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Ginebra-Paris, 20 de noviembre de 2017 – La aprobación por parte del Senado de la República de una disposición que discrimina y estigmatiza a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es una decisión irresponsable que les sitúa en una situación de aún mayor riesgo. Por ello, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) demanda que la disposición sea revertida por la Cámara de Representantes durante el debate que se inicia en el día de mañana.

 

En el marco del debate de la discusión de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Senado de la República aprobó el 15 de noviembre una disposición según la cual no podrán tomar posesión como magistrados/as de la JEP “quienes hayan gestionado o representado acciones en contra del Estado en materia de reclamaciones a los derechos humanos, al derechos internacional humanitario o al derecho penal internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación [y tampoco] quienes hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos o litigado contra el Estado Colombiano ante dichas instancias o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal actividad” (artículos 100 y 104).

 

El Observatorio muestra su extrema preocupación por la aprobación de una disposición con un carácter discriminatorio y estigmatizante hacia la actividad de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente teniendo en cuenta que defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. 

 

En este sentido el Observatorio recuerda que el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2016 osciló entre 59 y 134 según la fuente1. Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, es importante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estas estadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos precisamente en el contexto de la negociación, firma e implementación del Acuerdo de Paz2.

 

La comparación con otros mecanismos de justicia transicional en el mundo, subraya igualmente el carácsorprendente y discriminatorio de esta medida. Pues, en la mayoría de estos mecanismos, los defensores de derechos humanos, abogados especializados en derecho internacional humanitario han tenido cargos claves. 

 

Por todo lo anterior, y ante el debate que tendrá lugar en la Cámara de Representantes en el día de mañana 21 de noviembre de 2017, el Observatorio hace un enérgico llamamiento al poder legislativo colombiano para que anule la disposición por su carácter discriminatorio e irresponsable. Además, el Observatorio hace un llamamiento al conjunto de las autoridades colombianas para que contrarresten los efectos negativos de la aprobación de esta disposición mediante un reconocimiento público al máximo nivel a la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para obtener más información, por favor contacten con:

  • OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39
  • FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650

 


[1] La cifra de 59 es de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Programa Somos Defensores ha empleado la cifra de 80. La cifra de 135 corresponde a datos de la Defensoría del Pueblo.

[2] Para más información véase informe de El Observatorio (OMCT-FIDH) / Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), “ Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas”. Véase también el comunicado del Observatorio, “ Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación - No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia”

 

 

 

Tomado de: fidh

 

 

Comunicado conjunto

 

Lima, París.- 16 de noviembre de 2017. Los 24 organismos miembros de la FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos - reunidos en Lima, condenan rotundamente la decisión de la bancada fujimorista de declarar procedentes las denuncias constitucionales contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez. Esta ofensiva fujimorista va asimismo contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional a quienes se pretende destituir.

 

Esta medida significa un atentado a los principios democráticos y va en concordancia directa con las prácticas utilizadas por el ex presidente Alberto Fujimori con el autogolpe de estado de abril de 1992, así como con la intervención al Poder Judicial y la Fiscalía en la década de los 90, entre otras.

 

La decisión se da en represalia a la reapertura por parte del Ministerio Público de la investigación al ex financista y ex secretario general del partido fujimorista Joaquín Ramírez por lavado de activos, así como por los interrogatorios a involucrados en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht y su relación con Keiko Fujimori.

 

La FIDH solicita a la mayoría fujimorista que suspenda y revierta esta decisión cuanto antes y reafirma su compromiso y vigilancia por el respeto de los derechos democráticos fundamentales en el país.

 

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Audrey Couprie (español, francés, inglés) - Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

 

FIDH es el acrónimo francés de "Federación Internacional de Derechos Humanos". Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: "FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)" y luego sólo como "FIDH" o “la FIDH”.

 

 

Tomado de: fidh

Comunicado conjunto

 

 

FIDH: La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales

 

 

Lima, París, 14 de noviembre de 2017.- En esos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la FIDH de las Américas al fenómeno de la corrupción, en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

 

El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.

 

Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.

