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COMUNICADO DE PRENSA COJUNTO - EL OBSERVATORIO / TLACHINOLLAN

 

Ginebra-Paris-Chilpancingo, 7 de diciembre de 2017 – En el día en el que se cumplen seis años de la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Marcial Bautistas y Eva Alarcón el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncian la nula voluntad del Estado mexicano para esclarecer el caso.


En el día de hoy 7 de diciembre se cumplen 6 años de la desaparición forzada de los defensores del medio ambiente, la Sra. Eva Alarcón y el Sr. Marcial Bautista, respectivamente Coordinadora y Presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C. (OCESP). Seis años después, esta acción delincuencial que contó con algún grado de participación de elementos militares, de la policía estatal y de miembros del crimen organizado se mantiene en absoluta la impunidad.

En este contexto el Observatorio y Tlachinollan condenan enérgicamente la evidente falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en el esclarecimiento de este caso a pesar del seguimiento que se ha venido haciendo por parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en el marco de las Acciones Urgentes presentadas por el Observatorio1.


Durante seis años, el Estado mexicano ha omitido dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación y a nuevas estrategias que pudieran dar con el paradero del Sr. Bautista y la Sra. Alarcón y 2192 días después ni siquiera ha localizado a los testigos del crimen, lo que constituiría la piedra angular para la posible resolución de este caso. De la misma forma, el Estado mexicano ha demostrado una completa falta de voluntad política para la aprehensión de dos de los principales presuntos responsables que siguen sin ser detenidos a pesar de los señalamientos sobre su paradero y aún no se ha dictado sentencia en contra de las personas que sí han sido detenidas.

 

“La absoluta falta de diligencia para resolver el caso de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista es un ejemplo paradigmático de la errática política de derechos humanos del Estado mexicano: ante la comisión de una grave violación de derechos humanos, con el agravante de que las víctimas son personas defensoras de derechos humanos, se muestra una evidente falta de voluntad para esclarecer el caso, perpetuando una impunidad absoluta que refuerza los riesgos para quiénes defienden derechos humanos en México”, denunciaron las organizaciones.


Por todo lo anterior, el Observatorio y Tlachinollan exigen a las autoridades mexicanas tomar acciones para asegurar la resolución de este caso incluyendo la presentación a la menor dilación de un plan y una estrategia de búsqueda del Sr. Bautista y la Sra. Alarcón que contenga acciones acordes para una efectiva investigación a pesar del paso del tiempo. Además, el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones de atención a los familiares de las víctimas incluyendo atención física y psicológica así como información detallada sobre las diligencias realizadas.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea
para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

  1.  Acciones Urgentes 1/2012 y 2/2012, Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.


Para obtener más información, por favor contacten con:
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39
• FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• Tlachinollan: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

 

 

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Región Andina, 2 de diciembre de 2017.

 

En 1992 la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo estableció el principio 10 para garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Veinte años después de esa declaración, la sociedad civil impulsó a los Estados de América Latina y el Caribe a que negociaran un acuerdo vinculante que garantice estos derechos. En la VIII Ronda de Negociación de este instrumento en Santiago de Chile se discutió, entre otros, un artículo para la protección de los defensores ambientales (DA).


En la región los defensores enfrentan violentos ataques provocados por agentes privados y estatales, que van desde amenazas, difamaciones e intimidaciones hasta asesinatos y agresiones sexuales. La defensa del ambiente y los territorios rurales constituye una actividad riesgosa para quienes la realizan. Frente a esto, los estados han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto, protección y garantía a los derechos de los DA; así lo demuestran los ataques que estos sufren, la ausencia de sistemas adecuados de protección y las altas tasas de impunidad.


La urgencia de atender esta situación llevó a que en esta penúltima ronda de negociación los Estados reconocieron la necesidad de abordar por primera vez la situación de los DA en un acuerdo que se espera sea vinculante.

 

Artículo 9bis

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. [Convenido]
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso. [Convenido]
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente acuerdo. [Convenido]

 

La inclusión de este artículo sobre DA es un paso importante en el reconocimiento de su existencia, la legitimidad de su labor y la necesidad de su protección. Resaltamos la mención del carácter grupal o colectivo de los titulares de la protección. Además, el artículo propuesto incluye dos ámbitos diferenciados pero interrelacionados sobre la protección de los derechos de los DA. El primero, relativo al entorno propicio en el que realizan sus actividades y que se traduce en la obligación concreta de tomar medidas efectivas y adecuadas para garantizarlo y, en segundo lugar, la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques que sufren.

