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A:

Patricia Llombart Cussac
Embajadora Delegación Unión Europea
Bogotá, Colombia

Marianne Van Steen
Embajadora Delegación Unión Europea
Quito, Ecuador

Diego Mellado
Embajador Delegación Unión Europea
Lima, Perú

Leon de la Torre Krais
Embajador Delegación Unión Europea
La Paz, Bolivia
14 de mayo de 2018

 

Asunto: manifestamos preocupación por ataques a Defensores de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales

 

Estimados/as Sres. Embajadores,


En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de mujeres y hombres defensores de derechos humanos en la región andina (EIDHR/2016/376-908)”, apoyado por la Iniciativa Europea ara la Democracia y los Derechos Humanos – IEDDH, queremos informarles y manifestarles nuestra preocupación por el incremento de las violaciones de derechos humanos a los defensores de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales en tres de los países andinos donde se ejecuta nuestro proyecto, en las últimas dos semanas. A continuación, presentamos de manera muy resumida, los hechos ocurridos en cada país:

1. Colombia, departamento de Antioquia. El día 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM del municipio de Ituango. En el ataque también murió su sobrino Domar Egidio Zapata George. En la tarde del 8 de mayo fue asesinado Luis Alberto Torres Montoya de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia AMPA y su hermano Duvian Andrés Correa Sánchez, ambas asociaciones articuladas al Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-. Estos homicidios se dan en el contexto de la movilización social que iniciaron los pobladores por la angustia que vive la población aguas abajo y arriba del muro de presa ante el desencadenamiento de una avalancha que había sido advertida con suficiente tiempo de antelación por parte del MRVA. La misma se dio por un derrumbe ocasionado por fallas estructurales en la propuesta, diseño e implementación del megaproyecto.

La precariedad de un plan de prevención y atención de riesgo generó la desaparición de viviendas, puesto de salud e infraestructura social del corregimiento de Puerto Valdivia. Igualmente hay alerta roja en 5 municipios de Antioquia aguas abajo y riesgos para municipios aguas arriba en Antioquia, así como de otros tres Departamentos del país. Esta situación estaría afectando aproximadamente a 120.000 personas. La responsabilidad de estos hechos recae sobre el Estado colombiano y el grupo de empresas promotoras del megaproyecto energético ‘Hidroituango’.

 


2. Ecuador, Provincia de Azuay. El día 8 de mayo, en el contexto de protestas de las comunidades de la parroquia de Molleturo, provincia de Azuay, frente al proyecto minero inconsulto Río Blanco operado por la Ecuagoldmining S.A., filial de la empresa china Junefield Resources S.A., y las medidas de hecho tomadas por las comunidades para presionar la salida de la empresa, se reprimió la protesta social con uso desproporcionado y violento de la fuerza por parte del Estado y la empresa. Durante varios días la zona estuvo incomunicada pues las vías de acceso fueron bloqueadas (persiste el bloqueo de la vía que va de Yumate a Río Blanco), nos informaron sobre agresiones a defensores y defensoras y allanamientos a sus casas. Existen 4 procesados por el delito de sabotaje, ataque y resistencia y se presume que habrán defensores y defensoras vinculados a estos procesos. Las autoridades estatales públicamente responsabilizan a miembros de organizaciones sociales que acompañan a las comunidades, entre ellas Yasunidos Guapoldileg, FOA, APS, por las medidas de hecho tomadas. Dirigentes indígenas que acudieron a la zona el día 09 de mayo fueron secuestrados por los trabajadores de la empresa, agredidos y maltratados; se presentó denuncia ante la Fiscalía del Azuay por este hecho. La Defensoría del Pueblo abrió un expediente defensorial por el caso de Río Blanco, se espera un informe en los próximos días.

 

