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París, Bogotá, 13 de marzo de 2018.- Hoy, la FIDH ha presentado un amicus curiae [1] ante la Corte Constitucional de la República de Colombia sobre el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, por discriminar abierta y expresamente a las personas defensoras de derechos humanos al imposibilitarles el acceso al ejercicio de la función pública como magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

En el documento presentado, la FIDH demuestra la incompatibilidad del parágrafo del artículo 100 y del parágrafo del artículo 104 del referido proyecto de Ley Estatutaria, con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular, con la obligación internacional de Colombia de garantizar los derechos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y a la igualdad ante la ley sin discriminación, así como con los estándares internacionales relativos a los criterios para la nominación o designación de jueces.

 

Ambos parágrafos, excluyen intencionalmente del goce de un derecho internacionalmente reconocido y protegido, el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad [2], a una categoría de personas que son objeto de especial protección internacional, esto es, a los defensores y defensoras de derechos humanos

 

"En un país donde los defensores de derechos humanos son asesinados, perseguidos y amenazados resulta prioritario vigilar que el ejercicio de sus derechos sea respetado en toda instancia y no sean objeto de nuevas formas de discriminación"

señaló Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.

 

Según la información de la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.

 

El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado está directamente vinculado al principio de no discriminación, principio rector del Derecho internacional de los Derechos Humanos, consagrado tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por todos los instrumentos internacionales.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que "todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial." [3]

 

Por todas estas razones, la FIDH insta a la Corte Constitucional a revertir una ley que a todas luces no está fundamentada en criterios objetivos y razonables, ni orientada a un fin legítimo y necesario en una sociedad democrática, y que por el contrario, constituye una modalidad de discriminación contra quienes han ejercido el derecho a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

 

Ver aquí el amicus curiae presentado

 

Ecuador, 5 de marzo de 2018

 

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Ecuador. Leer más: UA Pepe Acacho CEDHU

 

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la continuación de la criminalización del Sr. José (Pepe) Acacho González, quien, al momento de su criminalización en el año 2009, era Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Este juicio se enmarca dentro del proceso de criminalización en contra de varios dirigentes indígenas que defendieron el derecho a la consulta de las comunidades indígenas frente al Proyecto de Ley de Recursos Hídricos en septiembre de 2009 [1].

 

Según la información recibida,el 15 de enero de 2018 la Corte Nacional de Justicia en Quito redujo la pena para el Sr. José (Pepe) Acacho González de 12 años de prisión a 8 meses, bajo el delito de ‘paralización de servicios públicos’ tipificado en el artículo 129 del Código Penal ecuatoriano, decisión ante la cual Pepe Acacho presentó un recurso de aclaración. El 23 de febrero de 2018, la Corte reafirmó la decisión de condenar el Sr. José (Pepe) Acacho González a 8 meses de prisión, por lo que Pepe Acacho podría ser detenido en cualquier momento en cumplimiento de la sentencia dictada.

 

El Observatorio recuerda que el 19 de julio de 2013 el Sr. José (Pepe) Acacho González y otros dirigentes indígenas había sido condenado a 12 años de prisión por la comisión del delito de terrorismo organizado, tipificado en el artículo 160.1 o 160.A del Código Penal ecuatoriano (ver antecedentes). Se trata un caso emblemático respecto al uso de legislación antiterrorista abstracta, amplia y sin fundamento contra las personas defensores, con el objetivo de amedrentar su labor de defensa y generar una paralización de su trabajo, en tanto su tiempo, recursos y energía deben dedicarse a su propia defensa [2].

 

El Observatorio manifiesta su preocupación por la condena a 8 meses de prisión del Sr. José (Pepe) Acacho González, e insta a las autoridades correspondientes a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los dirigentes indígenas que defienden el derecho a ser consultados sobre sus tierras, tal y como lo establecen la Constitución de Ecuador, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (ratificado por Ecuador en 1998) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 

 

Antecedentes:

En el año 2009 hubo un periodo de movilizaciones en todo el país con ocasión de las reformas legales en el sector minero y de agua. Las comunidades consideraban que la Ley de Aguas permitiría el desarrollo de proyectos mineros en nacimientos de agua, aseguraba la provisión de aguas para las mineras pero no para las comunidades indígenas y campesinas, y no resolvía el tema urgente de la contaminación de los recursos hídricos. Además, pretendía englobar en una autoridad estatal centralizada los sistemas de agua, con lo que las comunidades perderían el control del recurso.

