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El pasado sábado, 29 de junio de 2018 en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH de Sucúa, se generó un enfrentamiento entre dirigentes shuar de las diferentes comunidades y la dirigencia de la organización acompañados de trabajadores mineros y personas afines a la minería, que agredieron con palos, varillas de hierro y machetes a los dirigentes, dejando a dos personas heridas de gravedad.

 

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Dos heridos producto de enfrentamientos entre indígenas shuar.

 

Desde hace varios meses el presidente de la FICSH, Elvis Nantip, viene firmando una serie de convenios con la empresa minera china Explorcobres S.A., EXSA, responsable del desplazamiento forzado a las comunidades de la zona de Nankintz, provincia de Morona Santiago en el año 2016, y por las que cientos de dirigentes Shuar todavía son perseguidos y criminalizados. La empresa también es filial de EcuaCorriente S.A., ECSA, que opera en la provincia de Zamora Chinchipe en el proyecto Mirador, y también fue la responsable del desalojo de más de 30 familias en la parroquia de Tundayme.

 

Los dirigentes de los centros y comunidades denuncian además de esta firma inconsulta con las comunidades, el consejo de gobierno de la FICSH estaría buscando la manera de destituir y perseguir a los dirigentes que no están a favor de los convenios firmados para colocar nuevos dirigentes que se encuentren a favor de la minería.

 

Ante el descontento por estas acciones, el día sábado 29 de junio de 2018, (15h00’) una comitiva de dirigentes de varias asociaciones y centros shuar concurrieron hasta la sede de la Federación para pedir explicación de sus diálogos y acciones inconsultas, y en instantes fueron atacados por otros ciudadanos shuar cercanos al presidente Elvis Nantip y que defienden a la empresa minera.

 

Las dos personas heridas* fueron atendidas en el Hospital General de Macas, de acuerdo a los certificados médicos extendidos el primer herido presenta ruptura del tabique nasal por lo que se debió realizar un tratamiento quirúrgico, con reposo físico obligatorio de 30 días. El afectado señala que también tiene una herida en su cabeza y que al momento se le dificulta caminar y alimentarse. La segunda persona herida presenta dos cortes en la palma de su mano izquierda entre otras heridas.

 

Mañana, martes 3 de julio, se pondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía para que se investigue y sancione a los responsables de estos hechos.

 

Como CEDHU, integrante de la articulación nacional de territorios amenazados por la minería metálica: CAMINANTES, nos añadimos a su pronunciamiento, donde expresamos nuestro repudio a la violencia que se viene provocando en los territorios de la Nacionalidad Shuar, y responsabilizamos a la empresa minera EXSA porque lejos de generar desarrollo para las comunidades, se ha dedicado a la cooptación de dirigentes y a la división de las organizaciones, mientras les despoja del territorio, su lugar de vivienda y fuente de su economía. Y al Estado ecuatoriano, porque al omitir su responsabilidad de protección a la población, la falta de garantías a sus derechos a la consulta previa, libre e informada y con la persecución a sus dirigentes, han abonado a la generación de una nueva ola de violencia.

 

Estaremos vigilantes ante la actuación de la Fiscalía para que investigue diligentemente estos hechos y considere todas las conexiones que llevan a hechos violentos como los descritos.

Es necesario acotar que la implementación del proyecto minero Panantza-San Carlos, a cargo de EXSA, y otros proyectos denominados estratégicos, son inconsultos, se asientan sobre fuentes de agua y cuentan con una serie de irregularidades que esperamos se visibilicen en el informe que al momento elabora Contraloría General del Estado, para quien también solicitamos celeridad.


*Hemos omitido los nombres de las personas heridas como medida de protección a su integridad personal y familiar.

 

 

29 de junio de 2018

 

El día de ayer fue la presentación del Informe “ABUSOS DE PODER CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL TERRITORIO Y DEL AMBIENTE. Informe sobre extractivismo y derechos en la Región Andina”. [Ver Informe completo: Informe Sobre Extractivismo y Derechos en la Región Andina]. El evento tuvo lugar en el salón Espejo de la Uiversidad Andina Simón Bolívar a las 18h30.

 

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El Informe Andino es una construcción de varias organizaciones: Breoderljnk Delen, Bélgica; Centro de Documentación e Información de Bolivia, Bolivia; Colectivo de Abogados Javier Alvear Restrepo, Colombia; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador; Asociación Pro Derechos Humanos, Perú. Este informe está planteado a partir del análisis de cuatro casos emblemáticos de extractivismo en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Se denuncia la existencia en la región andina de patrones de abuso de poder que ejercen tanto los Estados como las empresas y otros actores privados en contra de personas, familias y comunidades que defienden sus territorios y la naturaleza.


A través del abuso de la fuerza física, del abuso en la elaboración de normas jurídicas y del abuso de los discursos, en los cuatro países se imponen proyectos extractivos con una doble estrategia: por una parte se producen ataques contra defensoras y defensores del territorio y naturaleza a quienes se los silencia, invisibiliza y criminaliza; por otra parte, se consolidan políticas públicas y se producen acciones directas que facilitan el ingreso de empresas a los territorios y la posterior consolidación de proyectos extractivos (petroleros, mineros, hidroeléctricos e infraestructuras asociadas).


Estos patrones que ocurren de manera sistemática son evidentes en el proceso de construcción de la Hidroeléctrica Hidroituango en 12 municipios de Antioquia-Colombia, en el corredor minero del sur del Perú (Apurímac y Cusco), en los proyectos mineros Mirador y Panantza San Carlos en la Cordillera del Cóndor y Río Blanco en el Azuay (Ecuador) y en la exploración petrolera en la TCO Tacana II (Bolivia).

