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Desde la Comisión Ecuménica de Derecho Humanos, rechazamos la naturalización de la violencia, y la periodicidad con la que se anuncia en los medios y en otros ámbitos la desaparición y muertes de mujeres. Hasta el 3 de julio hemos registrado 51 femicidios a nivel nacional.

 

El 30 de enero en Machala una niña de 2 años fue asesinada por su padrastro, el 17 de mayo en Otavalo, junto a su madre una bebé de 9 meses fue asesinada por su papá, el 2 de julio en Zamora a manos de su padrastro murió Kerly Valentina Chincay Maza de 4 años de edad.

 

No debemos olvidar la muerte en 2017 en Cuenca de Evelyn de 11 meses a manos de su papá, de Emilia de 9 años en Loja por un conocido, en 2016 de Rebeca Jalón de 3 años en Guayaquil a manos de su papá, de Gabriela y Xiomara Miranda de 5 y 9 años en Tungurahua víctimas de su papá, de Sofia Cocios de 11 años en Quito, en Montecristi junto a su madre Karen Arias de 3 años fue asesinada por su papá, en Manta junto a su mamá murió Geomara Alonzo de 1 año víctima de su papá. Recientemente recordábamos el femicidio de Anabel Muñoz de 13 años en Cuenca. En algunos de los femicidios de niñas los responsables han sido sancionados, en otros ellos se han suicidado, pero en su mayoría los responsables aún no son sancionados.

 

Además, el pasado 12 de junio una niña fue raptada mientras recibía clases en la escuela “Carlos Chávez” en el recinto Diamante parroquia Sevilla cantón Cascales provincia de Sucumbíos. El 9 de julio de 2018 desde el Ministerio de Interior se dio declaraciones enunciando que los esfuerzos siguen en marcha teniendo como prioridad atender tanto a la menor desaparecida como a sus familiares.

 

La CEDHU se solidariza con los familiares de las víctimas de estos execrables crímenes muchos de los cuales continúan en la impunidad y hace un llamado porque la política de cero tolerancia ante casos de violencia cometidos contra niños, niñas y adolescentes, sea cada vez más efectiva.