 

Es entonces el artículo una importante herramienta a la que hay que dar vida y contenido real. Esto invita, entre otros aspectos, a reflexionar en cada contexto sobre ¿qué consideramos entornos propicios para la defensa ambiental? ¿cómo se aplica a colectividades que habitan el campo o la ciudad y requieren protección de sus territorios y del conjunto de personas que las integran? Esta mención confirma que los DA son sujetos de especial protección y por ello, en la construcción de ese entorno debe garantizarse su participación, el carácter preventivo y el monitoreo de las medidas adoptadas. Igualmente exige la atención a aspectos diferenciales de los DA de acuerdo con sus condiciones culturales, de género y edad, entre otros enfoques.

 

Luego de este paso, subsisten retos importantes tanto para la sociedad como para los estados de la región. Uno de ellos es avanzar en el reconocimiento directo de la defensa de la naturaleza como sujeto de derechos y asumir que un entorno propicio para los DA debe iniciar con hechos concretos de respeto y legitimación estatal a sus actividades.

 

En tanto los ataques y amenazas que sufren los DA buscan neutralizar o restringir su accionar, otro gran desafío es la protección sin daño procurando que toda política o medida que se adopte, además de contrarrestar los riesgos, contribuya efectivamente a la continuidad de sus actividades.

 

Por ello, y ante este reconocimiento de la apremiante situación de riesgo que enfrentan los DA, instamos a los Estados de la región, especialmente a aquellos en donde ya existen los ataques, amenazas, intimidaciones, deslegitimaciones, criminalización y graves agresiones, a hacer real e inmediata la voluntad política de protección expresa al haber preliminarmente acordado este artículo que complementa y refuerza obligaciones internacionales ya existentes de protección de defensores de Derechos Humanos.

 

No es necesario esperar más hechos lamentables contra los DA. Tampoco se puede esperar a que se concrete el procedimiento jurídico internacional para dar paso a la construcción apropiada, oportuna y efectiva de esos entornos propicios.

 

Así mismo, esperamos que al cierre de la negociación todos los estados vinculados a la misma reflejen en la redacción final del documento una decidida voluntad de transformar en entornos propicios, actuales situaciones adversas a la defensa del ambiente y de los territorios. De igual modo, a que avancen los procedimientos jurídicos que pongan fin a la impunidad de las situaciones de vulneración de derechos de DA ya acaecidas. El carácter vinculante del instrumento será también un reflejo de tal voluntad.

 

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB
Broederlijk Delen– BD

 

 

Quito, 29 de Noviembre 2017

 

 


El 29 de Noviembre de 2017, una delegación de 120 miembros de al Nacionalidad Siekopai entregaron al Ministro de ambiente Ing. Tarsicio Granizo la solicitud de adjudicación de 44.882,03 Hectáreas de su territorio ancestral, incporado de manera inconsulta dentro de la denominada Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno (RPFC).

 

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A la fecha la Nacionalidad Siekopai pese a ser la propietaria ancestral de la zona solo cuenta con una oferta del MAE de entregar un área de 5.000 hectáreas en uso y manejo que representa el 1% del total de la RPFC; de este total las áreas de coloración rosada se corresponden a zonas de tierra firme (9%), mientras que las zonas de coloración verde - azul (91%) se corresponde a las zonas inundables; teniendo como los meses de mayor presencia de agua de marzo a agosto; confirmando con ello que la ÚNICA y REDUCIDA área con la que los Siekopai cuentan dentro de la RPFC no garantiza que este Pueblo pueda cumplir con sus necesidades de pervivencia cultural, material y de subsistencia que hoy ya están gravemente comprometidos ya que el territorio en el que actualmente habrían está gravemente afectado por la actividad petrolera, porcicultora y de expansión de centros poblados blanco mestizos.


Sin embargo, otros pueblos indígenas no ancestrales poseen convenios de uso y manejo entre el 47% y 26% del área total de la RPFC que han sido suscritos sin tomar en cuenta las reclamaciones territoriales históricas que han realizado los Siekopai.

 

Esta zona además reviste una importancia fundamental para la Nacionalidad Siekopai ya que allí se asienta el centro del origen Siekopai, sus zonas ceremoniales y rituales más relevantes y una dependencia alimenticia y de dotación de materiales para usos domésticos y rituales; es decir la relación de los Siekopai con esta zona trasciende lo meramente material y se convierte en la zona que soporta su identidad como Nación, su historia, su arraigo.