En esa época, algunos representantes del gobierno se habían dirigido a la provincia de Morona Santiago para discutir con los dirigentes indígenas las condiciones para levantar las movilizaciones pero, simultáneamente, se hacía presente un número importante de miembros de la fuerza pública en el puente del río Upano donde se concentraba una gran protesta. La forma como se desarrolló esa intervención generó un estado de cosas que dejó un saldo de decenas de heridos y la muerte del profesor Shuar Bosco Wisuma, ocurrida el 30 de septiembre de 2009.

Inmediatamente se inició una indagación penal en contra de Pepe Acacho y Pedro Mashiant, como dirigentes de la protesta, que luego se acumuló al proceso por la investigación de la muerte del profesor. En agosto de 2013, se conoció la sentencia condenatoria en contra de ambos líderes por terrorismo organizado, con la pena de doce años de prisión. La ejecución de la pena se encontraba suspendida por la interposición del Recurso de Casación.

 

 

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Ecuador instándolas a:

i. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra el Sr. José Acacho González, en general, contra todos los defensores de derechos humanos en Ecuador;

ii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículos 1, 5.a y 12.2;

iii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Ecuador.

 

 

Direcciones:

· Sr. Lenín Moreno, Presidente de la República. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Mgs. César Navas Vera, Ministro del Interior, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Sra. Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Culto, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Sra. Embajador Víctor Arturo Cabrera Hidalgo, Misión Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Ginebra, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Sra. Embajadora Isabel Albornoz Garzón, Misión del Ecuador ante la Unión Europea, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Ecuador en sus respectivos países.

 

 

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26 de Febrero 2018

 

En el marco del periodo 167 de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el lunes 26 de Febrero la audiencia “Protección de las personas defensoras del territorio y medio ambiente en la Región Andina”. Solicitada por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos: Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), Broederlijk Delen de Bélgica, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia (Cajar), Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (Cedhu).

 

Estas organizaciones expusieron la situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos territoriales y ambientales (DDHTA) que denuncian y se oponen a los impactos negativos de los megaproyectos de infraestructura y actividades extractivas en la región. Cada uno de los delegados de las organizaciones fue escuchado con atención en la audiencia y, llamó la atención de los delegados de la CIDH con el fin de fortalecer sus recomendaciones a los Estados frente a las violaciones que enfrentan las y los DDHTA en la región andina.

 

audiencia

 

Durante la audiencia, las organizaciones explicaron la situación de las y los DDHTA a partir de cuatro casos representativos: la resistencia del Movimiento Rios Vivos Colombia a la contrucción de la represa hidroeléctrica Hidroituango en Colombia; las resisencias de las comunidades Shuar y CASCOMI al proyecto minero Mirador en Ecuador; los procesos de denuncia y exigencia de derechos en el Corredor Minero sur Andino en Perú; y la defensa de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Tacana II frente a la explotación petrolera en la Amazonía de Bolivia. Las organizaciones han consolidado un informe (de próxima publicación) que analiza comparativamente el modo en que se producen diferentes tipos de violencia y abuso de poder contra personas, colectividades y comunidades defensoras de los derechos humanos.

 

El informe “Defender al territorio es nuestro derecho” se ha realizado como fruto de un trabajo participativo de organizaciones de base y de la sociedad civil que, a partir del análisis de casos de la región andina da cuenta de los tipos de violencia en contra de las y los DDHTA, visibilizando el abuso de poder del Estado contra ellos, en contexto de que Latinoamérica es la región con más peligrosa para realizar esta labor.

 

Dentro de las violencias generales identificadas por las organizaciones en los cuatro países están el abuso de la fuerza física; la producción y aplicación de normas que a la vez que facilitan los proyectos extractivos impiden y facilitan ataques contra DDHTA; y la violencia de los discursos que estigmatizan, descalifican y silencian su trabajo, exacerbando su situación de riesgo.