 

Los desplazamientos forzados de comunidades; los hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensoras y defensores; la criminalización contra defensoras y defensores y la impunidad en que quedan los ataques de los que son víctimas, y; los discursos estigmatizantes contra ellos, develan que las actividades extractivas operan, en los cuatro países, produciendo graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza.

 

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Durante el evento se explicaron los patrones de abuso de poder y se dio paso a que compañeros de los territos de la Cordillera del Condor y de Río Blanco afectados directamente por los proyectos mineros mencionados, cuenten desde sus experiencias la situación real en la que se encuentran. Se abrió el micrófono para preguntas de las y los invitados generando un rico diálogo sobre la situación de criminalización, hostigamientos y amenaza a las y los defensores de territorios y naturaleza. También se proporcionó a la audiencia ejemplares del Informe.

 

París, 22 de junio de 2018.- Reunidos en París, los Vicepresidentes y el Secretario General para las Américas del Buró Internacional de la FIDH condenan enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 y consideran que el gobierno actual ha perdido toda legitimidad y no existen condiciones para una salida democrática a la grave crisis.

 

Los asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones ocurren día a día, desde hace más de dos meses. Por un lado Daniel Ortega acepta el diálogo pero por el otro continúa reprimiendo a la población. Las crecientes manifestaciones son muestra del descontento popular y ello exige un cambio radical en el sistema de gobierno.

 

La FIDH exige el cese inmediato de la represión e insta al Estado nicaragüense a garantizar el acceso de los organismos y mecanismos de protección internacionales. Hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a condenar firmemente las graves violaciones a los derechos humanos y monitorear de cerca los avances y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Nacional.

 

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Más info

 

 

 

MINERÍA ILEGAL Y DELITOS AMBIENTALES GRAVES: Después de varios meses de insistentes denuncias por parte de la comunidad Ai Cofan de Sinnagoe la Fiscalía de Sucumbíos realiza diligencia de reconocimiento de los hechos en la cabecera del Rio Aguarico.

 

Sucumbíos: El día martes 12 de junio, después de varios meses de insistentes denuncias por actividades de minería ilegal en la rivera del rio Aguarico a la altura del territorio ancestral Ai Cofan de Sinangoe, la fiscalía de Sucumbíos en desarrollo del EXPEDIENTE FISCAL No. 210201818050010 desarrollo una diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos.

Al lugar asistieron funcionarios del Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo, ARCOM, Fiscalía, UPMA (Unidad de Protección del Medio Ambiente), observando varias operaciones de minería ilegal fuera de las concesiones mineras y sin licencia ambientales.

 

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Los representantes de las instituciones antes mencionadas junto a los peritos ambientales acompañaron en la verificación de los impactos provocados por actividades mineras; entre los hechos verificados se encuentra la deforestación de al menos 15 hectáreas de bosque y la remoción de extensas áreas de playa del rio.

 

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También se pudo encontrar piscinas y restos de lo que fuera una zona de acampada del personal que se encargaba de la explotación minera.

 

Los hechos denunciados por la comunidad han causado graves impactos a sus formas tradicionales de vida y al territorio considerado por la comunidad como un sujeto vivo, con derechos y con quien guarnan una relación especial. “Del río Aguarico depende nuestras vidas. De ese río viene nuestra agua para tomar, bañarnos, lavar y cuando se contamine se cambia nuestras vidas como A’i Cofán,” manifiesta Mario Criollo, Presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.

 

Luego de una larga jornada la comunidad está en la espera de una respuesta oportuna por parte de las autoridades, confiando en el efectivo cumplimiento a sus obligaciones. Se le recuerda a las instituciones asistentes que es su obligación, de manera particular cuando conocen de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos, la aplicación de medidas positivas de protección y prevención de actos de particulares violatorios de derechos humanos; de manera fundamental es su obligación garantizar a favor de toda persona sujeta a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales.

 

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Todo menoscabo de los derechos humanos que pueda ser atribuido a la acción u omisión de cualquier autoridad pública de un Estado, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable a este, que compromete su responsabilidad internacional.

 

Lamentablemente en esta oportunidad la respuesta estatal ha carecido de oportunidad y eficacia; esperemos que, aunque de forma tardía se tomen medidas inmediatas y eficaces para reparar los daños causados y evitar que se vuelvan a repetir.

 

Datos de contacto:

Mario Criollo, Presidente de la comunidad de Sinangoe

Celular: 099-137-0756

 

Alex Lucitante – Defensor de Derechos Humanos

Celular: 099-946-9780

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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) expresa su preocupación frente al continuo proceso de hostigamiento y criminalización que desde el 2015 resiste el pueblo Saraguro por el Estado y la justicia ecuatoriana.

 

A pesar de haberse ratificado la inocencia y sobreseído a 10 de los 26 procesados dentro del caso "los 26 de Saraguro”, el ministerio de justicia encabezado en ese entonces por José Serrano, apeló dicha resolución. El dia de mañana 12 de junio se desarrollará en la Corte Provincial de Loja, la audiencia de apelación solicitada por el ministerio de justicia que podría revertir la situación.

 

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Acompañamos y exptendemos invitación este martes 12 de junio a la audiencia de apelación que se realizará en la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja a las 9h00.

 

No más criminalización a la lucha social. El pueblo de Saraguro sufrió la mayor represión en su historia en agosto 2015.