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No se firmará ningún Decreto Ejecutivo sobre el traspaso de competencias del Ministerio de  Justicia sin un diálogo previo con las organizaciones

Defensoras de los Derechos Humanos Ante los pronunciamientos de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en los cuales hemos declarado el estado de EMERGENCIA SOCIAL por la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, ante el pedido de una reunión con el Presidente de la República para que aclare cuál es el compromiso político de la máxima autoridad del país con los Derechos Humanos, el día lunes 24 de septiembre, el Ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, convocó a representantes de las organizaciones firmantes del comunic ado a una reunión para explicar el estado de la situación.

En la reunión, los Defensores y Defensoras de derechos planteamos nuestro desconcierto ante una decisión que ha generado más caos e incertidumbre en relación a la protección y garantía de los derechos humanos en Ecuador, y sobre la cual, todavía no hay respuestas claras desde el Ejecutivo. Las organizaciones planteamos la grave situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran, entre  otros, los Pueblos Indígenas Aislados (PIA), las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, los adolescentes en conflicto con la ley, la población LGBTI, las víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad, las víctimas de abuso sexual escolar y eclesial, situación que antes ya era delicada y que se ha agravado con el Decreto 491. También expusimosde manera clara y contundente la necesidad de contar un ente autónomo e independiente que ejerza la rectoría de los Derechos Humanos en el Ecuador desde una perspectiva integral de derechos.

El Ministro Granda manifestó que la situación económica del país obliga a una reestructura institucional, pero que el Ejecutivo tiene como prioridad la garantía de los Derechos Humanos, y señaló que “estamos frente a la oportunidad” de fortalecer esta temática. Se comprometió a trasladar las inquietudes de la sociedad civil al Presidente, solicitara SENPLADES que exponga las propuestas discutidas al interior del ejecutivo sobre el traspaso de competencias, y que considere la creación de un ente autónomo que tenga la rectoría de los Derechos Humanos, tal como fue propuesto por la sociedad civil.

Luego de la reunión con SENPLADES, tendrá lugar la reunión con el Presidente de la República, Lenín Moreno. El Ministro Granda anunció que no se firmará ningún Decreto Ejecutivo relacionado con el traspaso de las competencias que tenía el Ministerio de Justicia sin que exista un acuerdo sólido con la sociedad civil. Ante esto, las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el Ecuador ratificamos la EMERGENCIA SOCIAL y demandamos la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos que cuente con capacidades técnicas, financieras, y operativas para ejercer la rectoría y transversalizar la protección y garantía de los derechos humanos en el país. Exigimos además que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República sea fortalecida con un área específica relacionada con Derechos Humanos; y que los Consejos de Igualdad de Derechos sean consolidados como instancias de que garanticen la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en el Ecuador. Los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos no se fragmentan. Exigimos nuestro derecho a estar informadxs y a participar en las decisiones de política pública que afectan nuestras vidas, que siguen dejando en indefensión a grupos vulnerabl es de la sociedad y legitiman la impunidad.

¡Las normas y decisiones administrativas NO pueden estar por sobre los Derechos Humanos!

Contactos:
Cecilia Mena, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., 0996160351

Amparito Molina, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., 0998234507

Paola Maldonado Tobar, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., 0998493210

Para leer el comunicado enviado al Presidente, y para registrar su adhesión, ingrese en el siguiente enlace
https://goo.gl/forms/iqtIg67SaVHoUhA22

Adhesiones recibidas hasta el 26 de septiembre:

Organizaciones

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.
Pacto por la Niñez y Adolescencia
Red Nacional de Casas de Acogida a mujeres víctimas de violencia
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
Grupo Rescate Escolar
CEDENMA
Red de Defensor@s de Derechos Manos Unidas
Federación de Mujeres de Sucumbíos
Fundación María Amor
Fundación Cor Iesu
Fundación Patou Solidarité
Comité Nacional de Víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad
Fundación Sol de Primavera
Fundación ALDEA
Fundación Ecuatoriana Equidad
Red de Defensores Indígenas - FUNDAVIDA
CARE
CPM/Taller de Comunicación Mujer
Programa Radial Sin Etiquetas Cuenca
Sobrevivientes de abuso sexual caso AAMPETRA
Colectivo LGBTIH "SOMOS DIVERSOS"
Frente LGBTI del Ecuador
Corporación PachaQueer
FEMROCK Ecuador
Fundación Mujer & Mujer - Colectivo LGBTI

