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Servindi, 7 de setiembre, 2018.- El Proyecto de Ley 03121-2017- PE, que solicita el pago de 103 millones de soles a la empresa minera Bear Creek Mining Corporation por el concepto de reparación civil como consecuencia del aymarazo del año 2011, fue suspendido.

 

 

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Patricio Illacutipa, Presidente del "FREDERNAMA-Sur de Puno" (Foto: Pachamama Radio)

 

A pesar de ello, Carlos Oliva Neyra titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtió que de no pagar la deuda los intereses se incrementarán.

 

 

"El tribunal del CIADI ordenó pagar a Bear Creek 18.2 millones de dólares y 6 millones de los costos de los abogados", expresó.

 

"Sin embargo, el laudo dice también que tenemos que reconocer los intereses desde el momento en que se hizo la expropiación (2011). Estos intereses acumulan desde entonces 8 millones dólares; solo por no pagar el laudo. Cada mes se acumula una deuda de 100 mil dólares", agregó también el ministro.

 

Ante este hecho, el dirigente aymara Patricio Illacutipa amenazó con realizar un segundo “aymarazo”, en caso de aprobarse esta ley que considera injusta.

 

Patricio Illacutipa, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la provincia de la zona sur - Puno, dijo que el pueblo ayamara está indignado por este Proyecto de Ley.

“Como pueblo, ya nos estamos organizando para un segundo 'aymarazo', solo estamos a la espera de una respuesta del congreso. No puede ser que el Estado Peruano haya perdido esta demanda", sentenció Illacutipa.

 

"Para que el proyecto Santa Ana ingrese a la localidad, debía cumplir adecuadamente la consulta previa, pero no fue así, por ende hubieron irregularidades”, añadió.

 

Además, Illacutipa considera que la empresa minera debería de pagarle al pueblo aymara por concepto de reparación civil; pues durante los 45 días del aymarazo, hubieron grandes pérdidas agrícolas, principal sustento económico en la zona.

 

“Durante esos 45 días no se cosechó nada, nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, del comercio, y hubo pérdidas millonarias. Nosotros no deberíamos de pagar, ellos tendrían que pagarnos a nosotros”, pronunció finalmente el dirigente aymara.

 

Durante esos 45 días no se cosechó nada, nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, del comercio, y hubo pérdidas millonarias. Nosotros no deberíamos de pagar, ellos tendrían que pagarnos a nosotros. Por su parte el congresista Alberto Quintanilla, mencionó que el proyecto de ley es una modalidad delictiva.

 

“Nosotros estamos en contra de este pago. En el 2017 nos enteramos que esta empresa minera violó el Convenio 169, no hizo consulta ciudadana. En las próximas horas tendremos una respuesta a este controvertido proyecto”, agregó.

 

Para recordar:

El "aymarazo" fue un conflicto socio-ambiental que llevó a muchos pobladores de la región Puno a protestar y movilizarse en contra del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.