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Compartimos invitación a la presentación "HUGO, territorio rebelde: qué va a pasar con nuestra agua, donde nosotros vivimos"

 

Cuándo: Sábado 2 de febrero 2018

A qué hora: 20h00

Dónde: Sala de cine Ocho y Medio

 

SINOPSIS

Después de la ocupación policial y minera de la comunidad de Junín, en mayo del 2014, la incursión de la transnacional del cobre, CODELCO de Chile, en Intag, Cotacachi, impone un cambio en la vida de la gente, en el color del agua de los ríos y cascadas, en los bosques y su silencio…

Todo cambió, lo único que no cambió fue la persecución a Hugo, comunero de Chalguayacu Alto, “corrido” por defender el agua, la tierra, la vida.

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 Después de la ocupación policial y minera de la comunidad de Junín, en mayo del 2014, la incursión de la transnacional del cobre, CODELCO de Chile, en Intag, Cotacachi, impone una muda a la vida de la gente, al color del agua de ríos y cascadas, a los bosques y su diálogo de pájaros.

 

Páramo, comunidad, y bosque son, a partir de la autoproclamada revolución ciudadana, víctimas de la codicia minera. Las aves, el gallo de la peña y su canto, los comuneros y su resistencia, el agua y su transparencia serán los perseguidos permanentes de esa aritmética de interés que acentúa codicia.

 

Más del 15% del territorio continental del Ecuador (cuatro veces la provincia de Pichincha) está concesionado o en vías de concesión y más del 80% del territorio de Intag corre con la misma suerte, y es que la codicia en superlativo y en palabras de los habitantes de Intag, llama “ambicia”, es decir, ambición y codicia juntas.

 

Esta suma que multiplica devastación, altera todo sin excepción. La tierra de Hugo, ocupada por CODELCO, sufre una severa transformación de su naturaleza y ser a partir de la presencia minera. El colectivo, la familia comunidad, la minga como un abrazo, se extinguió. El nosotros se quebró y la desconfianza surgió como saludo. La sospecha creó el silencio y la comunidad calló. El prójimo como vecino pasó a ser recuerdo y la discordia un ambiente permanente. Chalguayacu bajo y alto, Junín de Intag, fueron quebradas en su resistencia. Las carencias a las que históricamente han sido sometidas como comunidades rurales, el temor y oportunismo, jugaron a favor del baratillo de promesas y ofrecimientos falsos de la minera y el gobierno.

 

Fue así, con el silencio como testigo, que el bosque comunitario dejó de ser bosque para llamarse “zona industrial” y fue así como los antiguos campesinos que labraban la tierra son hoy, botas y cascos amarillos, chalecos fluorescentes, números de contratos obedientes, que extienden empalizadas y tala de árboles a lo largo de caminos y plataformas creadas en el bosque nublado de la cordillera del Toisan, llamada ahora proyecto Llurimagua…

 

Apropiados de los cabildos y sus representantes, de las tierras comunitarias y otras de campesinos posesionarios, CODELCO arbitrariamente levantó a fin de año un portón de acceso a la reserva comunitaria, así demostró quien es el amo, quien domina y controla el territorio. Nadie circula sin su consentimiento, todo debe ser registrado y el libre paso de comuneros y turistas depende ahora de su humor.

 

Es que en la huella del tiempo-codelco, hay mucho que ocultar. El despojo de la casita, “el mirador” para turistas, transformado en bodega-alojamiento de maquinaria e insumos de perforación. Los senderos ecológicos, hechos por la comunidad, destruidos o transformados en paso de mulas. La constante tala del bosque para empalizar senderos y caminos. El agua de perforación derramada sobre la tierra, la contaminación de ríos y cascadas, “las gemelas”, que perdieron su condición de tal, cuando el ocre-codelco dañó la transparencia y pintó café las aguas cristalinas de una de ellas, son imágenes poco convenientes para la empresa y sus relaciones públicas.

 

Son muchas las transformaciones negativas que CODELCO ha producido y es muy larga la lista de lo que mudó. Lo único que no cambió en ese espacio de alteraciones dirigidas y se mantiene desde el comienzo de la presencia policial y minera como una cruz, es la persecución a Hugo Ramírez, comunero de Chalguayacu Alto, “corrido” por defender el agua, la tierra, la vida.

 

La boleta de captura en su contra, sostenida por la acusación de CODELCO y ENAMI, es parte sustancial de un plan de dominio del territorio y su gente. Es la carta de chantaje con la cual se busca, desde hace casi cuatro años, desmovilizar y quebrar la resistencia de las comunidades.

