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Quito, 04 de Junio de 2018

 

El 01 de Junio, en la Corte Provincial del Azuay a las 21:30 horas, el Juez Paúl Serrano, aceptó la acción de protección y las medidas cautelares que detienen el proyecto minero Río Blanco, que comprende 5.799 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Las concesiones de este proyecto son de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara en Ecuador Ecuagoldmining South América S.A., proyecto catalogado como mediana minería que, actualmente, se encuentra en fase de explotación. Previo el otorgamiento de estas concesiones el Estado no cumplió con la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada o la consulta previa ambiental establecida en los artículos 57 y 398 de la Constitución.

 

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El artículo 57 señala en su literal 7 que las comunidades, pueblos indígenas y nacionalidades tendrán derecho a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que realicen las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Y, el artículo 398, indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al medioambiente debe ser consultada con la comunidad, y el Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Con estos antecedentes y marco jurídico, Serrano aceptó la acción de protección y medidas cautelares solicitadas por las poblaciones afectadas por el proyecto minero Río Blanco, quienes argumentaron la falta de consulta previa libre e informada conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 57 numeral 7, el Convenio 169 de la OIT, y el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs Ecuador. En la sentencia el Juez, rescata la importancia que tiene la consulta previa libre e informada para garantizar la libre determinación de los pueblos y sujetos colectivos de derechos. De esta manera se acepta la acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordena: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.


Esta sentencia se constituye en un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos saluda la decisión acertada del Juez Serrano, que nos brinda la oportunidad de creer en un sistema judicial independiente que no responda directamente a los intereses de las empresas extractivas, sino al deber del Estado de cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

 

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Esperamos que esta no sea la última sentencia que reconozca la violación de derechos humanos y de la naturaleza y establezca medidas cautelares que busquen detener los actos constitutivos de la violación y la reparación integral. Estamos atentos a las resoluciones en los casos de las medidas cautelares que no han sido cumplidas, solicitadas por los moradores de las comunidades de Las Antonias en el cantón Eloy Alfaro, quienes fueron afectados en su salud debido a la contaminación del río Santiago y sus afluentes causado por la explotación minera (oro), que se estaría generando aguas arriba. Así mismo estamos a la espera de una sentencia favorable para los habitantes de la comunidad indígena Cascomi, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, quienes fueron desalojados violentamente del barrio San Marcos y no se les garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada y consulta ambiental, antes de la imposición del proyecto minero Cóndor Mirador.