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Ancestral Ai Cofan de Sinangoe, 23 de Julio de 2018.- Desde inicios del 2017 hemos realizado acciones de monitoreo que han registrado el avance de la actividad minera ilegal y del otorgamiento de 20 concesiones mineras inconsultas y 30 mas en trámite; la actividad minera está afectando nuestro territorio, ha cambiado nuestras formas de vida y amenaza con causar mayores y más serios daños.
Imagen: Técnico del MAE y Guardia Cofan durante la inspección judicial
realizada el 20 de julio de 2018. (Boletín)
Todos nuestros hallazgos han sido registrados e informados de manera permanente y documentada al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas, SENAGUA, ARCOM, entre otras instituciones; ante la falta de respuesta a nuestros escritos los convocamos a una Asamblea Comunitaria y a un recorrido territorial; también los hemos buscado en sus despachos de la ciudad de Lago Agrio y Quito. De los recorridos y de cada visita a la institucionalidad salimos cargados de ofrecimientos sobre actuaciones eficaces, investigación, entrega de informes, expedientes, sanción y coordinación con la comunidad. Nos cansamos de esperar que cumplieran, mientras tanto la minería en la zona concesionada siguió avanzando.
Desde Julio de 2017 mediante denuncias públicas y alertas tempranas les hemos informado del grave riesgo que corre nuestra vida, nuestro territorio, la cuenca del Aguarico, Cofanes y Chingual; pero recién el 14 de marzo de 2018 MAE realiza una visita de inspección a la zona del aguarico y suspenden de manera temporal las actividades de exploración y explotación de la concesión minera Puerto Libre, código: 40000533 hasta que cuente con los permisos necesarios; una semana después de suspendida la concesión los mineros seguían trabajando sin que MAE, SENAGUA o ARCOM verificaran el cumplimento de la medida de suspensión. Eso significa que el acto administrativo no resulto eficaz por falta de seguimiento y control; exactamente lo que ha ocurrido desde el 2017, los que por mandato deberían vigilar no cumplen con su obligación.
Dada la falta de respuesta eficaz por parte de los Ministerios e instituciones mencionadas y reconociendo que los derechos de la naturaleza y nuestro derecho a la Consulta Previa, al agua y a la alimentación han sido vulnerados, determinamos, de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, interponer una acción de protección y solicitud de medidas cautelares.
El día jueves 19 de Julio fuimos citados en audiencia ante la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro, de la provincia de Sucumbíos. A las 10H00 se instaló la audiencia, afuera al menos 90 Cofanes de Sinangoe y miembros de organizaciones sociales de la Provincia esperaban justicia; adentro el presidente de la comunidad, su interprete, la Defensoría del Pueblo exponían ante el juez como se habían vulnerado derechos constitucionales y de qué manera se afectaba la vida, la cultura, la pervivencia Cofan y de la naturaleza.
Mientras tanto los abogados de Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas, ARCOM, SENAGUA y Procuraduría se encargaban de realizar una defensa que paso por alto que los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación; que el principio procesal de formalidad condicionada dispone que no se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades, como además lo dispone el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador que indica que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; y por último que en materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado.
Mientras los Cofan de Sinangoe defendemos la VIDA; la institucionalidad, a falta de argumentos que le permitan demostrar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, ataca, denigra, discrimina, señala. De tal forma los abogados en diversos momentos de la audiencia pretendieron poner en duda la legitimidad de las acciones comunitarias, la necesidad y calidad del trabajo del interprete, el conocimiento técnico comunitario en la elaboración de informes, la propiedad de nuestro territorio y su extensión, arguyendo la necesidad de que exhibamos títulos o documentos de reconocimiento oficial, sin que les sea suficiente el uso y posesión tradicional de nuestras tierras y recursos.
El viernes 20 de julio se llevo a cabo una inspeccion judicial a fin de verificar los hechos descritos en el demanda presentada por la comunidad, comprobando los impactos que la actividad minera ha producido hasta el momento sobre el río, su ribera y la naturaleza en la zona; y ratificando la necesidad de aplicar el principio de precaución para evitar que las 20 concesiones otorgadas y las 30 concesiones en trámite, todas ellas inconsultas, afecten de manera irremediable la vida, el territorio, el agua de la Comunidad Ai Cofan.
El próximo 26 de julio se instalará nuevamente la audiencia; esperamos que el Juez falle a favor de la comunidad y de la naturaleza; reconozca que las concesiones mineras otorgadas y en tramite fueron impuestas sin el debido proceso a la consulta previa libre e informada y sin contar con nuestro consentimiento; y su inmediata y definitiva reversión; disponiendo además acciones de reparación y que esta zona tenga una categoría de especial protección por tratarse de nuestra casa, de un área protegida, de una cuenca hídrica de vital importancia para nuestra vida, para sucumbíos.
