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Comunidad Ai Cofan de Sinangoe (Sucumbíos), 8 de agosto 2018. En una decisión histórica y sentando precedentes para la lucha de los pueblos indígenas y la defensa de los derechos colectivos, el Juez Jorge Enrique Sacancela Cusi, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Gonzalo-Pizarro (Sucumbíos) ha sentenciado a favor de la comunidad A’I Cofan de Sinangoe y la Defensoria del Pueblo, declarando la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 57. 7 de la Constitución, y disponiendo la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas o en trámites, dado que de iniciarse acciones de prospección, exploración o explotación los derechos al agua, territorio y vida de la comunidad Ai Cofan de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al aguarico se verían gravemente comprometidas.

Ante la decisión judicial, el Ministerio de Minería, ARCOM y la Procuraduría, de manera oral interpusieron recurso de apelación, por su parte MAE y SENAGUA indicaron que una vez notificada la resolución presentaran su apelación por escrito.

Con fecha 3 de agosto del 2018, se nos notificó con el contenido la sentencia, por consiguiente, hasta el día miércoles 8 de agosto se podrá presentar el recurso de apelación.

Por nuestra parte y de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo también interpondremos el recurso de apelación, dado que, si bien el Juez Jorge Sacancela en su motivación enumero y analizo derechos de la naturaleza, al agua, al ambiente sano y a la alimentación, estos no fueron declarados como vulnerados; ni se dispusieron medidas específicas a favor de su protección, restitución y no repetición.

Esperamos que durante la apelación el tribunal ratifique la sentencia de primera instancia relativo a la vulneración al derecho a la Consulta Previa y a la suspensión inmediata de todas las actividades mineras concesionadas por el Ministerio de Minería en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes; y dado que; existe suficiente argumento declare la vulneración de derechos humanos colectivos al territorio; y también contra los derechos de la naturaleza, el derecho al medio ambiente, al agua, a la salud y a la alimentación. Y ello no sólo porque existen daños e impactos ya evidentes; también porque existen graves riesgos derivados directamente de esa actividad minera contra esos derechos, no sólo para esta comunidad sino para miles de personas asentadas en la ribera del río Aguarico.

Rundajefangi kaintsu va inge chigachuma kundasi kaintsu juez camba ingima fuitekheningae mandaye patshi dañuchune afaja, tuyacaen tsa kurisundekhunga semañachuve aguarico, cofan, chingual nae tsutunga anthechuma itsaye, tayungi a´tatshe inge kansepama dañuchuma afa´fa tuya´kaen ingi andema, tsampi, tsampini jinchuma, tsa´khuma, kinsetse kansepama, tuyakaen inge ankhesuma dañuchuma. Tsumba kaintsu kanjan patshi ingima dañuchuma tuyacaen jucaningae dañuñachuma tansie sinangoemaja dañuñambitsu tsumbita patshi agurico na´eni kanjensundekhuma.

Datos de contacto:

Mario Pablo Criollo - Presidente de la Comunidad A´I Cofán Sinangoe – 0991370756 - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Alex Lucitante - Defensor de Derechos Humanos – 0999469780

Más información: Boletin AI SINANGOE 8 de agosto2018

Quito. 03 de agosto de 2018

Hoy se anunció la ratificación de la sentencia de primera instancia que acepta la acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas de Molleturo en relación al proyecto minero Río Blanco. La Corte Provincial de Justicia de Azuay negó la apelación presentada por el Estado para reactivar las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en la zona noroccidental de Azuay.

En la sentencia del primero de junio de 2018, el Juez Paúl Serrano aceptó la acción de protección y las medidas cautelares que detuvieron el proyecto minero Río Blanco, que comprende 5.799 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.

Se aceptó la acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordenó: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.

Esta sentencia constituye un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras.

En el dictamen de la Corte Provincial se revoca la medida de restitución del derecho vulnerado. Es decir, la consulta previa. La razón que emiten los jueces que el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum:

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
En este dictamen, se señala que el resultado de la votación de los habitantes de la parroquia Molleturo fue 67,80% por el Sí y y el 32,20% por el No. En ese sentido, y en el caso de Molleturo se sobre entiende que se RATIFICA la suspensión del proyecto Rio Blanco, y que la "consulta" ya se realizócomo consta en los resultados del Referendum.

