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El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de Acción de Protección en contra del Estado y la empresa minera Ecuacorriente S.A., en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito, por los desalojos violentos en el año 2015 de los habitantes del barrio de San Marcos, Tundayme. Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo de Quito a cargo del juez constitucional Carlos Alfonso Dávila, quien dispuso algunas diligencias previas a la sentencia.


mirador 1La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador “CASCOMI” denunció que en septiembre y diciembre de 2015, la empresa minera a cargo del proyecto Mirador, en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, se produjeron dos desalojos de varias casas y fincas de familias en esa parroquia rural, como resultado de procesos de servidumbre minera, sin que se haya respetado sus derechos humanos y sin ningún tipo de reparación por estos hechos.


Se desalojaron de forma arbitraria y violenta a 32 familias indígenas y campesinas de la zona, vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como el derecho al territorio y a la vida digna que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas. Desalojos que se habrían derivado de procesos de servidumbre solicitados por la empresa minera ECSA y ejecutados por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y otras entidades del Estado, amparados en lo previsto en la Ley de Minería.


Los demandantes argumentan que estos desalojos forzosos han afectado gravemente a la vida y subsistencia de varias familias indígenas que habitan en la zona desde antes de la llegada de la empresa minera ECSA y ha significado la desaparición del barrio San Marcos de Tundayme y un tejido social más amplio en la Cordillera del Cóndor. Según la investigación denominada “La Herida abierta del Condor”, realizada y publicada por el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador junto con la organización social Acción Ecológica, el proyecto minero Mirador desarrollado en la zona de Tundayme es emblemático por 4 puntos importantes: a) es el primer proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto; b) se realiza en un lugar de altísima biodiversidad; c) desarrollado en territorio indígena donde habita el pueblo Shuar; d) implementación de las primeras demandas de servidumbres cuya resolución ha derivado en desalojos forzosos de más de 116 personas, entre ellos niños, niñas adultos mayores, mujeres y hombres de nacionalidad shuar que conforman 32 familias en esta zona.


Son varias las demandas judiciales que CASCOMI y el pueblo Shuar han interpuesto para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos que han sido vulnerados por el proyecto estratégico minero Mirador y el Estado ecuatoriano. Todas han sido negadas lo cual evidencia una actuación sistemática por parte del Estado de favorecer los intereses de la empresa minera frente a la obligación de garantizar la vigencia de los derechos humanos.


La audiencia pública de acción de protección del 4 de Junio de 2018, fue suspendida por el juez con el propósito de recabar información y pruebas para lo cual ofició a varias instituciones estatales: Notaria publica del cantón Zamora para que incorpore los títulos de propiedad del territorio de CASCOMI; a la Secretaria de la Gestión de la Política para que remitan la información y documentos sobre la personería jurídica de CASCOMI; al Ministerio de Minería para que remita la información y procesos de servidumbre minera con relación a CASCOMI; por último, se solicitó realizar un estudio antropológico de la zona y habitantes de CASCOMI.


Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos estamos atentos a cualquier resolución por parte del Juez constitucional Carlos Alfonso Dávila e instamos al Estado ecuatoriano y en particular a los jueces que tienen en sus manos decisiones importantes para la vida de las personas, actual con diligencia e imparcialidad en función de garantizar la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza.

 

  

 

Quito, 4 de junio de 2018

 

El Código Orgánico del Ambiente (COA) es la norma más importante del país en materia ambiental, pues en ésta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Entre otros, el COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona marino costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, etc.

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La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA, ha conformado un “Grupo COA”, conformado mayormente por abogados e instituciones interesadas en el tema ambiental, para analizar este cuerpo legal. Este grupo ha trabajado por un año, tiempo que transcurrió entre la publicación de este instrumento y su entrada en vigencia, analizando tema por tema. Cómo resultado de este trabajo se ha encontrado irregularidades, errores o contradicciones e inconstitucionalidades que fueron presentados en dos demandas y que se resumen en los siguientes puntos:

 

• Actividades permitidas en el ecosistema manglar que implicaran regresividad de derechos de la Naturaleza,
• Promoción de los monocultivos también en contra de los derechos de la naturaleza,
• Limitación del derecho constitucional a la participación ciudadana,
• Imposibilidad de imposición de sanciones administrativas a la tala forestal; y,
• Violación de los derechos de los pueblos indígenas en general y en contra de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario en particular.

