humanos.

seminariopeque

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, ante la compleja situación del país plantean la necesidad de abrir un debate acerca de temas relacionados con la vigencia de los derechos humanos, base fundamental de la democracia.

 

En este marco se ha organizado el Seminario: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL DERECHO A LA JUSTICIA, que tendrá lugar los días lunes 24 y martes 25 de septiembre de 2012 en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar a partir de las 17h30.

 

Constará de dos paneles diarios, en los que se tratarán los temas de la Consulta Previa, con un análisis de la sentencia de la CoIDH ante el caso Sarayacu; se evaluará el proceso de reforma de la administración de justicia, la investigación de crímenes de lesa humanidad y la aplicación de las garantías a los derechos constitucionales.

 

Los paneles están conformados por personalidades y expertos en los temas en cuestión, se contará con la presencia del Abogado Mario Melo, para hablar de la sentencia del Caso Sarayacu, el ex juez Baltasar Garzón, quien actualmente preside la veeduría al proceso de transición de la Justicia en el Ecuador, el Dr. Juan Pablo Albán, catedrático de la USFQ quien nos hablará de la Jurisprudencia en el Sistema Interamericano frente a los crímenes de Lesa Humanidad y el Dr. Marco Navas, quien nos expondrá sobre la Constitución y derechos ciudadanos, entre otros.

declaracionEl 11 de septiembre de 2012 en Bogotá se realizó el evento “Es hora de defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el que se plantearon sobre los cuestionamientos al SIDH  por parte de algunos Estados Parte, entre estos Ecuador.

 

Tales cuestionamientos fueron evidentes en la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia, donde los Estados Parte aprobaron las recomendaciones del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, encomendando al Consejo Permanente avanzar en la elaboración de propuestas para su implementación, con la participación de los diversos actores involucrados. En este marco, la propia CIDH anunció su metodología de trabajo en el proceso de reforma de su reglamento, sus políticas y sus prácticas, con el objeto de fortalecerse. El debate culminaría en seis meses en la próxima Asamblea extraordinaria de la OEA, para entonces el Sistema podría verse seriamente afectado.

 

Del evento salió la “Declaración de Bogotá” la misma que está respaldada por decenas de destacados actores políticos, sociales y artísticos, y a la que CEDHU se ha adscrito también. La declaración destaca la importancia del Sistema, en especial de la CIDH, en la defensa de los derechos humanos en América y la necesidad de fortalecerlo para su mayor eficacia. Aquí un extracto de la misma:

 

cerdEl pasado 29 de agosto, el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, CERD, examinó los informes presentados por el Estado ecuatoriano, respecto a las acciones que se han tomado para evitar todo tipo de discriminación. El 31 de agosto emitieron sus observaciones finales.

 

De manera general el Comité ve con beneplácito que en la nueva Constitución ecuatoriana, se autoproclame como estado intercultural y plurinacional, que se reconozcan derechos a la naturaleza y protección del medio ambiente, que se garantice los derechos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y comunas. De igual manera destaca la existencia de una Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Plan Nacional del Buen Vivir y el reconocimiento de ACNUR por el esfuerzo de Ecuador en la inclusión de los refugiados colombianos, entre otros temas.

 

Los motivos de preocupación y recomendaciones se expresaron, por ejemplo la escasa participación de representantes de pueblos y nacionalidades en la elaboración del Plan Plurinacional para  Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural. De igual manera, preocupa al Comité las dificultades de los refugiados, sobretodo colombianos, para acceder a trabajo, educación y vivienda, que continúen prácticas discriminatorias contra estos y la relación que hacen los medios de comunicación entre estas personas y actos delictivos.

 

Otras cuestiones son la ausencia de casos de delitos relacionados con la discriminación racial y el archivo de causas relacionadas sobre todo si son presentados por personas indígenas o afrodescendientes, de igual manera la persistente pobreza y marginalidad de estos sectores en el Ecuador.

 

El Estado deberá presentar su nuevo informe hasta el 4 de enero del año 2016 en el que deberá reflejarse las políticas y acciones que ha impulsado para erradicar la discriminación racial.

 

icon Recomendaciones a Ecuador del Comité contra la Discriminación (46.86 kB)

niunarma

La Cedhu está adscrita a la campaña de Amnistía Internacional para conseguir un “Tratado sobre el Comercio de Armas” que al momento se discute en la ONU y que involucraría a 193 países alrededor del mundo. AI afirma que el mundo “no cuenta (de momento) con un tratado que garantice un control estricto sobre el comercio internacional de armas convencionales; por otro lado, los gobiernos autorizan el flujo irresponsable de armas para fomentar abusos y atrocidades contra el ser humano”1.

 

La firma del TCA permitirá ponerle freno al lucrativo negocio de las armas a nivel mundial, que ha fomentado y prolongado una violencia injustificada. El martes 17 de julio el equipo de Amnistía Internacional en México entregó las firmas recolectadas alrededor del mundo en la embajada de EEUU en esa ciudad, acompañados de un tanque de cartón amarillo con las insignias de la organización, solicitando que ese gobierno apoye la elaboración del Tratado2.

 

Hoy se cumple el plazo para que los 193 países reunidos en la sede de la ONU en New York culminen la redacción final del este acuerdo que busca ser de carácter vinculante. Hasta el momento se han reportado avances positivos respecto al texto original, sobretodo en los puntos potencialmente conflictivos. Brian Wood, titular de armas de AI, aseguró que la parte central del TCA son los derechos humanos y la ley humanitaria internacional, señaló además que "si se alcanza un acuerdo, por primera vez en la historia se pedirá a los Gobiernos que tomen decisiones sobre las transferencias de armas de acuerdo a los más altos estándares"3 solicitó también que en este último día los gobiernos hagan lo posible por conseguir un tratado más firme.

 

Las organizaciones miembro de la FIDH, de Asia, África y las Américas, reunidas en Lima del 9 al 11 de julio de 2012 con ocasión del seminario internacional titulado “Derechos Humanos y Empresas en la encrucijada: retos y perspectivas”, aprueban la Declaración de Lima sobre derechos humanos y empresas.

 

Declaración de Lima sobre derechos humanos y empresas

 

declaracionlimaA la luz de las evoluciones recientes en el ámbito de los derechos humanos y las empresas, los participantes manifiestan sus preocupaciones por el riesgo de divergencia de enfoques al poner en práctica estos instrumentos y recuerdan la importancia de interpretarlos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, así como la urgencia de proteger los derechos a la participación y a la consulta de los afectados como parte esencial de cualquier proceso de debida diligencia. Los participantes destacan también problemas enfrentados por las comunidades y los defensores de los derechos humanos, en particular en el contexto de mega proyectos de desarrollo económico y industrias extractivistas. Al adoptar la Declaración en Perú, los participantes firmemente condenaron la situación en Cajamarca y la violencia ocurriendo en relación con los conflictos mineros.

Esta Declaración representa un paso importante para las organizaciones miembro de la FIDH movilizadas sobre este tema y hace recomendaciones específicas hacia todos los actores involucrados: los Estados, las empresas, el grupo de trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y contribuye a desarrollar lineas estratégicas para la FIDH y sus organizaciones miembro.

 

En particular, las organizaciones firmantes llaman a una mayor regulación de las actividades de las empresas transnacionales al nivel nacional, regional y internacional y reafirman su intención de recurrir a todas las estrategias existentes, tanto de dialogo como judiciales y de movilización, para que cesen las violaciones de los derechos humanos en las que están implicadas empresas y para que las victimas puedan acceder a la justicia y a la reparación.

 

icon FIDH: Declaración de Lima (99.24 kB)

Declaración en inglés

El movimiento para el cierre de la Escuela de las Américas, SOA Watch, culminó sus actividades en Ecuador con la reunión que sostuvieron con el Presidente de la República, Rafael Correa. En la misma el mandatario se comprometió a cesar el envió de soldados a la Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés), nombre con el que actualmente se le conoce a la Escuela de las Américas.  

 

El Ministro de Defensa , Miguel Carvajal en mismo día emitió hacia las instancias pertinentes la decisión presidencial. El compromiso se confirmó durante el último enlace sabatino nº 278. El Ejecutivo firmó el decreto para dejar de enviar soldados a la Escuela de las Américas, proyectó además partes del video “Cerremos a la Escuela de las Américas”, documental producido por SOAW. Ecuador sería el quinto país en retirar a sus oficiales de esta academia militar que ha ocasionado mucho dolor a los pueblos latinoamericanos.  

icon Carta Ministerio de Defensa Nacional (171.52 kB)

 

Actualmente, el representante Jim McGovern encabeza una iniciativa de ley en el Parlamento estadounidense, para cerrar el Instituto, financiado por el gobierno de EEUU, y pedir una investigación profunda sobre la responsabilidad de SOA en violaciones de derechos humanos, la decisión de Ecuador podría impulsar esta ley.  

 

Desde su fundación en 1990, SOA Watch ha solicitado, a través de la ley de libertad de información en EEUU, los listados de personas que son entrenadas por la Escuela de las Américas, con estas nóminas se ha podido cotejar nombres de implicados en violaciones de derechos humanos en latinoamérica y militares al mando de golpes de Estado, que han pasado por aquellas aulas. Lisa Sullivan, encargada para América Latina de SOA Watch, aseguró: “nosotros aplaudimos iniciativas de profesionalización de las Fuerzas Armadas, sino es lo que ha enseñado esta Escuela”.  

gritoexDesde 1999, con el lema “Por Trabajo, Justicia y Vida”, se articuló una red de movimientos y organizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas denominada “El Grito de los Excluidos/as Continental”. La red se pronuncia enérgicamente contra el golpe de Estado parlamentario que destituyó el Presidente paraguayo Fernando Lugo y exige la inmediata restitución de su cargo.  

 

De acuerdo al pronunciamiento, Fernando Lugo representó una esperanza de cambio frente al modelo oligárquico, autoritario, pro-imperialista y anti-popular, implantado tras años de la hegemonía del Partido Colorado. Sin embargo, reconocen que el gobierno de Lugo fue rehén, desde el principio, de los partidos y fuerzas económicas tradicionales, ya que no supo articular un gobierno de base popular capaz de crear una correlación de fuerzas que viabilizara los anhelos sociales de cambio, justicia y democracia.  

 

A pesar de la crisis económica y social que vive Paraguay, la Red denuncia lo ilegítimo del derrocamiento y el peligro que representa el uso de artimañas legales para estos fines, como habría sucedido también en Honduras, donde se registran graves violaciones a los derechos humanos a partir del golpe de Estado de hace tres años.  
Por las similares características de los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, la Red advierte de una nueva “generación” de golpes de Estado comandados por autoridades civiles pero que aplican la misma represión y autoritarismo de antaño. Invita además a las organizaciones de la sociedad civil a rechazar de igual manera, el derrocamiento de Fernando Lugo, y que las instituciones como UNASUR y MERCOSUR, sean más radicales y contundentes para evitar, como en el caso hondureño, unos toques de maquillaje disfracen el hecho de que se trata de gobiernos impuestos por una camarilla ávida de poder.  

 

 

Leer Pronunciamiento completo:

icon El Grito de los Excluidos/as Continental: Paraguay (62.86 kB)

Organización estadounidense pedirá a Presidente Rafael Correa retirar a soldados ecuatorianos de la Escuela de las Américas

 

Una delegación del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas (SOAW, en inglés), visitará Ecuador entre los días 20 y 27 de junio de este año, en compañía de su fundador, el sacerdote Roy Bourgeois y la socióloga Lisa Sullivan, encargada para América Latina.

 

En la visita a Ecuador, se reunirán con diversas organizaciones de derechos humanos, e intentaran nuevamente reunirse -como ya lo hicieron en febrero del 2008- con el Presidente Rafael Correa, a quien plantearán, por segunda vez, la necesidad de retirar a los soldados de Ecuador del entrenamiento que siguen recibiendo en la conocida Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos.

 

La academia militar fue rebautizada en 2001 bajo el nombre de Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés) , opera en las mismas instalaciones y con el mismo propósito que le dio origen.

 

Hasta la fecha más de 3600 militares ecuatorianos han recibido entrenamiento aquí pese a las críticas y denuncias que diversas organizaciones de derechos humanos han realizado contra la Escuela de las Américas. En el año 2010, asistieron 31 soldados ecuatorianos y 4 instructores invitados, el año 2011 asistieron 36 nuevos “estudiantes”, mas un oficial y 3 suboficiales que participaron de la administración.

 

El 2008 conversamos con el Presidente Correa -recuerda Lisa Sullivan- y en ese minuto no habían las mejores condiciones para tomar una decisión en favor de retirar a los soldados de Ecuador de la Escuela de las Américas. El Presidente nos prometió que en el futuro estudiaría nuevamente nuestra solicitud. Volvemos a Ecuador con esa esperanza, que se decida retirar hoy a los soldados de este país de esta academia militar que tanto daño ha causado en América Latina. No nos oponemos a que los soldados viajen a EEUU pero hay otros cursos, en otros lugares, que pueden hacer bien a su país, como derechos humanos, ecología y medioambiente. Seguir contaminando las mentes de los soldados latinoamericanos con la guerra y la muerte no tiene sentido”.

Hasta la fecha han retirado sus soldados de la Escuela de las Américas los países de Argentina, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

carcelbabaEl 29 de mayo la prensa reportó el colapso de la cárcel de Babahoyo, que habría sobrepasado el 300% de su capacidad normal y al no poder ingresar a más personas, los detenidos fueron llevados a un lugar habilitado en el Comando de Policía.

