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Cada 8 de enero, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU, desde 1988, recordamos que Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 17 y 14 años, no regresaron a su hogar. Cada 8 de enero denunciamos que fueron detenidos, torturados y desaparecidos por agentes del estado durante el gobierno de Febres Cordero. Cada 8 de enero reconocemos la valentía de la familia Restrepo – en especial de Pedro Restrepo, Luz Elena Arismendi y María Fernanda Restrepo; padre, madre y hermana – quienes a pesar del amedrentamiento que sufrieron por encontrar verdad, justicia y reparación, no dudaron en salir a la Plaza Grande cada semana - hoy se ha convertido en el espacio simbólico de protesta de familiares y amigos de personas desaparecidas- y que llevaron el caso hasta las últimas instancias internacionales.

Si bien se conoce gran parte de la historia de lo que sucedió con los Hermanos Restrepo (ver https://bit.ly/2Dn0DjX), lo cierto es que la verdad está incompleta, pues hasta la fecha, el paradero de sus restos es desconocido. El Estado Ecuatoriano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que éste fue un crimen de Estado y que la Policía era la responsable. Por lo tanto a esta institución le corresponde develar toda la verdad y qué hicieron con los restos de Santiago y Andrés Restrepo.

Conforme lo señala la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad implica establecer con toda certeza, en el caso que han muerto, además de las circunstancias en que perdieron la vida pero, dónde se encuentran sus restos. Tener la certeza del lugar donde se encuentran sus restos permite aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre; sepultarlos conforme las creencias de su familia y cerrar el proceso de duelo que han vivido por décadas.

Pero, además, el derecho a la verdad tiene otra función que es fundamental para toda sociedad: recobrar la confianza en la institucionalidad estatal y evitar que este tipo de graves violaciones vuelvan a ocurrir. Solo conociendo la verdad completa y teniendo la certeza de que el Estado ha logrado esclarecer todas las circunstancias de una tragedia que ha sufrido una familia que vive en nuestro país, las y los ciudadanos tendremos la seguridad de que nuestros derechos están suficientemente resguardados y protegidos.

Mientras lo anterior no suceda, nuestra denuncia, de que el Estado nos debe, sigue en pie. Así nos recuerda María Fernanda Restrepo, quien en su artículo “11 315 días de amor y espera por Santiago y Andrés Restrepo” (Ver https://bit.ly/2SPw9dG), hace una memoria de la intranquilidad y la espera que han atravesado - y siguen haciéndolo - por conocer dónde se encuentran los restos de sus hermanos, Carlos Santiago y Pedro Andrés.

El deber de recordar o deber de memoria del Estado y de la sociedad, evita que en el futuro más personas, familiares, colectivos o comunidades sean nuevas víctimas de violaciones a la dignidad humana. Solo la memoria nos permite comprender mejor lo que hemos alcanzado en el presente y los pasos que no debemos permitirnos retroceder.

Por esto, Cada 8 de enero no olvidamos – ni olvidaremos- que en el Ecuador se han cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. La desaparición forzada de los Hermanos Restrepo es un símbolo de la defensa de los derechos humanos en nuestro país por la que seguiremos-junto a su familia- exigiendo la verdad completa de su paradero.

Artículo escrito por Nathaly Yépez,

Abogada CEDHU

Reinicia Audiencia por falta de consulta Previa, Derecho a la Vivienda, Reparación de Daños.

Miércoles 9 de enero de 2019

Complejo Judicial Norte (Iñaquito - #Quito)

26 de diciembre de 2018

Washington, D.C. / Santiago, Chile – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenan los asesinatos de dos activistas integrantes del Movimento Sem Terra (MST) en el Estado de Paraíba, y de un líder de asentamientos rurales, en el Estado de Pará, Brasil. La CIDH y ACNUDH urgen al Estado brasileño a investigar estos hechos con debida diligencia, teniendo en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas, y a abordar las causas estructurales de esos actos de violencia, vinculados a la lucha por el derecho a la tierra en Brasil.

De acuerdo con información pública, José Bernardo da Silva, conocido como Orlando Bernardo, y Rodrigo Celestino, fueron asesinados la noche del sábado 8 de diciembre en el campamento del MST Dom José Maria Pires, del cual eran coordinadores, en el municipio de Alhandra, Estado de Paraíba. Según la información publicada, varios encapuchados entraron en el campamento y ametrallaron la zona donde se encontraban las víctimas. La Comisión observa que un hermano de una de las víctimas, Odilon Bernardo da Silva Filho, quien integraba el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) también fue asesinado en 2009 después de haber recibido varias amenazas de muerte. Por su parte, un tercer hermano, Osvaldo Bernardo da Silva, coordinador del MAB, tuvo que ingresar al Programa de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ese mismo año, debido a su situación de riesgo. Asimismo, el 15 de diciembre fue asesinado Gilson Maria Temponi, presidente de la Associação dos Agricultores Nova Aliança, de los asentamientos rurales “PDS Castanheiro”, “Arthur Faleiro” y “Avelino Ribeiro”. El líder ya había sufrido amenazas por motivo de su defensa de la regularización de tierras rurales.

