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Quito, 14 de noviembre de 2018
Son diez días en los que cientos de corazones empezaron a caminar rumbo a Quito desde Tundayme y en el camino se han sumado desde varios rincones de Ecuador para exigir al gobierno de turno que escuche a sus legítimos mandantes sin la imagen que se construye detrás de los espacios de diálogo. Exigen que deje de gobernar con los grupos económicos de siempre y devele la corrupción que va de la mano con la imposición de las actividades extractivas; y, que demuestre su interés por respetar la vida y proteger el agua, territorios ancestrales y a quienes los habitan.
Una vez más en su historia, Quito recibe hoy a defensores y defensoras del territorio a mujeres amazónicas, a mujeres y hombres indígenas y campesinas con sus familias enteras que luchan todos los días no solo por subsistir sino para proteger el aire, agua y tierra de las actividades extractivas, en beneficio de todas y todos los que respiramos, bebemos y comemos en el campo y en las ciudades. Los hombres, mujeres, niños y niñas que recibimos a la marcha “por la vida, defendiendo la madre tierra y contra la corrupción” apoyamos y respaldamos sus pedidos pues somos conscientes de las afectaciones que durante décadas han sufrido pueblos comunidades y comunas por las actividades depredadoras y extractivas.
Quienes hacemos parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, apoyamos la exigencia del cumplimiento integral de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza que son constantemente violados por el gobierno y empresas que sin consulta y de manera arbitraria irrumpen en los territorios de vida y causan destrucción y muerte. Nos solidarizamos con quienes han recorrido las calles del país por 10 días y hacemos eco de sus exigencias por un país libre de actividades extractivas que ponen en riesgo los territorios, la soberanía alimentaria, las fuentes de agua y la vida misma.
Nos solidarizamos con la lucha de las mujeres amazónicas, quienes frente a la explotación petrolera en territorios ancestrales en los bloques 86 y 87, territorio de las nacionalidades Sapara Shiwar Kichwa y pueblos aislados, han tomado medidas de hecho pacíficas para exigir la detención de la frontera extractiva en el sur oriente de la amazonia y que se detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
Demandamos al gobierno nacional que devele la corrupción que se esconde tras telones en las negociaciones y proyectos que destruyen la tierra y el agua y favorecen a los grupos económicos de siempre. Exigimos que se cumpla con los ofrecimientos de diciembre del 2017 de parar la entrega de concesiones mineras en todo el territorio del Ecuador, sin antes verificar que se realicen las consultas previas de manera amplia y adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos.
Exigimos que las voces de cientos de ecuatorianos y ecuatorianas de varias nacionalidades sean escuchadas y sus pedidos se acojan de manera respetuosa para que se CUMPLAN. Denunciamos que los espacios de “diálogo” abiertos por el gobierno poco han servido para cumplir con los mandatos de la población, al contrario han servido para legitimar un proceso sistemático de profundización del modelo extractivo en el país. Esperamos que esta vez, el gobierno abra bien los oídos pues de lo contrario las voces en las calles no van a parar de retumbar.
La COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS (CEDHU), como parte de el Colectivo CAMINANTES, que agrupa a más de treinta organizaciones sociales, indígenas y campesinas, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, se suma a la marcha nacional “por la vida, defendiendo la madre tierra y contra la corrupción”, iniciada en Tundayme, el 4 de noviembre pasado.
El agua, inseparable y parte sustancial de la naturaleza, necesidad primordial y cotidiana de las personas, de la que depende la soberanía alimentaria del país, debe ser protegida y defendida.
Este patrimonio social y colectivo, su pureza y sus ciclos naturales están siendo afectados por los intereses y poderes económicos y políticos que se mueven en torno a ella. Actividades extractivistas como la minera y la explotación petrolera han generado graves impactos al agua y a la naturaleza. Su contaminación y deterioro han alcanzado y amenazan a páramos, bosques tropicales y subtropicales, zonas costeras y áreas naturales de alta biodiversidad e incluso zonas intangibles. La expansión petrolera actual, que atenta contra el Yasuní y los pueblos en aislamiento voluntario, es una muestra más de la voracidad económica extractivista.
Las intervenciones de empresas transnacionales o estatales y su poder destructivo a más de transformar negativamente los paisajes y fisonomías de los entornos naturales del país, despojan a las comunidades de sus territorios y ríos, interfieren y trastocan sus vidas, sus tejidos socio-organizativos y ponen en riesgo su reproducción cultural. Estas afectaciones recaen sobremanera en las mujeres por su rol de sostenimiento a nivel familiar, comunitario y social.