 

A través de dos declaratorias de emergencia el Gobierno entregó 100 millones de dólares al sistema de rehabilitación social, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad. Aunque se hicieron adecuaciones a ciertos centros de detención, la mayoría de estos en el país adolecen de problemas de hacinamiento, insalubridad, falta de medicina e inadecuada alimentación.

 

El hacinamiento constituye un trato cruel inhumano y degradante conforme lo ha señalado la Corte Interamericana, exacerba las tensiones entre los internos y provoca una lucha del más fuerte por los espacios y recursos disponibles, propicia la propagación de enfermedades al dificultar un acceso adecuado a servicios de salud, reduce los espacios de acceso a las duchas, baños, el patio, entre otros, creando un ambiente propicio para la violencia y en el que las condiciones de salubridad, sanitarias y de higiene son deplorables, además impide se clasifique a los detenidos por condenados o procesados, y el acceso a las ya escasas oportunidades de estudio y trabajo, ello sin considerar que un alto porcentaje de detenidos no tiene una sentencia y ven vulnerados sus derechos por la negligencia de determinadas autoridades.

 

Con ello se viola lo dispuesto en el Art. 201 de la Constitución que señala: “el sistema de de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos”.

La última cumbre de la Organización de Estados Américanos, OEA en Cochabamba, Bolivia estuvo marcada por un fuerte cuestionamiento de varios países de la región, entre ellos Ecuador, a la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Frente a tales cuestionamientos, la Red latinoamericana y del Caribe para la Democracia se pronuncia sobre la gravedad de las sugerencias orientadas a la desaparición de este organismo que ha permitido el rechazo a las dictaduras de décadas anteriores y un espacio para la reivindicación de derechos frente a las violaciones de los mismos. A continuación citamos la carta.

 

Carta abierta al Presidente de Ecuador Rafael Correa y gobiernos de las Américas

 

Junio de 2012



redladEl Secretariado Permanente de la Red latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma integrada por más de 450 organizaciones y liderazgos de las Américas expresan su preocupación por las acciones sistemáticas y reiteradas, tendientes al debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de diversos gobiernos que quieren minimizar el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eliminar la voz de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos de la región.

En diversos encuentros en la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha tratado de poner límites y controles a la CIDH. Lamentablemente, la reciente Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, ha dado el último paso mediante la creación de medidas concretas propuestas por diversos cancilleres para controlar los fondos de la CIDH y poner barreras a su trabajo. Se están además, impulsando estrategias a través del Consejo Permanente para en menos de 6 meses, limitar la voz de la CIDH. A las intervenciones negativas de diversos  gobiernos, se sumó la presencia e intervención, únicamente a efectos de atacar a la CIDH, del Presidente de Ecuador Rafael Correa el 4 de Junio de 2012,

En particular, el Presidente Correa se refirió a la CIDH, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, calificándolos de ser representativos de intereses ocultos, no democráticos y sesgados. El Presidente ecuatoriano, cuestiono también el rol contralor de las organizaciones de la sociedad civil, la idea de la cooperación internacional y la validez de estándares internacionales de derechos humanos como por ejemplo la despenalización de los delitos de opinión.

Señoras y señores:

Ministros de Relaciones Exteriores y/o

Jefes de delegación de los Estados Miembros de la

Organización de los Estados Americanos (OEA)

 

cidhlogoLas organizaciones que suscribimos esta comunicación nos dirigimos a ustedes en la oportunidad del inicio de las sesiones de trabajo de XLII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar que en las resoluciones abiertas referidas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se reafirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de su autonomía e independencia, como el órgano que debe reaccionar ante las recomendaciones que le fueron presentadas por el grupo de trabajo para así fortalecer genuinamente el sistema de protección de derechos humanos.

 

El SIDH proporciona a la OEA renombre y relevancia. En los tiempos de las dictaduras y guerras civiles y en los tiempos modernos de democracias endeudadas con la solución de problemas estructurales de derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos fueron y son la conciencia del hemisferio, apoyando a los Estados y a sus habitantes en la efectiva protección de los derechos humanos.

 

El SIDH, mediante la resolución de casos individuales, visitas in loco, relatorías temáticas, opiniones consultivas, medidas cautelares y provisionales así como informes especiales temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo de proteger los derechos de los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional.

 

La Comisión y la Corte han salvado y continúan salvando vidas, contribuyeron en la apertura de espacios democráticos en el pasado y son factores centrales que contribuyen en la actualidad a consolidar las democracias, han combatido y combaten la impunidad y ayudan a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas.

peticionIndígenas Waoranis habitantes del Parque Nacional Yasuní debieron salir del país para encontrar apoyo a su pedido de no intervencionismo en su territorio y el de las familias tagaeri-taromenane que permanecen en aislamiento voluntario y que residen en la zona denominada Armadillo.

 

Desde hace varios años estos habitantes de las comunidades Bameno, Boanamo y Wema, buscan obtener títulos generales de propiedad para evitar que su territorio sea recolonizado, o que exista intervención alguna de parte del gobierno, empresas extractivas, misiones religiosas y toda amenaza externa que les ha perjudicado anteriormente. De esta manera defienden su derecho, como pueblo originario, a su autodeterminación, que está respaldado por el Convenio 169 de la OIT.

 

Ante la falta de atención de las instituciones nacionales, Penti Baihua debió salir de su selva para dar a conocer sus pedido ante la comunidad internacional. Para esto se hará el lanzamiento de una petición de solidaridad internacional a través de change.org, a la que cualquier persona en el mundo puede acceder, adjuntarse a esta campaña y solicitar a las autoridades ecuatorianas que respete los derechos de las familias Waoranis y Tagaeri-Taromenane, a su libre determinación, su cultura y costumbres, que respete la Zona Intangible de la selva y que permita que el Parque Nacional Yasuní se conserve en manos de sus guardianes ancestrales. De esta manera su busca además evitar un potencial etnocidio.

militarizacionLas cifras de la inseguridad ciudadana son alarmantes y de especial preocupación para las personas, además son parte del discurso que busca justificar la militarización urbana. Pero tomar esta medida en respuesta a la criminalidad sin mayor análisis, puede resultar muy peligroso. En lugar de ofrecer una solución al problema es posible que nos veamos presas fáciles de extensos procesos de militarización que en otros países generaron mayores índices de violencia y criminalidad.

 

Los casos más cercanos son Colombia y México. El primero empezó un proceso de paramilitarismo desde 1963 para combatir a las FARC y a los carteles del narcotráfico, pero hasta el momento han ocasionado la muerte de 12 mil civiles al año1; los actuales procesos de recuperación de estas tierras y de reparación a las víctimas, también son objeto de una violencia institucionalizada2.

 

En México, la violencia generada por los carteles de droga y trata de personas, llevó a que se militarice el país para combatir al narcotráfico3, el resultado son 30 mil muertos, en seis años, sin contar daños colaterales4, ni a defensores de derechos humanos y periodistas, que pasan a ser objeto de represión violenta5. El clamor internacional para frenar esta situación llevó a la sanción de una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos6, esto no evitó que el fin de semana pasado se asesinara a un periodista y que este 14 de mayo aparecieron 49 cuerpos mutilados7.

 

Más allá de enviar a los militares a las calles, sin una política de Estado tendiente a combatir el delito común y el crimen organizado, la situación empeorará corriendo el riesgo no solo del aumento de la violencia, sino que la corrupción de las organizaciones criminales transnacionales penetre en las autoridades, como ha ocurrido en los países señalados, garantizando que las múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes contra derecho humanitario sigan sin recibir sanción. Los expertos en seguridad que han analizado el tema coinciden en su totalidad, que mientras el sistema de justicia no sea independiente de las otras funciones del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones criminales, no se puede combatir la delincuencia, ni se podría vivir una verdadera democracia.

portadaCIDHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su función, entre otras, de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Desde su creación, la CIDH ha dedicado especial interés en la situación de las personas privadas de libertad en la Américas, constatando que el respeto a sus derechos humanos es uno de los principales desafíos que enfrenta la región, en ese contexto y con el apoyo del Fondo de España para la OEA, presentó su informe anual temático el día de ayer.  

El “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” identifica que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son: el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria; y el uso excesivo de la detención preventiva.  

La falta de control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la región produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de los reclusos, como por ejemplo altos índices de violencia carcelaria, organización y dirección de hechos delictivos desde las cárceles, y sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido”, lo cual también es producto de la corrupción endémica en muchos sistemas.  

La Comisión Interamericana considera que esta realidad es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la región, y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema. De esta manera, los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción. La naturaleza de esta situación revela la existencia de serias deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos. Asimismo, esta realidad impide que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de las personas condenadas.  

Representantes de la nacionalidad Waorani viajarán este 4 de mayo a Nueva York para participar en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU. Ellos reclaman el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio, la conservación de la selva donde habitan y que se les permita vivir en libertad, sin intromisión de empresas extractivas, ni del Estado, aunque plantean una relación en derecho con este. El lunes 7 de mayo lanzarán vía internet una petición internacional.  

 

Penti Baihua, Waorani de la comunidad Bameno, ubicada en la Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní, y coordinador de la organización Ome Gompote Kiwigimoni Waorani comenta que debieron salir de su casa en Yasuní, e ir al extranjero para dar a conocer su pedido, porque el gobierno ecuatoriano no lo quiere entender.  

 

La lucha de los Waorani data desde los primeros intentos de colonización del Estado ecuatoriano, pero desde hace cinco años realizan solicitudes formales para que se impida el ingreso de más empresas petroleras en el territorio del Parque Nacional Yasuní, que ya está atravesado por cinco bloques petroleros. De las 928 mil ha. que comprende el parque1, se planea conservar apenas 200 mil ha., correspondiente a los campos ITT. El territorio de preocupación también está ocupado por las familias tagaeri-taromenane, que se encuentran en aislamiento voluntario, este sector comprende el Campo Armadillo, cuya explotación es eminente, de acuerdo a las mismas declaraciones del gobierno, y donde ya se han registrado en el pasado ataques con lanzas por parte de estos pueblos contra quienes invaden sus territorios.  

 

Los integrantes de esta nacionalidad son testigos de la destrucción de su territorio en manos de empresas petroleras y de la tala indiscriminada de los bosques por personas extrañas.  

jovenes-1

La formación en derechos humanos es indispensable en todos los ámbitos de la educación, porque nos permite ser alterativos, sensibles, éticos y responsables ante la sociedad. Es así que estudiantes de 4 colegios de Quito, se han unido a la iniciativa de Cedhu, en convenio ministerial No. 382 del 19 de octubre de 1987, para llevar a cabo el Programa de Educación de DDHH para jóvenes, que este viernes 4 de mayo, culmina su período 2011 – 2012, en una ceremonia a celebrarse en el Colegio Don Bosco de La Tola.  

La Cedhu ha trabajado cada año lectivo con alrededor de 260 estudiantes de Tercer año de Bachillerato durante 18 sábados, en talleres lúdicos que aportan conocimiento y sensibilizan a los y las jóvenes en temas de derechos humanos, cómo: "Y, ¿Los derechos de los jóvenes?"; "¿Qué es ser joven hoy en Ecuador?", "Derechos e izquierdos humanos" entre otros.  

 Esta activida d es un a de l as opciones que deben escoger los y las estudiantes que cursan el segundo de bachillerato, a realizar como servicio comunitario y que comprende una calificación más para su graduación.  

Si algún establecimiento educativo desea incorporar esta actividad en su próximo año lectivo, puede comunicarse a las oficinas de Cedhu, al 2570619 ext. 104, con Susana Díaz, Coordinadora del Programa.     

 

Experiencias:  

Marco A. Tituaña
Estudiante Colegio Camilo Ponce, 2001  

Cuando tenía 17 años y me hallaba en quinto curso intentaron imponerme un camino de represión, no lo acepté, opté por colaborar en la construcción de un camino nuevo no solo para andarlo sino para trabajarlo, para poder jugar con él, para cantar, para soñar y amar: es el camino de los Derechos Humanos. Me pidieron que escriba un testimonio; de verdad lo intenté, pero me resultó casi imposible dibujar con cada palabra todo lo que viví y sentí, ahora me pregunto ¿hasta qué punto uno puede describir algo tan espiritual, tan enriquecedor, tan chévere?, tal vez muchos lo puedan hacer, pero yo al menos por el momento no lo he conseguido, además eso sería como mostrarles un camino andado ya. ¿Que tal si en lugar de ello les invito a gozar de este camino que nos queda por construir y caminar?¿Morir o matar? Y si prefiero amar...Como jóvenes nos queda tan solo pedir lo imposible, lo inexistente, tan solo nos queda soñar y amar, tan solo nos queda hacer camino al andar.  
 

La muerte de obreros en Chicago, en 1886, quienes exigían la jornada laboral de 8 horas diarias y mejores condiciones de trabajo, por momentos parece un lejano relato. Pero aquellos eventos nos entregaron una fecha insigne para dedicarla a la manifestación de las actuales reivindicaciones, y a recordar la lucha cuyos resultados ahora disfrutamos.  

En los años de lucha laboral, en norteamericana y Europa, la fuerza de trabajo estaba en los obreros y obreras de las fábricas, mientras que en nuestro país todavía regía un sistema feudal. En ambos casos las condiciones de los trabajadores y trabajadoras eran deplorables y esclavistas, en el país del norte la clase trabajadora estaba conformada generalmente por migrantes europeos y nativos pobres, en nuestro América Latina, está clase era indígena-campesina al servicio de las haciendas. En Ecuador el movimiento obrero surge años después con la migración del campo a la ciudad.  

