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Lago Agrio (Sucumbíos). El lunes 22 de octubre de 2018 se realizó en la Corte Provincial de Sucumbíos la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por Defensoría del Pueblo y la comunidad A´i Cofán de Sinangoe, en la cual se dictaminó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las nuevas concesiones. Se reconoció la violación a los derechos colectivos de la consulta previa libre e informada, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Además, se ordenó la reparación de los impactos ocasionados y se dispuso que la Fiscalía y Contraloría, dentro del marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes.
Fueron meses de exigir justicia y reparación como parte de una demanda de acción de protección, en la que la comunidad A’i Cofan de Sinangoe denunció a cuatro ministerios del Estado ecuatoriano por la entrega inconsulta de 32.000 hectáreas a concesiones mineras en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico.
“Sinangoe está luchando por el bienestar de todos, no solamente para el pueblo A’i Cofán sino para todas las personas de la provincia de Sucumbíos, y las nacionalidades - A’i Cofán, Siona, Secoya y Kichwa y otros que nos estamos uniendo para defender los ríos. Esta victoria es un gran logro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Seguiremos vigilando nuestro territorio y luchando para tener nuestro título de propiedad”, afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.
La sentencia del tribunal reconoce que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al Aguarico.
En su parte fundamental, la sentencia resolvió declarar vulnerados los derechos constitucionales en contra del pueblo A’I Cofán de Sinangoe. Reconoció el derecho a que se respeten sus costumbres y formas ancestrales de vida lo que constituye una riqueza irremplazable; como es el derecho a una vida digna que garantice el medio ambiente biodiverso donde Sinangoe se ha sustentado, pero particularmente el derecho al agua. En consecuencia, se dejó sin efecto las concesiones mineras ya que ésta no afectaba únicamente al pueblo Cofán de Sinangoe, sino también a otros pueblos a las orillas del Aguarico. Por tanto, es obligación del Estado proteger estas zonas y por tal, prohibir la exploración, explotación y comercialización de oro en dichas áreas.
Esta victoria representa un importante precedente para la comunidad de Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad del extractivismo. Cabe mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.
La comunidad agradece a todas las organizaciones y pueblos hermanos que apoyaron a Sinangoe en este proceso de lucha. Esta victoria es de todos y todas quienes tomamos parte en esta lucha.
Datos de contacto:
Mario Pablo Criollo - Presidente de la Comunidad A´I Cofán Sinangoe - 0991370756
Alex Lucitante - Defensor de Derechos Humanos - 0999469780 - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
María Espinosa - Abogada Defensora de la Comunidad de Sinangoe - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Amnistía Internacional visitó el Ecuador el 15,16 y 17 de octubre.
María José Veramendi planteo que se está presentando una situación grave y delicada de las mujeres defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza y que existe la necesidad de que la Fiscalía avance en las investigaciones y recomendó que la Fiscalía desarrolle un Protocolo de Investigación de crímenes contra personas defensoras.
Quito, 18 de octubre de 2018
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) lamenta profundamente los hechos ocurridos en Posorja y advierte que la espiral de la violencia podría volverse incontenible si no se dan las respuestas adecuadas y urgentes por parte del Estado, en el marco de los derechos humanos y el respeto a la vida y la dignidad.
El fenómeno de los linchamientos, si bien no es nuevo en nuestro país, es la reacción irracional y espontánea ante una situación de impunidad, inseguridad, ausencia del Estado y desconfianza en un sistema de justicia que no protege sino que oculta el delito.
Que la sociedad decida llevar la justicia con mano propia solo expone la erosión del respeto, no únicamente a la autoridad, sino -lo más grave- al valor de la dignidad y la vida-, y si no somos capaces de develar los reales motivos y tomar las acciones necesarias, el castigo – difícil de individualizarlo en estos casos de violencia masiva- puede causar mayores resentimientos y hartazgo de la sociedad.
Hacemos un llamado a los representantes del Estado, a los medios de comunicación, a aquellos usuarios de las redes sociales que se vuelven, en estos casos, responsables de la exacerbación de la violencia, a asumir este tema de forma integral, profundizando en sus causas y consecuencias para un pueblo que empieza a confundir la línea divisoria de la justicia entre víctimas y culpables.
COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS
11/10/2018
El informe presenta estudios de casos de 18 proyectos, implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por al menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
El informe concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados, y revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente así como por la impunidad de estas violaciones. El informe en particular muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos. Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Además, China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU) en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero en donde señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.
A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC. La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales. También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.
Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.
El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación; implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.
La FIDH y CICDHA piden a los estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del próximo 6 de noviembre. En particular, los estados miembros de la ONU deberían investigar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.
Desde el 1 de enero hasta el 2 de octubre del 2018, son 274 días en los que se registran 64 femicidios ocurridos en 17 provincias del Ecuador. En relación a los datos recogidos a partir de la tipificación del FEMICIDIO en Ecuador en el 2014 hasta el 2018 se registran 576 mujeres asesinadas por ser mujeres, es decir, cada 3 días una mujer es asesinada por la violencia machista.
En la región Sierra se registran 23 casos: Pichincha 8; Azuay 5; Chimborazo 3; Tungurahua 2; Loja 2; Bolívar 1; Imbabura 2. En la región Costa se registran 34 casos: Guayas 11; Manabí 7; Los Ríos 2; El Oro 3; Esmeraldas 7; Santo Domingo 4. En la región Oriental se registran 7 casos: Sucumbíos 2; Zamora Chinchipe 2; Orellana 2; Morona Santiago 1.
Dentro de estos casos 25 se encuentran en Indagación Previa, 25 en Instrucción Fiscal o ante Tribunales; 5 casos con sentencia condenatoria. En 8 casos el femicida se suicido y existen 89 menores en situación de orfandad.
Todas estas mujeres tenían sueños y vidas concretas que han sido arrebatadas por la violencia machista.
Nombres de todas las mujeres a las cuales la violencia machista les ha rebatado la vida desde enero a 2 de octubre del 2018.
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