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Quito, 27 de noviembre de 2018

 

El 18 de octubre del presente año, el Abogado Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, Director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en calidad de representante del Ministro Carlos Pérez García, presentó una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura en contra del Juez Paul Serrano Arízaga, juzgador de la Unidad Judicial Civil de la ciudad de Cuenca, tras emitir la sentencia del caso “Río Blanco”, en la cual acepta la acción de protección presentada por la vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades de Molleturo por el desarrollo del proyecto minero “Río Blanco”; argumentando en su queja la existencia de las faltas graves establecidas en los numerales 8 y 9 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), es decir, aduce la ausencia de adecuada fundamentación en los actos del juez Serrano, así como su inoportuna notificación; incluyendo el vacuo argumento de haber existido presión política sobre este juzgador. Queja con la que amenazó varias veces el ministro antes mencionado en varios medios de comunicación.

 

Las personas, organizaciones, comunidades y territorios en general que hacemos parte de este espacio de articulación RECHAZAMOS de manera contundente las intenciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables con este tipo de actos que
demuestran el interés de amedrentar a los jueces que han fallado en favor de la protección de los derechos vulnerados por las actividades extractivas y legitimar la política minera al margen de la garantía de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

 

CONDENAMOS este nuevo acto de intento de intimidación y persecución al Juez Paul Serrano, que claramente pretende evitar que sentencias como las emitidas en los casos de Río Blanco o Sinangoe vuelvan a suceder. Prácticas propias de regímenes totalitarios como el del Correísmo y que lamentablemente se mantiene en este Ministerio.

 

Por último, expresamos nuestra SOLIDARIDAD con el juez Paul Serrano, quien, de manera proba y honesta, supo resolver la acción de protección conforme a los mandatos de la Constitución y la Ley, y apegado a los estándares nacionales e internacionales de los Derechos Humanos, haciendo valer estos por encima de los intereses económicos particulares que existen con el desarrollo del proyecto minero “Río Blanco”. Son justamente estos jueces los que necesita el Ecuador para hacer prevalecer los Derechos Humanos y de la Naturaleza por sobre los intereses del mercado y del extractivismo.

 

Atentamente,

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU),
Yasunidos Guapondelig,
Grupo Kanaka,
Red de Medios Digitales “Infórmate Pueblo”,
CEDENMA,
DECOIN,
Acción Ecológica,
Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI),
Comunidad CASCOMI,
OMASNE,
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador,
FIAN Ecuador,
Red Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias del Norte de Esmeraldas (REDCONNE),
Lina María Espinosa (Defensora de Derechos Humanos),
Mario Criollo (presidente de la Comunidad Ancestral Ai Cofan de Sinangoe),
Yasunidos Piñas.