 

Un poco de historia:  

En 1840, por primera vez se reconoció en EEUU la jornada de 10 horas de trabajo, después de décadas de lucha, manteniendo 12 y hasta 14 horas de trabajo incluyendo a los niños. En 1844 en Inglaterra, se aprobó la jornada de 7 horas para los niños menores de 13 años y limitó a 12 horas la jornada de las mujeres. En 1848 los obreros de Nueva Zelanda obtuvieron la jornada de ocho horas.  

La Primer Internacional acordó en su congreso en Ginebra, en 1866, agitar mundialmente la demanda de la jornada de las ocho horas, incidiendo en el debate. La ley Ingesoll dictada en 1868 estableció en EEUU la deseada jornada para servidores y obreros públicos, los industriales continuaban con jornadas de 12 horas.  
En Chicago , en 1867 se crea el Partido Nacional Obrero. En 1869, en Boston, se crea la “Liga por las Ocho Horas” con plataforma socialista. En 1871 en Nueva York, 20 mil trabajadores se manifestaron en las calles. En 1873 estalla una crisis que deja cesantes a 200 mil obreros, aquel invierno mucho caerían muertos por hambre y frío en las calles.  

La represión a las luchas obreras no se hizo esperar, en 1873 la huelga ferroviaria fue reprimida por el ejército, provocando varias muertes. El 1881 se creo la Federación Norteamericana del Trabajo (AFL, siglas en inglés), que en su tercera asamblea, celebrada en 1883, acordaron solicitar al Presidente de los EEUU impulsara la ley de las ocho horas.  

Las organizaciones de trabajadores se unieron a la propuesta de una huelga generalizada por una demanda única: “¡Ocho horas de trabajo! ¡Ocho horas de reposo! ¡Ocho horas de recreación!. El 1º de Mayo de 1886 se declararon cinco mil huelgas. A lo largo del mes los resultados se observaron de ciudad en ciudad, pero en Chicago los empleadores no cedieron. Los periódicos de la Asociación de Trabajadores y Artesanos de la Unión Obrera Central, avivaron el espíritu revolucionario de los obreros, frente a periódicos de los empleadores como el Chicago Tribune, que habría escrito: “El plomo es la mejor alimentación para los huelguistas....La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social.”  

El 3 de mayo murieron seis obreros fruto de la represión policial, al día siguiente durante un mitin, ordenaron a 180 policías detener el mitin, una bomba cayó en medio del cuerpo policial matando a dos uniformados e hiriendo a 60 más, se recrudece la represión y mueren 28 obreros. Chicago se declara en estado de sitio, los periódicos de los sindicalistas fueron allanados, sus propietarios y familias agredidas. Un año y medio después, Fielden, Schwab, Fischer, Engel, Lingg, Neebe, obreros y periodistas que encabezaban la lucha, fueron declarados culpables de haber planificado y ejecutado el lanzamiento de la bomba, cuatro de ellos fueron sentenciados a la horca.

p_pachamamaEl 22 de abril se conmemora el día de la Tierra, con el objetivo de conscienciar sobre lo retos de preservar el planeta. Aunque la fecha fue propuesta en 1970 en EEUU, política y económicamente, poco se ha avanzado hasta el momento.

 

A nivel mundial, únicamente Ecuador ha otorgado derechos a la Naturaleza o Pachamama, en respuesta a décadas de lucha indígena, a la que también se sumaron otras voces, por defender aquel vínculo físico y espiritual con la Madre Tierra, además del patrimonio territorial arrebatado a lo largo de la conquista española, el poderío criollo, la intromisión de la Iglesia y el imperialismo, en la producción económica de los Estados.

 

Si bien la declaración del día de la Tierra no tuvo un carácter político, ni económico, si lo tiene la falta de voluntad de los líderes mundiales en optar por modelos alternativos de desarrollo económico y social en sus países. Los resultados de las cumbres internacionales sobre cambio climático son la evidencia.

 

Desde otra perspectiva, la lucha por la preservación del planeta y los efectos ya palpables del cambio climático, han logrado calar la consciencia ciudadana, de otra manera ni siquiera existirían estas convenciones interestatales, ni la posibilidad de otorgarle derechos a la Naturaleza, cuyo estricto cumplimiento obligaría necesariamente el cese de las actividades extractivas como la del petróleo y la minería, además de la remediación ambiental por los daños ocasionados en el período de extracción, que también ocasiona graves daños a la salud de las poblaciones cercanas a estos lugares, por lo general pueblos y nacionalidades indígenas. Así mismo plantea el camino hacia el Buen Vivir o Sumak Kawsay.

 

BOLETÍN DE PRENSA

 

A las 15h00 de hoy, 19 de abril, esta prevista la audiencia fundamentación del recurso de nulidad interpuesto por los indígenas shuar Pepe Acacho, Fidel Kaniras, Pedro Mashiant, Santiago Saharup, Pedro Narankas, Andrés Wisum, y Ernesto Washicta, quienes enfrentan un juicio por terrorismo organizado desde septiembre de 2009, por las protestas sociales desarrolladas en la provincia de Morona Santiago, las que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional y resultó en la muerte del profesor Bosco Wisuma.

 

La CEDHU en su momento solicitó a las autoridades pertinentes, para que realicen la investigación respectiva sobre estos acontecimientos y no se quede en la impunidad el fallecimiento de esta persona. Contrario a esto, la administración de justicia ha criminalizado el ejercicio de derechos legítimos, consagrados en la Constitución ecuatoriana, como son el de organización y libre expresión, calificándolos como actos de terrorismo agravado.

 

Consideramos que el uso de este tipo penal no es proporcional, ni se ajusta a los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2009, ya que las acciones de los líderes sociales se enmarcan dentro de procesos de resistencia social debido que el Estado central no agota los mecanismos formales y legales de diálogo para procesar los reclamos, dejando a las organizaciones el único recurso de la protesta social, en este caso concreto, en defensa de la naturaleza, que también goza de derechos consagrados constitucionalmente.

eduardoEn la tarde del lunes 2 y mañana del martes 3 de abril, Eduardo Carreño ofreció dos conversatorios con el tema:  “Protección de defensores de derechos humanos y víctimas”  y “Retos de los sistemas de protección de derechos humanos”, como parte de una gira sudamericana que concluyó en Ecuador.

Un perfil de su carrera en defensa de los derechos humanos, la situación colombiana en derechos humano y su experiencia frente a los sistemas de protección internacional, el trabajo de las organizaciones y la posibilidad de crear nuevos sistemas internaciones de protección, lo desplegamos a continuación, en base a los conversatorios ofrecidos y la entrevista realizada en las oficinas de CEDHU.

El Perfil:

Eduardo Carreño Wilches es miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Su vinculación a los derechos humanos tiene origen en la defensa de derechos laborales, cuando en su juventud debió trabajar por el día para pagar la universidad a la que asistió por las noches. Fundó sindicatos, asesoró en la elaboración de pliegos de peticiones y participó en movilizaciones.

Durante los años universitarios, en la década de los '70, participó a título personal de procesos de recuperación de tierras con grupos indígenas y defensa de los dirigentes cuando estos era detenidos, según relata, este trabajo se tornaba difícil porque estas personas solo hablaban en su lengua originaria y debían valerse de intérpretes. Sin embargo, considera que el proceso fue exitoso, “al final se logra demostrar que ellos realmente estaban recuperando es su territorio, y se logra que el Estado, a través de varios organismos, dé una compensación a quienes aparecían como propietarios de esta tierra”.

Entre 1976 y 1979 formó parte de la Asociación Nacional de Profesionales ASONALPRO, “una organización de profesionales al servicio del pueblo”, cuando trabajó en la recuperación de tierras para urbanización en la ciudad, la intervención de la Asociación permitiría que se apartaran sitios de acción comunal.

Desde 1980 forma parte del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” cuya actividad principal es la defensa de las víctimas de crímenes de Estado, y la formación de las mismas y sus familiares para la lucha reivindicativa, en instancias nacionales e internacionales.

 BOLETÍN DE PRENSA

 

Organismos internacionales de derechos humanos han coincidido en los riesgos que han enfrentado en los últimos años, los defensores y defensoras de derechos humanos para ejercer su labor, y cómo estas amenazas afectan directamente a la víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

En Ecuador se han registrado varios casos de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, que se refuerza a través de un marco jurídico represor que mina las libertades fundamentales.

 

Es igualmente necesario analizar la importancia de un Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, conocer más a fondo las fortalezas y debilidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos creado desde la Organización de Estados Americanos y examinar los retos de otras alternativas como la propuesta de crear un sistema de protección paralelo posiblemente desde UNASUR o CELAC

 

Ante estos planteamiento, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, invitan a estudiantes, profesionales del derecho, activistas, periodistas y público interesado, al Conversatorio: “Protección de defensores de derechos humanos y víctimas” y “Retos de los sistemas de protección de derechos humanos” con Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados Javier Alvear Restrepo de Colombia.

 

El Conversatorio tendrá lugar el lunes 2 de abril de 2012, en el aula 042 del Edificio “José Joaquín de Olmedo” de la Universidad Andina Simón Bolívar, a las 17h00.

 

MARCHA POR EL AGUA, LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS:

DERECHO HUMANO AL AGUA

 

Quito, 15 de marzo de 2012

 

Agua-006La "Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos", convocada por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, ecologistas, mujeres y hombres del campo y ciudades de Ecuador, ante la implementación de un modelo de desarrollo inconsulto, basado en el extractivismo de la naturaleza, plantea entre sus principales demandas, la defensa del agua, tanto como derecho humano cuanto como derecho de la naturaleza.

 

El agua es un derecho humano garantizado por la Constitución (Art. 12) y los Tratados Internacionales de  Derechos Humanos1, por tanto, el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar y respetar este derecho, en consecuencia deberá tomar medidas para permitir su ejercicio y deberá abstenerse de realizar acciones que lo afecten o limiten.

 

El texto constitucional establece que el derecho humano al agua no se refiere únicamente al ejercicio del acceso para el consumo humano o doméstico, sino que está relacionado con la salud, los usos culturales, la soberanía alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación; y los derechos de la naturaleza, según el mandato contenido en los artículos 66, 71 y 318 de la Constitución.

 

El Ecuador se ha reconocido como un Estado Plurinacional e Intercultural, su construcción y consolidación dependen de la preservación de las fuentes de agua y la garantía al ejercicio de este derecho, considerando  además, que el uso y manejo tradicional del agua provienen de conocimientos transmitidos ancestralmente, y en este acervo se asienta la identidad plurinacional e interculturalidad del país.

Declaración conjunta con respecto a las represalias contra personas y grupos que buscan a cooperar con las Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

icon Declaración conjunta (46.82 kB)  

 

Los Relatores sobre defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos (Comisión Africana) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su grave preocupación en relación con actos de represalias contra personas y grupos que buscan a cooperar con les sistemas de derechos humanos regionales y/o de la ONU. Estas represalias contra personas y/o grupos que participan directamente en la ONU, la Comisión Africana y la CIDH, o que suministran información sobre la situación de los derechos humanos en países determinados, se dan en forma de campañas de desprestigio, acoso, intimidación, amenazas directas, agresiones físicas y asesinatos.

 

La ONU, la Comisión Africana y la CIDH tienen acuerdos normativos y reglas de procedimiento que prohíben explícitamente las represalias por parte de actores estatales y no estatales.1 En un esfuerzo por salvaguardar la vital colaboración entre la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos regionales y de las Naciones Unidas, los Relatores sobre defensores de derechos humanos se comprometen a y hacen un llamamiento a favor de mayor monitoreo y más acciones para hacer respetar estas reglas, y apoyan la reciente iniciativa de la Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien urgió a los Estados a poner fin inmediatamente a la intimidación y el acoso contra las personas y grupos que asisten al 19° periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos.2

 

mujer2012Los esfuerzos por el empoderamiento de la mujer a fin de erradicar la violencia de género, lograron importantes conquistas reflejadas en las garantías constitucionales, normativa jurídica favorable y en un mayor número de mujeres ocupando altos cargos políticos y empresariales. Pero la realidad cotidiana dista enormemente de aquellas conquistas, ya que la violencia física, psicológica, sexual y el femicidio, delitos de odio contra la mujer, elevan sus cifras a diario con la impunidad como su mejor aliada.

 

Hechos como la violencia doméstica, el acoso sexual, el machismo, la discriminación de género, la explotación laboral, la explotación sexual, el proxenetismo, el tráfico de mujeres cuyos réditos económicos convirtió a este flagelo en la tercera actividad más lucrativa del mundo, después del narcotráfico y la compra-venta de armas de fuego; se desenvuelven bajo parámetros y razonamientos de una sociedad machista-patriarcal que se traduce en toda una amalgama de violaciones y atropellos a la integridad y la vida de las mujeres en sus esferas sociales y políticas, tales como empresas, organismos, instituciones e individualidades.

 

La Cedhu registró durante el 2011 setenta casos de violencia contra la mujer, con un total de 91 afectadas, de las cuales 55 mujeres perdieron la vida de forma cruel a manos de su pareja (femicidio).Veintisiete fueron víctimas de violación sexual (19 de ellas menores de edad), por algún miembro de la familia o por profesores, lo que demuestra que la violencia sigue atacando a mujeres de distintos ámbitos sociales, económicos, religiosos y culturales.