 

Por ello, en el balance que la memoria hace sobre los hechos, sobre la historia de las incursiones mineras en más de dos décadas de resistencia de Intag, la voz de Edmundo, un campesino de la zona, cuenta con absoluta convicción: “… creo que “CODELCO” es la más agresiva, ingresó con todo el peso del gobierno de Correa y hacen lo que les da la gana, todo está en un manojo, no hay a quien denunciar, todos son lo mismo…” Una realidad de abusos y atropellos, una secuela del ayer que no cambia y se mantiene.

 

En medio del escenario de “diálogos” con el nuevo Presidente, el asedio pirata de las mineras a bosques protectores, páramos y comunidades, se ha intensificado agresivamente y el carácter del estado, su naturaleza y esencia, su andamiaje legal como sostén de la imposición se mantiene fiel al ayer de correas verdebilis. Por ello la pregunta 5 de la Consulta de febrero resulta ser una propuesta inocua para la defensa de la vida. Es en sí misma un reconocimiento tácito, una aceptación de hecho, a una actividad que por su naturaleza destructiva, por la devastación que produce, debe ser desterrada de los andes y la amazonia equinoccial como ya lo han hecho El Salvador y Costa Rica. Entonces ¿por qué no seguir esos ejemplos y preguntar si queremos minería metálica a gran escala en nuestros bosques protectores, en nuestras áreas protegidas, en las vertientes de agua y páramos altos?. ¿Por qué no preguntamos si queremos ríos destruidos por el drenaje ácido de minas, montañas y lagos desaparecidos, paisajes enteros saturados de escombros mineros y empresas en lugar de comunidades? ¿Por qué no preguntamos si queremos como vecindad y prójimo a las transnacionales mineras…?

 

Nuestro margen de reclamo, al igual que los llamados derechos ciudadanos y de la naturaleza, lo han estrechado y lo van estrechando aun más con la feria minera que auspicia el Ministerio de Minería. Mientras esa realidad exista, mientras las transnacionales mineras quieran imponer mañanas, Hugo, Marcia, Javier, Carlos, Isabel y tantos otros territorios rebeldes, estarán sosteniendo e inspirando la dignidad de la lucha por la vida, motivando resistencia a la destrucción del agua y la tierra, a pesar de la desesperanza que significa el estar corrido, el ser perseguido.

 

Pocho Álvarez W
Enero de 2018

 

 

 

 

FIDH

Frente al crimen y la corrupción en México, activistas por los derechos humanos apelan a la justicia internacional. En este documental podrás encontrar las opiniones de expertos y víctimas de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el país.

 

© Documental de ARTE dirigido por Patrick Remacle y Andre Chandelle

 

 

La FIDH ha contribuido significativamente a la realización de este documental aportando evidencias y sustento para enfrentar una desgarradora problemática a la que el estado mexicano parece no atender.

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década.

La FIDH, con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas, publicó en julio de 2017 un completo informe solicitando a la Corte Penal Internacional (CPI) que se abra un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila. Allí se detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de des humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

"...podríamos definir que este país en si mismo es una fosa común sobre la cual caminamos los ciudadanos sin seguridad y con la posibilidad que un día vengan por nosotros y nos desaparezcan o nos maten sin que el gobierno haga absolutamente nada". Javier Sicilia, padre de un chico asesinado en México cuyo crimen permanece en la impunidad.

 

Ver aquí el documental : Los olvidados de la justicia

 

 

ololoos

 

COMUNICADO DE PRENSA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ABRE CAMINO PARA AUDITAR FESTÍN MINERO


El 11 de diciembre de 2017 el Presidente, Lenin Moreno, dispuso al Ministerio de Minería que suspenda la entrega de concesiones mineras en el país y, respecto de las ya otorgadas que realice una auditoría integral. Por lo que varias organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos exigimos ayer, 20 de diciembre de 2017, a la Contraloría General del Estado que inicie inmediatamente un proceso de auditoría sobre la política de entrega de concesiones mineras y exámenes específicos sobre los proyectos mineros más avanzados.

 

reunioin 20dic

 

El subcontralor Ingeniero Hugo Pérez, atendió a la delegación de organizaciones presentes en Quito, quienes informaron que casi el 15% del territorio nacional está comprometido por concesiones mineras y que siete proyectos se encuentran en etapas avanzadas de exploración o de explotación. Son los proyectos Cascabel y Llurimagua en Imbabura; Río Blanco y Loma Larga en Azuay; Panantza-San Carlos en Morona Santiago, y; Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, los cuáles ya han provocado graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza, que van desde contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzado y asesinato.

