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Cuando se criminaliza la protesta social desde los organismos de Estado, se conculcan derechos fundamentales de las comunidades, como son los de participación ciudadana, consulta previa e informada a la población en general, la consulta indígena y el derecho a la resistencia. Tales vulneraciones suceden con la imposición de leyes inconsultas, como la Ley de Aguas, a los grupos involucrados, contribuyendo a incrementar la conflictividad social.

 

Frente a la problemática de la criminalización, la CIDH se pronunció sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, refiriendo que “una detención que se basa exclusivamente en la actividad de defensa de los derechos humanos no comporta los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por los estándares internacionales”1. Respecto a las obligaciones de los Estados refiere que: “tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos”2.

 

Casa adentro, la Constitución en el Art. 98 garantiza que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

 

La Cedhu ha expresado formalmente los argumentos por los que se solicita a la Función Judicial, los siguientes puntos:

 

  • Cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos

  • Considerando que durante aquel día y los previos lo que existió fue el ejercicio de derechos constitucionales, se revoque el auto de llamamiento a juicio y en su lugar se dicte auto de sobreseimiento definitivo.

  • Se ordene el inicio del proceso penal tendiente a identificar, enjuiciar y sancionar al responsable o, de haber los responsables, de la muerte del profesor Bosco Wisuma, ocurrida el 30 de septiembre de 2009.

 

Nuestra organización estará a la expectativa de las decisiones que los funcionarios judiciales tomen en el presente caso.

 

 

Atentamente,

 Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

CEDHU

 


1CIDH, Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos humanos de las Américas, marzo de 2006, numeral 49

2Ibid. Numeral 116