3. Perú, Región de Cusco. El día 8 de mayo, la Primera sala penal de apelaciones y flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica anuló la sentencia absolutoria en primera instancia y ordenó iniciar nuevamente el juicio contra los defensores ambientales de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamani por supuestos delitos atribuidos a su participación en distintas protestas sociales en 2012, cuando múltiples personas se manifestaron frente a la mina Tintaya con el objetivo de modificar los acuerdos ambientales y otros, entre la empresa y la población. En estas protestas varias personas murieron y muchas más resultaron heridas, y otras fueron detenidas de forma irregular, incluyendo al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca Cruz. El juicio contra los tres defensores duró 5 años y fueron absueltos por falta de pruebas. La reiniciación de juicio coincide con otras amenazas judiciales a defensores del caso Espinar, manifestadas en la carta notarial que recibió la Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF), por parte de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac. En esa carta se les otorgó el plazo de 72 horas para rectificarse por contenidos e informaciones que difundieron con relación a violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional Peruana en particular en una intervención en conjunta con fuerzas de la empresa minera Glencore – Antapaccay el 3 de abril de 2018, y se advierte que caso contrario se les denunciará por delito de difamación agravada.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la intensificación notable de los ataques a los Defensores de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales como se evidencia en los asesinatos, represión violenta y criminalización que han ocurrido simultáneamente en un solo día (el 8 de mayo). Vemos corroborados los patrones de abuso de poder que hemos señalado en nuestro informe andino “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los Derechos Humanos, del Territorio y del Ambiente” (2018), que incluye, entre otros, los tres casos de extractivismo mencionados. Es de resaltar que el Movimiento Ríos Vivos y Oscar Mollohuanca estuvieron en el mes de marzo en Europa para visibilizar ante delegados de la Unión Europea la crítica situación de criminalización en sus territorios.

 

Solicitamos a su delegación dar un seguimiento a los hechos mencionados, expresar su preocupación a los Estados Andinos, e incidir para que se garanticen las directrices internacionales y nacionales en materia de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Específicamente, solicitamos que promueven las siguientes medidas urgentes:

1. Para el caso del Movimiento Ríos Vivos Antioquia -MRVA-, que el Estado colombiano ponga en marcha el Plan de protección y prevención colectiva y que las responsabilidades sobre los homicidios de estos defensores no queden en la impunidad. Además que se atiendan las siguientes demandas urgentes: la evacuación del agua represada de manera controlada y segura con carácter urgente, la suspensión del llenado hasta tanto no se garantice que no quedan más cuerpos en la zona de afectación, investigaciones de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría sobre los hechos ocurridos en torno al desencadenamiento del desastre ambiental.

 

2. En el caso de las comunidades de Molleturo de Ecuador, que el Estado investigue el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los defensores y defensoras y tome las medidas necesarias para su protección. Revierta la concesión minera al Estado y dictamine la salida inmediata de la empresa por ser un proyecto inconsulto y contradictorio a lo dispuesto por mandato popular (consulta popular).

 

3. En el caso de los defensores de Espinar del Perú y la Asociación DHSF, que las autoridades Peruanas se abstengan de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras de derechos humanos como una forma de obstaculizar su trabajo; identificar los procesos penales abiertos en su contra donde no haya base para continuarlos, y retirar los cargos contra los defensores de Espinar.

 

Agradecemos su atención, cualquier información o gestión adicional que se requiera estamos a su disposición.

 

Atentamente,

Thomas Craenen
Broederlijk Delen
Bélgica

Eduardo Cáceres
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Perú

Dora Lucy Arias
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR
Colombia

Elsie Monge
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Ecuador

Oscar Campanini
Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB
Bolivia

 

 

 Quito, 10 de Mayo de 2018

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, y las organizaciones que suscriben el pronunciamiento, expresan su profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay. Desde la tarde de ayer han ocurrido una serie de hechos violentos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

 

El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Cajas que fue declarado Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de extracción, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión que hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera.

 

La implementación de proyectos mineros en todo el territorio nacional ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado no ha cumplido su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades aún en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consultas previa y ambiental. Además, esta concesión está dentro del parque nacional Cajas lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas.

 

En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona.

 

Como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso están bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impide conocer lo que sucede en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se han generado en contra de los pobladores. Desconocemos el estado de salud de los heridos pues no pueden aun salir del lugar a ser atendidos en centros de salud. Se conoce que una de las ambulancias que intentó llegar a Molleturo fue retenida.

 

Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador), Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados.

 

Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación.

 

Exigimos a las autoridades del Estado garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo que está sucediendo.

 

Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger a la ciudadanía y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Exigimos la salida inmediata de la empresa minera y la reversión de la concesión minera para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular. Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar la escalada de violencia en la zona.

 

Pedimos a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional estar atentos y vigilantes de lo que sucede en la zona, difundir la información que se genere desde las Organizaciones locales y solidarizarse con lo que están viviendo defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo.

 

Se adjuntan:

OCMAL

MINING WATCH

APRODHE

CEDIB

CEDHU

ACCIÓN ECOLÓGICA

CEDENMA

YASUNIDOS

 

 

 

Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a las familias, amigas y amigos de Javier, Paul y Efraín. Nuestro corazón está con ustedes.