Articulando Diversidades Grupo de Trabajo por la Incidencia en DDHH de las personas LGBTI
Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Quito
Hermanas de la Providencia
Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz
Cultura y Diversidad Colectivo
Fundación Mushuk Pacha
Justicia para Angie Carrillo
Las Comadres, Red de Acompañamiento en Aborto
Fundación Nuevos Horizontes
Coordinadora Política de Mujeres
Fundación Alas de Colibrí
Fundación Quitu Raymi
Misión Scalabriniana
Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares LUNA CRECIENTE
Servicio Jesuita de Refugiados - Ecuador
Fundación Lourdel - Desarrollo integral de la familia
Fundación Nuestros Jóvenes
Cabildo por las Mujeres de Cuenca
Grupo de Apoyo Positivo para Personas y Familiares de Personas VIH Positivas
Red Anti Trata Quito

ASFADEC
Colectiva Salud Mujeres
Fundación Desafío
Lizie Ernst, Consejo Cantonal de Protección de Derechos DMQ
Unión Nacional de Educadores
REMPE
8M Nina Warmi
Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC
Fundación de Mujeres Victimas de Violencia de Género "Génesis Gabriela"
Asociación Femenina Universitaria de la Universidad de Guayaquil
Fundación Causana
Asociación Femenina Universitaria de la
Universidad de Guayaquil
Valientes de Corazón Ecuador
Usuarios Digitales
Colectivo Las Raras
Fundación Nuestros Jóvenes

Personas

Claudio Gallardo
Marco López
Clara Merino Serrano
Rocío Arauz
Verónica Potes
Carmen Barrera
Belén Ayala
César Zea Abad
Antonio Aguilar
Guadalupe Tobar
Walleska Pareja Díaz
Andrea Obando
Antonio Aguilar
Eduardo Pichilingue
Ramiro Ávila
Roberto Narváez
Tamia Alfaro Maldonado
Sara Egas
Cris Almeida
Zoila Menéndez Vélez
Juan Manuel Crespo
Silvia Zambrano
Marcela Alvarado
Marisol Quezada Guzmán
Alexandra Molina
Marlo Brito
Ralf Oetzel
Susan Engel
Paola Moreno
Carlos León
Paulina Larreategui
Aracely Sánchez
Aura Carrillo Unda
Volker
Frank
Raquel Escobar
Maria Augusta Rodriguez
Nivea Vélez Palacio
Adelita Pinto
Manuela Villafuerte
Isabel Rodríguez

 Leer más:  Comunicado DDHH 27 de sept

21 de septiembre de 2018

Ginebra / Washington, DC - Anticipando el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, el día 23 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas urgen al fin de las violaciones de derechos contra personas bisexuales. La bisexualidad es la capacidad de atracción emocional, romántica y / o física hacía más de un sexo o género. Las personas bisexuales representan una parte importante de la comunidad LGBTI, sin embargo, todavía son excluidas la discusión sobre la orientación sexual, en la recopilación de datos, la investigación en salud y también dentro de sus propias comunidades. En el acrónimo "LGBTI", la "B" a menudo se eclipsa, lo que lleva a la invisibilidad de las personas bisexuales y a la negación de los detalles sobre su experiencia.

La existencia de personas bisexuales es constantemente cuestionada y a veces, incluso negada. A menudo, la bisexualidad es calificada de inválida, inmoral o irrelevante. La bifobia, una de las causas principales de la violencia, discriminación, pobreza y peores niveles de salud mental y física experimentada por las personas bisexuales; se ve alimentada por la falta de visibilidad a menudo presente en comunidades de orientación sexual o identidad de género diversas.