Quito, 8 de Marzo del 2012

 

La "Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos", convocada por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de estudiantes, mujeres, jóvenes, trabajadores, trabajadoras y ecologistas en Ecuador, que inicia hoy 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, plantea la defensa de la Constitución de la República del Ecuador, la inmediata aprobación de la Ley de Aguas que incorpore las demandas sociales, la revolución agraria, el cumplimiento de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales como el agua, la tierra, la alimentación, el ambiente sano; así como los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, especialmente el derecho a la consulta previa contenidos en los Derechos del Buen Vivir y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Las demandas de las organizaciones sociales no plantean únicamente reivindicaciones coyunturales sino que esencialmente cuestionan el modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales que afectarán a territorios indígenas como el petróleo y la minería a gran escala, que claramente contradicen el espíritu de la Constitución y la construcción de un real Estado Plurinacional e Intercultural.

 

Esta marcha es convocada en el pleno ejercicio de los derechos y principios de participación reconocidos en la Constitución, como son los previstos en el Art. 96, que reconocen la organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para incidir en las decisiones y políticas públicas; en el Art. 97, que reconocen el derecho de las organizaciones sociales a formular propuestas y reivindicaciones políticas, ambientales, económicas, sociales y culturales e iniciativas que contribuyan al buen vivir; el Art. 95 que reconocen el derecho a la participación protagónica de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público; y, en el Art. 98 que establecen el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

embajada

En la mañana de ayer, un colectivo de mujeres de ecologistas, feministas y derechos humanos se tomaron pacíficamente la embajada china, en protesta por la anunciada firma del contrato minero con la empresa china Ecuacorriente S.A. La acción fue pacífica en todo momento, ocho mujeres entraron a la embajada y presentaron una carta en la que solicitaban al embajador exhorte a la empresa china a abstenerse de firmar el contrato por la serie de irregularidades que existen en torno a la concesión minera, mientras afuera esperaban otro grupo, alrededor de 25 personas en total.

 

Se informó desde la embajada que las ocho mujeres habían sido detenidas, tiempo después llegó un representante de la Fiscalía General del Estado, a su salida se conoció que la embajada china no levantará cargos, sin embargo habría llegado una orden gubernamental para que las mujeres fueran desalojadas y detenidos.

 

Alrededor de 40 policías llegaron a la embajada y las ocho mujeres fueron desalojadas violentamente por personal femenino de la Policía Nacional, fueron golpeadas y vejadas, de igual manera sucedió con los manifestantes que permanecían fuera de la embajada, que trataron de evitar el traslado de sus compañeras.

juntaDurante la audiencia de contestación a la denuncia presentada por los padres de familia de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Experimental Liceo Policial, efectuada el pasado viernes 24 de febrero de 2012, en la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se suscribió un acuerdo entre los denunciantes y los denunciados, a fin de precautelar los derechos de las niñas y niños afectados. La Junta también dictó medidas de protección a favor de los estudiantes.

 

Entre los acuerdos y medidas de protección constan:

 

  1. Que las autoridades, el personal docente y administrativo del Liceo Policial, no tomen ningún tipo de represalias en contra de las niñas y niños de séptimo año, ni en contra de los padres de familia que presentaron las denuncias.

  2. La socialización del código de convivencia y/o reglamento interno, al interior del plantel, con todos los actores de la comunidad educativa, para que sea de conocimiento general.

  3. La designación de un profesional del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA), que desarrolle un proceso de talleres de crecimiento personal con las niñas y niños de séptimo año del Liceo Policial.

  4. El profesional asignado, también deberá desarrollar un proceso similar con los padres de familia y docentes de séptimo, difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes y desarrollar habilidades para educar a los estudiantes en un marco de respeto de sus derechos.

  5. Los estudiantes deberán ser tratados de forma digna, sin discriminación alguna, por parte de las autoridades, personal docente y administrativo del Liceo Policial. Se prohíben las sanciones corporales, las sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Se prohíben las sanciones colectivas y medidas que impliquen exclusión o discriminación por alguna causa.

BOLETÍN DE PRENSA

 

Estudiantes de séptimo año de educación básica, de entre 10 y 12 años de edad fueron víctimas de castigos físicos y psicológicos por parte de la profesora de grado y el inspector de primaria. Los atropellos fueron denunciados por los padres de familia, ante el Rector Teniente Coronel de Estado Mayor de la Policía Nacional, Franklin Merlo y la Vicerrectora Cabo Primero de Policía María Soledad Barragán, sin que se haya investigado los hechos, ni adoptado medidas de protección a favor de los estudiantes.

 

cartas

Según las denuncias realizadas, luego de la salida de la profesora titular, llegó como reemplazo una señora sin título profesional para el desempeño como maestra, quien rompió en presencia de los estudiantes los recuerdos dejados por la profesora anterior, dividió a los alumnos en dos grupos de "educados" y otro de "malcriados", les aplicó sanciones colectivas y les advirtió sobre la prohibición de comunicarse con la maestra anterior por la red social Facebook. De igual manera, el inspector de primaria, sancionó a los estudiantes con ejercicios físicos hasta el agotamiento como patitos, polichilenos, entre otros. También llamó la atención a los estudiantes, impidiendo que reciban clases, durante las cuatro primeras horas de su jornada, en razón de que las niñas y niños escribieron cartas de despedida y apoyo a fin de que su maestra anterior regrese.

 

El Ministerio del Interior, la Dirección de Educación de la Policía Nacional, la Comandancia General de la Policía Nacional y la Supervisora de la UTE Nº 3 del Ministerio de Educación, también conocieron del caso, sin que se haya dispuesto una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido al interior del plantel. Según el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia el maltrato institucional se produce cuando las autoridades han conocido de las violaciones a los derechos de las niñas y niños y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata.

 

El 6 de febrero pasado se condenó a los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, al pago de un millón de dólares cada uno, en indemnización por daño moral ocasionado al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a través del libro "El Gran Hermano", publicado en el año 2010 y donde se realizó una investigación sobre los contratos entre empresas de Fabricio Correa, hermano del Presidente, y el Estado ecuatoriano. Este proceso, sumado a la sentencia contra diario El Universo, tienen un efecto amenazador contra el derecho a la libertad de expresión en todo el país.

 

Durante el actual régimen presidencial se ha evidenciado una actitud ofensiva desde el Estado contra la prensa, que van desde calificativos proferidos en sus espacios de comunicación hasta la aplicación de la leyes penales y civiles para censurar el trabajo periodístico. Más grave aún, es la probabilidad de una interferencia desde el poder ejecutivo en el judicial en detrimento del principio de independencia de los poderes estatales.

 

Los periodistas elaboraron su texto basados en la revisión de las declaraciones y discursos de parte de Fabricio Correa y del mismo Presidente, a partir de una primera investigación publicada en Diario Expreso, desde el 2 de agosto de 20091, donde detallaban los contratos celebrados entre el Estado Ecuatoriano y el hermano del Presidente de la República. El propio Fabricio afirma que el presidente conocía de tales contratos, y esto se ha convertido en el centro de la discusión en el proceso.

embajadapanama

 

Hoy, las organizaciones de la sociedad civil nos convocamos a las afueras de la Embajada de Panamá, para expresar nuestra preocupación por la violenta represión a los indígenas Ngäbe Buglé.

Aunque no nos recibieron dentro de la casa diplomática, una Ministra fue delegada para recibir en exteriores la carta firmada por las organizaciones y se le comprometió a hacerla llegar a la brevedad posible al Presidente Martinelli. Solicitamos además que haga efectiva una respuesta al oficio, porque de otra manera, volveremos a plantarnos al pie de la embajada. A continuación la carta entregada.

La Iniciativa Yasuní ITT impulsada por el gobierno ecuatoriano, ofrece proteger el aŕea comprendida por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, que no han sido explotados, pero que de hacerlo se considera que Ecuador obtendría 994 millones de barriles de petróleo para exportación, actividad que representa un tercio de la economía ecuatoriana. De la iniciativa también se asegura que, con el dinero recolectado, se protegerán la biodiversidad y las etnias existentes en el lugar, en especial a los "no contactados".

 

Para los pobladores de Yasuní, pertenecientes a la nacionalidad waorani, el proyecto les genera preocupación, al limitar la protección a un pequeño pedazo del parque y sólo si se reune el fondo acordado. El espacio comprendido por el ITT, no comprende todo el parque Yasuni, ni toda la zona habitada por ellos o sus familiares tagaeri y taromenane, que permanecen en aislamiento voluntario. El Yasuní es su territorio ancestral, a decir en sus propias palabras, fue heredado de sus padres y abuelos, quienes vivieron y defendieron el lugar por muchas centurias, les enseñaron a cuidarlo, con el avance de actividades petroleras y por ende llegada de colonos, el espacio de su territorio fue disminuyendo considerablemente1, ahora ellos solo quieren que se les deje en paz en el pedacito de territorio que aún habitan.

 

El parque nacional Yasuní fue declarado como tal en 1979, comprende un área de 982 mil has.2, la UNESCO lo declaró Reserva de Biósfera en 1989 por su valor biológico y cultural3. Al momento la mitad del Parque está divido entre seis bloques petroleros, incluido el ITT, los límites de estos bloques transgreden además, partes de la denominada "Zona Intangible".4 (ver mapa).

Carta abierta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y a los Cancilleres de los países miembros

 

24 de enero de 2012

 

Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

Sres. Cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos

 

Señor Secretario General, señores Cancilleres,

 

La Federación Internacional de Derechos Humanos y sus organizaciones miembro en las Américas queremos expresar nuestra preocupación en cuanto a algunas de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la OEA sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que debilitan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y reiteran que es esencial que los Estados se esfuercen en fortalecer el Sistema Interamericano en vez de debilitarlo.

 

Ante los recientes incidentes y cuestionamientos a la labor de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de varios Estados miembros de la OEA como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, las organizaciones abajo firmantes reiteramos la necesidad de respetar la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, subrayando también su plena legitimidad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido, desde su creación - y continúa siendo hoy día - un actor de cambio, garante de una mayor protección de los derechos humanos en el hemisferio, y un recurso efectivo para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos contemplados en la Convención Americana. En este sentido, es muy importante que los Estados atiendan las medidas cautelares y provisionales según el criterio de buena fe y reconozcan su carácter vinculante.

misacampalplanton

Desde las ocho de la mañana de ayer se ubicaron en la Plaza Grande, justo en frente de Carondelet, la misma cantidad de personas con menos presupuesto y la misma pancarta del año pasado que reclamaban justicia por los tres asesinatos cometidos por elementos del ejército ecuatoriano en enero de 2010 en la frontera. A este plantón se sumaron familiares del adolescente Dario Santander cuyo asesinato ocurrió en agosto de 2011, también estuvieron personas que denunciaban torturas en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos en contra de personas privadas de la libertad.

conversando

 

Al igual que el año pasado una secretaria de Carondelet se acercó y solicito documentación y manifestó que se los recibiría, al menos en esta ocasión fue recibida una pequeña comisión, hace un año no lo lograron, ofrecieron recibirles nuevamente a las 12h00. La misa campal inició a las 10h20, no se consiguió megáfono para esa hora, así que el sacerdote anglicano esforzó su voz para oficiar la misa que agregó curiosos al lugar y robó la mirada de los turistas. La gente de a pie se detiene, lee la pancarta, frunce el seño, algunos se acercan, preguntan, opinan, critican, mandan bendiciones, o simplemente no dicen nada y se retiran.

 

Un grupo de personas se retira para asistir a la Asamblea Nacional donde darían una rueda de prensa, pero a su regreso comentan que no hubo interés de los medios de comunicación en difundir la falta de justicia para sancionar a los responsables de la triple ejecución a humildes campesinos y la lucha que desarrolla una familia que sola se enfrenta al poder de las Fuerzas Armadas que busca encubrir los hechos.

Este miércoles, 18 de enero se cumplirán dos años del asesinato de tres hombres en la frontera en manos de militares ecuatorianos. Hasta el momento no solo ha quedado en la impunidad, sino que se presentan nuevos casos como el del adolescente Darío Santander, quién murió en la frontera en situación similar hace cinco meses.

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Francis Tamayo (ecuatoriano), Orlando Tapia y Sabino Pérez (colombianos) fueron asesinados en Puerto Nuevo, Sucumbíos, en un caserío poblado, donde niños fueron testigos de la ejecución extrajudicial. El ejército afirmó que se trató de "guerrilleros" abatidos en combate, pero los protocolos de autopsia dieron cuenta de impactos de bala que habrían ingresado solo por sus espaldas. En el proceso judicial1 se exculpó a los capitanes del ejército Marlón Luna y Ángel García, quienes comandaron la patrulla y acusa únicamente al General Hugo Villegas, Comandante de la IV Zona Militar, quien se negó a entregar los nombres de quienes conformaban la patrulla, por considerar dicha información como "clasificada".

 

Una llamada telefónica recibió Isabel Juela la noche del 5 de agosto de 2011, cuando le informaron que su hijo, el cabo segundo de la Policía Nacional, Edwin Paute, perteneciente a la escolta judicial, había sufrido un accidente y que se acerque a identificar su cadáver. Inmediatamente se acercó acompañada de una vecina, hasta la calle trasera del centro comercial San Luis Shopping, en la ciudad de Sangolquí. El cuerpo de Edwin Paute se encontraba semidesnudo, con marcas de golpes y cortaduras en todo su cuerpo y un orificio de bala a la altura de la nariz.

 

A un costado se halló una camisa camuflaje con el nombre W. Pareja, información que llegó hasta el Teniente Eduardo Valverde, quien deja mensajes de voz en los teléfonos de los instructores de Tambillo, buscando que alguien responda por el hecho. En la mañana del 6 de agosto Washington Pareja se comunica con el teniente Valverde y le cuenta que el día anterior "aproximadamente a las 20h00, en el sector de la Bretaña-El Beaterio, se me produjo un percance con mi arma de fuego (...) al encontrarse tomando unas colas en una tienda del sector, dos de mis alumnos (Iván Carrasco y Edwin Paute) me pidieron que les enseñe nuevamente una de las técnicas con mi arma de fuego, por lo que al sacar mi arma se me produjo un disparo accidentalmente impactándole en el rostro (a Edwin Paute)"

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Byron Santiago Amores Guamushig, de 27 años, cabo segundo de la Policía Nacional, fue atendido por dolor de muela el 14 de marzo de 2011 en el Comando Policial Nº 9 de Ambato, actualmente se encuentra en estado vegetativo, en lo que se presume fue un acto de negligencia médica.

