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A:

Patricia Llombart Cussac
Embajadora Delegación Unión Europea
Bogotá, Colombia

Marianne Van Steen
Embajadora Delegación Unión Europea
Quito, Ecuador

Diego Mellado
Embajador Delegación Unión Europea
Lima, Perú

Leon de la Torre Krais
Embajador Delegación Unión Europea
La Paz, Bolivia
14 de mayo de 2018

 

Asunto: manifestamos preocupación por ataques a Defensores de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales

 

Estimados/as Sres. Embajadores,


En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de mujeres y hombres defensores de derechos humanos en la región andina (EIDHR/2016/376-908)”, apoyado por la Iniciativa Europea ara la Democracia y los Derechos Humanos – IEDDH, queremos informarles y manifestarles nuestra preocupación por el incremento de las violaciones de derechos humanos a los defensores de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales en tres de los países andinos donde se ejecuta nuestro proyecto, en las últimas dos semanas. A continuación, presentamos de manera muy resumida, los hechos ocurridos en cada país:

1. Colombia, departamento de Antioquia. El día 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM del municipio de Ituango. En el ataque también murió su sobrino Domar Egidio Zapata George. En la tarde del 8 de mayo fue asesinado Luis Alberto Torres Montoya de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia AMPA y su hermano Duvian Andrés Correa Sánchez, ambas asociaciones articuladas al Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-. Estos homicidios se dan en el contexto de la movilización social que iniciaron los pobladores por la angustia que vive la población aguas abajo y arriba del muro de presa ante el desencadenamiento de una avalancha que había sido advertida con suficiente tiempo de antelación por parte del MRVA. La misma se dio por un derrumbe ocasionado por fallas estructurales en la propuesta, diseño e implementación del megaproyecto.

La precariedad de un plan de prevención y atención de riesgo generó la desaparición de viviendas, puesto de salud e infraestructura social del corregimiento de Puerto Valdivia. Igualmente hay alerta roja en 5 municipios de Antioquia aguas abajo y riesgos para municipios aguas arriba en Antioquia, así como de otros tres Departamentos del país. Esta situación estaría afectando aproximadamente a 120.000 personas. La responsabilidad de estos hechos recae sobre el Estado colombiano y el grupo de empresas promotoras del megaproyecto energético ‘Hidroituango’.

 


2. Ecuador, Provincia de Azuay. El día 8 de mayo, en el contexto de protestas de las comunidades de la parroquia de Molleturo, provincia de Azuay, frente al proyecto minero inconsulto Río Blanco operado por la Ecuagoldmining S.A., filial de la empresa china Junefield Resources S.A., y las medidas de hecho tomadas por las comunidades para presionar la salida de la empresa, se reprimió la protesta social con uso desproporcionado y violento de la fuerza por parte del Estado y la empresa. Durante varios días la zona estuvo incomunicada pues las vías de acceso fueron bloqueadas (persiste el bloqueo de la vía que va de Yumate a Río Blanco), nos informaron sobre agresiones a defensores y defensoras y allanamientos a sus casas. Existen 4 procesados por el delito de sabotaje, ataque y resistencia y se presume que habrán defensores y defensoras vinculados a estos procesos. Las autoridades estatales públicamente responsabilizan a miembros de organizaciones sociales que acompañan a las comunidades, entre ellas Yasunidos Guapoldileg, FOA, APS, por las medidas de hecho tomadas. Dirigentes indígenas que acudieron a la zona el día 09 de mayo fueron secuestrados por los trabajadores de la empresa, agredidos y maltratados; se presentó denuncia ante la Fiscalía del Azuay por este hecho. La Defensoría del Pueblo abrió un expediente defensorial por el caso de Río Blanco, se espera un informe en los próximos días.

 

3. Perú, Región de Cusco. El día 8 de mayo, la Primera sala penal de apelaciones y flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica anuló la sentencia absolutoria en primera instancia y ordenó iniciar nuevamente el juicio contra los defensores ambientales de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamani por supuestos delitos atribuidos a su participación en distintas protestas sociales en 2012, cuando múltiples personas se manifestaron frente a la mina Tintaya con el objetivo de modificar los acuerdos ambientales y otros, entre la empresa y la población. En estas protestas varias personas murieron y muchas más resultaron heridas, y otras fueron detenidas de forma irregular, incluyendo al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca Cruz. El juicio contra los tres defensores duró 5 años y fueron absueltos por falta de pruebas. La reiniciación de juicio coincide con otras amenazas judiciales a defensores del caso Espinar, manifestadas en la carta notarial que recibió la Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF), por parte de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac. En esa carta se les otorgó el plazo de 72 horas para rectificarse por contenidos e informaciones que difundieron con relación a violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional Peruana en particular en una intervención en conjunta con fuerzas de la empresa minera Glencore – Antapaccay el 3 de abril de 2018, y se advierte que caso contrario se les denunciará por delito de difamación agravada.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la intensificación notable de los ataques a los Defensores de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales como se evidencia en los asesinatos, represión violenta y criminalización que han ocurrido simultáneamente en un solo día (el 8 de mayo). Vemos corroborados los patrones de abuso de poder que hemos señalado en nuestro informe andino “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los Derechos Humanos, del Territorio y del Ambiente” (2018), que incluye, entre otros, los tres casos de extractivismo mencionados. Es de resaltar que el Movimiento Ríos Vivos y Oscar Mollohuanca estuvieron en el mes de marzo en Europa para visibilizar ante delegados de la Unión Europea la crítica situación de criminalización en sus territorios.

 

Solicitamos a su delegación dar un seguimiento a los hechos mencionados, expresar su preocupación a los Estados Andinos, e incidir para que se garanticen las directrices internacionales y nacionales en materia de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Específicamente, solicitamos que promueven las siguientes medidas urgentes:

1. Para el caso del Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-, que el Estado colombiano ponga en marcha el Plan de protección y prevención colectiva y que las responsabilidades sobre los homicidios de estos defensores no queden en la impunidad. Además que se atiendan las siguientes demandas urgentes: la evacuación del agua represada de manera controlada y segura con carácter urgente, la suspensión del llenado hasta tanto no se garantice que no quedan más cuerpos en la zona de afectación, investigaciones de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría sobre los hechos ocurridos en torno al desencadenamiento del desastre ambiental.

 

2. En el caso de las comunidades de Molleturo de Ecuador, que el Estado investigue el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los defensores y defensoras y tome las medidas necesarias para su protección. Revierta la concesión minera al Estado y dictamine la salida inmediata de la empresa por ser un proyecto inconsulto y contradictorio a lo dispuesto por mandato popular (consulta popular).

 

3. En el caso de los defensores de Espinar del Perú y la Asociación DHSF, que las autoridades Peruanas se abstengan de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras de derechos humanos como una forma de obstaculizar su trabajo; identificar los procesos penales abiertos en su contra donde no haya base para continuarlos, y retirar los cargos contra los defensores de Espinar.

 

Agradecemos su atención, cualquier información o gestión adicional que se requiera estamos a su disposición.

 

Atentamente,

Thomas Craenen
Broederlijk Delen
Bélgica

Eduardo Cáceres
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Perú

Dora Lucy Arias
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR
Colombia

Elsie Monge
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Ecuador

Oscar Campanini
Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB
Bolivia