Estos impactos naturales y sociales permitidos por la institucionalidad oficial, revelan la conjugación entre extractivismo, violencia política, apropiación de la naturaleza y de territorios y la privatización empresarial de lo colectivo. Todo lo cual trasciende negativamente a todo el país.
En estas fechas, en las que el actual gobierno desarrolla planes para entregar más áreas del Yasuní a empresas petroleras, lo cual afectará de manera definitiva las fuentes de vida de los pueblos en aislamiento voluntario, CAMINANTES rechaza el denominado “diálogo social” convocado por el gobierno a partir del cual, como otra forma de corrupción, ha ido concretando su tendencia privatizadora de la tierra, del agua y de la naturaleza, pues continúa entregando el patrimonio natural y territorial de todas y todos los ecuatorianos bajo su esquema económico de mercado articulado a un sistema empresarial transnacional perverso, cuyo único interés son sus réditos económicos particulares, en detrimento de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza instaurados en el país.
Ante la dimisión de Humberto Choloango como titular del Ministerio del Ambiente, CAMINANTES expresa su preocupación por la posibilidad de que su reemplazo sea una persona vinculada al sector minero. Sería lamentable que las empresas continúen actuando impunemente con el respaldo de autoridades y funcionarios. CAMINANTES Exige una autoridad ambiental autónoma, el respeto a los derechos colectivos, la reversión de las concesiones mineras y el acceso a la información pública sobre las mismas.
CONVOCAMOS a todos los sectores sociales, colectivos de la sociedad civil, a hombres y mujeres, a que se sumen a esta marcha nacional en contra del extractivismo y en defensa del agua, cuyo ingreso a Quito será el 15 de noviembre.
CAMINANTES
El 7 de noviembre del 2018, el señor Patricio C., padre de Jonathan C. principal sospechoso de la desaparición de Juliana Campoverde, bajo el patrocinio del abogado Paúl Ocaña Merino, ha interpuesto una Acción de Protección en contra del INREDH y COVIDEFEM por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de su hijo.
La audiencia de la Acción de Protección tendrá lugar a las 14:00 en el Complejo Judicial de Quitumbe. Este 8 de noviembre del 2018. Todos estos derechos enraizados en las publicaciones realizadas por parte de INREDH y COVIDEFEM en las páginas de Facebook Consideramos que Jonathan C., pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012, debe responder al proceso judicial con verdad y no utilizar acciones de amedrentamiento y hostigamiento contra la familia, amigos y la defensa de la víctima.
Hay que tomar en cuenta, que el caso de desaparición de Juliana es de manejo y conocimiento público, así como sus actores y diligencias judiciales. Al ser una organización de derechos Humanos, nuestro rol y función social es brindar información acerca del caso, hacer denuncias públicas para generar presión estatal y exigir respuestas tanto a organismos públicos como privados, así como visibilizar a la desaparición como una fenómeno social inatendido por nuestras autoridades.
Las publicaciones del INREDH se hacen con lenguaje respetuoso y enfoque de derechos humanos para que no afecte a los familiares y amigos, al ser el fenómeno de desaparición un hecho doloroso y lesivo; no obstante, como organización defensora de derechos humanos, tenemos como objetivo visibilizar la problemática de la desaparición en el Ecuador.
La realización de dichas actividades, nos constituyen como una organización que se dedica a la defensa, promoción y protección de derechos humanos; por lo que estamos amparados bajo estándares internacionales tales como la Declaración de los Defensores de los derechos humanos, emitido por las Naciones Unidas, y además, los pactos que son jurídicamente vinculantes que protegen nuestro derecho a la Libertad de Expresión y Libre Opinión, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como nuestra propia Constitución.
En la medida en la que no hemos publicado nada ofensivo, discriminatorio, que incite a la violencia en redes sociales y que, por el contrario, nuestro accionar ha sido informar acerca de los hechos dados en el caso de la desaparición de Juliana Campoverde y en general, en la problemática de personas desaparecidas, rechazamos esta Acción de Protección y la calificamos como un acto de hostigamiento, con el único objetivo de desviar la atención del verdadero problema: la desaparición de Juliana y el responsable de la misma. De otorgarse la acción de protección se estaría configurando un claro hostigamiento y persecución a organizaciones de derechos humanos, acciones que creíamos desterrada en el contexto actual.
Crea un precedente de persecución y limitació de derechos humanos lo cual pondría en indefensión y vulnerabilidad a las víctimas directas y secundarias. Además que se estaría obstaculizando el deber de la sociedad de investigar y sancionar esta ola de encubrimientos de delitos de pastores de las distintas religiones.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Taller de Comunicación Mujer, instituciones que, considerando que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son objeto de violencia y que desde el 2011 hemos registrado 905 femicidios, estamos desarrollando un programa de prevención de la violencia contra la mujer y la niña, cuyos objetivos son:
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Contribuir a la prevención de los femicidios y promover la sanción a sus responsables a través del análisis de casos y de la exigibilidad a nivel nacional e internacional.
