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La COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS (CEDHU), como parte de el Colectivo CAMINANTES, que agrupa a más de treinta organizaciones sociales, indígenas y campesinas, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, se suma a la marcha nacional “por la vida, defendiendo la madre tierra y contra la corrupción”, iniciada en Tundayme, el 4 de noviembre pasado.

 

El agua, inseparable y parte sustancial de la naturaleza, necesidad primordial y cotidiana de las personas, de la que depende la soberanía alimentaria del país, debe ser protegida y defendida.

 

Este patrimonio social y colectivo, su pureza y sus ciclos naturales están siendo afectados por los intereses y poderes económicos y políticos que se mueven en torno a ella. Actividades extractivistas como la minera y la explotación petrolera han generado graves impactos al agua y a la naturaleza. Su contaminación y deterioro han alcanzado y amenazan a páramos, bosques tropicales y subtropicales, zonas costeras y áreas naturales de alta biodiversidad e incluso zonas intangibles. La expansión petrolera actual, que atenta contra el Yasuní y los pueblos en aislamiento voluntario, es una muestra más de la voracidad económica extractivista.

 

Las intervenciones de empresas transnacionales o estatales y su poder destructivo a más de transformar negativamente los paisajes y fisonomías de los entornos naturales del país, despojan a las comunidades de sus territorios y ríos, interfieren y trastocan sus vidas, sus tejidos socio-organizativos y ponen en riesgo su reproducción cultural. Estas afectaciones recaen sobremanera en las mujeres por su rol de sostenimiento a nivel familiar, comunitario y social.

 

Estos impactos naturales y sociales permitidos por la institucionalidad oficial, revelan la conjugación entre extractivismo, violencia política, apropiación de la naturaleza y de territorios y la privatización empresarial de lo colectivo. Todo lo cual trasciende negativamente a todo el país.

 

En estas fechas, en las que el actual gobierno desarrolla planes para entregar más áreas del Yasuní a empresas petroleras, lo cual afectará de manera definitiva las fuentes de vida de los pueblos en aislamiento voluntario, CAMINANTES rechaza el denominado “diálogo social” convocado por el gobierno a partir del cual, como otra forma de corrupción, ha ido concretando su tendencia privatizadora de la tierra, del agua y de la naturaleza, pues continúa entregando el patrimonio natural y territorial de todas y todos los ecuatorianos bajo su esquema económico de mercado articulado a un sistema empresarial transnacional perverso, cuyo único interés son sus réditos económicos particulares, en detrimento de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza instaurados en el país.

 

Ante la dimisión de Humberto Choloango como titular del Ministerio del Ambiente, CAMINANTES expresa su preocupación por la posibilidad de que su reemplazo sea una persona vinculada al sector minero. Sería lamentable que las empresas continúen actuando impunemente con el respaldo de autoridades y funcionarios. CAMINANTES Exige una autoridad ambiental autónoma, el respeto a los derechos colectivos, la reversión de las concesiones mineras y el acceso a la información pública sobre las mismas.



CONVOCAMOS a todos los sectores sociales, colectivos de la sociedad civil, a hombres y mujeres, a que se sumen a esta marcha nacional en contra del extractivismo y en defensa del agua, cuyo ingreso a Quito será el 15 de noviembre.


CAMINANTES