Que el PRÓXIMO JUEVES 26 DE JULIO GANE LA VIDA
#JusticiaSinangoe
Datos de contacto:
Mario Pablo Criollo - Presidente de la Comunidad A´I Cofán Sinangoe 0991370756
Alex Lucitante - Defensor de Derechos Humanos 0999469780
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El jueves 19 de julio a las 10H00, en la ciudad de Lumbaqui, cantón Gonzalo Pizarro, tendrá lugar la audiencia de Acción de Protección y Medidas Cautelares solicitadas por la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y la Defensoría del Pueblo por la afectacióna a la salud y a su territorio que significa la imposición de proyectos mineros lo cual vulnera derechos humanos y colectivos como la consulta previa libre e informada y la autodeterminación de los pueblos.
La Defensoría del Pueblo a petición de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe la semana pasada presento una acción de protección en contra del Ministerio de Minas, MAE, ARCOM, y SENAGUA. La audiencia se realizará una audiencia en la Corte de Gonzalo Pizarro en Sucumbios.
La demanda solicita, entre otras cosas, la reversión inmediata de 20 concesiones mineras en la ribera de los ríos Aguarico, Chingal y Cofanes y la suspensión definitiva de los trámites para la entrega de 32 concesiones más.
Las concesiones fueron otorgadas sin haber realizado una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y además han estado operando de manera ilegal fuera de la concesión minera, sin contar con los permisos ambientales o certificados de aprovechamiento de agua, y traslapando con el Parque Nacional Cayambe Coca donde la minería está prohibida expresamente.
Es importante señalar que desde el año 2017 la comunidad viene denunciando la entrega de concesiones en su territorio de forma inconsulta, y el desarrollo de actividades de minería ilegal que no ha sido regulada por las entidades de control, como son el Ministerio de Minería y la Agencia de Control y Regulación Minera.
Los dirigentes de la comunidad acudieron a la Defensoría del Pueblo que después de dos años, seguía sin dar respuesta al trámite de investigación defensorial. Es por eso que ahora demandan ante un juez la adopción de medidas cautelares en defensa de los derechos de la naturaleza, de sus defensores y defensoras, y ordene la reversión de las concesiones mineras y la suspensión definitiva de toda actividad minera en el territorio.
Estas actividades extractivas han provocado la contaminación de los ríos Aguarico, Chingual, Cofanes, parte del Parque Nacional Cayambe-Coca. Estas cuencas son el sustento de vida de comunidades como Sinangoe, población que requiere protección para el goce de sus derechos humanos a la salud, al agua, a una vida libre de contaminación, y por sus derechos colectivos al territorio ancestral y a la autodeterminación de sus formas de vida, todos derechos consagrados en la Constitución del Ecuador.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, aclama la histórica resistencia de la nacionalidad Cofán contra las actividades extractivas que han disminuido su territorio y población de forma alarmante. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades convocadas para la audiencia del 19 de julio, a respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas y a su territorio. Esperamos, además, que el Juez Jorge Sacancela, escuche el pedido de la comunidad y ejerza su autoridad para el freno de las actividades mineras, su expansión, y por lo tanto cese la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.
Información sobre la demanda: Boletin de Prensa Sinangoe
Este caso ha recibido atención e interés a nivel internacional en The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2018/apr/09/our-territory-our-life-struggle-mining-ecuador
Y en Foreign Policy Magazine "How Conservation Became Colonialism”
https://foreignpolicy.com/2018/07/16/how-conservation-became-colonialism-environment-indigenous-people-ecuador-mining/
Los Cofanes están ganando mucha atención a nivel internacional sobre su lucha de defender su territorio contra invasiones de mineros, madereras y cazadores ilegales, y ahora están con mucha fuerza en su lucha para la reversión inmediata de 20 concesiones mineras por la ribera del rio Aguarico. En el debate emergente sobre la minería en el Ecuador, y también los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el caso de Sinangoe es emblemático y merece una cobertura fuerte a nivel nacional.
Quito, 17 de julio de 2018
El 01 de Junio 2018, el Juez Paúl Serrano aceptó la acción de protección y las medidas cautelares que detuvieron el proyecto minero Río Blanco, que comprende 5.799 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
Las concesiones de este proyecto son de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara en Ecuador Ecuagoldmining South América S.A., proyecto catalogado como mediana minería que, actualmente, se encuentra en fase de explotación.
Previo el otorgamiento de estas concesiones el Estado NO cumplió con la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada o la consulta previa ambiental establecida en los artículos 57 y 398 de la Constitución.
De esta manera se aceptó la acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordenó: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.
Esta sentencia se constituye en un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras.
Sin embargo, el 23 de julio de 2018 se dará lugar a la audiencia de apelación a la sentencia de acción de protección a favor de las comunidades de Molleturo en la ciudad de Cuenca. La decisión acertada del Juez Serrano, es una oportunidad para creer en un sistema judicial independiente que no responda directamente a los intereses de las empresas extractivas, es por esto que exigimos que esta sentencia sea ratificada en la audiencia.