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Dar a conocer herramientas a los y las jóvenes y a su entorno familiar y escolar sobre la violencia contra la mujer y las niñas a través de la capacitación.
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Impulsar la campaña de comunicación “Más información menos violencia” a través plataformas virtuales y de eventos colegiales para posicionar la información como estrategia de prevención de la violencia contra la mujer y las niñas.
En este contexto, dentro del Programa de capacitación en derechos humanos, desarrollamos el módulo sobre género o prevención de la violencia contra la mujer, dirigido a estudiantes, padres, madres de familia, maestros y maestras a fin de sensibilizar y prevenir la violencia y el femicidio. A la par hemos implementado a través de facebook la campaña “Más información, menos violencia” con los estudiantes de los colegios involucrados en las capacitaciones para que tengan acceso a información de calidad en estos temas.
Como parte de las actividades para sensibilizar sobre los derechos de la mujer y prevenir la violencia que se ejerce contra ella y difundir la campaña, tenemos previsto realizar el TERCER CONCURSO INTERCOLEGIAL el día viernes 12 de diciembre de 2018 con tres categorias, dibujo y fotografía, cuento corto-poesía y de grupos o bandas musicales en el marco del día de la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Conocedores de su interés y sensibilidad en torno a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, solicitamos su apoyo para que un grupo o un representante de su institución participe en dicho concurso con el tema de la prevención de la violencia a la mujer, el cual culminará con la premiación a los tres mejores participantes.
A continuación el link donde pueden inscribirse y la solicitud de informar por este medio la inscripción de su colegio, se pueden inscribir en todas las categorias.
LEER CONDICIONES DEL CONCURSO (CLICK AQUÍ: III Concurso Intercolegial Artístico contra la Violencia hacia las Mujeresfinal)
Quito, 23 de octubre de 2018
La comunidad A’iCofan de Sinangoe, despues de meses de exigir justicia y reparación a través de una acción de protección por la falta de consulta por la decisión del estado ecuatoriano de entregar 32000 hectáreas de concesiones mineras que afectan a su territorio, fue notificada con la sentencia de la Sala Única de Sucumbíos que resuelve a su favor y reconoce la vulneración de varios derechos constitucionales de la comunidad.
El Tribunal de la sala única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, reconoció que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad A’iCofán de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al Aguarico.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) celebra el segundo fallo histórico en el país, pues en esta sentencia se declaran vulnerados los derechos constitucionales en contra del pueblo A’I Cofán de Sinangoe: derecho a que se respeten sus costumbres y formas ancestrales de vida lo que constituye una riqueza irremplazable; derecho a una vida digna que garantice el ambiente biodiverso sustento de la vida de los Sinangoe; el derecho al agua.
Celebramos también que la sentencia deja sin efecto las concesiones mineras otorgadas y en trámite y suspensión definitiva y archivo de todas las solicitudes de concesiones que se encuentran en la comunidad de Sinangoe y en su zona de influencia, incluidas las riberas de los ríos Chingual, Cofanes que dan nacimiento al río Aguarico; todas las concesiones que se encuentren dentro de la reserva Cayambe Coca y todas las tierras aledañas a su territorio, pues reconoce que atentan contra la naturaleza y que es un patrimonio intangible de toda la humanidad, lo cual es un precedente importantísimo para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Vemos con alegría que se dispone la reparación de los daños ocasionados, lo cual tiene una implicación directa en la obligación del Estado de garantizar la reparación integral de la naturaleza en los términos que dispone la Constitución, y a la vez es reto dispuesto a las autoridades competentes que permitirá hacer efectivos los derechos de la naturaleza. Finalmente, nos congratula saber que se dispone a la Fiscalía General del Estado iniciar las acciones penales en contra de los responsables de los daños y afectaciones producidas, y a la Contraloría General del Estado realizar auditoría a los procesos de concesiones. Estas disposiciones generan un precedente histórico para alcanzar la justicia ambiental y social.
Cabe destacar la participación como peticionario de la Defensoría del Pueblo quien ha demostrado poder cumplir con su mandato de tutelar los derechos y mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.
Recordamos al Estado que es su obligación proteger estas zonas y a las comunidades que habitan en ellas, en consecuencia, debe prohibir todo tipo de exploración, explotación y comercialización de oro u otros minerales en dichas áreas. Reafirmamos que esta victoria representa un importante precedente para la comunidad de Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad frente al extractivismo.
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