 

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Dicho informe fue preliminarmente expuesto hoy en la audiencia y será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el extractivismo se consolida de manera sistemática a través de patrones de acción similares en toda la región andina de Latinoamérica.

Y, a través del mismo, se solicita a la CIDH que exija a los Estados la existencia de entornos colectivos propicios y seguros para la tarea que realizan las y los DDHTA y que el estado no abuse de su poder para imponer proyectos extractivos ni tampoco legitimar sus acciones en los territorios.

 

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Frente al enorme riesgo que enfrentan las y los DDHTA, las organizaciones esperan que la CIDH continúe su labor para la promoción, respeto y garantía de sus derechos, y adopte medidas que conduzcan a que los Estados a modificar su deficiente acción frente a las personas, familias y comunidades que defienden sus tierras, viviendas, territorios y ecosistemas.

 

 

 

 

 

22 febrero del 2018

 

El páramo de Kimsakocha fue el lugar de encuentro de comunidades campesinas e indígenas de todo el territorio nacional, quienes el jueves 15 de febrero del 2017 recibieron la primera visita del Contralor General del Estado y su equipo técnico y jurídico en el marco de las auditorías integrales a los siete proyectos mineros. En los páramos de propiedad ancestral de las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui junto a una de las nacientes de agua, el Contralor escuchó las exigencias del colectivo nacional que defiende la vida y el agua de realizar informes integrales a los proyectos y concesiones mineras que afectan territorios y comunidades a nivel nacional. Se comprometió a visitar siete de los proyectos mineros más grandes del país, y realizar informes que den cuenta de las irregularidades en los contratos y licencias ambientales, así como los conflictos y violaciones de derechos humanos y de la naturaleza generados por las actividades mineras.

 

Desde hace varios años, organizaciones de base campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil han defendido sus tierras comunales de propiedad ancestral y exigido a las autoridades estatales y empresas mineras salir de sus tierras. Desde el 2015 el gobierno nacional ha entregado decenas de concesiones de manera ilegal y sin consulta previa a los habitantes de los territorios. Esto gracias a que los procesos administrativos de entrega de concesiones y licenciamiento ambiental no han cumplido con la normativa nacional e internacional, y no se han realizado las consultas previas, libres e informadas de acuerdo con lo dispuesto mediante Sentencia de constitucionalidad condicionada por la Corte Constitucional del 18 de marzo del 2010 (Registro Oficial No. 001-10-SIN-CC del 21 de abril del 2010). 

 

Actualmente, el 15,7% del territorio nacional que representa alrededor de 3,9 millones de hectáreas se encuentra afectado por concesiones mineras otorgadas principalmente a empresas de origen chino, canadiense, chilena y australiana, algunas de ellas con capitales en paraísos fiscales. Según el catastro minero publicado por la ARCOM para el 2 de enero del 2018, un total de 2’109.604 hectáreas están en trámite de ser concesionadas lo que representa el 8,5% del territorio nacional y un total de1’789.406 hectáreas fueron otorgadas e inscritas, lo cual representa el 7,2% del territorio nacional.

 

 

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Según datos del catastro minero de antes de abril del 2016, el 3% del territorio nacional estaba concesionado para actividades mineras. Un año despúes, a enero del 2017, casi se cuadruplica el porcentaje 11% y para enero del 2018 màs del 15% del territorio nacional se encuentra concesionado. Lo cual da cuenta de la orientación de la política pública extractiva por parte del gobierno, y la creciente entrega de concesiones mineras que configuran el festín minero en el Ecuador.

 

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El 11 de diciembre del 2017, el Presidente Lenin Moreno, dispuso al Ministerio de Minería parar la entrega de concesiones y realizar autorías a los proyectos vigentes. La respuesta del ministerio fue contraria a estas disposiciones pues más de 69.000 hectáreas fueron entregadas luego del 11 de diciembre. Frente a esta clara arbitrariedad del Ministerio del ramo, las organizaciones de base de los territorios afectados exigieron respetar la palabra del presidente Moreno y exigieron parar la entrega de concesiones

 