Según The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Findings on Victimization by Sexual Orientation, La Secretaria Bisexual de ILGA, Movement Advancement Project, BiNet USA, Bisexual Resource Center, entre otros, han realizado investigaciones que revelan que las personas bisexuales sufren alarmantes tasas de violencia por sus parejas y otras formas de violencia doméstica, y violencia sexual. Las mujeres bisexuales corren un riesgo particular de violencia debido a la misoginia, el patriarcado y las desigualdades de género. Debido a la bifobia e invisibilidad, las personas bisexuales sufren tasas significativamente altas de depresión y ansiedad. Las personas bisexuales también enfrentan grandes disparidades en el acceso a la salud debido a la falta de información médica y adecuado cuidado preventivo en salud reproductiva y sexual.

La CIDH y los expertos en derechos humanos de la ONU señalan las dificultades, o reluctancia, para documentar la violencia contra las personas bisexuales. Algunos Estados niegan su existencia, lo que lleva a que actos de violencia y discriminación sean tolerados y perpetrados con impunidad. La ausencia de datos confiables recopilados sobre crímenes bifóbicos o la tendencia a categorizar estadísticamente la violencia y la discriminación contra las personas bisexuales como crímenes homofóbicos, hace que la bifobia continúe invisible, tanto para fines estadísticos, así como en cuanto a la violencia por prejuicios contra las personas bisexuales.

La CIDH y el Experto Independiente de la ONU instan a los Estados a recopilar datos desagregados sobre personas bisexuales, en estricto cumplimiento de las normas de derechos humanos, como una medida efectiva para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación contra estas personas. Estos datos deberían informar las acciones de los Estados y permitir la formulación de políticas que incluyan las necesidades de las personas bisexuales en su agenda y prever su inclusión social. Similarmente, informes e iniciativas emprendidas por las organizaciones LGBTI deben abordar la bifobia y resaltar la particular experiencia de las personas bisexuales que son diferentes a la homofobia y otras experiencias LGBTI en su sentido más amplio, para hacer que su realidad sea visible y documentar sus específicas necesidades y preocupaciones. Finalmente, la CIDH y los expertos en derechos humanos de la ONU recuerdan que los Estados tienen el deber de crear sistemas para registrar y denunciar crímenes de odio basados en la orientación sexual, incluyendo la bifobia, e investigar diligentemente y procesar los homicidios y otros actos de violencia y discriminación cometidos contra personas bisexuales. Esto incluye abrir líneas de investigación que consideren si un crimen pudo ser cometido debido a la orientación sexual de la víctima, castigar a los perpetradores y proporcionar reparación a las víctimas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

(*) Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas: Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas Protección sobre orientación sexual e identidad de género , Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Dainius Pῡras, Relatr Especial sobre el derecho a la salud ; Sra. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo en la temática de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica.

Datos de contacto:
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Nuestra dirección de correo postal es:
CIDH / IACHR
Sede / Headquarters
1889 F Street NW
Washington, D.C. 20006

 ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CREADA POR EL DECRETO 491

Las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, reunidas el 19 de septiembre de 2018, ante la desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos), y la falta de respuestas efectivas desde el gobierno nacional a nuestra propuesta de crear una mesa de diálogo para definir este cambio institucional, que incluya un plan concreto de transición, operativización e institucionalización de la protección de derechos, expresamos nuestra preocupación ante la EMERGENCIA SOCIAL Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS en la que está inmersa el Ecuador.

Denunciamos que, a pesar, de los múltiples intentos realizados desde la sociedad civil para participar en mesas de diálogo para la generación y diseño de propuestas para lograr este cambio institucional efectivo y coherente para la protección de los derechos humanos, en tiempo y forma según lo establecido por los decretos generados para este propósito, y a pocos días de cumplirse el plazo de los 30 días establecidos en el Decreto 491, NO existen definiciones claras, ni estrategias de restructuración que garanticen el ejercicio y la efectiva protección de los derechos en el país.