 

Durante la mencionada cita, la odontóloga Sbtnte. Sandra Maji le extrajo el tercer molar superior derecho y le recetó medicina para el dolor. Al día siguiente Byron vuelve porque el dolor le resulta insoportable, la doctora le indica que hay una infección y le receta amoxicilina de 500mg y reposo por 24 horas. Al ver que la situación empeoraba se comunicaron vía celular con la doctora quien no pudo atenderles por encontrase franco, así que asisten donde un otorrinolaringólogo que tras realizarle una radiografía le diagnostica Angina de Ludwing1.

 

El 18 de marzo ingresó al Hospital de la Policía de Quito, donde los doctores de turno no dieron importancia al diagnóstico de ingreso y recién al siguiente día fue revisado por dos médicos maxilo facial, encuentran infección en molar inferior derecho y lo extraen, verifican además infección de glándulas bucales, que impiden la normal deglución de saliva y alimento. Al día siguiente la hinchazón de la garganta aumenta y el médico de turno dispone un drenaje urgente, pero el 21 de marzo el otorrinolaringólogo Dr. Gilberto Calle, suspende tal orden aduciendo que no es necesario, que el paciente es joven y que reaccionará favorablemente a los antibióticos suministrados.

En la tarde del miércoles 21 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos la Amnistía para los siete dirigentes de la parroquia Cochapata, del cantón Nabón de la Provincia de Azuay, quienes fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de sabotaje, relacionado con el levantamiento popular en el que participaron autoridades locales y comuneros, ocurrido el 23 de marzo de 2008 contra la empresa minera EXPLOSUR, del grupo ElJuri, por la contaminación de las fuentes de aguas en el sector de "Shincata".

 

Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez fueron amnistiados en el años 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente, con la que debió archivarse la causa, las autoridades judiciales hicieron caso omiso del mandato y emitieron la sentencia que obligó a vivir en la clandestinidad a los imputados.

10 DE DICIEMBRE, DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

por: Hna. Elsie Monge y Ab. Carolina Pazmiño

Este 10 de diciembre de 2011, se cumplieron 63 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, convocó a la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos en el evento público, por el derecho a la resistencia y la no criminalización de la protesta social, bajo el lema "exigir, resistir, vivir".

 

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas y colectividades han expresado sus demandas y descontento frente al poder. Como resultado de ello, la humanidad ahora cuenta con un marco ético universal que se expresa en los derechos humanos.

 

El Ecuador no es ajeno a este proceso. Así, en las últimas décadas podemos recordar las acciones desarrolladas por varios sectores como: trabajadores, indígenas, mujeres y la sociedad en general que se ha movilizado para reclamar sus derechos. La protesta y la resistencia, en varias ocasiones dio como resultado el derrocamiento de varios presidentes.

 

La Asamblea Constituyente de Montecristi al aprobar la Constitución vigente, entre los derechos consagrados, incluyó el derecho de las personas a expresarse, reunirse y manifestarse libremente. Adicionalmente el artículo 98 garantiza a las personas y colectivos el ejercicio del derecho a la resistencia, como un mecanismo de exigibilidad de respeto y garantía de los derechos humanos.

 

El derecho a la resistencia, también se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, al estar implícita en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; en la libertad de opinión y de expresión; y, en la libertad de reunión y de asociación pacífica, previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar a todas las personas sin discriminación alguna, el poder reclamar públicamente por sus derechos.

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El 10 de diciembre en que conmemoramos el 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las naciones del mundo firmaron dicho documento comprometiéndose a respetar y hacer respetar los derechos de toda persona. A partir de entonces se ha establecido tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales que obligan a los Estados a proteger y garantizar derechos fundamentales. Lamentablemente dista mucho el cumplimiento de dichas obligaciones.

 

Los derechos humanos son producto de las luchas sociales a través de la historia. Sin embargo, vemos con honda preocupación que en Ecuador dirigentes y comunidades que reclaman sus derechos y los derechos de la naturaleza están siendo perseguidos mediante el uso de la justicia. En la actualidad, 180 personas, especialmente campesinas e indígenas, están siendo investigadas por varios supuestos delitos comunes y/o por delitos contra el Estado.

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se encuentra profundamente preocupada por la detención, del presidente de la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI) Marco Guatemal, efectuada el día 25 de octubre del año en curso. El dirigente indígena es acusado por el delito de obstrucción ilegal de vías públicas a raíz de las protestas generalizadas en mayo de 2010, en oposición a la aprobación de la Ley de Aguas que a criterio de las comunidades manifestantes, dicha iniciativa legislativa no fue consultada en debida forma además de mantener disposiciones que promueven la privatización y el acaparamiento del agua atentando en contra de los avances constitucionales en la materia.

 

Días después de las movilizaciones, el gobernador de la provincia de Imbabura de aquel entonces imputó por el delito de sabotaje y terrorismo a tres dirigentes indígenas. Sin embargo, estos cargos fueron desechados por falta de pruebas y en su lugar el Ministerio Público siguió un proceso judicial por el delito de obstrucción ilegal de vías públicas exclusivamente en contra de Marco Guatemal.

 

En mayo de 2011 el juez a cargo emitió una medida cautelar mediante la cual Marco Guatemal debía comparecer ante las autoridades cada 15 días, sin embargo él nunca recibió la notificación para la primera audiencia, por lo cual se dictó orden de prisión preventiva y una orden de captura, su abogado fue multado con 1.200 dólares. La orden fue ejecutada el 25 de octubre del año en curso, mientras el dirigente indígena se encontraba en el despacho de la gobernadora de Imbabura para una cita con ella.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

 

28 de octubre de 2011

Índice AI: AMR 28/008/2011

 

ECUADOR: EL SISTEMA PENAL NO DEBE SER USADO PARA FRENAR PROTESTAS

 

Amnistía Internacional recibió con preocupación la noticia de la detención, este 26 de octubre, de Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI). Se le acusa del delito de obstrucción ilegal de vías públicas durante las protestas de mayo de 2010, cuando centenares de líderes indígenas y campesinos salieron a las calles a protestar en contra del proyecto de Ley de Aguas presentado por el Estado, y a reclamar por la falta de consulta, como prevén la Constitución de Ecuador y los tratados internacionales. Según los manifestantes, el proyecto de ley ponía en peligro su derecho humano al agua.

 

Días después de las movilizaciones, el gobernador de Imbabura en aquel entonces presentó una denuncia por el delito de sabotaje y terrorismo en contra de tres dirigentes indígenas de la FICI, uno de los cuales era Marco Guatemal. El proceso no avanzó por falta de pruebas. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso una nueva acusación únicamente en contra de Marco Guatemal por obstrucción de vías públicas, un delito que conlleva hasta tres años de prisión.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

 

26 de octubre de 2011

Índice AI: AMR 28/007/2011

 

Los conflictos recientes en el Chone, Ecuador que incluyen posibles desalojos forzosos y el uso excesivo de la fuerza para frenar protestas sociales que reclaman la falta de consulta en el contexto de la construcción de una represa, han generado un panorama alarmante para los derechos humanos.

 

Según la información recibida, desde mediados de 2010 comunidades campesinas montubias de esta zona han protestado en contra de la aprobación del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase 1 que implicará la construcción de una represa que, según ellos, inundaría sus tierras y desplazaría en torno a 1,700 familias. Las comunidades reclaman no haber sido debidamente consultadas previamente a la aprobación del proyecto, derecho que poseen de acuerdo a la Constitución de Ecuador y a normas internacionales, y tienen temor a ser desalojadas forzosamente.

 

Los desalojos forzosos son una violación a los derechos humanos. Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como los Principios Básicos y Directrices sobre Desalojos y Desplazamientos generados por el Desarrollo especifican claramente qué medidas y procedimientos deben tomar los Estados para garantizar que los desalojos no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan desalojos forzosos.

París, 28 de octubre de 2011.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condena el desalojo forzoso ilegal y el uso excesivo de la fuerza en contra de los habitantes de Río Grande, e insta a las autoridades ecuatorianas a respetar el derecho a la integridad personal de los pobladores así como el derecho a la consulta previa, libre e informada de los integrantes decomunidades afectadas por megaproyectos de desarrollo.

 

El pasado martes 18 de octubre en Río Grande, alrededor de 250 efectivos policiales arremetieron con gases lacrimógenos contra 200 personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos, que se encontraban realizando una concentración pacífica con el objetivo de impedir el desalojo del predio de 32 hectáreas tras su declaración de utilidad pública para la realización del Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH). En la mañana del 21 de octubre de 2011, efectivos policiales nuevamente reprimieron a los pobladores, disparando con balas de goma.

 

Producto de la represión resultaron heridos los Sres. Javier Manzaba Manzaba y Eduardo Cedeño. Durante la incursión, la policía también procedió a la detención de Carlos Alberto Espinoza Loor, Luis Alberto Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcivar, Lider Antonio Manzaba Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano, quienes fueron llevados a la sede de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, y denunciaron haber sido víctimas de vejaciones y actos de tortura durante el trayecto.

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Las comunidades de Río Grande oficialmente no fueron informadas acerca del Proyecto Múltiple de Chone, la SENAGUA se negó a proporcionarles la información y menos en cumplimiento de la Constitución a consultarles, por lo cual los pobladores debieron acudir a una acción de acceso a la información pública para obtener parte de la información y así enterarse que la obra se ejecutará en sus propiedades, por lo cual iniciaron acciones de resistencia frente a un proyecto que nos les fue consultado y atenta contra sus derechos garantizados en la Constitución. Después de varias acciones legales inconclusas y amenazas durante las sabatinas presidenciales de militarizar la zona, en la madrugada del pasado 18 de octubre, la fuerza élite de la Policía Nacional ingresó al predio "clave" para el inicio de la obra, el terreno del Sr. Alfredo Zambrano, donde también se encontraban en permanente vigilancia los pobladores del sector en franca solidaridad a su compañero y en resistencia pacífica, fueron desalojados violentamente.

 

Desde esa mañana se recibieron noticias acerca de personas heridas y con señales de asfixia, no existe registro audiovisual de la violencia porque los miembros de la Policía se encargaron de requisar cámaras de fotos y videograbadoras, desde entonces tampoco ha sido encontrado el niño Ronny Loor Manzaba, de seis años de edad.

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Ayer, hasta la Defensoría del Pueblo llegó una delegación de los campesinos afectados por el desalojo de la madrugada del martes 18 de octubre en el sector de Río Grande en Chone, Manabí. La entidad se comprometió a investigar si hubo violaciones de derechos humanos durante el desalojo, parte de los testimonios recogidos se los mencionamos a continuación:

 

Alfredo Zambrano:

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"El día 18 de octubre me levanté a las cuatro y media con la bulla de la alarma que hubo (...) me dirigí hacia afuera vi que venían unos 20 policías corriendo hacia mí, y en la escalera de mi casa, porque pretendí subir a mi casa, sentí los gases pimienta en mis ojos, mi cara y todo el cuerpo y me inmovilizaron, me bañaron de ese gas. Con las manos atrás amarrándome con esas esposas. (...) me bajaron al río y 200 metros aguas abajo, me subieron empujándome por unos barrancos (...) Me embarcaron en una ambulancia y me trasladaron hacia el cuartel de ellos ubicado 2km. salida de Chone rumbo a Portoviejo. (...) Me quisieron hacer firmar un acta, no me la leyeron (...) Luego la gobernadora quiso hablar conmigo, le expliqué los ultrajes (...) le dije la brutalidad del desalojo, le expliqué que ella me obligaba a vivir en las calles de Chone. Me dijo que la orden no era de ella sino del presidente. (...) Aproximadamente a las 11 de la mañana salí del cuartel descalzo, mojado y contaminado totalmente de gas lacrimógeno (...) me reuní con mi abogado, fuimos al hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone, también, allá me curaron, me pusieron inyecciones, pomadas y pastillas (...) Salí del hospital, pensaba vivir en las calles de Chone, resentido, no tenía calzado ni ropa más que la que estaba contaminada de gas lacrimógeno."

 

Delia Loor:

"Sin haber enseñado ninguna orden, a gritos manifestaron que procederían a desalojar el lugar (...) realizaron disparos para intimidar DELIA_MARA_LOOR_CEDEOa un grupo aproximado de 200 personas, (...) varias de ellas se quedaron en la parte alta del terreno afectadas por (...) el gas que fue lanzado por los miembros de la policía. Que ante la resistencia generada por las personas del lugar, los policías procedieron a empujar a las personas (...) utilizando sus escudos, y tirando patadas (...). Los moradores de la comunidad procedieron a defenderse utilizando palos, ante lo cual la policía procedió a utilizar gas. (...) Mientras la señora Delia Loor se encontraba realizando su protesta pacífica un miembro de la policía la ataco por su espalda, tapada de forma violenta su boca, sus ojos y echándole gas pimienta a la cara para evitar que pida auxilio (...) posteriormente fue trasladada al cuartel de la Policía de Chone en donde permaneció aproximadamente unas dos horas. (...) Sus compañeros se acercaron al cuartel de Chone para sacar a la señora Delia Loor, (...) posteriormente (la) traslada(ron) hasta el Hospital de Chone donde fue atendida. (...) Su conviviente, (...) Javier Manzaba, también (...) fue agredido de la misma forma por los policías. (...) Varios de sus compañeros fueron retirados sus cámaras de fotos y de video por parte de los miembros de la Policía Nacional."

