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Quito, 05 de septiembre del 2017

 

 

 

Fuente: INREDH

 

 

En las manifestaciones del 17 de septiembre de 2014 en el contexto de una protesta social, el estudiante del Colegio Mejía, Ángelo Alexander de 17 años de edad, fue víctima de detención ilegal y tortura, por parte de policías quienes de manera arbitraria arrestaron al estudiante en los exteriores del establecimiento educativo.

 

El menor de edad fue golpeado con toletes, atropellaron su brazo y pierna izquierda con una moto, fue insultado y rociaron gas lacrimógeno en sus ojos, le proporcionaron patadas en la cara y cuello. Fue encerrado en un cuarto obscuro  junto con ocho personas más, sin siquiera saber el motivo de su detención y mucho menos le permitieran hacer una llamada

 

“Él no vio a los policías ahí, pero luego salieron policías de todas partes con motocicletas y perros a coger a todos los muchachos que estaban en la protesta. Mi hijo se dio la vuelta y comenzó a regresar por la calle. En ese momento, sintió que un policía le dio un pataso y cayó de boca contra el piso. Trató de levantarse y sintió un golpe en la espalda; vio que se encontraba rodeado por policías. Solo podía observar botas a su lado derecho cuando una motocicleta le arrolló el brazo y la pierna izquierda”. Testimonio de la madre del menor torturado.

 

Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y una serie de ilegalidades que violan el principio constitucional al debido proceso, por lo que debería ser suficiente para que para que los policías responsables sean declarados culpables por el delito de tortura. Casi tres años después el caso se encuentra en fase de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

 

Alertamos a las autoridades competentes, el deber que tienen de analizar los hechos con celeridad y objetividad, realizar las investigaciones correspondientes de manera diligente y dictar una sentencia ajustada a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Es necesario tomar en cuenta todos los hechos y sus consecuencias para el estudiante torturado, de tal forma que este caso no quede en la impunidad y exista una reparación integral al estudiante agredido.    

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, exige a las autoridades que llevan el caso, y a las entidades del sector público responsables garantizar el derecho al debido proceso. Estaremos vigilantes de todo lo actuado por las autoridades del Estado Ecuatoriano, en especial de la audiencia del miércoles 6 de septiembre de 2017, a las 08:30, que se realizará en la Sala del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito de la ciudad de Quito y será instalada por el juez Giovanny Freire.