Esto constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales. Por eso, solicitamos una reunión de carácter urgente e indelegable entre el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés y las organizaciones defensoras de derechos, pues advertimos que existen temas sensibles y de prioridad en la protección de derechos que requieren una respuesta que solamente puede ser dada por el máximo mandatario de la Nación.

La ciudadanía debe conocer que el Decreto 491 genera un potencial riesgo de vulneración del derecho a la integridad de la vida de mujeres, niños, niñas, adolescentes, a las víctimas de violencia de género, a los adolescentes en conflicto con la ley, a los pueblos indígenas en aislamiento, a las víctimas de delitos de lesa humanidad, a las personas desaparecidas y sus familiares, a las personas migrantes, a la población LGBTI, a las personas privadas de la libertad, entre otros. En este sentido, llamamos a la ciudadanía a informarse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos. Los riesgos que advertimos son muchos, porque cuando las decisiones políticas únicamente responden a temas administrativos y financieros, carecen de claridad en materia de protección de derechos. Algunos de los riesgos inminentes son:

1. Para Pueblos Indígenas en Aislamiento
A pesar de que existen medidas cautelares vigentes (CIDH 2006) para la protección de la vida e integridad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, en los últimos años se da una constante ampliación de la explotación petrolera, avance de la colonización y extracción ilegal de madera en la región del Yasuní, sin que el Estado cumpla con su deber concreto de proteger y garantizar los derechos de estos pueblos. Esto sucedió a pesar de la existencia de una institucionalidad responsable de su protección. Con la eliminación de la misma, advertimos que esta situación se agravará, existiendo un riesgo potencial de genocidio y etnocidio de estas poblaciones.

La desestructuración del Ministerio de Justicia se da justo en el momento en que se estaba analizando la ampliación de la ZITT en al menos 50 mil hectáreas, de acuerdo al mandato popular del 15 de febrero del 2018 (consulta popular), y cuando se han reportado, en las últimas semanas, avistamientos y contactos con Pueblos Indígenas Aislados, hecho que exigiría una respuesta estatal inmediata para activar todos los protocolos de protección que garanticen la vida de estos Pueblos. Nos preguntamos ¿cuál es la lógica que sustenta la toma de decisiones del gobierno nacional relacionada con los derechos? Si precisamente se requiere de una institucionalidad rectora de la política pública para garantizar sus derechos.

Exigimos una rendición de cuentas de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en relación a las Medidas Cautelares que fueron impuestas por la CIDH en 2006, de las acciones que está emprendiendo desde los avistamientos recientes y la suspensión inmediata de las actividades petroleras en la región del Yasuní (Bloques: 14, 16, 17, 21, 22, 65, 66, 31 y 43) como lo establece el Art. 57 de la Constitución y la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación de los Bloques 31 y 43 dictada por parte de la Asamblea Nacional en el 2013.

2. Para la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
La desinstitucionalización de la entidad rectora de la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres pone en riesgo la implementación de la misma, incrementando la vulnerabilidad de miles de mujeres, niñas y adolescentes que cada día son víctimas de violencias física, psicológica y sexual por razones de género. Las organizaciones de mujeres y feministas hemos demandado desde hace más de un año la declaración del estado de emergencia debido a la prevalencia e incremento de este tipo de violencias, que cada tres días cercena la vida de una niña o mujer, y que permite que cada cuatro horas una mujer, niña o adolescente sea víctima de violencia sexual.

Los servicios de atención especializados para víctimas como las Casas de Acogida y Centros de Atención nuevamente están en un limbo administrativo para ser transferidos de Ministerio, siendo que esto retrasa todos los procesos de fortalecimiento de la atención y el abordaje con las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

Necesitamos respuestas urgentes y efectivas. Esto requiere de una institucionalidad fuerte, desconcentrada, articulada con el territorio, que pueda crear los sistemas descentralizados
especializados de protección de derechos, de acuerdo al art. 341 de la Constitución. Ante esto expresamos nuestra profunda preocupación por la total indefensión.