La Comisión Ecuménica de Derecho Humanos saluda la decisión de la Corte Provincial de Justicia del Azuay que ha ratificado la sentencia de primera instancia, lo cual supone una victoria histórica de los DDHH y se logra hacer justicia a la violación de los derechos humanos y colectivos que supone la imposición de proyectos mineros inconsultos.

Esta sentencia histórica puede ser usada por juezas y jueces como jurisprudencia en los casos en los cuales comunidades y pueblos indígenas y campesinos demandan la violación a sus derechos humanos y colectivos por las actividades extractivas en sus territorios ancestrales y de vida. Esperamos que los funcionarios de la función judicial sigan actuando de manera coherente con la garantía a los DDHH.

El martes 31 de julio a las 9 am se realizará en Quito la audiencia pública que resolverá la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, por lo que, desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos estamos vigilantes de que la Corte Constitucional garantice la condición de “Ecuador Libre de cultivos y semillas transgénicas”.

El proceso inició el 19 de octubre del 2017, cuando varios colectivos y organizaciones sociales y campesinas del país, demandaron ante la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable. Recordando que partir del 2008 se declaró constitucionalmente al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.

Se convoca el día de mañana 31 de junio de 2018, a un plantón para la segunda audiencia pública a las 9:30am a las afueras de la Corte Constitucional (12 de Octubre, frente al Parque Arbolito).

#SentenciaEcuadorLibreDeTransgénicos

El 23 de julio de 2018 se dio lugar a la audiencia de apelación, el siguiente paso es la sentencia definitiva, misma que se dará en un lapso de 8 días. Defensoras y defensores del agua de Azuay hicieron vigilia en el parque Abdón Calderón a la espera de la audiencia de apelación ante el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia, integrado por el juez Edgar Morocho Illescas (juez ponente), y las juezas Auria Piedad Calderón, y Rosa Zhindón Pacurucu.

Estuvieron presente también los ministerios de Minas, del Ambiente y la Procuraduría General del Estado, en representación del Estado, quienes apelaron a la sentencia emitida el pasado 5 de junio de 2018, por el juez Oswaldo Paúl Serrano.

Dicha sentencia otorgó medidas cautelares de acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordenó: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.

Esta sentencia se constituye en un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU presentó Amicus Curiae y que se espera que el tribunal ratifique la sentencia. Durante la sentencia, los argumentos del Estado fueron poco recursivos:

1. No se debe realizar la consulta previa libre e informada porque los afectados no son comunidades indígenas. Usaron a comuneros de la zona vinculados laboralmente a la empresa minera para que presenten su versión negando su identidad y defendiendo la actividad minera.

2. El Estado negó el ejercicio al derecho a la autodeterminación y en general los derechos colectivos de las comunidades indígenas afectadas.

3. Se criticó que los funcionarios del Estado que tienen que controlar el cumplimiento de los estándares ambientales, y que son los que participaron en la audiencia, son de plana central y que ellos tienen las obligaciones de velar por el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y las normas de prevención y mitigación de impactos ambientales. Sin embargo, estos funcionarios no tienen cercanía con la realidad local, porque no viven y no sufrirán los efectos de la actividad minera en el agua que usan no sólo a las comunidades de la parroquia de Molleturo sino a todos las poblaciones y ciudades como Cuenca.

4. Los abogados que representaban a las organizaciones de la parroquia Molleturo que se pronunciaron a favor de la minería, la mayoría eran abogados de la ciudad de Quito, de estudia jurídicos reconocidos.

5. El presidente del tribunal concedió 40 minutos a los abogados de las entidades del Estado y 10 minutos al abogado de las organizaciones y comunidades, lo cual es desproporcional e injusto.

6. A pesar de que en la audiencia de primera instancia el Estado argumentó que se habían realizado todos los procesos de consulta a las comunidades afectadas, en la audiencia de apelación alegaron que las comunidades no eran sujetos de este derecho, lo cual es una clara contradicción derivada de la falta de argumentos del estado para justificar de cualquier modo la imposición del proyecto minero Río Blanco.

Desde CEDHU nos mantenemos vigilantes al proceso y EXIGIMOS la ratificación de la sentencia.

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