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 ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CREADA POR EL DECRETO 491

 

Las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, reunidas el 19 de septiembre de 2018, ante la desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos), y la falta de respuestas efectivas desde el gobierno nacional a nuestra propuesta de crear una mesa de diálogo para definir este cambio institucional, que incluya un plan concreto de transición, operativización e institucionalización de la protección de derechos, expresamos nuestra preocupación ante la EMERGENCIA SOCIAL Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS en la que está inmersa el Ecuador.

 

Denunciamos que, a pesar, de los múltiples intentos realizados desde la sociedad civil para participar en mesas de diálogo para la generación y diseño de propuestas para lograr este cambio institucional efectivo y coherente para la protección de los derechos humanos, en tiempo y forma según lo establecido por los decretos generados para este propósito, y a pocos días de cumplirse el plazo de los 30 días establecidos en el Decreto 491, NO existen definiciones claras, ni estrategias de restructuración que garanticen el ejercicio y la efectiva protección de los derechos en el país.

 

Esto constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales. Por eso, solicitamos una reunión de carácter urgente e indelegable entre el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés y las organizaciones defensoras de derechos, pues advertimos que existen temas sensibles y de prioridad en la protección de derechos que requieren una respuesta que solamente puede ser dada por el máximo mandatario de la Nación.

 

La ciudadanía debe conocer que el Decreto 491 genera un potencial riesgo de vulneración del derecho a la integridad de la vida de mujeres, niños, niñas, adolescentes, a las víctimas de violencia de género, a los adolescentes en conflicto con la ley, a los pueblos indígenas en aislamiento, a las víctimas de delitos de lesa humanidad, a las personas desaparecidas y sus familiares, a las personas migrantes, a la población LGBTI, a las personas privadas de la libertad, entre otros. En este sentido, llamamos a la ciudadanía a informarse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos. Los riesgos que advertimos son muchos, porque cuando las decisiones políticas únicamente responden a temas administrativos y financieros, carecen de claridad en materia de protección de derechos. Algunos de los riesgos inminentes son:


1. Para Pueblos Indígenas en Aislamiento
A pesar de que existen medidas cautelares vigentes (CIDH 2006) para la protección de la vida e integridad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, en los últimos años se da una constante ampliación de la explotación petrolera, avance de la colonización y extracción ilegal de madera en la región del Yasuní, sin que el Estado cumpla con su deber concreto de proteger y garantizar los derechos de estos pueblos. Esto sucedió a pesar de la existencia de una institucionalidad responsable de su protección. Con la eliminación de la misma, advertimos que esta situación se agravará, existiendo un riesgo potencial de genocidio y etnocidio de estas poblaciones.

 

La desestructuración del Ministerio de Justicia se da justo en el momento en que se estaba analizando la ampliación de la ZITT en al menos 50 mil hectáreas, de acuerdo al mandato popular del 15 de febrero del 2018 (consulta popular), y cuando se han reportado, en las últimas semanas, avistamientos y contactos con Pueblos Indígenas Aislados, hecho que exigiría una respuesta estatal inmediata para activar todos los protocolos de protección que garanticen la vida de estos Pueblos. Nos preguntamos ¿cuál es la lógica que sustenta la toma de decisiones del gobierno nacional relacionada con los derechos? Si precisamente se requiere de una institucionalidad rectora de la política pública para garantizar sus derechos.

 

Exigimos una rendición de cuentas de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en relación a las Medidas Cautelares que fueron impuestas por la CIDH en 2006, de las acciones que está emprendiendo desde los avistamientos recientes y la suspensión inmediata de las actividades petroleras en la región del Yasuní (Bloques: 14, 16, 17, 21, 22, 65, 66, 31 y 43) como lo establece el Art. 57 de la Constitución y la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación de los Bloques 31 y 43 dictada por parte de la Asamblea Nacional en el 2013.

 

2. Para la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
La desinstitucionalización de la entidad rectora de la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres pone en riesgo la implementación de la misma, incrementando la vulnerabilidad de miles de mujeres, niñas y adolescentes que cada día son víctimas de violencias física, psicológica y sexual por razones de género. Las organizaciones de mujeres y feministas hemos demandado desde hace más de un año la declaración del estado de emergencia debido a la prevalencia e incremento de este tipo de violencias, que cada tres días cercena la vida de una niña o mujer, y que permite que cada cuatro horas una mujer, niña o adolescente sea víctima de violencia sexual.

 


Los servicios de atención especializados para víctimas como las Casas de Acogida y Centros de Atención nuevamente están en un limbo administrativo para ser transferidos de Ministerio, siendo que esto retrasa todos los procesos de fortalecimiento de la atención y el abordaje con las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

 

Necesitamos respuestas urgentes y efectivas. Esto requiere de una institucionalidad fuerte, desconcentrada, articulada con el territorio, que pueda crear los sistemas descentralizados
especializados de protección de derechos, de acuerdo al art. 341 de la Constitución. Ante esto expresamos nuestra profunda preocupación por la total indefensión.