 

mapa 20 dic


Como resultado de la reunión, el Subsontralor se comprometió a recibir la información que las organizaciones sociales sistematizarán y entregarán el 25 de enero de 2018. Adicionalmente se acordó una reunión previa con la Directora Nacional de Auditoría para revisar los exámenes que la Contraloría ya realiza sobre concesiones y proyectos mineros para poder determinar el alcance de aquellos que se realizarían el próximo año.


Recordamos al Estado Ecuatoriano que los territorios, comunidades y organizaciones ya se han pronunciado por territorios libres de minería. Acogemos el diálogo propuesto por el gobierno nacional, pero demandamos que se lo haga de manera transparente y directa entre la Presidencia de la República y las organizaciones sociales y no supeditado al Ministerio de Minería, responsable de provocar esta situación.

 

prensa 20dic

Confederación Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU
Acción Ecológica
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador - OMASNE
Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA Azuay
Defensa y Conservación de Íntag - DECOIN
Comunidad Indígena de la Cordillera del Cóndor - CASCOMI
Lupita de Heredia

 

#AuditoríaAlaMinería

 

 

 

 

París, Quito, 14 de diciembre de 2017.-

La FIDH junto con sus organizaciones miembro en Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Acción Ecológica solicitan al nuevo gobierno ecuatoriano declarar la caducidad de las concesiones y anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, ya que éstos han causado violaciones a los derechos humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza. Nuestras organizaciones exigen que se haga cumplir la obligación de restaurar los ecosistemas y reparar integralmente a las personas y comunidades afectadas desde hace aproximadamente 20 años.

 

"Esperamos que el gobierno de Lenin Moreno cumpla el anuncio hecho al movimiento indígena el lunes 11 de diciembre de suspender la entrega de nuevas concesiones mineras y atienda de forma prioritaria las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor.”, señalaron las organizaciones.

 

vulneracion de derechos


La Cordillera del Cóndor tiene una de las concentraciones de biodiversidad más ricas del mundo y allí habitan sociedades amazónicas, entre ellas la nacionalidad Shuar que constituye el grupo amazónico más numeroso de Ecuador. En esos territorios se han instalado los proyectos mineros Panantza-San Carlos y Mirador propiedad del consorcio Chino CRCC-Tongguan Investement Company con casi 50000 mil hectáreas concesionadas y el proyecto Fruta del Norte de propiedad de la empresa sueco canadiense Lundin Gold Corp con 75000 hectáreas concesionadas.


Estos proyectos de extracción de recursos no renovables fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y a pesar de que el Mandato Minero No. 6 de 2008 debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan estos proyectos.


Durante la última década organizaciones no gubernamentales han documentado el impacto de la expansión e intervención minera a gran escala en la Cordillera del Cóndor en los derechos humanos y en la naturaleza, a través de los trabajos que han sido compilados en un Informe que se publica el día de hoy: “Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor”.


En este informe las organizaciones solicitan la extinción de los proyectos mineros a causa del acaparamiento de la tierra irregular e ilegal de las empresas y los graves impactos que han tenido sobre la naturaleza, ríos, bosques y suelos. Esto afecta a la vez a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud; sus actividades ocupacionales -agricultura, ganadería, recolección y pesca-, sus prácticas culturales, todo lo cual sostiene su identidad y tejido socio-organizativo.


Estas vulneraciones se traducen en un acumulado de violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada (incluyendo la tierra/territorio), a la alimentación, al agua, a la salud, a la cultura, la educación, al trabajo, a la seguridad de las personas, a la seguridad de un hogar, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad de circulación, a la autodeterminación de los pueblos, entre otros.


A lo anterior se suma la represión y criminalización constante a través de la interposición de denuncias y juicios desde el Estado y empresas, en contra de dirigentes, líderes y demás personas que se han organizado para la defensa de sus comunidades y territorios, especialmente en zonas de influencia de los proyectos mineros Mirador y Panantza-San Carlos. Las organizaciones solicitan al gobierno continuar con la suspensión de los procesos judiciales, iniciados en julio de este año, y que se garantice un entorno favorable para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Ecuador.


Finalmente, las recomendaciones del informe vienen en complemento al proceso actual de negociación de un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que dicho proceso sea acompañado, tanto en los países de origen de las empresas como en Ecuador, por el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales para garantizar la protección de los derechos humanos y los y los defensores que trabajan en el contexto de operación de empresas extractivas.