 

Por lo expuesto y amparados en los derechos reconocidos en el Art. 57 numerales 4, 5 y 6, 58 y 59 de la Constitución y conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en sus articulos 77, 78, 79 y 80 sobre el reconocimiento, garantía y adjudicacion de la posesión ancestral, con base en fundamentos históricos, antropológicos, socioeconómicos, normativos y culturales, requerimos que el MAE ADJUDIQUE a favor de los Siekopai al area mencionada de 44.882,03 Hectáreas.

 

Para ello, durante la reunion se acordó con el Ministro y su equipo de trabajo lo siguiente:

 

1. El MAE dará respuesta escrita, debidamente motivada, idónea y célere a la propuesta entregada por los Siekopai; que cumple con todos y cada uno de los parámetros fijados en el Acuerdo Ministerial 265 de 11 de septiembre de 2007, en el que se estipula que mediante acuerdo ministerial se realizará la adjudicación de tierras del Patrimonio Forestal del Estado y bosques y vegetación protectores de propiedad del Estado a favor de comunidades o pueblos indígenas y afro ecuatorianos en posesión ancestral.

 

2. El MAE no dará tramite a la renovación automática o a petición de parte de los convenios, acuerdos o procesos de dominio existentes sobre el área pretendida por los Siekopai hasta que no se haya resuelto plenamente en derecho y con la respectiva motivación todo lo solicitado por esta Nacionalidad.

 

3. El MAE convocara y liderara un proceso de dialogo y establecimiento de acuerdos con otros pueblos indígenas con los que existen acuerdos o convenios de uso y manejo o interés en la zona para determinar mecanismos equitativos para la distribución y adjudicación de la zona.

 


El pueblo Siekopai se mantendra vigilante a los compromisos adquiridos al dia de hoy y seguira luchando para seguir Siendo una Nacionalidad fortalecida, autonoma y con garantias para la pervivencia.

 

Datos de Contacto:
Justino Piaguaje Presidente de la Nacionalidad Siekopai Celular 0960076746
Cesar Piaguaje Dirigente de Territorio Celular 0989644947

 

 

Quito, 26 de noviembre de 2017
Boletín de prensa

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El Movimiento de Mujeres del Ecuador sobre la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, manifestamos:


1. Son alrededor de tres años que las mujeres demandamos legislación en favor de los derechos de las víctimas de violencia; que nos garanticen procedimientos especiales y
expeditos y que se trabaje arduamente en la prevención, atención, sanción y reparación.


2. En julio de 2017, en un acto histórico, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Resolución que estableció: "Asumir, el deber constitucional de debatir y aprobar la Ley
contra todas las formas de violencia contra las mujeres". Tanto el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, como el Presidente de la República, presentaron proyectos de ley sobre la temática en agosto de este año.

 

3. Durante todo el proceso de construcción de la ley, las mujeres, estuvimos vigilantes del trabajo de la Comisión Ocasional; se enviaron observaciones a cada uno de los
informes tanto para primer debate y para segundo debate. Un porcentaje importante, fue acogido por las y los asambleístas. Siempre estuvimos en desacuerdo de tratar un
cuerpo legal tan importante, en tan poco tiempo.

 

4. El Movimiento de Mujeres planteó el argumento de la salud integral como una forma de prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Sobre esto la Comisión Ocasional
de la Asamblea Nacional, presentó estos textos:

 
Informe para primer debate  Informe para segundo debate

Art.19

 l) Garantizar la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con abortos en curso y practicar abortos legales establecidos en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal;

Art. 26

 k) Garantizar el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. Se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal y la normativa respectiva vigente.

 

5. En la madrugada del 26 de noviembre de 2017, se introducen en la sección de los "Considerandos", los artículos 45 de la Constitución y 149 del Código Orgánico Integral Penal. Este último, criminaliza a las niñas, adolescentes y mujeres violadas. Si bien estos textos son tomados de legislación vigente, incumplen el pedido reiterado de Naciones Unidas de despenalizar el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto o una violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en caso de discapacidad fatal del feto.


6. A 2016, las cifras indican que existen 2960 niñas embarazadas (INEC), la mayoría por violencia sexual y 919 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo de las cuales el 37% son abusos producidos en la familia. Reiteramos, la violencia sexual hacia niñas y adolescentes ocurre generalmente por familiares y conocidos.


7. En este contexto, se agrega un artículo que obliga a adolescentes a ir a los servicios de salud y justicia con sus tutores legales, cuando sabemos que, en Ecuador 6 de cada 10 denuncias de violación son en niñas menores de 14 años y el 90% de los casos sucede en las familias. Se está condenando así, a las niñas violadas a no recibir justicia y atención en los servicios, pues esto genera una barrera de acceso y de calidad. Hay un retroceso jurídico de 100 años en este sentido.