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De acuerdo a la información proporcionada desde Río Grande, en la madrugada de hoy (05H15) un contingente de 400 policías equipados con chalecos, armas, escudos, gases lacrimógenos entre otros aditamentos, al mando del Tnte. Coronel Cuellar, ingresaron a la propiedad de Alfredo Zambrano Vera ubicada en el sitio El Jobo de Río Grande a fin de desalojarlo de su propiedad junto a 200 comuneros que hacían guardia en este campamento donde tenían la resistencia en oposición a una represa que el gobierno pretende construir en el marco del Proyecto Multipropósito Chone.

 

En el lugar se encontraban mujeres, niños y ancianos que fueron agredidos por igual, el personal policial lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los comuneros y una persona fue detenida. Mireya Cecibel Manzaba Moreira, a pesar de encontrarse en estado de gestación afirma que fue maltratada "fui arrastrada hasta un carro policial pero mis compañeros lograron rescatarme".

 

Alfredo Zambrano, de 73 años, fue golpeado, tirado al piso y resultó herido ante la brutal agresión de los gendarmes, se conoce que al momento se encuentra detenido en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Chone. Campesinos que lograron verlo afirmaron a Zambrano no se le permite entrevistas con medios de comunicación, ni con un abogado.

hambreEn Somalia hay niños muriendo diariamente por hambre1, en Ecuador 371 mil niños menores de cinco años están con desnutrición crónica2, el 14% de la población de América Latina y el Caribe viven en la pobreza extrema y sufren hambre3. A cuatro años de culminar el plazo propuesto para cumplir con los Objetivos del Milenio, el primero de ellos, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, está todavía muy lejos de ser una realidad.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), declaró el 16 de octubre de cada año como el Día Mundial de la alimentación, en 1979, con el objetivo de concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

 

La FAO presenta anualmente un informe temático donde reseñan la situación del mundo frente a esta problemática, este año se tituló "Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad". La conclusión más alarmante es que el costo de los alimentos en el mundo tenderán a subir aún más, ahondando así las crisis humanitarias que ya viven en el Cuerno de África y Haití.

cartelTodos tenemos formas diferentes de narrar un suceso personal, pero por lo general no responden a un orden cronológico exacto, sino que vamos priorizando ciertos momentos y luego vamos recordando detalles que enriquecen el relato, al final entenderemos lo que sucedió, y la habilidad del narrador nos permitirá recordar la historia y hasta nos marcará.

 

El documental dirigido y producido por María Fernanda Restrepo, en memoria de sus hermanos desaparecidos y la lucha de sus padres combatiendo la impunidad y el silencio, refleja esa narración personal de una realidad nacional puesta en lenguaje audiovisual.

 

Fernanda nos cuenta esta historia y de repente, matiza su narración hablandoles a sus hermanos con la mirada en la luna. Una primera parte de este relato usa la cámara subjetiva para que el público observe a través de la mirada de la directora esta vivencia personal. En otros momento el público es el invitado a presenciar los careos, el enfrentamiento con el pasado cuando se entrevista con los implicados en el caso de desaparición de sus hermanos.

Representantes del Pueblo Shuar Arutam emitieron un comunicado en el que declararon su rotundo rechazo a la política extractivista del actual gobierno y a las empresas transnacionales como Ecuacorriente, por su deseo de desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos en la amazonía ecuatoriana.

 

A pesar de que la Constitución de Monstecristi reconoce derechos a la naturaleza, deja imprecisa las decisiones acerca de la consulta a los pueblos y nacionalidades para la explotación de recursos naturales naturales, que está contemplado en convenios y pactos internacionales, sin embargo al considerarse un proyecto de estratégico o de interés nacional, los derechos colectivos de estos pueblos y nacionalidades quedan de lado, de acuerdo al boletín.

 

La carta está elevada a las más altas autoridades nacionales e internacionales a fin de que tomen acciones para evitar las violaciones a sus derechos, como ha venido sucediendo a lo largo de los años con la explotación petrolera y las primeras fases de exploración de empresas mineras extranjeras. Así invitan a todas las nacionalidades, organizaciones y a la ciudadanía general a unirse a una gran minga de defensa de derechos civiles.

Mural-por-HaitiUna carta abierta firmada por organizaciones sociales y reconocidos intelectuales de Latinoamérica, dirigida a todos lo gobiernos de la región, se solicitó la salida de Haití de las tropas de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de la ONU), formada por soldados enviados desde nuestros países y que permanecen en ese país desde hace siete años.

 

La carta firmada por el nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Galeano, Raúl Zibechi, Elsie Monge y organizaciones como Abuelas de la Plaza de Mayo y el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW) entre otros, dice que "la ocupación injustificada e inmoral (...) viola continuamente la soberanía y la dignidad del pueblo de Haití"

 

La Minustah se vio involucrada recientemente en un caso de violación sexual a un joven haitiano, el cual sería uno de muchos que incluirían explotación sexual. La llegada de la Minustah a ese país se daría en 2004, durante régimen de facto de Jean-Bertrand Aristide, tiempo en que perpetrarían incursiones violentas en los barrios periféricos pobres.

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En el primer piso del edificio de la Asamblea Nacional se reunieron el día de ayer, los asambleístas de la provincia azuaya, de las diferentes bancadas, organizaciones de derechos humanos y representantes de las comunidades del cantón Nabón, para escuchar al Defensor del Pueblo del Ecuador, Fernando Gutiérrez, presentar ante el presidente Fernando Cordero, la solicitud de Amnistía para los siete dirigentes que han sido criminalizados, obligándoles a permanecer en la clandestinidad.

 

Durante su intervención, Fernando Gutiérrez, previo a la entrega de la solicitud y expediente adjunto, destacó que la injusticia cometida contra estas personas demuestra el predominio del poder económico antes que el bien común. Dijo también que las personas por las que se pide la Amnistía son dirigentes y funcionarios que cuentan con la confianza y apoyo de las comunidades a las que pertenecen, que son además, víctimas de las omisiones de las autoridades, ya que son beneficiarios de la amnistía otorgada en el 2008 en la Asamblea de Monstecristi, que ha sido incumplida. Ahora se solicita una nueva.

consultaquimsacochaEl domingo 2 de Octubre los usuarios del Sistema de Agua Comunitaria de Tarqui - Victoria del Portete, fueron convocadas por la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), a una consulta comunitaria. La pregunta ¿Está usted de acuerdo con las actividades mineras en las fuentes de agua de Kimsakocha?. La respuesta fue un rotundo NO, que obtuvo el 92,38% de la votación.

 

La resistencia de las comunidades asentadas en Victoria del Portete y Tarqui data desde hace aproximadamente 5 años, cuando la empresa minera canadiense "I am Gold" empezó la exploración para un proyecto de minería en el sector de las tres Lagunas o Kimsakocha, los primeros trabajos hicieron evidente un primer desgaste del agua de este páramo que abastece a las dos parroquias que principalmente se sustenta de agricultura y ganadería.

logoclademCon una carta dirigida a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Johana Pesántes, y demás autoridades competentes, el Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Cladem,  denunció la existencia de "Clínicas de deshomosexualización" en el Ecuador, fruto de un esfuerzo conjunto con organizaciones feministas. Precisamente serían mujeres lesbianas las que estarían siendo sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, dentro de estos centros a los que son internadas de manera forzosa. La Cedhu se unió a la solicitud de investigación y sanción a las personas que estarían participando de estas prácticas. A continuación citamos textualmente la carta enviada:


Con gran preocupación seguimos recibiendo información del Taller de Comunicación Mujer, Causana y Artikulación Esporádika, organizaciones feministas y lésbicas, que durante más de 10 años han documentado casos de privación ilegítima de libertad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que cientos de mujeres han sufrido en seudos Centros de Rehabilitación en el Ecuador donde se ofrecen servicios de deshomosexualización. En 2011, el Taller de Comunicación Mujer, requirió información al CONSEP y al MINISTERIO DE SALUD, sobre estas clínicas. De un total de 206 clínicas, 102 las reporta únicamente el Consejo Nacional de Control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas -CONSEP, 49 únicamente el Ministerio de Salud y 55 ambas entidades.

El cantón Chone es uno de los más representativos de la cultura manabita, pero en los últimos años su fama se concentra en la población de Río Grande, que se opone a la construcción de una represa, parte del Proyecto Multipropósito, concesionado por el gobierno nacional a una empresa China. El caso se ha envuelto en una serie de violaciones a derechos colectivos y ambientales.

 

Río Grande comprende a las comunidades El Espejo, Camarones, La Balsa, Cañitas, El Naranjo, Betillal, La Palma, Juan Cayo, Boca de Coñaque, Coñaque, El Cerezo, El Japón, La Mina, El Aguacate, El Achiote, El Ceibo, El Jaboncillo, Solesté, Sánchez, Boca de Sánchez, Platanales, Estero El Rancho, La Capilla, La Tola, El Guabillo, La Piedra, San Roque, Zapote, La Ñarusa, Limón, El Jobo de Río Grande, albergando alrededor de 1700 familias. Su nombre lo lleva por el río que es una de las 4 microcuencas que que conforman la de Río Chone.

 

"El Proyecto Multipropósito Chone" impulsado por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), comprende la construcción de una represa en el Río Grande y el desagüe en la parroquia San Antonio, de esta manera evitar que la zona urbana se inunde durante el invierno con el crecimiento de los ríos Chone, Mosquito, Garrapata y Carrizal, causando pérdidas económicas. Sin embargo la zona que pretende inundarse para la construcción está repleto de tierras fértiles que producen 20 millones de dólares anuales a la economía local de Chone y cuatro mil empleos.

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Representantes de la nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y campesinos afectados por la presencia de petroleras y mineras extranjeras, se dieron cita en la Asamblea de los Pueblos del Sur de Morona Santiago el pasado 25 de septiembre en Bomboiza. Durante la Asamblea se escucharon las presentación de las Organizaciones de la Sociedad Civil que han trabajado e investigado los efectos de las actividades extractivas en las poblaciones cercanas, nombrando entre otros, los problemas de desplazamiento forzado, contaminación ambiental irrecuperable y criminalización de la protesta social.

 

La Asamblea expresó su rechazo rotundo a "las pretenciones de despojo", la política extractivista del actual régimen y la "oposición categórica y definitiva a la explotación minera y petrolera a gran escala en nuestro país y de manera particular en la REGIÓN AMAZÓNICA", y se declaró en estado de emergencia, en movilización y asambleas continuas en defensa de su territorio, su vida y en defensa de la naturaleza.

protesaLas recientes manifestaciones estudiantiles en contra la Bachillerato General Unificado (BGU) han dejado saldos indeseables. El pasado jueves 15 de septiembre, Edison Cocíos, estudiante del colegio Mejía, fue impactado en su cabeza por una bomba lacrimógena produciéndole una fractura craneal, fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y ahora permanece en estado de coma el Hospital Eugenio Espejo. En el lugar también fueron atendidos Raúl Bonilla del Colegio Odilo Aguilar y a Daniel Cajas de la Universidad Central.

 

De acuerdo a los testimonios de los estudiantes la Policía habría ingresado a los Colegios Montúfar y Mejía, lanzando bombas dentro de los establecimientos, una de las cuales hirió a Edison. El mismo día representantes de las diferentes autoridades gubernamentales se ofrecieron a realizar una investigación imparcial tendiente a identificar y sancionar al culpable.

En los casos de la muerte de Pedro Miguel Vera Vera en 1993 y en el ascenso a General que le fue negado al Coronel del Ejército José Alfredo Mejía Idrovo en el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en contra del Estado ecuatoriano y ordenó tomar medidas de reparación para ambos casos.

En el caso de Pedro Miguel Vera Vera el Estado fue acusado por la falta de atención médica adecuada y oportuna mientras se encontraba preso (por lo tanto en custodia del Estado) con una herida de bala, muriendo 10 días después. El 12 de abril de 1993, en Santo Domingo de los Colorados, Pedro Vera, de 20 años, acusado de delinquir, fue detenido con una herida de bala a la altura del pecho.

 

Los policías que lo detuvieron lo llevaron hasta el cuartel de la Policía para registrarlo y posteriormente al Hospital Regional de Santo Domingo, en el lugar no se realizó el diagnóstico pertinente para saber si requería de una cirugía, le dan el alta al día siguiente y es llevado al Centro de Detención Provisión. De acuerdo a la sentencia de la Corte, esto constituyó una negligencia médica.

El pasado 21 de Agosto se celebró la Asamblea de los Pueblos del Austro y del Sur del Ecuador por la Defensa de la Naturaleza, en el cantón el Pangui de la Provincia de Zamora Chinchipe. El evento convocó alrededor a comunidades, organizaciones de base y autoridades locales, en el rechazo a la próxima firma de contratos mineros a gran escala con empresas transnacionales.

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La Asamblea tuvo como invitados al equipo conformado por varias organizaciones de derechos humanos, que con apoyo de organizaciones internacionales elaboraron un informe que expone la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa ECSA, que recaen en criminalización y amedrentamiento de la lucha social, violación de derechos laborales, también solciales y culturales con el acaparamiento de la tierra, y de los derechos de la naturaleza1.

 

Tomado de: Revista Liberación en Ecuador

 

Por más de 35 años, la Hermana de Maryknoll Elsie Monge ha servido como misionera en su natal Ecuador

Por Mary Ellen Manz, M.M.