El deber del Estado es cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
COMUNIDAD ANCESTRAL A’I COFAN DE SINANGOE, 12 DE JULIO 2018.-
La Acción de Protección y Solicitud de Medidas Cautelares se la direcciono en contra del Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA); quienes han omitido su obligación de garantizar y precautelar los derechos humanos y colectivos de la comunidad al no haber realizado la consulta previa, libre e informada antes del otorgamiento de concesiones mineras y al no haber realizado acciones afectivas de monitoreo y control según sus competencias, pese a las insistentes y sustentadas denuncias y pruebas de afectación que la comunidad Cofan de Sinangoe les ha entregado desde el año 2017.
La zona impactada por estas concesiones y operaciones mineras es unas de las últimas porciones de bosques intactos del piedemonte amazónico-andino de Ecuador y Colombia, una región degran valor ecológico tanto a nivel del paisaje como de biodiversidad, con enorme importancia para la conservación.1
Las actividades mineras que se realizan actualmente y se prevé realizar en las riberas y sobre los ríos Aguarico y sus nacientes, ríos Chingual y Cofanes, están generando y generarán daños que han quedado evidenciados con anterioridad y suponen un altísimo riesgo para la población que usa las aguas de esos ríos, entre ellas especialmente Sinangoe, pero también un numeroso grupo de comunidades campesinas e indígenas a lo largo de la ribera del Aguarico, incluida la ciudad de Nueva Loja y la parroquia Pacayacu, tanto para quienes usan el agua para consumo humano y usos del hogar, como para quienes lo usan para supervivencia en actividades como la pesca.
De los hechos descritos y la documentación presentada queda acreditado que las actividades mineras que se están realizando en la zona de la reserva natural Cayambe-Coca y del territorio de la comunidad A´I Cofan de Sinangoe han generado vulneración de derechos humanos colectivos como la consulta previa y el territorio; y también contra los derechos de la naturaleza, el derecho al medio ambiente, al agua, a la salud y a la alimentación. Y ello no sólo porque existen daños e impactos ya evidentes; también porque existen graves riesgos derivados directamente de esa actividad minera contra esos derechos, no sólo para esta comunidad sino para miles de personas asentadas en la ribera del río Aguarico.
Invitamos a los medios de comunicación y a las organizaciones indígenas, ambientalistas y defensoras de los Derechos Humanos para que den amplia difusión a esta acción, acompañen su entrega y desarrollen acciones de vigilancia y exhorto a la autoridad para que tome las medidas de protección y garantía necesarias para la defensa del modo de vida, el territorio y la pervivencia de los A’i Cofán de Sinangoe.
Datos de contacto:
Mario Pablo Criollo- Presidente de la Comunidad A´I Cofán Sinangoe 0991370756
Alex Lucitante- Defensor de Derechos Humanos de Sinangoe 0999469780
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1 Vriesendorp, C., W. S. Alverson, Á. del Campo, D. F. Stotz, D. K. Moskovits, S. Fuentes C., B. Coronel T., y /and E. P. Anderson, eds. 2009. Ecuador: Cabeceras Cofanes-Chingual. Rapid Biological and Social Inventories Report 21. The Field Museum, Chicago.
Desde la Comisión Ecuménica de Derecho Humanos, rechazamos la naturalización de la violencia, y la periodicidad con la que se anuncia en los medios y en otros ámbitos la desaparición y muertes de mujeres. Hasta el 3 de julio hemos registrado 51 femicidios a nivel nacional.
El 30 de enero en Machala una niña de 2 años fue asesinada por su padrastro, el 17 de mayo en Otavalo, junto a su madre una bebé de 9 meses fue asesinada por su papá, el 2 de julio en Zamora a manos de su padrastro murió Kerly Valentina Chincay Maza de 4 años de edad.
No debemos olvidar la muerte en 2017 en Cuenca de Evelyn de 11 meses a manos de su papá, de Emilia de 9 años en Loja por un conocido, en 2016 de Rebeca Jalón de 3 años en Guayaquil a manos de su papá, de Gabriela y Xiomara Miranda de 5 y 9 años en Tungurahua víctimas de su papá, de Sofia Cocios de 11 años en Quito, en Montecristi junto a su madre Karen Arias de 3 años fue asesinada por su papá, en Manta junto a su mamá murió Geomara Alonzo de 1 año víctima de su papá. Recientemente recordábamos el femicidio de Anabel Muñoz de 13 años en Cuenca. En algunos de los femicidios de niñas los responsables han sido sancionados, en otros ellos se han suicidado, pero en su mayoría los responsables aún no son sancionados.
Además, el pasado 12 de junio una niña fue raptada mientras recibía clases en la escuela “Carlos Chávez” en el recinto Diamante parroquia Sevilla cantón Cascales provincia de Sucumbíos. El 9 de julio de 2018 desde el Ministerio de Interior se dio declaraciones enunciando que los esfuerzos siguen en marcha teniendo como prioridad atender tanto a la menor desaparecida como a sus familiares.
La CEDHU se solidariza con los familiares de las víctimas de estos execrables crímenes muchos de los cuales continúan en la impunidad y hace un llamado porque la política de cero tolerancia ante casos de violencia cometidos contra niños, niñas y adolescentes, sea cada vez más efectiva.
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