 

En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas. En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.

 

El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.

 

En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.

 

“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.

 

Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Audrey Couprie (español, francés, inglés) - Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

 

FIDH es el acrónimo francés de "Federación Internacional de Derechos Humanos". Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: "FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)" y luego sólo como "FIDH" o “la FIDH”.

 

 

 Tomado de: SOA Watch

Protesta en la frontera EEUU/México 10 al 12 de noviembre 2017

CARTA DE ROY BOURGEOIS: No + Muros, Puentes de Solidaridad

 

Queridos amigos:

 

Durante 26 años, SOA Watch realizó la vigilia fuera de las puertas del Fuerte Benning, sede de la Escuela de las Américas, en protesta por el papel de Estados Unidos en perpetuar la violencia directa contra comunidades en América Latina.

 

A través de las Américas, las comunidades siguen siendo atacadas y asesinadas por fuerzas de seguridad capacitadas por Estados Unidos. Las políticas económicas y comerciales de Estados Unidos están rompiendo las economías locales y forzando la migración; y los procesos democráticos son sofocados por la intervención política estadounidense.

 

Como organización internacional, no violenta, de derechos humanos -y como un movimiento- sabemos que para exigir un cambio internacional, no podemos ignorar las causas y consecuencias internas.

 

Este año, SOA Watch volverá a estar en la frontera entre Estados Unidos y México para exigir un cambio en la política exterior de Estados Unidos y llamar a las políticas estadounidenses como la causa raíz de la migración.

 

En el Encuentro Fronterizo de este año, volveremos a llamar los nombres de aquellos que han sido torturados, detenidos, desaparecidos y / o asesinados, y como sus nombres son llamados, responderemos: ¡Presente! (¡Tú estás aquí, no has sido olvidado!).

 

Nuestro trabajo continúa y el movimiento de SOA Watch es más importante que nunca. Gracias por su apoyo continúo en estos tiempos difíciles.

 

¡Sepan que nos dan esperanza en la lucha por la paz, la justicia y la igualdad!

En solidaridad,
Roy Bourgeois, Fundador de SOAWatch

 

Más información en: www.soaw.org/border

 

 

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CONVOCATORIA A RUEDA DE PRENSA

 

Quito, 25 de octubre de 2017

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) como ligas nacionales de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) invitan a los medios de comunicación a la rueda de prensa sobre “la escalada de violencia y vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza provocadas por la minería metálica industrial: los casos de Tundayme y Río Blanco” este jueves 26 de octubre de 2017, a las 10:00 en las oficinas de la CEDHU, ubicada en la calle Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto, Ed. Yuraj Pirca, Piso Nº 9, junto al Edificio del Banco Central.

 

Mientras el Ministerio de Minería insiste en el discurso de la minería responsable, los impactos en los proyectos mineros estratégicos se intensifican.

 

La comunidad azuaya de Río Blanco denunciará los conflictos por el agua y los hostigamientos cometidos por la empresa China Junefield Resources y su subsidiaria Ecuagoldmining S.A. a cargo del proyecto minero Río Blanco y la protección policial a los intereses de la empresa minera.

 

La comunidad de Tundayme alertará sobre la reactivación del proceso de criminalización contra defensores de derechos humanos y territoriales y el archivo de las denuncias penales en contra de la empresa china Ecuacorriente S.A.; así como las circunstancias en las que ocurre la muerte de un trabajador de ECSA y los daños ambientales que ocurren en la construcción de la primera mina a cielo abierto, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

Invitamos cordialmente a los medios privados y públicos a esta rueda de prensa con la siguiente agenda:

 

  • Mónica Guarango y Estela Ochoa, representantes de la Comunidad de Río Blanco, parroquia rural de Molleturo, provincia de Azuay.
  • Luis Sánchez - Presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador – CASCOMI
  • Luis Ángel Saavedra – INREDH
  • Gloria Chicaiza - Acción Ecológica
  • Francisco Hurtado – CEDHU

 

Contactos de prensa:

Mayra Caiza: +593998943739

Francisco Hurtado: +593998598417