3. Para los adolescentes infractores
La eliminación de la instancia de protección de derechos pone en peligro los avances alcanzados hasta la actualidad en la incorporación del enfoque restaurativo en el ámbito de la justicia penal juvenil, trayendo consigo la dificultad de que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal tengan acceso a mecanismos de desarrollo de sus proyectos de vida. Asimismo, el cambio de institucionalidad acarrearía el riesgo de retomar una visión securitista, la cual no genera mecanismos de rehabilitación y modificación de los comportamientos sino, por el contrario, de represión y estigmatización, en detrimento de los derechos de este grupo de atención prioritaria.

4. Para la reparación material a víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad Dentro de sus competencias la institucionalidad de derechos humanos tenía a cargo la supervisión del proceso de judicialización y de reparación material de las víctimas de delitos de lesa humanidad investigadas por la Comisión de la Verdad y establecidas por la ley contra la impunidad. La eliminación del Ministerio de Justicia pone en riesgo esta reparación y avance de este proceso, generando que la impunidad campee en el país.

5. Para la reparación integral a víctimas, familiares de personas desaparecidas y víctimas de todo tipo de violencias
La reparación integral de victimas es un derecho constitucional, cuya garantía dependía de la entidad pública de protección de derechos. La eliminación de la misma significa que los procesos
de reparación integral quedan sin seguimiento, y que no se generen mecanismos efectivos para su concreción, dejando a las víctimas en indefensión y revictimizándolas. Hasta la actualidad, no existe ningún pronunciamiento oficial sobre la forma en que se realizará esta transición para garantizar los derechos de las víctimas.

6. Para la situación de la población LGBTI
La población de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis, Intersexuales – LGBTI- es sistemáticamente discriminada, siendo fundamental la existencia de políticas públicas, instituciones, acciones afirmativas, mecanismos, rutas y protocolos efectivos de acción que garanticen la protección de sus derechos, su libre desarrollo y evite la vulneración de los mismos. La competencia al respecto la tenía la institucionalidad de protección de derechos, su eliminación deja en vulnerabilidad a las poblaciones LGTBI, quienes diariamente son víctimas de discriminación, exclusión, violencia, delitos de odio, que incluso llegan al secuestro, encierro forzoso y asesinatos en razón de su orientación sexual e identidad de género. Se requiere una política integral con visión de derechos humanos y un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la misma que permita resarcir la histórica discriminación existente contra estas poblaciones.

Por lo expuesto, y ratificando que existen muchos más riesgos de los mencionados (situación del sistema nacional de rehabilitación social –personas privadas de libertad, traspaso de los Servicios Especializados de Protección (SEPES), personas con discapacidad, personas en situación de movilidad, entre otros), REITERAMOS LA ALERTA NACIONAL Y LA EMERGENCIA SOCIAL EXISTENTE.

Hacemos un LLAMADO URGENTE AL SR. PRESIDENTE PARA QUE NOS RECIBA a representantes de todas las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos, solo de esta manera podremos potenciar sinergias para lograr la generación de un mecanismo efectivo de garantía de los derechos humanos en nuestro país, una vez que las reuniones con sus delegados no han sido fructíferas o no se han dado. Exigimos públicamente su compromiso político con los derechos humanos en el Ecuador para establecer esta mesa diálogo para trabajar conjuntamente en una respuesta institucional adecuada.