 

Por Liberar a las personas. "Eso es lo que Jesús vino a hacer", dice la Hermana de Maryknoll Elsie Monge.

 

"Trato de seguir sus pasos". Esos pasos le han permitido ser una defensora de derechos humanos en su natal Ecuador, en donde ha servido como misionera por más de 35 años. Su trabajo le hizo ganar una nominación por el Premio Nobel de La Paz en el 2004 y el título de "Mujer del Año" en Ecuador en el 2005.

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Pero Monge dice que defender los derechos del pobre está en su sangre. Ella tuvo modelos a seguir de su abuela, María Elvira Campi de Yoder, quien fundó la Cruz Roja en Ecuador, y su madre, Grace Yoder de Monge, quien se dedicó al trabajo social para los pobres en la ciudad de Guayaquil, donde creció la futura misionera. "El deseo de hacer algo por otros que vi en mi familia tuvo una gran influencia en mí", dice Monge, quien vino a Estados Unidos como estudiante de secundaria y asistió a Junior College en Nazareth Academy en Kentucky. "La terrible pobreza y el deseo que sentí, junto a la necesidad de tratar de hacer algo para remediar la situación desarrollaron en mí la vocación religiosa". Buscando grupos misioneros, Monge descubrió a las Hermanas de Maryknoll y se unió a la congregación en 1954.

ACCIÓN URGENTE

Jueves, 18 de Agosto de 2011

 

Sr. Eco.

Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Palacio de Carondelet,

Quito.

 

Señor Presidente:

 

Reciba un cordial saludo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, Cedhu. La presente tiene el objetivo de expresarle nuestra preocupación por la muerte de adolescente ecuatoriano Rubén Dario Santander Guerrón, el pasado 11 de Agosto de 2011, en la comunidad de Puerto Mestanza, en la ribera del Río San Miguel, frontera con Colombia, y en la que estaría implicado el Ejército Ecuatoriano.

 

De acuerdo a información proporcionada por el Frente de Mujeres de Sucumbíos y la prensa nacional, miembros del Ejército Ecuatoriano que se movilizaban en dos lanchas se acercaron al lado colombiano para decomisar unos tanques que aparentemente tenían combustibles, entonces abrieron fuego indiscriminadamente durante quince minutos, los pobladores se refugiaron donde pudieron para evitar ser alcanzados por las balas. Rubén Dario se encontraba junto a otros dos menores viendo televisión en la sala de la casa de un vecino del sector, e intentaba esconderse debajo de la cama cuando fue alcanzado por una bala en su cabeza. La menor que se encontraba viendo televisión junto a Rubén Dario, comunicó inmediatamente a los familiares de este lo sucedido, pero cuando fueron a socorrerlo ya había fallecido. La autopsia de rigor confirmó que la muerte se habría dado por impacto de bala en su cabeza y que tal bala fue disparada por un fusil. Rubén Dario se encontraba de vacaciones en el lugar, el próximo mes de septiembre hubiese iniciado el quinto año de educación secundaria.

El 10 de Agosto 1809 lo recordamos cada año como el inicio del proceso de independencia de las colonias españolas en América Latina. Esta fecha marca además, la posesión de nuevos gobiernos e informes a la nación.

 

Sin embargo la condición dependiente de Ecuador y América Latina no culminó sino que cambió de mando, como lo describiera el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en "Las venas abiertas de América Latina". Así se han vivido más de una guerra de independencia y no al mando de generales ni armados con fusiles, sino a punta de concienciación, reivindicándonos en la desobediencia civil, alzando la voz de protesta, muchas veces haciendo de la ciudad una trinchera y soportando represión.

COMUNICADO DE PRENSA

 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

 

Ecuador debería apoyar la Comisión de Investigación sobre crímenes internacionales en Birmania.

 

10 de Agosto, 2011. La FIDH y su organización miembro en Ecuador, CEDHU hacen un llamado al gobierno de Ecuador para que apoye la creación de una comisión de Investigación sobre crímenes internacionales en Birmania.

 

En una carta abierta a la Cancillería ecuatoriana, nuestras organizaciones afirman que los gobiernos tienen la obligación fundamental de oponerse a las extensas y sistemáticas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

 

La carta subraya que recientemente, se han lanzado ataques militares contra las nacionalidades étnicas en los estados del norte y este de Kachin, Shan, Karen y Karenni, causando grave preocupación por que las autoridades militares extiendan sus ofensivas al oeste y al sur del país. Sumado a las ejecuciones extra-judiciales, los actos de tortura, la quema de aldeas y la destrucción de las fuentes de alimentación, las mujeres y las niñas han sido blanco de violencia sexual. En la segunda semana de junio, los soldados del gobierno violaron en grupo a 18 mujeres y niñas, seis de las cuales fueron asesinadas.

protestasGAOLa semana pasada salieron en libertad los 12 policías que pertenecían a la desparecida unidad antidelictiva GAO, la pena impuesta más dura fue de diez meses que ya se cumplieron, por lo tanto la excarcelación fue inmediata. El proceso correspondía a la detención ilegal y tortura a tres jóvenes y la desaparición del padrastro de estos, Hernán Cedeño el 30 de septiembre de 2009.

 

Los peritajes realizados daban cuenta de la veracidad de los testimonios de los jóvenes Karina, Fabricio y Javier Pico Suárez, sin embargo como hay un registro del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), en el consta la entrada de Hernán Cedeño al vecino país el 24 de noviembre de 2009, aunque no existiese prueba de su liberación por parte de los miembros de la GAO, ni registro de su salida desde Ecuador, se dejó de considerarle como desaparecido.

 

El testimonio de una persona que se ha convertido en víctima de una violación de derechos humanos, se la considera prueba, ya que con tal declaración se está arriesgando a ser nuevamente agredida. El proceso reconoció las agresiones recibidas por los hermanos Pico Suárez, de parte de los elementos de la Policía, incluso insinúan la posibilidad de intentar desaparecerlos una vez muerto Hernán Cedeño, la sentencia afirma la culpabilidad de los agentes en los hechos, pero la sanción no lo refleja.

En el año 1997, Marco Bienvenido Palma Mendoza fue capturado y posteriormente desaparecido por ex miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que prestaban servicio de seguridad al empresario Medardo Cevallos. Solo hasta el año 2000 se supo que Marco Palma fue asesinado junto a otro hombre, después de cinco días de encierro, y ambos lanzados a un río. Actualmente la Corte Internamericana de Derechos Humanos está analizando el caso y se espera emita una resolución en los próximos meses.

 

La captura de Marco Palma sucedió a la altura del SECAP en la ciudad de Manta, cuando este se movilizaba en un vehículo con su hijo de 11 años. Hombres fuertemente armados lo interceptaron, sacaron del auto al hijo menor de edad de Marco Palma, mientras este era llevado hasta una camioneta blanca. Sus familiares lo buscaron por recintos policiales y militares de Manta y Quito, sin éxito.

El pasado miércoles 20 de julio de 2011, dos hombres encapuchados a bordo de una moto roja dispararon en la cabeza de Marlon Lozano Yulán, miembro y dirigente de la Organización Tierra y Vida, formada por pequeños productores y campesinos posesionarios de tierras que buscan la obtención legal de sus títulos.

 

Días previos al hecho, el abogado Milton Yulán, tío de Marlon y también miembro de Tierra y Vida, percibió que estaba siendo perseguido por una camioneta blanca, por lo que asegura es posible, que el ataque estuviera dirigido a su persona. Marlon Lozano Yulán fue atacado a las seis de la tarde del miércoles y falleció en la madrugada del jueves, 21 de julio de 2011.

libertad-diario-500x333En estos días Ecuador protagoniza lo que Juan Miguel Vivanco a descrito como un "ataque frontal a la libertad de expresión", por la desproporcionada condena impuesta por un juez temporal, al Diario El Universo y a su ex editor de Opinión, Emilio Palacio. La querella entre el Presidente Rafael Correa, para este caso considerado ciudadano común, y el diario guayaquileño fue recogida por la prensa y organismos a nivel nacional e internacional con rechazo, por la sentencia de tres años de prisión para el editorialista y 40 millones de dólares que deberá pagar el medio como idemnización al agraviado.

 

El Presidente de la República, Rafael Correa que ha hecho gala de una personalidad violenta, al ordenar el encierro de varias personas por supuesto desacato, al enfrentarse a policías sublevados en el mismo cuartel de la manifestación y la facilidad para descalificar a opositores o a todo aquel que considera amenace el proyecto de gobierno, en su espacio sabatino y sin derecho a la réplica. Esto y el fenómeno generalizado de la criminalización de la protesta social, resulta incomprensible ante una constitución de vanguardia en la garantía de los derechos humanos, y de la naturaleza, que impulsó este gobierno.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que un funcionario público se expone voluntariamente a un escrutinio público más exigente ya que sus actividades están insertas en la esfera del debate público, por lo tanto tienen mayor riesgo de sufrir críticas. Así mismo las señala que la protección de la reputación de funcionarios públicos se debe garantizar sólo mediante sanciones civiles.

 

El proceso penal que se llevó contra Diario El Universo, no solo viola este principio, sino que amedrenta a otros medios de comunicación y a periodistas para evitar la crítica al gobierno actual. Así mismo estaría condenando a la desaparición del medio con el cobro de una multa de 40 millones de dólares, que ni con todo el patrimonio y material de producción del medio, completaría tal cantidad, mucho menos si se apela la sanción para duplicarla, como manifestó en declaraciones el abogado del Presidente de la República, Alembert Vera, quien también ha dicho que el dinero se destinará al proyecto Yasuní-ITT, ¿es posible entonces, que espera que las organizaciones que apoyan este proyecto, vuelquen acciones para exigir el pago?

 

La libertad de expresión y la comunicación son derechos que nos permiten exigir nuestros demás derechos y por eso es necesario exigirlo desde todo los espacios e impidir su cooptación.

 

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva CEDHU

Se adjunta artículo completo al final.zibechi

 

El escritor uruguayo Raúl Zibechi ha comprometido su carrera en la defensa de las luchas de resistencia de las comunidades latinoamericanas afectadas por los modelos de modernización, que implican explotación, extractivismo y colonialismo.

 

Recientemente visitó nuestro país para formar parte del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, donde compartió sus visiones sobre los nuevos modelos de dominación ocultos en un rostro revolucionario de izquierda. Por su experiencia y conocimientos, formó parte del primer Tribunal Ético a la Criminalización de los defensores de la naturaleza en el Ecuador, celebrado en la ciudad de Cuenca el pasado 22 de junio.

El pasado martes 28 de junio, ingresaron al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 14 personas de nacionalidad cubana con su respectivo pasaporte y carta de invitación. Sin embargo, la Policía de Migración no les permitió el ingreso al Ecuador, argumentando que no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley Migración; y, consecuentemente, dispuso la detención de estas personas, sin que exista una orden judicial emitida por una autoridad competente. Estas personas permanecieron en estado de incomunicación en una de las salas de pre embarque del Aeropuerto de la ciudad de Quito hasta el día jueves 30 de junio que fueron devueltas a su país de origen en horas de la mañana.

 

Frente a estos hechos, la CEDHU, interpuso acción de hábeas corpus a favor de los ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente, recayendo la competencia para el conocimiento de la acción en el Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantías Penales de Pichincha que convocó a una audiencia pública efectuada el 30 de junio de 2011.

Nosotros, los pueblos de la Abya Yala, hijos e hijas del kúntur1, del quetzal y del águila, nos encontramos en Guapondelig del 20 al 24 de junio del 2011, en un gran abrazo de organizaciones, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas del continente, junto a personas académicas, investigadoras, científicas, escritoras, poetas, artistas, soñadoras, amadoras de la vida, para defender el agua y la Pachamama. Durante estos días hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.

 

Compartimos con nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, nuestras reflexiones y los acuerdos a los que hemos llegado.

 

lecturadeclaracion

Este Tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas por una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización, alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como fuerzas de seguridad privada.

lecturaVeredicto

Somos hereditarios de las experiencias de los Tribunales de Opinión, de los Tribunales de los Pueblos, de las Comisiones Éticas y de la Verdad y de todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los Estados, las Empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.

ceremonia

La semana del 21 al 24 de de Junio la ciudad de Cuenca fue testigo de un evento sin precedentes, donde se reunieron representantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas y campesinas de todo el país, además de las delegaciones del continente americano provenientes de procesos de resistencia frente al extractivismo.

 

El 21 de junio se inauguró oficialmente el Encuentro con una ceremonia indígena en las ruinas de Pumanpungo, atrás del edificio del Banco Central, llena de colorido y con el clima a nuestro favor, el ambiente se llenaba de mucho color entre las vestimentas originales de los y las indígenas de varias etnias, los frutos de la Pachamama ubicados al centro de la ceremonia con cuatro banderas que representaban los puntos cardinales, se contagiaba la alegría de los niños y niñas que acompañaron a sus madres a esta cita.

logotribunalEl próximo miércoles 22 de junio de 2011, en el Salón de la Ciudad del Municipio de Cuenca se instalará el primer Tribunal Ético a la Criminalización de la Protesta Social en el Ecuador, en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama.

 

El objetivo del Tribunal es escuchar los testimonios de personas que en su resistencia al extractivismo en el Ecuador, se convirtieron en defensores de derechos humanos y de la naturaleza, pero que han sido criminalizados y en base a éstos relatos y al informe que presentará la Defensoría del Pueblo, caracterizar la problemática, ampliar la difusión de tema y emitir un veredicto que pueda ser presentado en instancias nacionales e internacionales.