Las organizaciones campesinas e indígenas que viven en los territorios afectados por las actividades mineras: Río Blanco, El Girón, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Intag, Cascavel, territorio de las comunidades Awa del norte del Ecuador, territorios de noroccidente de Quito; junto con organizaciones de la sociedad civil: DECOIN, OMASNE, Acción Ecológia, CEDHU, CEDENMA, Yasunidos Guapondileg, Colectivo anti minero de Mindo, Fundación Aldea y la ECUARUNARI, lograron una articulación nacional en defensa del territorio frente a las actividades extractivas mineras, para exigir a las autoridades estatales el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza que son conculcados sistemáticamente por el festín minero que amenaza la vida y supervivencia de los seres humanos y especies, y genera violencia, corrupción y despojo.

 

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Más de 700 personas, delegadas de territorios afectados y organizaciones sociales acompañaron al Contralor General del Estado en su visita a Kimsacoha, quienes recorrieron el pàramo y constataron la afectación a las nacientes de agua que supone el proyecto minero Kimsacocha / Loma Larga.

 

Las nacientes de río de las vertientes hídricas de la Sierra Central y de la Amazonía y varias fuentes de agua subterránea necesarias para el cultivo, cientos de especies de animales en peligro de extinción y el uso humano  del agua son afectadas y contaminadas por la actividad minera.

 

En el caso del páramo, las especies de animales y plantas del páramo están en constante riesgo de desaparición, las personas que dependen del agua del páramo son afectadas por el consumo de agua contaminada, mientras las empresas mineras concesionarias lucran de la destrucción de los ecosistemas.

 

Pablo Celi, Contralor General de la Nación, fue partícipe de una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Pachamama por el regalo de la vida, y escuchó testimonios de campesinos e indígenas que viajaron hasta el páramo de Kimsacoha  para expresar su rechazo a los proyectos mineros y exigir  se realicen auditorías integrales y exámenes especiales.

 

El 25 de enero del 2018, las comunidades y organizaciones de base, entregaron al Contralor en persona expedientes con información completa sobre los siete proyectos mineros más grandes del Ecuador. Cinco megaproyectos mineros, denominados proyectos estrellas por el gobierno de Coorea: LOMA LARGA/Kimsacocha en la provincia del Azuay, FRUTA DEL NORTE y MIRADOR ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe, SAN CARLOS PANANTZA ubicado en Morona Santiago, RÍO BLANCO ubicado en la provincia de Azuay, y los proyectos CASCABEL Y LLURIMAGUA en Imbabura. El Contralor, se comprometió a visitar cada uno de los proyectos mencionados y el de 15 de febrero anunció que el próximo proyecto que visitará en será MIRADOR.

 

En Kimsacocha Carlos Pérez presentó a los delegados de la Comisión Veedora Popular: Esperanza Martínez y Pablo Duque, que fue designada en días pasados por las organizaciones sociales que son parte de la articulación nacional en defensa del territorio, para analizar el proceso de entrega de concesiones/licenciamiento ambiental en cada una de las fases y estar vigilantes al proceso de auditoría que lleva la Contraloría. La Comisión Veedora Popular, conformada por Elsie Monge, Elvia Dahua, Esperanza Martínez, Pablo Duque, Fred Larreátegui y Wiliam Sacher entregará al Contralor en los próximos días un informe de la visita.

 

Las comunidades de base campesinas e indígenas y las organizaciones sociales estaremos atentos y vigilantes de los actos del poder público y seguiremos exigiendo al gobierno cumplir con lo dispuesto por el presidente Moreno de no entregar más concesiones hasta realizar una auditoría integral a los proyectos mineros estratégicos y a las concesiones inscritas y en trámite. Recordamos que la Contraloría General del Estado ofreció entregar el informe final de la auditoría y las pre-determinaciones de responsabilidad del Proyecto Mirador y Fruta del Norte, antes de que venza el plazo legal para hacerlo.

