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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda al Estado que su principal obligación es respetar y garantizar los derechos humanos y, en esa medida, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe reconocer de manera expresa e inequívoca el rol que asumen para la construcción de la democracia las y los defensores de derechos humanos y archivar los procesos penales que se hayan iniciado con la intención de acallar la oposición que enfrenta el gobierno y causar miedo en el conjunto de la sociedad. Tanto la Defensoría del Pueblo, como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas reiteradamente han recomendado que se abstengan de criminalizar y reformen las leyes penales en que se sostiene esta política.

 

 

Exigimos a la Asamblea Nacional del Ecuador y al Presidente de la República que den pasos decisivos para analizar el pedido de amnistía e indulto presentados hace una semana por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Así mismo exigimos que, mientras se resuelvan estos pedidos, el Estado se abstenga de continuar con esta política de criminalización que vulnera los derechos humanos de los procesados y que afecta gravemente a sus familiares.

 

 

Nos solidarizamos con Katy Betancourt Machoa, dirigente de las mujeres de CONAIE y compañera de Patricio Meza.