La Comisión y ACNUDH advierten que los asesinatos de los defensores José Bernardo da Silva, Rodrigo Celestino y Gilson Maria Temponi se dan en un contexto de grave violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil, particularmente entre aquellos que defienden el derecho a la tierra y el territorio. De acuerdo con el informe anual de Global Witness, en 2017 Brasil se convirtió en el país con mayor número de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos y socio ambientales del mundo. Asimismo, según información de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), desde el inicio del movimiento en 1985, casi mil ochocientos militantes del MST han sido asesinados.

“Es urgente que el Estado brasileño tome medidas efectivas para prevenir actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos”; destacó Birgit Gerstenberg, Representante Regional de ACNUDH. “El trabajo realizado por las personas defensoras de derechos humanos es vital para las sociedades democráticas. Brasil debe fortalecer su programa de protección con miras a garantizar un ambiente seguro y libre de amenazas para su labor.”

El 27 de julio de 2018 la CIDH condenó los asesinatos de defensores de derechos humanos vinculados al derecho al medio ambiente, a la tierra y trabajadores rurales en Brasil y señaló que los defensores de la tierra y el medio ambiente deben ejercer su labor de defensa en un ambiente propicio y libre de obstáculos para la defensa de los derechos humanos y esto no es posible en un contexto de constante peligro a sus vidas o integridad personal. Los Estados deben desarrollar políticas globales de protección a personas defensoras de derechos humanos, con enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de ataques en contra de las y los defensores de la tierra, de tal manera que puedan seguir desempeñando sin temor su labor.

Frente a estos hechos de violencia, el Estado debe investigar con debida diligencia, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo debe abordar las causas estructurales que generan esta violencia vinculadas a la lucha por el derecho a la tierra en Brasil. La CIDH y ACNUDH toman nota de la declaración del Ministerio Público Federal que condena los asesinatos, y que reitera el compromiso de la institución con la protección de los derechos humanos de las personas asentadas para lo cual realizará todos los esfuerzos desde los órganos investigativos para que las autorías de los asesinatos sea esclarecida y los responsables sancionados. “Estas investigaciones deben tener en cuenta además la actividad de defensa de los derechos de la tierra de las víctimas” dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren.

Durante su reciente visita in loco a Brasil la Comisión visitó en terreno asentamientos del MST, donde se informó sobre la criminalización de sus acciones reivindicativas por el derecho a la tierra. En susObservaciones Preliminares de la visita, la Comisión expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia rural y el grave problema que enfrentan decenas de miles de familias del campo que año a año son desalojadas de las tierras que habitan u ocupan. Frente a esta situación, la CIDH instó al Estado a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en Brasil, dando especial énfasis política y presupuestaria a la implementación de su Programa Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. “Es urgente que el Estado de Brasil fortalezca estructural y presupuestariamente el programa de protección, garantizando además una implementación efectiva en zonas rurales y zonas alejadas de los núcleos urbanos, donde además suceden la mayoría de los hechos de violencia reportados”, agregó el Comisionado Francisco Eguiguren.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales de derechos humanos. El ACNUDH desarrolla sus labores a la luz del mandato que le ha encomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141. Su sede global se encuentra en Ginebra, Suiza. La Oficina Regional del ACNUDH para América del Sur se encuentra en Santiago de Chile y cubre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos condena las medidas totalitarias que se están tomando ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y 8 organizaciones más. A Continuación compartimos y suscribimos el comunicado de la FIDH y nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua.

A la atención de Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y del Señor/la Señora el/la embajador/a de Nicaragua.

Objeto: Solicitud de restauración inmediata de la personalidad jurídica del CENIDH, organización miembro de la FIDH, y de 8 otras ONGs.

El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua anuló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) a petición del Ministro del interior. El motivo invocado es que el CENIDH habría desvirtuado su personalidad jurídica al no actuar de conformidad con sus fines y objetivos para los cuales se le había sido concedida y en particular “la realización de la paz y de la justicia en Nicaragua”.

Esta decisión constituye una restricción arbitraria del derecho a la libertad de asociación en violación de las obligaciones internacionales de Nicaragua. Se trata claramente de un acto de represalia por la denunciación activa por el CENIDH de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, sobre todo estos últimos 6 meses.

En 15 días, son en total 9 ONGs que han sido privadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional. Por otra parte, 2 medios de comunicación independientes han sido saqueados y están actualmente ocupados por la policía.

Estamos sumamente preocupados por la represión violenta desplegada por el gobierno Ortega-Murillo estos últimos meses. Esta ha provocado la muerte de más de 300 personas y más de 500 detenciones arbitrarias. Después, de estos ataques en contra de los movimientos estudiantes, campesinos y sindicales el gobierno parece ahora querer reducir al silencio la sociedad civil organizada quitándole la personalidad jurídica a las más importantes ONGs y obstaculizando gravemente el trabajo de la prensa independiente.

En este contexto, instamos a las autoridades de Nicaragua a que revisen inmediatamente su decisión y restauren la personalidad jurídica del CENIDH y de las otras ONGs.

Esperamos que Nicaragua desee seguir siendo un país respetuoso del pluralismo político y societal y no convertirse en un régimen dictatorial.

Dimitris Christopoulos
Presidente de la FIDH