 

 

Suscriben,

Acción Ecológica

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Defensa y Conservación Ecológica de Intag

Pocho Álvarez

Yasunidos - Guapondileg

Cedenma

Grupo KANAKA

Mancomunidad de la Bioregión del Chocó Andino 

Colectivos del Noroccidente de Pichincha y del DMQ 

 

 

 

Beirut-Ginebra-París, 22 de febrero de 2018 - Ayer, en Baréin, el destacado defensor de derechos humanos Nabeel Rajab, presidente del BCHR y vicesecretario general de la FIDH ha sido condenado a 5 años de cárcel por acusaciones falsas relacionadas con dos tuits que denunciaban la tortura de personas detenidas en la prisión de Jaw y sacaban a la luz el asesinato de civiles en Yemen a manos de la coalición liderada por Arabia Saudita. Esta sentencia surrealista, después de un juicio que fue una auténtica farsa de la justicia, ilustra una vez más la actual represión de toda voz disidente en Baréin, donde decenas de personas críticas permanecen encarceladas. El Observatorio (FIDH-OMCT) y el BCHR reiteran su llamamiento a las autoridades bareinís para que pongan en libertad de inmediato tanto a Nabeel Rajab como a todos/as los/as defensores/as de derechos humanos detenidos/as.

 

Nabeel Rajab fue condenado hoy con arreglo al artículo 133 del Código Penal de Baréin (“propagar falsos rumores en tiempo de guerra”), el artículo 215 (“ofender a un país extranjero [Arabia Saudita]) y el artículo 216 (“insultar a un organismo oficial”). Los cargos contra Rajab incluyen un tuit de 26 de marzo de 2015, el día en que la coalición liderada por Arabia Saudita lanzó ataques aéreos en Yemen, en el que criticaba las guerras que “traen odio, destrucción y horror”.

 

El 4 de diciembre de 2017, en una declaración pública en la que se anunciaba el nombramiento de un grupo de expertos para investigar las violaciones cometidas en Yemen, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Rahad al-Hussein utilizó prácticamente las mismas palabras para describir la situación en Yemen: “Durante tres años, la población de Yemen ha sido objeto de muerte, destrucción y desesperación”.

 

“Nabeel Rajab no es un criminal, es un destacado defensor de derechos humanos y un prisionero político. Esta escandalosa sentencia contribuye aún más a cerrar el espacio de la sociedad civil en el país”, afirmó Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH.

 

“Se debe poner fin a este acoso continuo, que ilustra una vez más el esfuerzo incansable del Gobierno por silenciar a toda la sociedad civil bareiní. Es urgente que la comunidad internacional vele por que las autoridades del país no puedan continuar por más tiempo la represión de los/as defensores/as de derechos humanos”, añadió Gerald Staberock, secretario general de la OMCT.

 

En la actualidad, Baréin sufre una censura absoluta, se impide a los/as activistas de derechos humanos expresarse o viajar y se prohíbe investigar a periodistas y defensores/as de derechos humanos. En octubre de 2017, se denegó la entrada en el país a una delegación formada por la directiva de la FIDH y antiguos miembros de la misma, que pretendía mostrar su solidaridad con Nabeel y con otros/as defensores/as de derechos humanos encarcelados/as.

 

El juicio actual contra Nabeel Rajab, que comenzó en abril de 2015, se pospuso 20 veces y en diversas ocasiones el tribunal vulneró la ley de procedimiento penal al notificar la celebración de la vista con pocos días de antelación y sin explicación alguna a los abogados de Rajab, que informaron de la imposibilidad de preparar su defensa o de convocar a testigos para testificar ante el tribunal.

 

Nabeel Rajab ha sido mantenido en detención preventiva y en aislamiento de forma arbitraria desde el 13 de junio de 2016, a pesar del empeoramiento de su estado de salud. Después de ser hospitalizado, su regreso a la cárcel ha estado marcado por nuevas persecuciones y unas condiciones de detención peligrosas, humillantes y degradantes. Lo golpearon a su llegada, lo despertaron y lo registraron en medio de la noche; confiscaron su ropa y sus productos de higiene personal y le afeitaron la cabeza. Desde el 20 de noviembre de 2017, está encarcelado en la prisión de Jaw en un ala separada junto a terroristas de ISIS ya sentenciados, lo que supone un riesgo para su seguridad.

 

Nuestras organizaciones reiteran su temor por al estado de salud de Nabeel y renuevan su llamamiento a las autoridades para que le permitan recibir un tratamiento médico adecuado y lo pongan en libertad inmediata e incondicionalmente.

 

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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