 

Desde CEDENMA se ha apoyado estas demandas  de inconstitucionalidad con el fin de visibilizar estos problemas del COA y que la Corte Constitucional pueda subsanarlos. Animamos a otras organizaciones, colectivos y personas interesadas en preservar el ambiente a mantenerse vigilantes de la decisión que adopte la Corte Constitucional ante las demandas que presentamos y a apoyar constructivamente la vigencia de los principios constitucionales.

 

La CEDHU acompañó a la demanda de inconstitucionalidad por parte de CEDENMA, Acción Ecológica, LIBERA. Pues hay artículos en el código de ambiente que son inconstirucionales por violar principios y derechos constitucionales, uno de ellos el derecho a la consulta libre previa e informada  que no se encuentran garantizados de manera amplia y además existe regresividad en el ejercicio del derecho. 

 

 

Quito, 04 de Junio de 2018

 

El 01 de Junio, en la Corte Provincial del Azuay a las 21:30 horas, el Juez Paúl Serrano, aceptó la acción de protección y las medidas cautelares que detienen el proyecto minero Río Blanco, que comprende 5.799 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Las concesiones de este proyecto son de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara en Ecuador Ecuagoldmining South América S.A., proyecto catalogado como mediana minería que, actualmente, se encuentra en fase de explotación. Previo el otorgamiento de estas concesiones el Estado no cumplió con la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada o la consulta previa ambiental establecida en los artículos 57 y 398 de la Constitución.

 

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El artículo 57 señala en su literal 7 que las comunidades, pueblos indígenas y nacionalidades tendrán derecho a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que realicen las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Y, el artículo 398, indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al medioambiente debe ser consultada con la comunidad, y el Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Con estos antecedentes y marco jurídico, Serrano aceptó la acción de protección y medidas cautelares solicitadas por las poblaciones afectadas por el proyecto minero Río Blanco, quienes argumentaron la falta de consulta previa libre e informada conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 57 numeral 7, el Convenio 169 de la OIT, y el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs Ecuador. En la sentencia el Juez, rescata la importancia que tiene la consulta previa libre e informada para garantizar la libre determinación de los pueblos y sujetos colectivos de derechos. De esta manera se acepta la acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordena: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.


Esta sentencia se constituye en un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos saluda la decisión acertada del Juez Serrano, que nos brinda la oportunidad de creer en un sistema judicial independiente que no responda directamente a los intereses de las empresas extractivas, sino al deber del Estado de cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

 

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Esperamos que esta no sea la última sentencia que reconozca la violación de derechos humanos y de la naturaleza y establezca medidas cautelares que busquen detener los actos constitutivos de la violación y la reparación integral. Estamos atentos a las resoluciones en los casos de las medidas cautelares que no han sido cumplidas, solicitadas por los moradores de las comunidades de Las Antonias en el cantón Eloy Alfaro, quienes fueron afectados en su salud debido a la contaminación del río Santiago y sus afluentes causado por la explotación minera (oro), que se estaría generando aguas arriba. Así mismo estamos a la espera de una sentencia favorable para los habitantes de la comunidad indígena Cascomi, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, quienes fueron desalojados violentamente del barrio San Marcos y no se les garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada y consulta ambiental, antes de la imposición del proyecto minero Cóndor Mirador.

 

 

La Red Nacional de Pastoral Ecológica exige a las autoridades respaldar la vida y respalda el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

 

respaldo a quienes trabajan en el cuidado de la casa comun

ESCOGIDO

 

Quito, 25 de Mayo 2018

 

La Comisión Ecumémica de Derechos Humanos CEDHU, saluda el pronunciamiento de la Defensoría el Pueblo del jueves 24 de mayo del 2018 en relación a los hechos de Río Blanco, pues es el resultado de una investigación defensorial oportuna y en el marco de las competencias de la Institución.

 

La Defensoría del Pueblo es la Institución de Derechos Humanos que debe promover los derechos de las personas y colectividades, su rol es crucial para garantizar su pleno ejercicio. En este sentido la Resolución es un llamado de atención a las autoridades estatales que no han proporcionado respuestas oportunas y claras a las exigencias y denuncias de las comunidades de la parroquia de Molleturo con relación a los derechos que están siendo violados por la imposición de los proyectos mineros inconsultos en la zona.

 

Como Organización de la sociedad civil, respaldamos el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pues permite visibilizar el conflicto socio ambiental en Río Blanco y la respuesta del Estado que leos de resolverlo, lo profundiza al criminalizar la protesta social y usar los tipos penales como instrumentos para legitimar los intereses de las empresas extractivas.

 

Esperamos que las autoridades estatales, en particular las autoridades del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, escuchen el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y puedan actuar de manera coherente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades de Río Blanco.