Nos adherimos al presente comunicado:
- Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, CEDHU
- Pacto Social por la Niñez y la Adolescencia

- Coalición de Mujeres
- Red Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia
- Surkuna
- Red de Defensor@s de derechos Manos Unidas
- Comité Nacional de Víctimas de la Comisión de la Verdad
- Fundación ALDEA
- Tierra de Hombres
- Universidad Andina Simón Bolívar
- Fundación Ecuatoriana Equidad
- Red de Defensores Indígenas-FUNDAVIDA
- CARE
- CPM/Taller de Comunicación Mujer
- Programa Radial Sin Etiquetas Cuenca
- Representante de sobrevivientes de abuso sexual caso AAMPETRA
- COLECTIVO LGBTIH "SOMOS DIVERSOS"
- FRENTE LGBTI DEL ECUADOR
- Red de Defensor@s de Derechos "Manos Unidas"
- Corporación PachaQueer
- FEMROCK ECUADOR
- Fundación María Amor
- Fundación Cor Iesu
- Fundación Mujer & Mujer - Colectivo LGBTI
- Articulando Diversidades - Grupo de Trabajo por la Incidencia en DDHH de las personas LGBTI
- Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Quito
- Hermanas de la providencia
- COMISION ECUATORIANA DE JUSTICIA Y PAZ
- Cultura y Diversidad Colectivo
- Fundación Mujer & Mujer
- Articulando Diversidades - Grupo de Trabajo por la Incidencia en DDHH LGBTI
- Fundación Mushuk Pacha
- Federación de Mujeres de Sucumbíos
- Marco López
- Rocío Arauz
- Eduardo Pichilingue
- Roberto Narváez

Para más adhesiones, ingrese en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/iqtIg67SaVHoUhA22

Servindi, 7 de setiembre, 2018.- El Proyecto de Ley 03121-2017- PE, que solicita el pago de 103 millones de soles a la empresa minera Bear Creek Mining Corporation por el concepto de reparación civil como consecuencia del aymarazo del año 2011, fue suspendido.

Patricio Illacutipa, Presidente del "FREDERNAMA-Sur de Puno" (Foto: Pachamama Radio)

A pesar de ello, Carlos Oliva Neyra titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtió que de no pagar la deuda los intereses se incrementarán.

"El tribunal del CIADI ordenó pagar a Bear Creek 18.2 millones de dólares y 6 millones de los costos de los abogados", expresó.

"Sin embargo, el laudo dice también que tenemos que reconocer los intereses desde el momento en que se hizo la expropiación (2011). Estos intereses acumulan desde entonces 8 millones dólares; solo por no pagar el laudo. Cada mes se acumula una deuda de 100 mil dólares", agregó también el ministro.

Ante este hecho, el dirigente aymara Patricio Illacutipa amenazó con realizar un segundo “aymarazo”, en caso de aprobarse esta ley que considera injusta.

Patricio Illacutipa, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la provincia de la zona sur - Puno, dijo que el pueblo ayamara está indignado por este Proyecto de Ley.

“Como pueblo, ya nos estamos organizando para un segundo 'aymarazo', solo estamos a la espera de una respuesta del congreso. No puede ser que el Estado Peruano haya perdido esta demanda", sentenció Illacutipa.

"Para que el proyecto Santa Ana ingrese a la localidad, debía cumplir adecuadamente la consulta previa, pero no fue así, por ende hubieron irregularidades”, añadió.

Además, Illacutipa considera que la empresa minera debería de pagarle al pueblo aymara por concepto de reparación civil; pues durante los 45 días del aymarazo, hubieron grandes pérdidas agrícolas, principal sustento económico en la zona.

“Durante esos 45 días no se cosechó nada, nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, del comercio, y hubo pérdidas millonarias. Nosotros no deberíamos de pagar, ellos tendrían que pagarnos a nosotros”, pronunció finalmente el dirigente aymara.

Durante esos 45 días no se cosechó nada, nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, del comercio, y hubo pérdidas millonarias. Nosotros no deberíamos de pagar, ellos tendrían que pagarnos a nosotros. Por su parte el congresista Alberto Quintanilla, mencionó que el proyecto de ley es una modalidad delictiva.

“Nosotros estamos en contra de este pago. En el 2017 nos enteramos que esta empresa minera violó el Convenio 169, no hizo consulta ciudadana. En las próximas horas tendremos una respuesta a este controvertido proyecto”, agregó.

Para recordar:

El "aymarazo" fue un conflicto socio-ambiental que llevó a muchos pobladores de la región Puno a protestar y movilizarse en contra del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.