 

3. Para los adolescentes infractores
La eliminación de la instancia de protección de derechos pone en peligro los avances alcanzados hasta la actualidad en la incorporación del enfoque restaurativo en el ámbito de la justicia penal juvenil, trayendo consigo la dificultad de que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal tengan acceso a mecanismos de desarrollo de sus proyectos de vida. Asimismo, el cambio de institucionalidad acarrearía el riesgo de retomar una visión securitista, la cual no genera mecanismos de rehabilitación y modificación de los comportamientos sino, por el contrario, de represión y estigmatización, en detrimento de los derechos de este grupo de atención prioritaria.

 

4. Para la reparación material a víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad Dentro de sus competencias la institucionalidad de derechos humanos tenía a cargo la supervisión del proceso de judicialización y de reparación material de las víctimas de delitos de lesa humanidad investigadas por la Comisión de la Verdad y establecidas por la ley contra la impunidad. La eliminación del Ministerio de Justicia pone en riesgo esta reparación y avance de este proceso, generando que la impunidad campee en el país.

 

5. Para la reparación integral a víctimas, familiares de personas desaparecidas y víctimas de todo tipo de violencias
La reparación integral de victimas es un derecho constitucional, cuya garantía dependía de la entidad pública de protección de derechos. La eliminación de la misma significa que los procesos
de reparación integral quedan sin seguimiento, y que no se generen mecanismos efectivos para su concreción, dejando a las víctimas en indefensión y revictimizándolas. Hasta la actualidad, no existe ningún pronunciamiento oficial sobre la forma en que se realizará esta transición para garantizar los derechos de las víctimas.


6. Para la situación de la población LGBTI
La población de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis, Intersexuales – LGBTI- es sistemáticamente discriminada, siendo fundamental la existencia de políticas públicas, instituciones, acciones afirmativas, mecanismos, rutas y protocolos efectivos de acción que garanticen la protección de sus derechos, su libre desarrollo y evite la vulneración de los mismos. La competencia al respecto la tenía la institucionalidad de protección de derechos, su eliminación deja en vulnerabilidad a las poblaciones LGTBI, quienes diariamente son víctimas de discriminación, exclusión, violencia, delitos de odio, que incluso llegan al secuestro, encierro forzoso y asesinatos en razón de su orientación sexual e identidad de género. Se requiere una política integral con visión de derechos humanos y un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la misma que permita resarcir la histórica discriminación existente contra estas poblaciones.

 

Por lo expuesto, y ratificando que existen muchos más riesgos de los mencionados (situación del sistema nacional de rehabilitación social –personas privadas de libertad, traspaso de los Servicios Especializados de Protección (SEPES), personas con discapacidad, personas en situación de movilidad, entre otros), REITERAMOS LA ALERTA NACIONAL Y LA EMERGENCIA SOCIAL EXISTENTE.

 

Hacemos un LLAMADO URGENTE AL SR. PRESIDENTE PARA QUE NOS RECIBA a representantes de todas las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos, solo de esta manera podremos potenciar sinergias para lograr la generación de un mecanismo efectivo de garantía de los derechos humanos en nuestro país, una vez que las reuniones con sus delegados no han sido fructíferas o no se han dado. Exigimos públicamente su compromiso político con los derechos humanos en el Ecuador para establecer esta mesa diálogo para trabajar conjuntamente en una respuesta institucional adecuada.

 

Nos adherimos al presente comunicado:
- Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, CEDHU
- Pacto Social por la Niñez y la Adolescencia

- Coalición de Mujeres
- Red Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia
- Surkuna
- Red de Defensor@s de derechos Manos Unidas
- Comité Nacional de Víctimas de la Comisión de la Verdad
- Fundación ALDEA
- Tierra de Hombres
- Universidad Andina Simón Bolívar
- Fundación Ecuatoriana Equidad
- Red de Defensores Indígenas-FUNDAVIDA
- CARE
- CPM/Taller de Comunicación Mujer
- Programa Radial Sin Etiquetas Cuenca
- Representante de sobrevivientes de abuso sexual caso AAMPETRA
- COLECTIVO LGBTIH "SOMOS DIVERSOS"
- FRENTE LGBTI DEL ECUADOR
- Red de Defensor@s de Derechos "Manos Unidas"
- Corporación PachaQueer
- FEMROCK ECUADOR
- Fundación María Amor
- Fundación Cor Iesu
- Fundación Mujer & Mujer - Colectivo LGBTI
- Articulando Diversidades - Grupo de Trabajo por la Incidencia en DDHH de las personas LGBTI
- Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Quito
- Hermanas de la providencia
- COMISION ECUATORIANA DE JUSTICIA Y PAZ
- Cultura y Diversidad Colectivo
- Fundación Mujer & Mujer
- Articulando Diversidades - Grupo de Trabajo por la Incidencia en DDHH LGBTI
- Fundación Mushuk Pacha
- Federación de Mujeres de Sucumbíos
- Marco López
- Rocío Arauz
- Eduardo Pichilingue
- Roberto Narváez

 

Para más adhesiones, ingrese en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/iqtIg67SaVHoUhA22