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En un artículo publicado en la plataforma de noticias Mongabay, escrito por  se le realizó un entrevista a Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

 

Ponemos a continuación un fragmento textual del artículo y les dejamos el enlace para leerlo completo: https://es.mongabay.com/2018/08/concesiones-mineras-en-ecuador-areas-protegidas/

 

Logroño es un cantón enclavado en la provincia amazónica de Morona Santiago que tiene una población indígena mayoritariamente Shuar. Además, cuenta con una particularidad: casi todo su territorio está dentro del Bosque Protector Kutuku Shaimi, que con 311 000 hectáreas de extensión, es el más grande de Ecuador en su categoría. El Kutuku Shaimi esconde una riqueza natural inexplorada en sus distintos parajes ubicados entre los 280 y 2480 metros sobre el nivel del mar. Sumado a esto, tiene un significado especial para el pueblo Shuar ya que alberga lugares ancestrales como cascadas, cuevas formadas por tallos, cumbres y montañas donde sus antepasados celebraban ritos. Pero no solo esto, aparte de su valor biológico y cultural, el frondoso bosque al parecer es cuna de una mina de oro. De hecho, ya hay una empresa de capital extranjero, Ecuasolidus S.A., que ha logrado obtener 42 concesiones equivalentes a más de 200 000 hectáreas ante el desconcierto del pueblo de Logroño, cuyo Alcalde asegura que nunca fueron consultados, tal como lo dictan las leyes ecuatorianas. (...)

Acerca de la Consulta Previa para Exploración y Operación en Minería, las comunidades sí deben ser consultadas antes de que el gobierno otorgue concesiones mineras y que la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley de Minería reitera la obligatoriedad de la consulta previa para toda actividad minera que se pretenda realizar en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en todas sus fases. (...)

¿Y las consultas?

El caso de Logroño reúne varios de los problemas que, según fuentes consultadas, están enfrentando comunidades indígenas y campesinas del país: sus territorios están siendo concesionados sin previo aviso, las concesiones caen en pocas manos y no se está valorando en profundidad la afectación ambiental. Esto ocurre, según la integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Patricia Carrión, porque la política extractiva del gobierno no garantiza los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. “Esa ha sido la política desde siempre, usan los mecanismos normativos que flexibilizan el otorgamiento de permisos y desconocen los derechos a la consulta previa, libre e informada. Por eso se otorgan concesiones no solo en Logroño, sino en muchos otros territorios. Se dan permisos ambientales y licencias sin consulta e inclusive sin que la gente se entere”, comenta.

Carrión explica que en Ecuador hay dos tipos de consulta: “la libre, previa e informada que está en la Constitución en el artículo 57, numeral 7 y la consulta ambiental que está en el artículo 398 de la Constitución. Las dos son mecanismos obligatorios para el Estado y tienen que cumplirse previo al otorgamiento de permisos y previo a cualquier decisión de implementar un proyecto extractivo que pueda afectar territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. Pero en la práctica, la consulta previa no se estaría cumpliendo y la consulta ambiental estaría siendo reemplazada por permisos o licencias que solicita el Ministerio de Ambiente según el nivel de desarrollo de los proyectos. “En la fase de exploración inicial o avanzada no necesitan licenciamiento y por lo tanto no necesitan un estudio de impacto ambiental sino un plan de manejo que es algo mucho más simple” , indica la integrante de CEDHU.

Esto sin contar que la Ley de Minería no contiene ninguna cláusula antimonopolio que ponga límite al número de concesiones que puede obtener una persona o empresa. “La Ley dice que tu empresa ya no puede tener acaparamiento de concesiones. Solo puedes tener concesiones que sean inferiores a 5000 hectáreas. Pero esta empresa (Ecuasolidus S.A.) tiene decenas de concesiones y ninguna llega a 5000: tienen 4980, 4843 o 4994 hectáreas”, asegura Braulio Gutiérrez del Colectivo Geografía Crítica. Carrión coincide con Gutiérrez y añade que la acumulación de concesiones en pocas manos no es el único problema. “En el caso ecuatoriano, las concesiones están específicamente en empresas chinas, australianas y canadienses. Son cuatro o cinco empresas asociadas a estos grandes megacapitales”, señala.

 

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