 

 

En su memoria como defensor de derechos ambientales y territoriales

 

¡El asesinato de José Isidro Tendetza Antún no es un caso aislado! En 2016 tres de cada cuatro asesinatos perpetrados contra defensores de derechos humanos ocurrieron en América Latina y el Caribe y, entre ellos, las y los defensores de la tierra, los territorios y el ambiente son los que más riesgo enfrentan en sus labores cotidianas y colectivas de resistencia.

josé tendetza

En la parroquia rural amazónica de Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el Estado Ecuatoriano y la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA) disputan con las comunidades locales el control del territorio para imponer el proyecto Minero Mirador. Este pretende ser el primer proyecto de explotación industrial de minerales metálicos a gran escala y a cielo abierto, procesando diariamente 60.000 toneladas de roca con un consumo de más de 200 litros de agua por segundo, poniendo en riesgo a la Cordillera del Cóndor y a las comunidades que en ella habitan.


El gobierno ecuatoriano, a través de sus discursos, normativa y políticas públicas, ha promovido la consolidación de dicho proyecto. Sin embargo, tal como lo denuncia la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, éste no ha garantizado un entorno propicio y seguro para que las comunidades afectadas ejerzan libremente sus actividades en defensa del ambiente y sus territorios.

 

Una serie de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la última década dan cuenta de ello:

1) Entre 2006 y 2010, la empresa ECSA ejecutó un proceso irregular de compra/venta de tierras para acaparar territorios en la parroquia engañando a familias campesinas;

2) En agosto de 2014, la misma empresa destruyó la iglesia y escuela comunitarias del barrio San Marcos alegando que se encontraban dentro de su propiedad privada;

3) El 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2016, el Estado ejecutó dos violentos desalojos en el barrio de San Marcos y otras tierras aledañas para traspasar la propiedad comunitaria a manos de ECSA.


Durante todo este tiempo, el Estado y la empresa, en varias ocasiones, iniciaron procesos penales injustos e ilegítimos contra varias personas de la organización social indígena CASCOMI y del pueblo Shuar que habitan en la zona, incluidos algunos de sus dirigentes, entre ellos, José Isidro Tendetza Antún, indígena Shuar. Además, el Estado, a través de discursos políticos, difamó, estigmatizó y deslegitimó su labor como defensoras y defensores.


En ese contexto de inseguridad y violencia contra las comunidades afectadas por el proyecto Mirador, el 29 de noviembre de 2014 José Isidro Tendetza Antún desapareció a pocos kilómetros de llegar a su comunidad Yanúa Kim. Y el 2 de diciembre de ese año su cuerpo apareció flotando en el río Zamora en el sector de Chuchumbletza, zona de influencia del Proyecto Mirador. En el expediente de investigación y juzgamiento penal se confirmó que José fue interceptado el 29 de noviembre de 2014 en la vía entre Chuchumbletza y Yanúa Kim, fue maniatado y estrangulado hasta la muerte y, el 2 de diciembre, su cuerpo fue arrojado al río.


Pese a que el Ministerio de Interior informó que se realizaría una investigación oportuna y efectiva con los mejores investigadores, en la sentencia de primera instancia se declaró la inocencia de los dos únicos acusados en este caso, dos trabajadores de ECSA, y se ratificó que la Fiscalía General del Estado había realizado una investigación inicua que no contempló investigar sobre el contexto en que José Isidro Tendetza Antún realizaba sus actividades como defensor de derechos ambientales y territoriales, esto es, sus actividades de oposición a la empresa ECSA y otras pequeñas mineras asentadas en el territorio de Tundayme. El 6 de enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia y cerró el caso.




A tres años de estos hechos, y en ocasión del Día Internacional de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (8 de diciembre), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda al Estado que tiene la obligación de evitar que los territorios campesinos se vuelvan violentos e inseguros para las personas, familias y comunidades que los habitan como consecuencia de las actividades que las empresas mineras y otras extractivas realizan. Los hechos ocurridos no sólo en Tundayme, sino también en Nankints, Río Blanco e Íntag para imponer proyectos mineros a gran escala, dan cuenta de la sistematicidad en la violencia que se ejerce contra los territorios y contra las y los defensores ambientales y territoriales.

 
El Estado no puede permitir que otro hecho violento ocurra para adoptar medidas de prevención y protección. Exigimos la implementación de un sistema integral de monitoreo, prevención y protección para las personas y comunidades defensoras del ambiente y los territorios, mientras que la familia de José Isidro Tendetza Antún y la nacionalidad Shuar del Ecuador reclaman verdad, justicia y reparación. Ellos, el 6 de julio de 2017 demandaron al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la indignante impunidad en que quedó su caso.