 

Expresamos también nuestra solidaridad al gremio de periodistas. Que este dolor no sea el silencio de la palabra ni de la crítica a los abusos de poder y las desigualdades. Las acciones de vigilia y exigencia sobre la necesidad de proteger la vida y la integridad de los periodistas ha sido y será muestra de lo que siempre denunciamos: verdad, justicia y reparación.

 

Resta decir al Estado que las acciones que se ejecuten deben poner en el centro la vida y la integridad de los habitantes de la frontera: hombres y mujeres, niños y niñas, campesinos, indígenas, pueblo afro-ecuatoriano, migrantes en tránsito y población refugiada. La militarización no es respuesta única para garantizar la vida digna y seguridad de quienes ahi viven.

 

#NosFaltan3

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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU es una organización de la sociedad civil, fundada en 1978 por un sector de los movimientos sociales y grupos comprometidos de iglesias del país. Es la primera organización de derechos humanos del Ecuador y surge como posibilidad de denunciar el abuso de poder y contar con un apoyo sostenido en diversas luchas sociales buscando promover la justicia social sobre la base de la promoción, el respeto y la exigencia de los derechos humanos.

 

En el 2018, la CEDHU cumple 40 años de existencia y queremos celebrar estas cuatro décadas de lucha haciendo memoria de nuestro recorrido: de las luchas contra la explotación laboral, contra las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, del apoyo a la organización social indígena, de las luchas contra el extractivismo y el patriarcado.

 

 

El 27 de abril de 2018, la CEDHU conmemora cuarenta años de trabajo en la defensa de los derechos humanos en Ecuador. Por este motivo, queremos invitarles al cineforo: Memoria y Resistencia, muestra de cine de Derechos Humanos, organizado en conjunto con la Cinemateca Nacional, del 23 al 26 de abril en la sala Alfredo Pareja Diezcanseco (Mira aquí más detalles). Y, al evento de conmemoración por los cuarenta años de la CEDHU, que se llevará a cabo el día 27 de abril de 2018 en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC). 

 

Mira la cartelera completa aquí

 

...por la defensa de los Derechos Humanos y en contra de los abusos de poder. Aquí estamos... aquí estaremos!

 

Audiencia el 11 de Abril a las 9:00 en la SALA DE CASACIÓN PENAL, en el PALACIO DE JUSTICIA, PARÍS

 

 

París, Buenos Aires, 9 de abril de 2018. Tras el aplazamiento del 28 de marzo, la Sala de Casación Penal celebrará el 11 de abril de 2018 la audiencia correspondiente a la solicitud de extradición de Mario Sandoval, presentada por la República Argentina hace seis años.

 

Nuestras organizaciones instan a la Sala de Casación Penal a confirmar las decisiones ejemplares dictadas por el Tribunal de Apelación de París y de Versailles y, de conformidad con las obligaciones internacionales de Francia sobre el procesamiento de autores de desapariciones forzadas, a autorizar la extradición de Mario Sandoval a Argentina.

 

Antiguo oficial de policía de Buenos Aires, se persigue a Mario Sandoval en Argentina por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura (1976-1983). Nuestras organizaciones consideran que ha llegado el momento de extraditar a Mario Sandoval —residente en Francia desde 1985— y de que responda de sus actos ante la justicia argentina.

 

Esta audiencia corresponde al recurso presentado por Mario Sandoval ante el Tribunal de Casación contra el fallo favorable a su extradición emitido por el Tribunal de Apelación de Versalles el 19 de octubre de 2017. El Tribunal de Apelación de París ya había emitido un primer dictamen favorable el 28 de mayo de 2014.

 

Mario Sandoval está siendo procesado en el marco de una investigación abierta por el juez argentino Sergio Torres en relación a los crímenes cometidos en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de detención y tortura clandestino, donde más de 5 000 personas detenidas desaparecieron durante la dictadura. La investigación abierta contra Mario Sandoval, cuando era agente de la división de Asuntos Políticos, responde al secuestro y desaparición de Hernán Abriata (militante de la Juventud Universitaria Peronista), en octubre de 1976.

 

Los familiares de Abriata, en especial la madre de Hernán, Beatriz, de 92 años de edad, y su esposa, Mónica Dittmar, testigos impotentes de su secuestro, llevan más de 40 años pidiendo que se haga justicia.

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Audrey Couprie (español, francés, inglés) - Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.