 

El Tribunal estará conformado por personalidades internacionales que se han destacado en la reivindicación de los derechos humanos desde sus propios países. Se contará con la presencia del escritor uruguayo Raul Zibechi, quien ha recorrdio casi todos los países de América Latina, sobretodo la región andina, conociendo buena parte de los movimientos de la región. Colabora en tareas de formación y difusión con movimientos urbanos argentinos, campesinos paraguayos, comunidades indígenas bolivianas, peruanas, mapuche y colombianas. Todo su trabajo teórico está destinado a comprender y defender los procesos organizativos de estos movimientos.

palston

Durante el 17º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza en Ginebra, desde el 30 de mayo al 17 de junio de 2011, se presentan las recomendaciones finales del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston, acerca de su misión a Ecuador que se llevó a cabo del 5 al 15 julio de 2010.

 

Philip Alston aborda temas como el incremento de la tasa de homicidios; las consecuencias del conflicto de Colombia en la frontera con Ecuador, la confusión que existe entre justicia indígena y linchamientos, limpieza social, abusos cometidos por miembros de la Juntas de Defensa del Campesinado, como violaciones más graves al derecho a la vida que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Una de cada cien muertes terminan con una sentencia condenatoria. Un sistema de justicia lento, que distorsiona el sentido de "justicia" a favor de los más poderosos. Destaca el trabajo de la Comisión de la Verdad y hace hincapié en que sus recomendaciones al Estado sean objeto de una atenta consideración.

niosLa protección de los niños y niñas parte de la necesidad de garantizar la sobrevivencia misma del ser humano, esto comprende la posibilidad de llegar a la vida adulta y una formación que les permita desenvolverse indepedientemente. La declaración universal de los derechos humanos, en principio consideró que los derechos del niño estaban implícitos, pero no pasó mucho tiempo para entender que los niños y niñas tienen necesidades propias, por lo que en noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidad proclamó la declaración universal de los derechos del niño en 10 artículos, que se incrementaron a consideración de las legislaciones de cada país.

Pero fue en 1989 que se creó la Convención de los Derechos del Niño, siendo el primer instrumento legal vinculante que incorpora toda la gama de los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales1. En la misma se define al niño a toda persona menor de 18 años, a menos que uno de los Estados parte considere antes la mayoría de edad. Los únicos países en no firmar la conveción fueron Estados Unidos y Somalia.

Antecedentes y contexto

 

Sucumbíos, con 17.947 Km2 es una de las provincias que constituyen la Amazonía Ecuatoriana en el nororiente de Ecuador y tiene amplia frontera tanto con Colombia como con Perú. Su capital es Nueva Loja.

 

Milenariamente esta zona fue habitada y mantenida como pulmón de la humanidad por los pueblos originarios que la habitaron, sin embargo en la actualidad solo el 10% de la población es indígena y pertenece a las nacionalidades Cofán, Shuar, Siona, Secoya y Kichwa. El grueso de la población actualmente la constituye los mestizos que por efecto de la colonización inducida iniciada en los años 70 provienen de todas las regiones del país. A lo largo de todo este tiempo se han mantenido relaciones de tensión y violencia con los indígenas de la zona.

 

mons._lopezLa Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa su solidaridad con la Radio Sucumbíos, de pertenencia comunitaria, en un sentido de apropiación simbólica, porque la radio, en sus 19 años de vida, se convirtió en el espacio para que la comunidad se exprese y denuncie violaciones a los derechos humanos. La Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, ISAMIS, en sus 40 años de trabajo se ha caracterizado por la participación de organizaciones sociales de base conformadas por mujeres, indígenas y campesinos, creando una red de solidaridad que luchaba contra la pobreza y el abandono estatal.

Quito, 16 de mayo de 2011

coronel_tapia

Edwin Rolando Tapia Coronado, ex Jefe de la Escolta Legislativa, acusado de atentar a la seguridad interna del Estado, por los hechos producidos el 30 de septiembre de 2010, se entregó voluntariamente a las autoridades a la espera de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. En la actualidad permanece detenido en el Ex Penal García Moreno "por motivos de seguridad", pese a que los estudios médicos practicados en el Hospital Eugenio Espejo concluyen que debido a su delicado estado de salud, requiere ser hospitalizado.

El pasado viernes, a primera hora de la mañana, la familia Belezaca-Vintimilla recibió con sorpresa, la llegada del comisario del Pangui, junto a varios miembros de la Policía Nacional, y empleados de la empresa EcuaCorriente, con la orden de desalojarlos. En este momento, de su hogar solo quedan rastros de escombros quemados, un letrero de propiedad privada y una familia desamparada.

 

El predio en el que habitaba esta familia dedicada a la agricultura era reclamado por la empresa EcuaCorriente (ECSA) para iniciar el proyecto Mirador, de minería a cielo abierto. La disputa se generó cuando el señor Olmedo Castro, dueño de una propiedad de 130 hectarias, de las cuales cedió 30 has a la familia Belezaca-Vintimilla como pago por el trabajo realizado en esa área durante 10 años. Pese a este acuerdo, Olmedo Castro vendió la totalidad de la propiedad a su hermano Rogelio Castro, quien a su vez la transfirió a la empresa EcuaCorriente.

París, 13 de mayo de 2011

 

ver original: http://www.fidh.org/Carta-abierta-al-Secretario-General-de-la-OEA

 

Señor José Miguel Insulza

Secretario General

Organización de Estados Americanos

 

Sr. José Miguel Insulza,

 

Ante todo reciba un cordial saludo. Nos dirigimos a Usted desde la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la oportunidad de reaccionar a sus preocupantes declaraciones a la BBC en fecha del 4 de mayo de 2011 con relación a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la suspensión de la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte en Brasil.

 

En relación al juzgamiento del Coronel César Carrión por los hechos ocurridos durante el 30 de septiembre pasado, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su preocupación frente a la dilación del proceso. Considera que este caso debería convertirse en un ejemplo y responder al clamor ciudadano por la independencia de la administración de justicia.

El 3 de agosto de 1993 el equipo de investigación de Consevation International (CI) sufrió un accidente aéreo en la costa ecuatoriana, de los seis ocupantes murieron cuatro, uno de los sobrevivientes fue el biólogo Alfredo Luna, quien desde sufre invalidez y no pudo volver a ejercer su profesión.

 

Las consecuencias físicas no fueron las únicas para este profesional, quien desde el accidente quedó en total indefensión. CI, conociendo los riesgos que corrían los integrantes del equipo de investigación, contrató una póliza de seguros, la misma que cubiró los gastos del tratamiento emergente que recibió Alfredo Luna, pero no los altos gastos médicos que requería su recuperación, ya que la póliza únicamente comprendía al equipo extranjero, mas no al ecuatoriano.

 

justiciaLa reivindicación de los derechos humanos es un acto nacido en rechazo a la desigualdad, por lo tanto es anterior a la Declaración Universal, promulgada el 10 de diciembre de 1948, permitiendo que los pueblos a nivel mundial exijan de sus Gobiernos el cumplimiento de la misma. Aunque la declaración es el mayor avance de la humanidad del siglo XX, es necesario reconocer que se concibió bajo el pensamiento occidental del modelo europeo, el mismo que rige también para los modelos de gobierno y justicia.

 

La constituciones del Ecuador son evidencia de los avances en cuanto a la reivindicación de los derechos humanos. Así tenemos la constitución de 1929, que agregó una nueva dimensión que "estaría dada por la necesidad de que el Estado intervenga activamente, tanto para satisfacer las demandas -cada vez mayores- de servicios públicos como para hacer posibles los derechos económicos, sociales y culturales, comenzando por el trabajo, la seguridad social, la salud y la educación para llegar a la protección de la familia, de los menores, de la mujer, etc. Esta dimensión está implícita cuando hablamos de Estado Social de derecho, que finalmente recogió la actual Constitución en su primer precepto"1, la cual además de crear nuevas funciones del Estados y nuevas garantías para al protección ciudadana, buscaba una mayor participación de la ciudadanía para fiscalizar y participar en los actos del poder público, buscando dejar de ser solo una democracia representativa, sino una democracia participativa, en que las opiniones de la ciudadanía sean tomadas en cuenta en la formulación de planes, programas y políticas públicas.

 

La Comisión de la Verdad de Honduras, presidida por la Hna. Elsie Monge, llevó a cabo su tercera sesión entre el 4 y el 8 de abril de 2011 a fin de conocer el avance en el proceso de investigación y registro de testimonios de violaciones a los derechos humanos ocurridos como producto del Golpe de Estado de junio 2009 que destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya.

 

Elsie Monge, quien también preside la Comisión de la Verdad del Ecuador y es Directora Ejecutiva de la Cedhu, estuvo acompañada en esta labor de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el embajador Francisco José Aguilar, jurista costarricense y Presidente emérito del Comité de Derechos Humanos de la ONU; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora; Mirna Antonieta Perla , magistrada de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña; Padre Fausto Milla, reconocido hondureño defensor de Derechos Humanos y Craig Scott , catedrático y jurista canadiense.

Ayer el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, decretó la extensión de la emergencia en salud, un sector que recientemente habría concluído una etapa de emergencia que buscaba modernizar y mejorar la atención en salud. El presente gobierno incrementó los ingresos para la gestión en Salud, en comparación con regímenes anteriores, que al parecer no ha sido suficiente y peor aún eficiente.

La muerte de 11 neonatos en el Hospital del niño Francisco Ycaza Bustamante desató una alerta sobre estas salas en todo el país, a este caso le antecedió hace 5 años, la muerte de 26 bebés en la sala de neonatos en el hospital de Chone, caso que ahora se ventila en tribunales internacionales. En los dos casos mencionados la insalubridad fue en general, la causa que precipitó la muerte de los pequeños.

embarazoEn las últimas semanas se levantó un debate alrededor de la Estategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar1 que el Gobierno ecuatoriano intenta poner en marcha, la crítica más fuerte sobre esta política es la posibilidad de que jóvenes adquieran anticonceptivos de manera gratuita en los centros de salud sin supervisión de sus padres.

Sin embargo dicha estrategia es una verdadera aplicación de garantía de los derechos humanos de los ecuatorian@s, que esta época se han visto vulnerados a través de la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y la falta de un acceso eficiente a la justicia.

Como primer punto positivo de la estrategia en general es que estuvo elaborada en base a la participación social. Así, aparte de los Ministerios de Salud, de Educación e Inclusión Económica y Social, la propuesta fue trabajada por sociedades científicas, ONG's, agencias de cooperación internacional y la sociedad civil organizada (los y las adolescentes, jóvenes y mujeres).

ACCIÓN URGENTE

Jueves, 10 de marzo de 2011

Ref. HND 001 / 0311 / OBS 031

 

Lic.

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Palacio José Cecilio del Valle

Tegucigalpa

 

Sr. Presidente:

 

Reciba un cordial saludo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, Cedhu. La presente tiene la intención de expresarle nuestra profunda preocupación por actos de seguimiento y agresión psicológica que estaría recibiendo el Sr. Leo Valladares Lanza, ex Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras y actual director de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI -Participa), organización que promueve el respeto de los derechos humanos en Honduras y la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones.

libiaComo reacción en cadena se han suscitado levantamientos populares motivados por las altas tasas de desempleo, desigualdad social y permanente abusos de las fuerzas del orden, en contra  de largos gobiernos dictatoriales en Medio Oriente.  Empezando por Túnez y Egipto, concluyeron con la salida de sus gobernantes después de décadas en el poder. Inspiradas por estos acontecimientos, poblaciones del mundo árabe se alzan y protestan contra sus respectivos gobiernos. Actualmente una feroz represión se ha desatado en Libia, donde el gobierno se niega a dejar el poder. Desde  el 15 de febrero pasado se reportan alrededor de 600 muertos. Varias protestas también están ocurriendo en Bahrain, Yemen, Siria, Argelia y Marruecos.

miembros  El 29 y 30 de septiembre de 2009 indígenas del pueblo Shuar se levantaron en protesta por la defensa a su terrotorio y a la naturaleza, durante las manifestaciones fueron fuertemente reprimidos, lo que concluyó con la muerte del profesor Bosco Wisum. Desde entonces once personas son juzgadas por terrorismo y homicidio.

Ante la Audiencia preparatoria del proceso judicial y presentación del dictámen fiscal que se realizará el día 28 de enero, la Cedhu y Acción Ecológica presentaron el siguiente pronunciamiento.


 

misa_COMUNICADO DE PRENSA

 El 18 de enero de 2010 el ecuatoriano Francis Tamayo y los colombianos Orlando Tapia y Sabino Pérez, fueron asesinados en Puerto Nuevo, poblado fronterizo con Colombia, en la provincia de Sucumbíos, por miembros del Ejército Ecuatoriano.

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COMUNICADO DE PRENSA

Al cumplirse un año del asesinato del ecuatoriano Francis Tamayo junto a dos ciudadanos colombianos, cuando fueron abaleados por miembros del Ejército Ecuatoriano en Sucumbíos en la frontera con Colombia; familiares de las víctimas, organizaciones de Derechos Humanos y autoridades nos hemos dado cita los días lunes 17,

joven_

Estudiantes del Colegio Mejía protestaron en las afueras del plantel por el alza del pan y por la intención de convertir el centro educativo de masculino a mixto. Miembros de la Policía Nacional reprimieron la protesta del día jueves 13 de enero, según versiones de testigos alrededor de 120 personas fueron detenidas y puestas en libertad pocas horas después por intersección de los inspectores del Colegio y de los padres de los menores; de acuerdo a las versiones de otros compañeros, los jóvenes fueron golpeados por los miembros de la policía durante el tiempo que permanecieron detenidos.