8. Es una traición a las mujeres ecuatorianas y, a la vez, una contradicción, la forma en que las y los legisladores aprobaron en la madrugada del 26 de noviembre de 2017, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Muchos no conocían ni tenían claro el texto final. A pesar de eso, votaron sí, sin estar seguros sobre lo que votaban. El apuro de aprobar la ley en una fecha emblemática; la influencia directa de los grupos fundamentalistas en varios legisladores y la ignorancia sobre los temas de las mujeres hace que, en el marco del día de la no violencia contra las mujeres, las mujeres hayamos sido violentadas, una vez más.


9. DENUNCIAMOS la intromisión de grupos fundamentalistas en estos temas, así como el lamentable papel de las y los asambleístas que actúan apegados a la ignorancia y a sus filiaciones religiosas, irrespetaron el principio constitucional de laicidad del estado ecuatoriano y, lo más grave, nos engañaron y se fueron en contra del derecho constitucional a la integridad de mujeres y niñas, que incluye el derecho a una vida libre de violencia.

 

10. EXIGIMOS el Veto presidencial parcial en estos aspectos: reconocemos los avances que plantea la ley pero nunca estaremos de acuerdo con que manchen con su
machismo y acuerdos de última hora, el texto de la Ley que tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país.

 

Contacto para medios de comunicación: +593 995396462

 

 

 

 

 

Las organizaciones de la sociedad civil internacional firmantes expresamos nuestra más alta preocupación sobre la tendencia al cierre de espacios democráticos y la limitación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales en Guatemala. En particular llamamos la atención sobre la propuesta de una nueva Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (la iniciativa 5257), que en este momento está siendo revisada por el congreso guatemalteco, en vista de lo que puede significar esta ley para el ejercicio de la democracia, la defensa de los derechos humanos y los espacios de acción de la sociedad civil, en caso de que sea aprobada.

 

Esta ley establece nuevas normas legales e institucionales para las ONG, tanto nacionales como internacionales, limitando las expresiones organizadas de la sociedad civil, a través de requisitos y controles legales y administrativos que pueden implicar que su trabajo se vuelva efectivamente inoperable. Entre estas medidas hay declaraciones obligatorias ante la Contraloría General de Cuentas, aunque sus recursos no provengan del presupuesto del Estado. Además, reduce el quehacer de las organizaciones no-gubernamentales a acciones altruistas, restringiendo así cualquier tipo de incidencia social o política.

 

Los nuevos reglamentos también tendrán su impacto sobre los fondos de la cooperación bilateral debido a que cualquier organización de cooperación tendrá que solicitar una licencia del ministerio relevante para sus socias antes de realizar cualquier acción. Nuevas restricciones que reducen el numero de personal extranjera permitida en las ONGs, tanto nacionales como internacionales, de 25% a un 15% implica que las organizaciones de menos de 9 personas no pueden contar con una sola persona extranjera entre sus equipos.

 


Esta iniciativa legislativa, junto con las propuestas de la ley Contra el Terrorismo y la Ley para la Protección de la Vida y la Familia y la propuesta de una nueva ley de Amnistía marcan una tendencia preocupante contra la democracia, la libertad de expresión y asociación y los derechos humanos.

 

Las organizaciones de la comunidad internacional que colaboramos con Guatemala:

  • Recordamos que cualquier iniciativa de ley debe respetar los derechos y libertades
    fundamentales y no promover la discriminación ni el odio a grupos marginalizados;
  • Respaldamos los llamados de la sociedad civil guatemalteca de que se plantee la propuesta de Ley de ONG a la sociedad civil por medio de mesas de trabajo para que se pueda revisar a la luz de la Constitución Política de la República, los estándares internacionales y la operatividad de sus artículos;
  • Llamamos a la comunidad internacional a observar este proceso de discusión considerando
    los compromisos adquiridos por Guatemala en materia de derechos humanos.

 

Guatemala 21 de noviembre 2017


El Foro de ONGs Internacionales en Guatemala – FONGI
La Coordinadora de ONGs Españolas en Guatemala – CODEG
Iniciativa de Copenhague para Centro América y México – CIFCA

Grupo Sur
FIAN Internacional

OMCT - Organización Mundial Contra la Tortura, en el marco del
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores

de Derechos Humanos
OXFAM en Guatemala
Protection International
Action Solidarité Tiers Monde
Grupo belga 'Solidario con Guatemala'
Red europea de Comités Oscar Romero