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En contraste, un afiche mostró la diversidad de especies de aves que habitan la zona y que se encuentran amenazadas por la contaminación. Así mismo se mostraron imágenes de actividades alternativas al desarrollo extractivista, respecto a lo cual el prefecto de Zamora Chinchipe, denunció la destrucción de viveros de San Marcos, ocurrida durante el desalojo de hace un año. Estos viveros habrían formado parte de pequeñas inversiones públicas del Gobierno Provincial y de la Junta Parroquial de Tundayme, y por cuyos daños nadie ha respondido. Comenta que el Gobierno Provincial ha resuelto, en varias ocasiones, la suspensión de los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor.

 

“El foro mundial en París decidió crear un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para la mitigación del cambio climático. Hemos planteado que con una parte de ese fondo se indemnice a estas empresas mineras y se vayan. Ese fondo ya existe lo está manejando las Naciones Unidas”.

 

El prefecto, invita además, a revisar la información científica que se ha generado respecto a los daños de la minería a gran escala y que entiendan que su oposición está bien fundamentada.

 

El representante del pueblo Shuar Arutam, al igual que el presidente de CONAIE, expresó la necesidad de consolidar las luchas de los pueblos por la defensa de los territorios, indicando:

RECORRUEDA

 

“Nuestro territorio está ubicado desde el cantón Tiwinza hasta Gualaquiza, en todas las faldas de la Cordillera del Cóndor, el 11 de agosto (de 2016) la comunidad de Nankintz fue desalojada  por este régimen. Nuestro gobierno plantea que con la minería ‘responsable’ saldremos de la pobreza. ¡Qué absurdo! Esa no  es la realidad de un pueblo ancestral que ha vivido luchando, que enfrentó la guerra contra el vecino país Perú, que fue declarado héroe del Cenepa, de la cordillera del Cóndor, y ahora la cordillera está amenazada por la minería”.

 

El presidente de CASCOMI hizo un recuento de los derechos violentados a las familias desalojas a partir del 30 de septiembre de 2015. Afirma que:

 

“Se ha faltado el respeto a muchos derechos que están en la Constitución: se ha violado el derecho a la vivienda, a la salud, a los territorios comunitarios, a la calidad y cantidad de agua, el derecho a la alimentación. Ahora nuestras familias: sin casa, sin tierra, sin trabajo, ¿qué van hacer, a donde van a ir? es decir que se ha destruido el proyecto de vida de ya medio centenar de familias en la zona. Eso es producto de la intromisión de los proyectos mineros en los territorios y que no es solo en la parroquia Tundayme, esto se va a extenderse en todo el Ecuador. Nuestra gente dice: ‘ahora el agua no sirve ni para lavarse las manos’, ¡eso es verdad, es puro lodo!. Ahora tienen que ir hasta el mercado para comprar sus víveres porque ya no tienen esa chacra que era el supermercado de nuestra gente”.

 

También denunció que se ha vulnerado el derecho a la libre movilidad por parte de la guardia de la empresa EcuaCorriente S.A., ECSA; al mantener el control del ingreso a la zona de San Marcos. Por todo ello, las familias desplazadas exigen la paralización del proyecto, la restitución de sus tierras y la reparación por los daños ocasionados. Culminó invitando a las y los asistentes, a exigir a la Fiscalía de Gualaquiza que tramite las acciones legales presentadas  para la recuperación de sus enseres perdidos durante el desalojo.

 

Tanto el presidente de la CONAIE, como el prefecto de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo a la lucha de la comunidad CASCOMI y su compromiso de consolidar sus procesos reivindicativos.